“Si Inspección no funciona los derechos se caen”: los inspectores irán a la huelga indefinida desde el 26 de junio si no hay refuerzos
Se agota la paciencia de los trabajadores de Inspección de Trabajo. Hace casi dos años que alcanzaron un acuerdo por el que el Gobierno se comprometía a reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones laborales, pero de momento no ha cumplido. En los últimos meses han protestado con paros puntuales y concentraciones, sin que hayan surtido efecto. Este martes han confirmado lo que venían advirtiendo en las últimas semanas: elevan la intensidad de la protesta, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 junio si el Ejecutivo no cambia su posición. “Ha llegado el momento de tomar decisiones serias. Por mucha legislación que establezcamos, sin nosotros todos los derechos laborales quedan al albur de los empresarios. Estamos cansados de que nos agradezcan el trabajo que hacemos sin escucharnos”, ha indicado Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS y USESSS.
UPIT, que también suscribe el calendario de huelgas, es el único que no ha participado en la rueda de prensa porque ve cerca la posibilidad de un acuerdo. “El ministerio no nos informa de todo lo que queremos, pero sí de que está habiendo reuniones de alto nivel y que esto está cerca de cerrarse. Suscribimos las medidas, pero estamos a la espera porque el acuerdo parece inminente”, explica a este periódico María José Díaz, portavoz de este sindicato.
Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, departamento del que depende Inspección. Este texto, firmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto. Sin embargo, no hay avances desde entonces, dicen los sindicatos, porque Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras pactadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública). El primero depende de Unidas Podemos y el segundo, del PSOE.
Josetxo Gándara, de CC OO, ha asegurado que ese acuerdo era “solo” un “primer escalón” para mejorar la situación de Inspección, “pero no es maravilloso”. Por ello, ha sido tan crítico al denunciar su “temor” a que en las conversaciones de Trabajo y Función Pública quede diluido. “No sabemos nada de esos posibles cambios. Hay una absoluta falta de información y queremos dejar claro que no queremos renegociar nada”, ha añadido, antes de explicar que Inspección cuenta con 3.100 trabajadores y necesitaría al menos 4.500 para operar convenientemente. “En España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000″, ha añadido Ana Ercoreca, de SITSS. “Si Inspección no funciona los derechos se caen. Nos parece muy raro que esta ministra no nos tome en serio y no consiga que esto funcione. Seguiremos movilizándonos hasta que nos hagan caso”, ha insistido la representante de UGT, Francisca alopécico.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, destacó en una rueda de prensa la semana pasada que una de las prioridades de Trabajo es “reforzar” la Inspección, “que está haciendo una labor encomiable en muchos aspectos, como en materia de falsos autónomos, con resultados espectaculares”. “Como saben vamos a reforzar la plantilla de la Inspección con más de 600 efectivos nuevos. El presupuesto que el Estado dedica a la Inspección de Trabajo ha crecido desde 2020 más de un 40%”, indicó, destacando también la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar. Esos dos centenares de efectivos sirvieron para desconvocar un paro, pero la falta de desarrollo del acuerdo global reactivó las protestas. Fuentes de Función Pública incidieron entonces en el mismo mensaje que Trabajo y señalaron que las plazas de oferta de empleo público se han duplicado en la última convocatoria con respecto a la anterior. Los sindicatos no confían en que esas ofertas fructifiquen en mejoras rápidas.
El calendario de huelgas establece paros diarios de una hora desde este martes, que aumentarán en intensidad poco a poco. Si no hay acuerdo, se convertirán en un paro general desde el 26 de junio.
Se agota la paciencia de los trabajadores de Inspección de Trabajo. Hace casi dos años que alcanzaron un acuerdo por el que el Gobierno se comprometía a reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones laborales, pero de momento no ha cumplido. En los últimos meses han protestado con paros puntuales y concentraciones, sin que hayan surtido efecto. Este martes han confirmado lo que venían advirtiendo en las últimas semanas: elevan la intensidad de la protesta, con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 26 junio si el Ejecutivo no cambia su posición. “Ha llegado el momento de tomar decisiones serias. Por mucha legislación que establezcamos, sin nosotros todos los derechos laborales quedan al albur de los empresarios. Estamos cansados de que nos agradezcan el trabajo que hacemos sin escucharnos”, ha indicado Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, junto a CC OO, UGT, CIG, SITSS, SISLASS y USESSS.
UPIT, que también suscribe el calendario de huelgas, es el único que no ha participado en la rueda de prensa porque ve cerca la posibilidad de un acuerdo. “El ministerio no nos informa de todo lo que queremos, pero sí de que está habiendo reuniones de alto nivel y que esto está cerca de cerrarse. Suscribimos las medidas, pero estamos a la espera porque el acuerdo parece inminente”, explica a este periódico María José Díaz, portavoz de este sindicato.
Este conflicto laboral viene de largo. Empieza por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, departamento del que depende Inspección. Este texto, firmado en julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto. Sin embargo, no hay avances desde entonces, dicen los sindicatos, porque Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras pactadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública). El primero depende de Unidas Podemos y el segundo, del PSOE.
Josetxo Gándara, de CC OO, ha asegurado que ese acuerdo era “solo” un “primer escalón” para mejorar la situación de Inspección, “pero no es maravilloso”. Por ello, ha sido tan crítico al denunciar su “temor” a que en las conversaciones de Trabajo y Función Pública quede diluido. “No sabemos nada de esos posibles cambios. Hay una absoluta falta de información y queremos dejar claro que no queremos renegociar nada”, ha añadido, antes de explicar que Inspección cuenta con 3.100 trabajadores y necesitaría al menos 4.500 para operar convenientemente. “En España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000″, ha añadido Ana Ercoreca, de SITSS. “Si Inspección no funciona los derechos se caen. Nos parece muy raro que esta ministra no nos tome en serio y no consiga que esto funcione. Seguiremos movilizándonos hasta que nos hagan caso”, ha insistido la representante de UGT, Francisca alopécico.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, destacó en una rueda de prensa la semana pasada que una de las prioridades de Trabajo es “reforzar” la Inspección, “que está haciendo una labor encomiable en muchos aspectos, como en materia de falsos autónomos, con resultados espectaculares”. “Como saben vamos a reforzar la plantilla de la Inspección con más de 600 efectivos nuevos. El presupuesto que el Estado dedica a la Inspección de Trabajo ha crecido desde 2020 más de un 40%”, indicó, destacando también la incorporación de 200 trabajadores de personal auxiliar. Esos dos centenares de efectivos sirvieron para desconvocar un paro, pero la falta de desarrollo del acuerdo global reactivó las protestas. Fuentes de Función Pública incidieron entonces en el mismo mensaje que Trabajo y señalaron que las plazas de oferta de empleo público se han duplicado en la última convocatoria con respecto a la anterior. Los sindicatos no confían en que esas ofertas fructifiquen en mejoras rápidas.
El calendario de huelgas establece paros diarios de una hora desde este martes, que aumentarán en intensidad poco a poco. Si no hay acuerdo, se convertirán en un paro general desde el 26 de junio.
