Alarma entre los vocales del CGPJ por las "amenazas" del Gobierno: "Juega con fuego"
Los vocales conservadores del CGPJ quieren forzar un pleno antes de que se aprueba la reforma, que les trata, denuncia, como a "delincuentes".
LD / Agencias
09/12/2022 - 16:38
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl magistrado Rafael Mozo durante el Pleno del CGPJ. | Poder Judicial.
La última maniobra del Ejecutivo en su asalto a la Justicia ha caído como una bomba entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que tiene pendiente la elección de sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional, lo que está evitando que el Ejecutivo pueda colocar a los suyos.
Las intenciones del Gobierno, que contempla en la reforma incluso castigar a los vocales del CGPJ que se resistan a hacer los nombramientos dificultando así los planes del Ejecutivo, han provocado estupor entre los vocales, que se han declarado "alucinados" ante esta estrategia que supone, denuncian, tratarles"casi como delincuentes" con tal de "copar las instituciones que no controlan".
Gómez de Liaño y Macías responden al último "atropello" de Sánchez: "Estamos ante una corrupción de la Ley"Libertad Digital / esRadio
Vocales conservadores del poder judicial han señalado, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, que el Gobierno "juega con fuego" porque "está a punto de cargarse la separación de poderes y el estado de derecho" con tal de hacerse con el control de las instituciones.
El bloque conservador ve en las enmiendas recién presentadas una"injerencia demoledora", un "chantaje" y una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector de izquierdas: el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
La situación ha provocado un nuevo cisma en el CGPJ después de que la semana pasada los vocales izquierdistas ratificaran la candidatura de Bandrés, el preferido por el Gobierno, y ofrecieran a los conservadores aceptar sin objeciones al suyo, algo que el sector conservador rechazó insistiendo en que los dos nombres debían elegirse conjuntamente.
¿Adelantar o retrasar el pleno?
Las negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada después de que los vocales progresistas ratificaran la candidatura de Bandrés y ofrecieran a los conservadores aceptar también sin objeciones al candidato que designaran. Pero los conservadores rechazaron ese sistema insitiendo en que ambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.
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Sin embargo, los vocales de izquierdas quieren votar después de que entre en vigor la reforma y abren la puerta incluso a aplazar la votación prevista para el pleno ordinario del próximo 22 de diciembre.
Malestar en el TC
A la indignación de vocales del CGPJ se suma el malestar de magistrados del Tribunal Constitucional. Las enmiendas presentadas proponen liquidar el plácet del TC, hasta ahora necesario, a los candidatos, y que se pueda colocar a los dos nombres propuestos por el Ejecutivo sin esperar al acuerdo del CGPJ.
Para el bloque conservador de la institución, la reforma supone "forzar" y genera "distorsiones" en el funcionamiento habitual. "Es poner en peligro las instituciones", resumen las fuentes consultadas por Europa Press.
Las mismas fuentes señalan que, pese a lo defendido por el PSOE, la reforma tiene difícil encaje en la Constitución, que establece que la renovación debe producirse por tercios.
El Gobierno amenaza con "responsabilidades penales" a los jueces que no colaboren en su asalto al TC
Patxi López ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir sus obligaciones" tendrán que "asumir responsabilidades".
Libertad Digital
09/12/2022 - 11:30
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sanchez Emmanuel Macron este viernes en la IX Cumbre Euromediterránea | EFE
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, presentó este viernes la enmienda de su formación para modificar el Código Penal ocultando la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, con la que se cambiará la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden –a partir de ahora, bastará con mayoría simple–. Además, el socialista ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir con sus obligaciones", tendrán que asumir "responsabilidades, incluso, de carácter penal".
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Tal y como contó eldiario.es, a los vocales o al presidente del Consejo que persistan en el bloqueo, tras la aprobación de la reforma, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. El primero puede castigarse con una pena de prisión de entre tres meses y un año y con una multa de entre seis y dieciocho meses; el segundo, si es considerado grave, con hasta una pena de prisión de uno a cuatro años y una inhabilitación absoluta de hasta entre 10 y 20 años.
ERC presenta una reforma de la malversación que salvará a todos sus investigados por el 1-O
El partido republicano pretende que el delito no se pueda aplicar a los gastos de las consultas golpistas.
Pablo Planas (Barcelona)
09/12/2022 - 13:46
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante un acto del partido. | EFE
ERC ya ha presentado su propuesta de rebaja de la malversación, que de superar el trámite parlamentario implicaría la inmunidad de todos los altos cargos que aún son investigados por el golpe de Estado separatista y beneficiaría también a los indultados y a los fugados, de Oriol Junqueras a Carles Puigdemont.
La enmienda al Código Penal desmonta la modificación del delito que se aprobó en 2015 a iniciativa del PP y que permitió a los jueces aplicar el delito de malversación a una parte de los gastos del proceso separatista que desembocó en el golpe de Estado de octubre de 2017.
Según la tesis republicana, su propuesta se basa en la disquisición sobre la existencia o no del lucro personal y no permitirá beneficios para los condenados o investigados por corrupción. Muy diferente es la opinión de los juristas, que perciben en la reforma los mismos defectos de la denominada "ley del solo sí es sí" y predicen grandes beneficios penales para quienes han incurrido o puedan incurrir en el futuro en malversación de fondos y patrimonio público.
La propuesta republicana fija una pena de dos a seis años en caso de ánimo de lucro con inhabilitación de entre seis y diez años. A partir de ahí, agravantes relacionadas con la cantidad robada o si el desvío es de fondos para atender circunstancias especiales la prisión iría de los cuatro a los ocho años de guandoca e inhabilitaciones entre diez y veinte años.
Con la supresión de la sedición y las rebajas en la malversación, alrededor de cuarenta altos cargos (una docena de ERC) que aún son investigados en relación al golpe de Estado verían muy reducido su posible horizonte penal, al punto de que podrían ser absueltos de todos lo cargos.
Rebaja también de los desórdenes agravados
Para acallar las críticas de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont, a la inclusión del tipo de los "desórdenes públicos agravados", ERC ha aprovechado para presentar otra enmienda que pretende garantizar el derecho de reunión y "descriminalizar" las protestas sociales.
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La misma pena, de seis meses a tres años sería de aplicación para quienes "obstaculizando las vías públicas ocasionen un peligro para la vida o integridad física de las personas y a los que "invadiendo instalaciones o edificios provoquen un peligro para la vida o integridad física de las personas".
Es decir, los desórdenes públicos agravados que serían de aplicación al golpe de Estado separatista en sustitución de la sedición, se penalizarían con muchos menos años de guandoca.
Capotazo a los "okupas"
Además, ERC exige la supresión del artículo 557 relativo a las ocupaciones de locales, establecimientos, despachos, oficinas o domicilios porque según el partido de Junqueras y Rufián "no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública", asegura la formación.
Los vocales conservadores del CGPJ quieren forzar un pleno antes de que se aprueba la reforma, que les trata, denuncia, como a "delincuentes".
LD / Agencias
09/12/2022 - 16:38
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl magistrado Rafael Mozo durante el Pleno del CGPJ. | Poder Judicial.
La última maniobra del Ejecutivo en su asalto a la Justicia ha caído como una bomba entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que tiene pendiente la elección de sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional, lo que está evitando que el Ejecutivo pueda colocar a los suyos.
Las intenciones del Gobierno, que contempla en la reforma incluso castigar a los vocales del CGPJ que se resistan a hacer los nombramientos dificultando así los planes del Ejecutivo, han provocado estupor entre los vocales, que se han declarado "alucinados" ante esta estrategia que supone, denuncian, tratarles"casi como delincuentes" con tal de "copar las instituciones que no controlan".
Gómez de Liaño y Macías responden al último "atropello" de Sánchez: "Estamos ante una corrupción de la Ley"Libertad Digital / esRadioVocales conservadores del poder judicial han señalado, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, que el Gobierno "juega con fuego" porque "está a punto de cargarse la separación de poderes y el estado de derecho" con tal de hacerse con el control de las instituciones.
El bloque conservador ve en las enmiendas recién presentadas una"injerencia demoledora", un "chantaje" y una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector de izquierdas: el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
La situación ha provocado un nuevo cisma en el CGPJ después de que la semana pasada los vocales izquierdistas ratificaran la candidatura de Bandrés, el preferido por el Gobierno, y ofrecieran a los conservadores aceptar sin objeciones al suyo, algo que el sector conservador rechazó insistiendo en que los dos nombres debían elegirse conjuntamente.
¿Adelantar o retrasar el pleno?
Las negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada después de que los vocales progresistas ratificaran la candidatura de Bandrés y ofrecieran a los conservadores aceptar también sin objeciones al candidato que designaran. Pero los conservadores rechazaron ese sistema insitiendo en que ambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.
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Sin embargo, los vocales de izquierdas quieren votar después de que entre en vigor la reforma y abren la puerta incluso a aplazar la votación prevista para el pleno ordinario del próximo 22 de diciembre.
Malestar en el TC
A la indignación de vocales del CGPJ se suma el malestar de magistrados del Tribunal Constitucional. Las enmiendas presentadas proponen liquidar el plácet del TC, hasta ahora necesario, a los candidatos, y que se pueda colocar a los dos nombres propuestos por el Ejecutivo sin esperar al acuerdo del CGPJ.
Para el bloque conservador de la institución, la reforma supone "forzar" y genera "distorsiones" en el funcionamiento habitual. "Es poner en peligro las instituciones", resumen las fuentes consultadas por Europa Press.
Las mismas fuentes señalan que, pese a lo defendido por el PSOE, la reforma tiene difícil encaje en la Constitución, que establece que la renovación debe producirse por tercios.
El Gobierno amenaza con "responsabilidades penales" a los jueces que no colaboren en su asalto al TC
Patxi López ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir sus obligaciones" tendrán que "asumir responsabilidades".
Libertad Digital
09/12/2022 - 11:30
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngPedro Sanchez Emmanuel Macron este viernes en la IX Cumbre Euromediterránea | EFE
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, presentó este viernes la enmienda de su formación para modificar el Código Penal ocultando la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, con la que se cambiará la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Tribunal Constitucional que le corresponden –a partir de ahora, bastará con mayoría simple–. Además, el socialista ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir con sus obligaciones", tendrán que asumir "responsabilidades, incluso, de carácter penal".
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Tal y como contó eldiario.es, a los vocales o al presidente del Consejo que persistan en el bloqueo, tras la aprobación de la reforma, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. El primero puede castigarse con una pena de prisión de entre tres meses y un año y con una multa de entre seis y dieciocho meses; el segundo, si es considerado grave, con hasta una pena de prisión de uno a cuatro años y una inhabilitación absoluta de hasta entre 10 y 20 años.
ERC presenta una reforma de la malversación que salvará a todos sus investigados por el 1-O
El partido republicano pretende que el delito no se pueda aplicar a los gastos de las consultas golpistas.
Pablo Planas (Barcelona)09/12/2022 - 13:46
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante un acto del partido. | EFE
ERC ya ha presentado su propuesta de rebaja de la malversación, que de superar el trámite parlamentario implicaría la inmunidad de todos los altos cargos que aún son investigados por el golpe de Estado separatista y beneficiaría también a los indultados y a los fugados, de Oriol Junqueras a Carles Puigdemont.
La enmienda al Código Penal desmonta la modificación del delito que se aprobó en 2015 a iniciativa del PP y que permitió a los jueces aplicar el delito de malversación a una parte de los gastos del proceso separatista que desembocó en el golpe de Estado de octubre de 2017.
Según la tesis republicana, su propuesta se basa en la disquisición sobre la existencia o no del lucro personal y no permitirá beneficios para los condenados o investigados por corrupción. Muy diferente es la opinión de los juristas, que perciben en la reforma los mismos defectos de la denominada "ley del solo sí es sí" y predicen grandes beneficios penales para quienes han incurrido o puedan incurrir en el futuro en malversación de fondos y patrimonio público.
La propuesta republicana fija una pena de dos a seis años en caso de ánimo de lucro con inhabilitación de entre seis y diez años. A partir de ahí, agravantes relacionadas con la cantidad robada o si el desvío es de fondos para atender circunstancias especiales la prisión iría de los cuatro a los ocho años de guandoca e inhabilitaciones entre diez y veinte años.
Con la supresión de la sedición y las rebajas en la malversación, alrededor de cuarenta altos cargos (una docena de ERC) que aún son investigados en relación al golpe de Estado verían muy reducido su posible horizonte penal, al punto de que podrían ser absueltos de todos lo cargos.
Rebaja también de los desórdenes agravados
Para acallar las críticas de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont, a la inclusión del tipo de los "desórdenes públicos agravados", ERC ha aprovechado para presentar otra enmienda que pretende garantizar el derecho de reunión y "descriminalizar" las protestas sociales.
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La misma pena, de seis meses a tres años sería de aplicación para quienes "obstaculizando las vías públicas ocasionen un peligro para la vida o integridad física de las personas y a los que "invadiendo instalaciones o edificios provoquen un peligro para la vida o integridad física de las personas".
Es decir, los desórdenes públicos agravados que serían de aplicación al golpe de Estado separatista en sustitución de la sedición, se penalizarían con muchos menos años de guandoca.
Capotazo a los "okupas"
Además, ERC exige la supresión del artículo 557 relativo a las ocupaciones de locales, establecimientos, despachos, oficinas o domicilios porque según el partido de Junqueras y Rufián "no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública", asegura la formación.
