El Ministerio de Igualdad ha cargado este martes contra los jueces tras conocer que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de recortar dos años la condena que impuso el año pasado a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, tal y como ha adelantado EL MUNDO. La reducción se ha producido en aplicación de la nueva ley de solo sí es sí después de que el departamento de Irene Montero haya estado negando durante 16 meses que esta norma fuera a implicar penas más bajas en algunos supuestos.
La defensa del texto legal que promovió el Ejecutivo central a instancias de Unidas Podemos ha corrido a cargo de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha encuadrado la cuestión en "un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo". "La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley", ha recalcado.
Según ha argumentado Rosell, magistrada de profesión, las penas incluidas en la Ley de Libertad sensual "son las mismas" que había, de cinco a 10 años. Lo que ha precisado es que ahora hay una posibilidad de reducción "en casos de menor entidad", como tocamientos en el tras*porte público, y que "esta excepción tiene otra excepción: no se puede aplicar en los casos de fuerza, de intimidación, de violencia, de abuso de superioridad...".
"Estamos hablando de un padrastro que penetraba a su hijastra de 14 años. Solo no apreciando abuso de superioridad o prevalimiento es factible con la nueva ley rebajar las penas", ha subrayado. "Es una lectura tan superficial y tan de brocha subida de peso que espero que no sea real que esto corresponda a una resolución judicial", ha agregado en alusión al contenido de una de las revisiones de condenas de la Audiencia Provincial de Madrid.
Rosell ha señalado que el Ejecutivo central "hizo muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica, el Poder Legislativo ha hecho su trabajo aprobando esta ley y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo formándose y aplicar la ley completa, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente". A lo que ha apostillado: "La ley prevé la formación obligatoria en perspectiva de género. Con una debida formación esto no habría sucedido".
"No alarmemos, creemos que van a ser pocas y muy voluntaristas", ha advertido la magistrada en referencia a las reducciones de penas. «Lo que están haciendo es crear inseguridad a las mujeres con una ley que les da mucha más seguridad que la que tenían antes», ha añadido.
La ministra Montero no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha retuiteado el tuit de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
En julio de 2021, cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de la norma, Rosell argumentó que para que se pudiera aplicar una pena más favorable a un condenado tendría que darse el caso de que la pena impuesta no estuviera contemplada en el nuevo Código Penal, lo que, según dijo, no ocurrirá en este caso.
Más recientemente, en octubre de este año, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, arremetió contra los abogados que pedían las reducciones: "Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa".
La rebaja de penas de la ley, aprobada el pasado mes de agosto, ya se ha traducido en un caso concreto. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha entrado a valorarlo y se ha limitado a decir que el Ejecutivo tiene un "compromiso en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y la violencia sensual".
PD: poner una cajera de supermercado al frente de un ministerio es lo que tiene. Riesgos.
La defensa del texto legal que promovió el Ejecutivo central a instancias de Unidas Podemos ha corrido a cargo de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha encuadrado la cuestión en "un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo". "La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley", ha recalcado.
Según ha argumentado Rosell, magistrada de profesión, las penas incluidas en la Ley de Libertad sensual "son las mismas" que había, de cinco a 10 años. Lo que ha precisado es que ahora hay una posibilidad de reducción "en casos de menor entidad", como tocamientos en el tras*porte público, y que "esta excepción tiene otra excepción: no se puede aplicar en los casos de fuerza, de intimidación, de violencia, de abuso de superioridad...".
"Estamos hablando de un padrastro que penetraba a su hijastra de 14 años. Solo no apreciando abuso de superioridad o prevalimiento es factible con la nueva ley rebajar las penas", ha subrayado. "Es una lectura tan superficial y tan de brocha subida de peso que espero que no sea real que esto corresponda a una resolución judicial", ha agregado en alusión al contenido de una de las revisiones de condenas de la Audiencia Provincial de Madrid.
Rosell ha señalado que el Ejecutivo central "hizo muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica, el Poder Legislativo ha hecho su trabajo aprobando esta ley y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo formándose y aplicar la ley completa, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente". A lo que ha apostillado: "La ley prevé la formación obligatoria en perspectiva de género. Con una debida formación esto no habría sucedido".
"No alarmemos, creemos que van a ser pocas y muy voluntaristas", ha advertido la magistrada en referencia a las reducciones de penas. «Lo que están haciendo es crear inseguridad a las mujeres con una ley que les da mucha más seguridad que la que tenían antes», ha añadido.
La ministra Montero no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha retuiteado el tuit de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
En julio de 2021, cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de la norma, Rosell argumentó que para que se pudiera aplicar una pena más favorable a un condenado tendría que darse el caso de que la pena impuesta no estuviera contemplada en el nuevo Código Penal, lo que, según dijo, no ocurrirá en este caso.
Más recientemente, en octubre de este año, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, arremetió contra los abogados que pedían las reducciones: "Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa".
La rebaja de penas de la ley, aprobada el pasado mes de agosto, ya se ha traducido en un caso concreto. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha entrado a valorarlo y se ha limitado a decir que el Ejecutivo tiene un "compromiso en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y la violencia sensual".
PD: poner una cajera de supermercado al frente de un ministerio es lo que tiene. Riesgos.
