cuñado de bar
Hablando sin tener ni idea
- Desde
- 14 May 2022
- Mensajes
- 7.449
- Reputación
- 29.189
Montero y Garzón han solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) cobrar la indemnización como exministros, calculada en unos 63.532 euros anuales
Irene Montero y Alberto Garzón han solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) del Ministerio de Hacienda cobrar la indemnización por cese como exministra de Igualdad y exministro de Consumo, respectivamente. Así consta en la respuesta obtenida por Newtral.es vía ley de tras*parencia que ha aportado Hacienda este 12 de diciembre.
Del resto de ministros que se quedaron fueran del Gobierno de Pedro Sánchez, según consta en la respuesta, o bien la han rechazado expresamente, como Miquel Iceta i Llorens, exministro de Cultura, o Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, o no han presentado aún (a fecha de 12 de noviembre) la solicitud ante la OCI para pedir dicha cuantía, como es el caso de Pilar Llop, exministra de Justicia.
La indemnización solicitada por Montero y Garzón es de al menos 63.532 euros brutos anuales, un 80% de su sueldo
Tanto Montero como Garzón se quedaron fuera del nuevo gabinete el pasado 20 de noviembre y ellos, al igual que el resto de altos cargos cesados, tienen derecho a presentar esta solicitud ante la OCI. Tras autorizar el cobro de esta prestación, tanto Montero como Garzón podrán percibir como indemnización el 80% de su sueldo durante dos años, como fija la ley de presupuestos generales.
Así, para el año 2023, si la retribución para ministros se fijó en 79.415,16 euros brutos anuales, el 80% es de 63.532 euros brutos anuales. En el caso de Garzón, el exministro la solicitó a finales de noviembre de 2023, tal y como adelantó Público.
Llop, Subirats, Gómez y Miñones todavía no la han solicitado la indemnización por cese que han pedido Montero y Garzón
Entre los exministros que se quedaron fuera del nuevo gabinete de Pedro Sánchez y que no forman parte de ninguna cámara están Pillar Llop, que llevaba la cartera de Justicia, y Joan Subirats, a cargo de la de Universidades. A fecha de 12 de diciembre, ninguno de ellos ha pedido aún esta indemnización por cese.
Tampoco lo han hecho Héctor Gómez, que dirigía el Ministerio de Industria, ni José Manuel Miñones, encargado de Sanidad. Sin embargo, Gómez fue designado embajador en Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York el pasado 6 de diciembre y Miñones obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 23 de julio y, por lo tanto, puede seguir recibiendo ingresos de la cámara.
Recibir esta indemnización es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado
Recibir esta compensación es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado. La ley permite que los altos cargos, como Irene Montero o Garzón, puedan solicitar dicha indemnización, pero percibirla es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado, tal y como figura en el artículo 7 de la ley que regula el ejercicio de los altos cargos.
Para poder optar a ella, los propios ex altos cargos deben de solicitarla a la OCI, que debe de resolver si se otorga o no. Además, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los ex altos cargos deberán informar a la OCI sobre las actividades privadas que vayan a realizar para evitar un posible conflicto de intereses. La norma establece que no pueden prestar servicios en entidades del ámbito privado que hayan resultado afectadas por decisiones en las que los altos cargos hayan participado.
www.newtral.es
Irene Montero y Alberto Garzón han solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) del Ministerio de Hacienda cobrar la indemnización por cese como exministra de Igualdad y exministro de Consumo, respectivamente. Así consta en la respuesta obtenida por Newtral.es vía ley de tras*parencia que ha aportado Hacienda este 12 de diciembre.
Del resto de ministros que se quedaron fueran del Gobierno de Pedro Sánchez, según consta en la respuesta, o bien la han rechazado expresamente, como Miquel Iceta i Llorens, exministro de Cultura, o Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, o no han presentado aún (a fecha de 12 de noviembre) la solicitud ante la OCI para pedir dicha cuantía, como es el caso de Pilar Llop, exministra de Justicia.
La indemnización solicitada por Montero y Garzón es de al menos 63.532 euros brutos anuales, un 80% de su sueldoTanto Montero como Garzón se quedaron fuera del nuevo gabinete el pasado 20 de noviembre y ellos, al igual que el resto de altos cargos cesados, tienen derecho a presentar esta solicitud ante la OCI. Tras autorizar el cobro de esta prestación, tanto Montero como Garzón podrán percibir como indemnización el 80% de su sueldo durante dos años, como fija la ley de presupuestos generales.
Así, para el año 2023, si la retribución para ministros se fijó en 79.415,16 euros brutos anuales, el 80% es de 63.532 euros brutos anuales. En el caso de Garzón, el exministro la solicitó a finales de noviembre de 2023, tal y como adelantó Público.
Llop, Subirats, Gómez y Miñones todavía no la han solicitado la indemnización por cese que han pedido Montero y Garzón
Entre los exministros que se quedaron fuera del nuevo gabinete de Pedro Sánchez y que no forman parte de ninguna cámara están Pillar Llop, que llevaba la cartera de Justicia, y Joan Subirats, a cargo de la de Universidades. A fecha de 12 de diciembre, ninguno de ellos ha pedido aún esta indemnización por cese.
Tampoco lo han hecho Héctor Gómez, que dirigía el Ministerio de Industria, ni José Manuel Miñones, encargado de Sanidad. Sin embargo, Gómez fue designado embajador en Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York el pasado 6 de diciembre y Miñones obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 23 de julio y, por lo tanto, puede seguir recibiendo ingresos de la cámara.
Recibir esta indemnización es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado
Recibir esta compensación es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado. La ley permite que los altos cargos, como Irene Montero o Garzón, puedan solicitar dicha indemnización, pero percibirla es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado, tal y como figura en el artículo 7 de la ley que regula el ejercicio de los altos cargos.
Para poder optar a ella, los propios ex altos cargos deben de solicitarla a la OCI, que debe de resolver si se otorga o no. Además, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los ex altos cargos deberán informar a la OCI sobre las actividades privadas que vayan a realizar para evitar un posible conflicto de intereses. La norma establece que no pueden prestar servicios en entidades del ámbito privado que hayan resultado afectadas por decisiones en las que los altos cargos hayan participado.
- Excepciones. Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado señala en su artículo 13.2.c) que existen determinadas excepciones que permiten seguir cobrando esta retribución. Estas son dedicarse a la administración del patrimonio personal o familiar; a la producción y creación literaria, artística, científica o técnica; o a la participación en entidades culturales o benéficas sin ánimo de lucro.
Irene Montero y Alberto Garzón solicitan la indemnización por cese como exministros
Montero y Garzón han solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) cobrar la indemnización como exministros, calculada en unos 63.532 euros anuales
www.newtral.es
