La bomba antiespañola que incluye la Ley de amnistía: sustituye la soberanía “nacional” de la Constitución por una “popular”
Además del lawfare, la ley se refiere en la exposición de motivos a la "soberanía popular", justo lo que persigue el separatismo.
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Además del lawfare, la ley se refiere en la exposición de motivos a la "soberanía popular", justo lo que persigue el separatismo.
La Ley de amnistía incorpora dos grandes bombas de relojería contra la nación española y el estado de derecho. La primera es el reconocimiento de un supuesto lawfare exigido por el separatismo. La segunda es una medida de sustitución de la "soberanía nacional" recogida en la Constitución Española por una pretendida "soberanía popular" no plasmada en la Carta Magna como base de la democracia representativa.
La primera bomba de relojería contra el estado de derecho figura expresamente en su exposición de motivos. Allí figura una perfecta definición del pretendido lawfare lograda por Carles Puigdemont en su pacto con Pedro Sánchez a cambio de la investidura. Ese párrafo señala que los "hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia". Es decir, que la Justicia no actuó por la existencia de delitos, sino que lo hizo por la "tensión" de instituciones en manos en aquel momento, mayoritariamente del PP. El párrafo prosigue y señala que la "tensión política provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido". Traducido: que fue la acción política a través de los jueces la que generó la "desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana". Es más, afirma que esa tensión "es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal". De nuevo, figura la Justicia como un títere de un poder político que lo "reaviva" cuando quiere para socavar las "consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal".
Pero más allá del lawfare, la proposición de la Ley de Amnistía incorpora una bomba de profundidad más escondida e igualmente letal para la democracia y, especialmente, para la defensa de la nación española plasmada en la Constitución Española. Y es que el texto se dedica a sustituir el concepto constitucional de "soberanía nacional" por el de "soberanía popular". Todo un movimiento para recoger supuestos derechos de los pueblos y no de la única nación reconocida expresamente por la Constitución, la española.
Soberanía popular
Uno de los párrafos de la exposición de motivos de la ley señala que "las Cortes Generales se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos y configurar libremente la voluntad general a través del ejercicio de la potestad legislativa por los cauces preestablecidos". Un segundo apartado destaca que, "en este tiempo, las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista. Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general".
Pero, lo cierto es que el artículo uno de la Constitución Española no habla de esa soberanía popular, sino de la nacional: "1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". Artículo 1, directamente. Pero el proceso disolvente de la Constitución, por lo visto, ha empezado.
Un punto de la ley sí menciona la soberanía nacional, pero lo hace precisamente para dejar claro que los parlamentos pueden ostentarla. Todo un guiño. "Todo ello nos permite inferir que la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional", afirma el redactado. Una frase que coincide curiosamente con una parte del pacto entre el PSOE y Junts donde se afirma que esos "acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Catalunya". Es decir, que ese "pueblo", plasmada en una pretendida "soberanía popular" podría —según ese texto— llegar a ser representado, no por el Parlamento nacional —que no popular— sino por el Parlamento de Cataluña "legítimamente".
Diferencias entre soberanía nacional y popular
Las diferencias entre la soberanía nacional y popular son notables y de profunda repercusión en materia de reconocimiento nacional. La soberanía nacional fue promulgada ya por las Cortes de Cádiz en 1810 y recogida como base de la Constitución de 1812. La soberanía nacional recoge varios conceptos jurídicos. Por un lado coloca al pueblo español como sujeto inseparable de la nación española. Y, por lo tanto, indivisible. Otro elemento incluido en el término es de nuevo atacado ahora: soberanía nacional implica que sujetos iguales de una nación deben ser iguales en derechos y ante la ley. Una tercera significación implica que ese poder originario, esa soberanía, se articula por medio de la nación y, por lo tanto, también sus instituciones.
La soberanía popular, por el contrario, anula la faceta nación para aceptar ser depositada en cualquier entidad considerada pueblo. Justo lo que persigue el separatismo. Es más, la primera —la soberanía nacional— incluye el valor de las instituciones nacionales creadas, mientras que la soberanía popular considera que ese "pueblo", ajeno a instituciones, tiene capacidad para regular lo que quiera con una tendencia evidente al constructivismo jurídico y al totalitarismo. Justo, también, lo pretendido en estos momentos por el PSOE y sus socios.
