jovenlandia ha trasladado a las autoridades españolas una lista de demandas a cambio de intensificar el control de fronteras. Además de los 140 millones de euros con los que la UE se ha comprometido a apoyar a jovenlandia, el país joven reclama ayudas para formar trabajadores en sectores clave como el turismo y la sanidad, un programa para que sus universitarios puedan cursar estudios en España y una campaña para neutralizar mensajes que incentiven a cruzar el Estrecho.
Para responder a las peticiones de jovenlandia es imprescindible que la Unión Europea apoye con fondos adicionales. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, tiene planeado un viaje a Bruselas a finales de este mes con el objetivo de arrancar nuevos compromisos financieros. “Hay que invertir en este tipo de iniciativas; la UE tiene que involucrarse”, mantienen fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En ese viaje, Rumí exigirá también a los socios europeos que entreguen por fin los 140 millones aprobados hace meses para apoyar a jovenlandia en su gestión de los flujos migratorios. Rumí se sumó a las tesis de jovenlandia y achacó el retraso en la entrega de los fondos a la “exacerbada” burocracia comunitaria en una entrevista con este diario.
Además del dinero contante y sonante, Rabat pretende activar nuevas medidas. Una de las iniciativas que España pretende financiar a través de la UE —pero en la que se compromete a participar activamente— es la capacitación de personal en sectores como la hostelería y el turismo, claves para la economía jovenlandés. La idea del Ejecutivo es que Europa aporte los fondos y que España se encargue de enviar a jovenlandia a personal español que se dedique a la formación de profesionales marroquíes.
jovenlandia también pide capacitación en el área sanitaria, especialmente en enfermería. El objetivo, mantienen fuentes conocedoras de las negociaciones, es que esos programas de formación repercutan en el desarrollo económico y social del país.
Entre las iniciativas acordadas se perfila también una especie de programa Erasmus. La idea es que los estudiantes marroquíes que terminen la universidad puedan viajar a España a cursar un posgrado y regresen, después, a su país con la experiencia de una estadía académica en el extranjero.
España defenderá las peticiones de su socio jovenlandés, consciente de que su colaboración es fundamental para aliviar la presión migratoria. “Se trata de que jovenlandia no tenga ninguna excusa para no colaborar”, aseguró Rumí el pasado diciembre. Al fin y al cabo, jovenlandia ha sido el principal trampolín de salida de las más de 62.000 personas que arribaron a territorio español de forma irregular en 2018. Esa tendencia se mantiene en el inicio de 2019: Salvamento Marítimo rescató ayer a 214 migrantes en el mar de Alborán y el Estrecho.
La jovenlandés, además, es la nacionalidad más numerosa entre los migrantes que llegaron el año pasado y representa un 21% del total, según los datos recopilados por Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. El éxodo de sus jóvenes ante la falta de expectativas laborales, la represión de movimientos sociales o la recuperación del servicio milita obligatorio empieza a preocupar a jovenlandia.
La nueva etapa de diálogo recuperada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha arrancado algunos gestos por parte sus socios norteafricanos. En 2018, las fuerzas de seguridad marroquíes impidieron la salida de su territorio de 13.721 migrantes que pretendían llegar a España, según el último informe semanal sobre flujos migratorios elaborado por la Comisión Europea. jovenlandia, además, está reforzando sus puntos de control en las fronteras de Ceuta y Melilla y, según el diario Al Ahdaz al Maghrebiya, citado en el informe de la Comisión. Las Fuerzas Armadas marroquíes estarán, junto con las “fuerzas auxiliares”, a cargo de la vigilancia fronteriza. jovenlandia ha iniciado la construcción de campamentos militares en puntos estratégicos para evitar saltos de la valla. Uno de esos campamentos se ha establecido, precisamente, en la zona de El Tarajal, el punto más vulnerable de la frontera de Ceuta, por el que 602 subsaharianos consiguieron entrar tras un asalto colectivo al cercado el pasado 26 de julio.
El líder del PP, Pablo Casado, se refirió ayer en Melilla a la cooperación con el país vecino y apeló a “la responsabilidad del Gobierno” para que vaya a jovenlandia a proponer “cómo ser eficaz en el control de los flujos migratorios”, informa Laura J. Varo. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha viajado en tres ocasiones a jovenlandia. También lo han hecho la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; el ministro de Exteriores, Josep Borrell; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el propio presidente Pedro Sánchez, que estuvo en jovenlandia en dos ocasiones en menos de un mes. Casado ha pedido que el Ejecutivo “vaya también a Europa” a exigir una cooperación integrada en “la defensa de nuestras fronteras”.
UNA MISIÓN jovenlandés PARA IDENTIFICAR MENORES NO ACOMPAÑADOS
España reclama de jovenlandia un mayor control de las fronteras, pero también ha pedido ayuda ante la llegada de miles de menores sin referentes familiares. Los datos oficiales del Ministerio del Interior elevan a más de 11.000 los menores extranjeros no acompañados que hay en España y que han puesto en jaque los servicios de acogida de las comunidades autónomas. De ellos, cerca de un 70% son marroquíes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere empezar a repatriar a estos niños y adolescentes en base a un acuerdo bilateral firmado en 2007 y que nunca se ha puesto en práctica. Para ello, las autoridades marroquíes, en un principio reticentes a colaborar, se han comprometido a enviar una misión de identificación de los menores y estudiar los casos de los pequeños que podrían ser devueltos a sus familias.
Una iniciativa similar se llevó a cabo en julio en las calles del distrito 18º de París, donde la presencia de cerca de un centenar de niños marroquíes solos y con problemas de drojadicción ha supuesto un desafío para las autoridades locales. La misión, que buscaba restablecer los lazos familiares de los niños para ejecutar sus retornos, fue duramente criticada por los defensores de los derechos de los niños migrantes, entre otros motivos, porque se realizó sin que los chicos tuviesen asistencia letrada.
En España la identificación y posibles repatriaciones se llevarán a cabo en una primera etapa en centros de acogida, previsiblemente de Andalucía y Madrid. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones mantienen que se trataría de retornos concertados con la familia y siempre de acuerdo con el interés superior del menor.
En España, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2009 aumentó las garantías de los menores en sus repatriaciones. El tribunal admitió un recurso de amparo de un adolescente jovenlandés al que no se le preguntó, ni informó ni se le permitió opinar o discutir sobre su devolución. Gracias a la sentencia el joven fue sacado en el último minuto del avión que le llevaría de vuelta a jovenlandia.
