bullish consensus
Madmaxista
SI HAMIJOS, en espania no hay negocio fácil, ni negocio que no arriesgues un timo de querida progenitora, para los mas osados o creyentes de la propaganda con nombres "cool" tambien reparten palos... sea pueh....
https://www.idealista.com/news/fina...an-somos-mas-de-30-000-inversores-atrapados-y
Los inversores han dicho basta y están empezando a unir fuerzas contra Housers, la plataforma de ‘crowdfunding’ y ‘crowdlending’ inmobiliario que permite entrar en diferentes proyectos con una inversión mínima de 50 euros: desde la compra, reforma y venta de un inmueble, hasta el desarrollo de una promoción residencial.
Un negocio que llegó al mercado para intentar democratizar la inversión en el mercado inmobiliario y acercar los grandes proyectos a los pequeños ahorradores, ofreciendo a cambio una rentabilidad y la posibilidad de diversificar con aportaciones reducidas.
Housers inició su actividad en 2015, y hasta la fecha ha captado 115 millones de euros y cuenta con más de 120.000 usuarios, según consta en su página web. Durante estos años ha estado en el foco de la actualidad en diferentes ocasiones. Al inicio de su funcionamiento, porque empezó a operar justo antes de la puesta en marcha de la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, y estuvo sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta junio de 2017.
También ha tenido problemas con licencias que han demorado los proyectos y en 2018 estalló una guerra interna entre sus fundadores que se saldó con la salida de uno de ellos (Antonio Brusola) y un proceso judicial que está actualmente en la corte arbitral, pendiente de testificación y del laudo correspondiente. Además, en septiembre de 2019 recibió una multa de 215.000 euros por parte de la CNMV, que consideraba que Housers había cometido infracciones graves, como vulnerar el principio de neutralidad y de actuación en el mejor interés de los clientes y realizar de forma frecuente actividades para las que no estaba autorizada.
Y ahora se suma un nuevo foco de conflicto: los inversores han empezado a movilizarse y han creado recientemente una asociación de afectados para defender sus derechos y emprender acciones legales contra la compañía. Ya se han aprobado los estatutos de la asociación y su constitución formal está en proceso.
Luis Ballesteros, presidente de la asociación, ha sacado un cálculo aproximado sobre cuántos inversores afectados hay actualmente: “somos casi 30.000 inversores con un volumen cercano a 23 millones de euros solo en el caso de los proyectos que son préstamos al promotor a tipo fijo. Aunque no representamos a todos ellos, sí sabemos cuántos son y eso es lo que decimos”, explica a idealista/news. Y la cifra podría alcanzar 40.000, si tenemos en cuenta los diferentes proyectos de inversión que ofrece la plataforma. Housers, no obstante, asegura que, en todo caso, podría tratarse de inversiones afectadas por proyectos fallidos actualmente, ya que un mismo inversor puede estar en varios proyectos diferentes.
Entre los miembros de la asociación hay casos de todo tipo. El propio Ballesteros, exempleado de banca y actualmente jubilado, invirtió en 2017 para complementar su pensión un importe de 18.000 euros en tres proyectos diferentes bajo la modalidad de préstamos al promotor. Y de momento ninguno de ellos ha salido adelante.
“Los vencimientos de los tres proyectos se produjeron en el primer trimestre de 2019, pero actualmente todos están refinanciados. Uno de ellos acumula ya tres retrasos y todavía no está claro cuándo vamos a recuperar la inversión ni los intereses de demora acordados”, insiste Ballesteros.
Otro inversor particular que prefiere no ser citado decidió entrar en un único proyecto: al igual que Ballesteros, invirtió un importe de cinco cifras para comprar un local comercial en Barcelona, reconvertirlo en vivienda y sacarlo posteriormente a la venta. Este proyecto sigue encallado cuatro años después y el inversor asegura que la última noticia que tuvo es de principios de 2018. Desde entonces, el proyecto está pendiente de la visita de un técnico del Ayuntamiento de Barcelona para conceder la licencia definitiva que permita la salida del inmueble al mercado.
“No sé dónde está mi inversión. Es cierto que se llegó a adquirir el inmueble, pero todavía no tiene el uso de vivienda que se le iba a dar y desde Housers no me explican qué pasa. Me molesta más la opacidad y que me traten de orate que no saber dónde está mi dinero, porque de momento no lo necesito”, explica este inversor. Y añade que “a pesar de todo, me siento afortunado, porque hay otras personas que están muchísimo peor que yo y que han aportado los ahorros de toda su vida”.
Más allá de los pequeños ahorradores, Housers también ha captado la atención de inversores profesionales. Es el caso de un inversor de un fondo de capital riesgo y experto en el mundo de las ‘start-ups’ nacionales e internacionales que nos explica cómo fue su caso: “invertí en torno a 1.500 euros entre varios proyectos. Recibí la rentabilidad esperada y más o menos en el plazo previsto, pero si algo me llamó la atención fue la opacidad. En uno de los proyectos en los que invertí, en ningún momento supe qué empresa realizaba la reforma ni el coste de la misma, un factor que es completamente determinante en una inversión inmobiliaria en términos de rentabilidad. El negocio del ‘real estate’ no tiene por qué ser opaco, pero mi realidad es que era imposible entender la documentación, daba igual lo que te leyeras”, recalca el inversor profesional, que prefiere mantener el anonimato.
De hecho, la falta de tras*parencia es una de las quejas más repetidas por la comunidad inversora, que insiste en que la interlocución con la compañía es escasa. En esa línea, el responsable de otra conocida plataforma de ‘crowdfunding’ en España reconoce que “es normal que haya proyectos fallidos o que sufran retrasos. Un trabajador se puede caer del andamio y que el ayuntamiento de turno te paralice las obras durante cinco meses. Son cosas que pasan en el negocio y que no se pueden prever, pero lo que nunca puede suceder es que no comuniques al inversor, sobre todo cuando los planes no salen como estaba previsto. Al final a un cliente se le afianza cuando algo va mal y das la cara”.
No obstante, desde Housers afirman a idealista/news que “el proceso es totalmente tras*parente, que la compañía está en contacto con los inversores para atender sus consultas y que las informaciones sobre los proyectos se producen cuando hay novedades”, e insiste en que están saliendo adelante decenas de proyectos. Según la propia plataforma, de los 222 que se han llegado a financiar en España, 73 ya han terminado y el resto están activos. En estas cifras se incluyen tanto los proyectos de ‘equity’ (que se articulan a través de sociedades limitadas) como de los proyectos de préstamos participativos dirigidos a financiar proyectos de promotores, y tanto los que están en calendario, como los que están sufriendo retrasos.
Los casos llegan a los tribunales
Los afectados por Housers han buscado el asesoramiento de un despacho de abogados liderado por Manuel Carlos Merino Maestre, quien se encargó de la defensa de los afectados de Comunitae, una empresa de ‘crowdlending’ que entró en suspensión de pagos y dejó de operar en 2018, tras una década de actividad. Ahora, todo el Consejo de Administración de esta plataforma de préstamos entre particulares está imputado por estafa.
Con esta experiencia sobre la mesa, Merino decidió hacerse cargo de la defensa de varios inversores afectados por Housers y asegura que está preparando acciones legales contra la compañía, ya que, en su opinión, están siendo objeto de un engaño y existe una apropiación indebida de fondos por parte de la plataforma.
De momento, está trabajando en 14 procesos diferentes entre demandas y querellas (esto es, vía civil y penal, respectivamente), ya ha planteado un recurso de apelación que ha sido admitida a trámite y está en la Audiencia Provincial de Madrid (tras ser desestimado el csao en primera instancia en los juzgados ordinarios de Madrid), y asegura que una larga lista de inversores se está poniendo en contacto con su despacho para sumarse a las reclamaciones judiciales.
Merino también ha enviado una carta a la CNMV para denunciar que Housers podría haber cometido “alguna o algunas infracciones tipificadas en el artículo 92 de la Ley 5/ 2015, de 27 de abril de Fomento de la Financiación Empresarial”. Por ejemplo, no distinguir entre inversor profesional y particular, el manejo de los fondos de los inversores (algo prohibido en la normativa, ya que obliga que la actuación quede reducida a la de un mero intermediario) y la falta de vigilancia por parte de Housers en muchos proyectos, donde los promotores ponen como aval un entramado de sociedades que están a su mismo nombre y que no tienen liquidez para servir de garantía. La denuncia llegó al regulador a principios de junio, aunque todavía no se ha pronunciado sobre si existen o no indicios de nuevas irregularidades.
Los problemas de los proyectos de ‘equity’
El abogado insiste en que hay falta de tras*parencia y sospecha de que los inversores no tienen toda la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas en los dos tipos de proyectos inmobiliarios disponibles actualmente en Housers: los proyectos de ‘equity’ (se crea una sociedad limitada que es la dueña del inmueble en cuestión y en la que los inversores tienen una participación proporcional a su inversión) y los préstamos a promotores.
¿Y qué dicen las cifras? De los 59 proyectos de ‘equity’ que han estado activos en estos años, en el Registro Mercantil solo cuatro constan como terminados (una vez que se vende el inmueble, se liquida la sociedad y el inversor recibe lo invertido, y la plusvalía o minusvalía obtenida), aunque Housers asegura que se han completado con éxito un total de 25 proyectos, y que las 21 sociedades están en proceso de liquidación. “No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay que convocar una junta para aprobar la venta y otra para aprobar la liquidación de la sociedad. También es necesario nombrar a un liquidador y comprobar si por ejemplo hay que pagar impuestos antes de poder cerrar un proyecto”, aclaran desde la compañía.
Pero de los 34 proyectos que siguen activos, muchos están parados (por ejemplo, en el Proyecto Housers 0021 de Barcelona -Vía Augusta-, y que lleva dos años y medio pendiente de una licencia por parte del Ayuntamiento, a pesar de estar proyectado para un plazo de 12 meses), mientras que otros no han logrado los resultados esperados. Uno de los casos más sonados es el de Santa Eulalia, un proyecto que logró financiarse en agosto de 2016 y que consistía en levantar un edificio residencial en una calle secundaria del barrio de Tetuán en Madrid y en el que se van a producir pérdidas para los inversores del entorno del 15%, según cálculos de la plataforma. “Este caso es muy curioso, porque los retrasos y las minusvalías no se han producido en 2008, con un mercado inmobiliario hundido, sino en unos años muy buenos del sector”, asegura el abogado de la plataforma.
Más allá del resultado de cada proyecto, muchos inversores insisten en que Housers no les proporciona información suficiente de los proyectos, como las empresas que llevan a cabo las reformas de los inmuebles. En este sentido, la compañía asegura que toda la documentación está en las cuentas anuales de las sociedades que son propietarias de los inmuebles y cuyo capital está repartido entre los inversores y Housers (que tiene invertidos 3.000 euros en cada proyecto, aunque su participación en la sociedad varía en función de cuánta financiación se llegue a captar).
El problema es que no todas las sociedades publican dichas cuentas (en el caso de Santa Eulalia en Madrid no se han llegado a publicar cuentas y en el de Vía Agusta en Barcelona, las últimas son del año 2016), lo que hace levantar las sospechas de inversores y abogados. “Ellos acaban llevándose un dinero por gestionarlo todo. Por cada proyecto, por la reforma, por el alquiler si eso se contempla en el contrato y por la venta. Es un negocio completamente legal, pero los números no cuadran. Al final, y mientras han sido administradores únicos de las sociedades, han tenido total control de los fondos y hay dudas sobre a dónde ha ido el dinero de muchas operaciones”, insiste Merino.
Desde Housers, en cambio, insisten en que las cuentas no se publican "porque no existe un quórum por parte de los socios, no por culpa de la plataforma. Se convoca una Junta, se tienen que votar y ser aprobadas para ello".
Una carta remitida por el actual administrador único del Proyecto Housers 0009 SL. a los inversores de dicho proyecto hablaba “de la existencia de ciertos movimientos bancarios no justificados ordenados por el anterior administrador (Sr. Brusola) y del incumplimiento de múltiples obligaciones tributarias de la sociedad cuyo origen está, desde mi punto de vista, en la falta de diligencia del antiguo administrador”. En dicho documento, se habla de pagos dudosos a varias empresas por parte de cuatro sociedades por un importe de 90.000 euros en un plazo de pocas semanas, así como una deuda con Hacienda de más de 24.000 euros, incluyendo intereses de demora.
Otro inversor, Carlos Manuel Santos Cervero, incluyó en el Acta de la Junta Extraordinaria del Proyecto Housers 0027, celebrada el pasado abril y vinculada al proyecto de Santa Eulalia antes mencionado, que “la empresa esconde un esquema societario para diluir su responsabilidad total en no llevar a cabo los compromisos adquiridos y contradecir la publicidad con la que nos captó. Demostraré que fui engañado de inicio con publicidad engañosa e información incompleta”. El inversor también dejó constancia de que acudiría a los tribunales tanto por la vía penal como por la civil.
Para Almudena Velázquez, codirectora legal del portal reclamador.es, incluso “podemos estar hablando de un error de consentimiento. Es muy peligroso el hecho de que la mayoría de los inversores no sean conscientes de que no son dueños de un inmueble, sino que solo son socios de una sociedad. Una sociedad que puede quebrar y en la que también son partícipes y que, en ese caso, serían los últimos en cobrar”. Además, recalca que “todas las sociedades tienen obligaciones informativas y que éstas son exigibles. Incluso es algo a lo que se les puede obligar judicialmente”. En esa misma línea, José Ramón Elrío, abogado especializado en derecho de consumo, sostiene que “en este tipo de proyectos, una vez que entras, es muy difícil salir y recuperar el dinero”.
Housers, por su parte, reconoce que durante el tiempo en el que la propia plataforma ha sido el administrador único de las sociedades ha tenido un acceso total a los fondos y a la gestión del dinero y los inmuebles, aunque, siguiendo las órdenes de la CNMV, actualmente están nombrando nuevos administradores únicos en cada sociedad, y que son personas físicas. Actualmente, solo 8 sociedades limitadas siguen teniendo como administrador único a Housers, aunque todas ellas están en trámites para delegar a un nuevo administrador.
El abogado de la plataforma, sin embargo, critica estos cambios al asegurar que “simplemente han sido cambios formales para cumplir con lo que dice la CNMV, pero no es un cambio sustancial. ¿El motivo? El nuevo administrador único es Alberto Castañeda, de Castañeda Abogados, el bufete que trabaja con Housers. Y un abogado siempre va a velar por los intereses de su cliente, así que no sé hasta qué punto puede ser realmente independiente y no parte interesada”, detalla Merino. De hecho, la plataforma asegura que este despacho de abogados les presta servicios de asesoría jurídica y mercantil.
Los problemas de los proyectos de préstamos
Los últimos proyectos publicados en Housers se basan en convertir a los inversores en prestamistas de promotores profesionales. Por ejemplo, para levantar un complejo de viviendas o para conseguir un préstamo puente que permita al promotor conseguir posteriormente financiación bancaria.
De este tipo de proyectos, actualmente hay en marcha alrededor de 100 y han cerrado con cerca de medio centenar. Existen otros 24 reestructurados (los inversores acuerdan en la Junta prolongar el plazo de vencimiento tras pasar el plazo inicial a cambio de cobrar un interés de demora) y otros 27 están en una categoría de incidencias (son proyectos que sufren retrasos en la devolución del capital, pero todavía los inversores no han aprobado su reestructuración).
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https://www.idealista.com/news/fina...an-somos-mas-de-30-000-inversores-atrapados-y
Los inversores han dicho basta y están empezando a unir fuerzas contra Housers, la plataforma de ‘crowdfunding’ y ‘crowdlending’ inmobiliario que permite entrar en diferentes proyectos con una inversión mínima de 50 euros: desde la compra, reforma y venta de un inmueble, hasta el desarrollo de una promoción residencial.
Un negocio que llegó al mercado para intentar democratizar la inversión en el mercado inmobiliario y acercar los grandes proyectos a los pequeños ahorradores, ofreciendo a cambio una rentabilidad y la posibilidad de diversificar con aportaciones reducidas.
Housers inició su actividad en 2015, y hasta la fecha ha captado 115 millones de euros y cuenta con más de 120.000 usuarios, según consta en su página web. Durante estos años ha estado en el foco de la actualidad en diferentes ocasiones. Al inicio de su funcionamiento, porque empezó a operar justo antes de la puesta en marcha de la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, y estuvo sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta junio de 2017.
También ha tenido problemas con licencias que han demorado los proyectos y en 2018 estalló una guerra interna entre sus fundadores que se saldó con la salida de uno de ellos (Antonio Brusola) y un proceso judicial que está actualmente en la corte arbitral, pendiente de testificación y del laudo correspondiente. Además, en septiembre de 2019 recibió una multa de 215.000 euros por parte de la CNMV, que consideraba que Housers había cometido infracciones graves, como vulnerar el principio de neutralidad y de actuación en el mejor interés de los clientes y realizar de forma frecuente actividades para las que no estaba autorizada.
Y ahora se suma un nuevo foco de conflicto: los inversores han empezado a movilizarse y han creado recientemente una asociación de afectados para defender sus derechos y emprender acciones legales contra la compañía. Ya se han aprobado los estatutos de la asociación y su constitución formal está en proceso.
Luis Ballesteros, presidente de la asociación, ha sacado un cálculo aproximado sobre cuántos inversores afectados hay actualmente: “somos casi 30.000 inversores con un volumen cercano a 23 millones de euros solo en el caso de los proyectos que son préstamos al promotor a tipo fijo. Aunque no representamos a todos ellos, sí sabemos cuántos son y eso es lo que decimos”, explica a idealista/news. Y la cifra podría alcanzar 40.000, si tenemos en cuenta los diferentes proyectos de inversión que ofrece la plataforma. Housers, no obstante, asegura que, en todo caso, podría tratarse de inversiones afectadas por proyectos fallidos actualmente, ya que un mismo inversor puede estar en varios proyectos diferentes.
Entre los miembros de la asociación hay casos de todo tipo. El propio Ballesteros, exempleado de banca y actualmente jubilado, invirtió en 2017 para complementar su pensión un importe de 18.000 euros en tres proyectos diferentes bajo la modalidad de préstamos al promotor. Y de momento ninguno de ellos ha salido adelante.
“Los vencimientos de los tres proyectos se produjeron en el primer trimestre de 2019, pero actualmente todos están refinanciados. Uno de ellos acumula ya tres retrasos y todavía no está claro cuándo vamos a recuperar la inversión ni los intereses de demora acordados”, insiste Ballesteros.
Otro inversor particular que prefiere no ser citado decidió entrar en un único proyecto: al igual que Ballesteros, invirtió un importe de cinco cifras para comprar un local comercial en Barcelona, reconvertirlo en vivienda y sacarlo posteriormente a la venta. Este proyecto sigue encallado cuatro años después y el inversor asegura que la última noticia que tuvo es de principios de 2018. Desde entonces, el proyecto está pendiente de la visita de un técnico del Ayuntamiento de Barcelona para conceder la licencia definitiva que permita la salida del inmueble al mercado.
“No sé dónde está mi inversión. Es cierto que se llegó a adquirir el inmueble, pero todavía no tiene el uso de vivienda que se le iba a dar y desde Housers no me explican qué pasa. Me molesta más la opacidad y que me traten de orate que no saber dónde está mi dinero, porque de momento no lo necesito”, explica este inversor. Y añade que “a pesar de todo, me siento afortunado, porque hay otras personas que están muchísimo peor que yo y que han aportado los ahorros de toda su vida”.
Más allá de los pequeños ahorradores, Housers también ha captado la atención de inversores profesionales. Es el caso de un inversor de un fondo de capital riesgo y experto en el mundo de las ‘start-ups’ nacionales e internacionales que nos explica cómo fue su caso: “invertí en torno a 1.500 euros entre varios proyectos. Recibí la rentabilidad esperada y más o menos en el plazo previsto, pero si algo me llamó la atención fue la opacidad. En uno de los proyectos en los que invertí, en ningún momento supe qué empresa realizaba la reforma ni el coste de la misma, un factor que es completamente determinante en una inversión inmobiliaria en términos de rentabilidad. El negocio del ‘real estate’ no tiene por qué ser opaco, pero mi realidad es que era imposible entender la documentación, daba igual lo que te leyeras”, recalca el inversor profesional, que prefiere mantener el anonimato.
De hecho, la falta de tras*parencia es una de las quejas más repetidas por la comunidad inversora, que insiste en que la interlocución con la compañía es escasa. En esa línea, el responsable de otra conocida plataforma de ‘crowdfunding’ en España reconoce que “es normal que haya proyectos fallidos o que sufran retrasos. Un trabajador se puede caer del andamio y que el ayuntamiento de turno te paralice las obras durante cinco meses. Son cosas que pasan en el negocio y que no se pueden prever, pero lo que nunca puede suceder es que no comuniques al inversor, sobre todo cuando los planes no salen como estaba previsto. Al final a un cliente se le afianza cuando algo va mal y das la cara”.
No obstante, desde Housers afirman a idealista/news que “el proceso es totalmente tras*parente, que la compañía está en contacto con los inversores para atender sus consultas y que las informaciones sobre los proyectos se producen cuando hay novedades”, e insiste en que están saliendo adelante decenas de proyectos. Según la propia plataforma, de los 222 que se han llegado a financiar en España, 73 ya han terminado y el resto están activos. En estas cifras se incluyen tanto los proyectos de ‘equity’ (que se articulan a través de sociedades limitadas) como de los proyectos de préstamos participativos dirigidos a financiar proyectos de promotores, y tanto los que están en calendario, como los que están sufriendo retrasos.
Los casos llegan a los tribunales
Los afectados por Housers han buscado el asesoramiento de un despacho de abogados liderado por Manuel Carlos Merino Maestre, quien se encargó de la defensa de los afectados de Comunitae, una empresa de ‘crowdlending’ que entró en suspensión de pagos y dejó de operar en 2018, tras una década de actividad. Ahora, todo el Consejo de Administración de esta plataforma de préstamos entre particulares está imputado por estafa.
Con esta experiencia sobre la mesa, Merino decidió hacerse cargo de la defensa de varios inversores afectados por Housers y asegura que está preparando acciones legales contra la compañía, ya que, en su opinión, están siendo objeto de un engaño y existe una apropiación indebida de fondos por parte de la plataforma.
De momento, está trabajando en 14 procesos diferentes entre demandas y querellas (esto es, vía civil y penal, respectivamente), ya ha planteado un recurso de apelación que ha sido admitida a trámite y está en la Audiencia Provincial de Madrid (tras ser desestimado el csao en primera instancia en los juzgados ordinarios de Madrid), y asegura que una larga lista de inversores se está poniendo en contacto con su despacho para sumarse a las reclamaciones judiciales.
Merino también ha enviado una carta a la CNMV para denunciar que Housers podría haber cometido “alguna o algunas infracciones tipificadas en el artículo 92 de la Ley 5/ 2015, de 27 de abril de Fomento de la Financiación Empresarial”. Por ejemplo, no distinguir entre inversor profesional y particular, el manejo de los fondos de los inversores (algo prohibido en la normativa, ya que obliga que la actuación quede reducida a la de un mero intermediario) y la falta de vigilancia por parte de Housers en muchos proyectos, donde los promotores ponen como aval un entramado de sociedades que están a su mismo nombre y que no tienen liquidez para servir de garantía. La denuncia llegó al regulador a principios de junio, aunque todavía no se ha pronunciado sobre si existen o no indicios de nuevas irregularidades.
Los problemas de los proyectos de ‘equity’
El abogado insiste en que hay falta de tras*parencia y sospecha de que los inversores no tienen toda la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas en los dos tipos de proyectos inmobiliarios disponibles actualmente en Housers: los proyectos de ‘equity’ (se crea una sociedad limitada que es la dueña del inmueble en cuestión y en la que los inversores tienen una participación proporcional a su inversión) y los préstamos a promotores.
¿Y qué dicen las cifras? De los 59 proyectos de ‘equity’ que han estado activos en estos años, en el Registro Mercantil solo cuatro constan como terminados (una vez que se vende el inmueble, se liquida la sociedad y el inversor recibe lo invertido, y la plusvalía o minusvalía obtenida), aunque Housers asegura que se han completado con éxito un total de 25 proyectos, y que las 21 sociedades están en proceso de liquidación. “No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay que convocar una junta para aprobar la venta y otra para aprobar la liquidación de la sociedad. También es necesario nombrar a un liquidador y comprobar si por ejemplo hay que pagar impuestos antes de poder cerrar un proyecto”, aclaran desde la compañía.
Pero de los 34 proyectos que siguen activos, muchos están parados (por ejemplo, en el Proyecto Housers 0021 de Barcelona -Vía Augusta-, y que lleva dos años y medio pendiente de una licencia por parte del Ayuntamiento, a pesar de estar proyectado para un plazo de 12 meses), mientras que otros no han logrado los resultados esperados. Uno de los casos más sonados es el de Santa Eulalia, un proyecto que logró financiarse en agosto de 2016 y que consistía en levantar un edificio residencial en una calle secundaria del barrio de Tetuán en Madrid y en el que se van a producir pérdidas para los inversores del entorno del 15%, según cálculos de la plataforma. “Este caso es muy curioso, porque los retrasos y las minusvalías no se han producido en 2008, con un mercado inmobiliario hundido, sino en unos años muy buenos del sector”, asegura el abogado de la plataforma.
Más allá del resultado de cada proyecto, muchos inversores insisten en que Housers no les proporciona información suficiente de los proyectos, como las empresas que llevan a cabo las reformas de los inmuebles. En este sentido, la compañía asegura que toda la documentación está en las cuentas anuales de las sociedades que son propietarias de los inmuebles y cuyo capital está repartido entre los inversores y Housers (que tiene invertidos 3.000 euros en cada proyecto, aunque su participación en la sociedad varía en función de cuánta financiación se llegue a captar).
El problema es que no todas las sociedades publican dichas cuentas (en el caso de Santa Eulalia en Madrid no se han llegado a publicar cuentas y en el de Vía Agusta en Barcelona, las últimas son del año 2016), lo que hace levantar las sospechas de inversores y abogados. “Ellos acaban llevándose un dinero por gestionarlo todo. Por cada proyecto, por la reforma, por el alquiler si eso se contempla en el contrato y por la venta. Es un negocio completamente legal, pero los números no cuadran. Al final, y mientras han sido administradores únicos de las sociedades, han tenido total control de los fondos y hay dudas sobre a dónde ha ido el dinero de muchas operaciones”, insiste Merino.
Desde Housers, en cambio, insisten en que las cuentas no se publican "porque no existe un quórum por parte de los socios, no por culpa de la plataforma. Se convoca una Junta, se tienen que votar y ser aprobadas para ello".
Una carta remitida por el actual administrador único del Proyecto Housers 0009 SL. a los inversores de dicho proyecto hablaba “de la existencia de ciertos movimientos bancarios no justificados ordenados por el anterior administrador (Sr. Brusola) y del incumplimiento de múltiples obligaciones tributarias de la sociedad cuyo origen está, desde mi punto de vista, en la falta de diligencia del antiguo administrador”. En dicho documento, se habla de pagos dudosos a varias empresas por parte de cuatro sociedades por un importe de 90.000 euros en un plazo de pocas semanas, así como una deuda con Hacienda de más de 24.000 euros, incluyendo intereses de demora.
Otro inversor, Carlos Manuel Santos Cervero, incluyó en el Acta de la Junta Extraordinaria del Proyecto Housers 0027, celebrada el pasado abril y vinculada al proyecto de Santa Eulalia antes mencionado, que “la empresa esconde un esquema societario para diluir su responsabilidad total en no llevar a cabo los compromisos adquiridos y contradecir la publicidad con la que nos captó. Demostraré que fui engañado de inicio con publicidad engañosa e información incompleta”. El inversor también dejó constancia de que acudiría a los tribunales tanto por la vía penal como por la civil.
Para Almudena Velázquez, codirectora legal del portal reclamador.es, incluso “podemos estar hablando de un error de consentimiento. Es muy peligroso el hecho de que la mayoría de los inversores no sean conscientes de que no son dueños de un inmueble, sino que solo son socios de una sociedad. Una sociedad que puede quebrar y en la que también son partícipes y que, en ese caso, serían los últimos en cobrar”. Además, recalca que “todas las sociedades tienen obligaciones informativas y que éstas son exigibles. Incluso es algo a lo que se les puede obligar judicialmente”. En esa misma línea, José Ramón Elrío, abogado especializado en derecho de consumo, sostiene que “en este tipo de proyectos, una vez que entras, es muy difícil salir y recuperar el dinero”.
Housers, por su parte, reconoce que durante el tiempo en el que la propia plataforma ha sido el administrador único de las sociedades ha tenido un acceso total a los fondos y a la gestión del dinero y los inmuebles, aunque, siguiendo las órdenes de la CNMV, actualmente están nombrando nuevos administradores únicos en cada sociedad, y que son personas físicas. Actualmente, solo 8 sociedades limitadas siguen teniendo como administrador único a Housers, aunque todas ellas están en trámites para delegar a un nuevo administrador.
El abogado de la plataforma, sin embargo, critica estos cambios al asegurar que “simplemente han sido cambios formales para cumplir con lo que dice la CNMV, pero no es un cambio sustancial. ¿El motivo? El nuevo administrador único es Alberto Castañeda, de Castañeda Abogados, el bufete que trabaja con Housers. Y un abogado siempre va a velar por los intereses de su cliente, así que no sé hasta qué punto puede ser realmente independiente y no parte interesada”, detalla Merino. De hecho, la plataforma asegura que este despacho de abogados les presta servicios de asesoría jurídica y mercantil.
Los problemas de los proyectos de préstamos
Los últimos proyectos publicados en Housers se basan en convertir a los inversores en prestamistas de promotores profesionales. Por ejemplo, para levantar un complejo de viviendas o para conseguir un préstamo puente que permita al promotor conseguir posteriormente financiación bancaria.
De este tipo de proyectos, actualmente hay en marcha alrededor de 100 y han cerrado con cerca de medio centenar. Existen otros 24 reestructurados (los inversores acuerdan en la Junta prolongar el plazo de vencimiento tras pasar el plazo inicial a cambio de cobrar un interés de demora) y otros 27 están en una categoría de incidencias (son proyectos que sufren retrasos en la devolución del capital, pero todavía los inversores no han aprobado su reestructuración).
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