Hackeo masivo de información militar en Chile

400.000 correos electrónicos filtrados.



SANTIAGO (Sputnik) — "Debe regresar de urgencia a Chile", le ordenó el presidente de Chile, Gabriel Boric, a su ministra de Defensa, Maya Fernández. Ambos estaban participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York cuando se enteraron de la noticia: el Gobierno había sido víctima de un masivo ataque informático.

En un comienzo, el Ejecutivo solo dio a conocer que el Ministerio de Defensa había sufrido una "falla de seguridad" en algunas cuentas de correo electrónico de las Fuerzas Armadas. Eso fue el miércoles 21 de septiembre. Pero con el paso de los días se conocieron más detalles que dieron cuenta de la real gravedad de la situación.

Un grupo de hackers ingresó a las cuentas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el órgano estatal que ejerce coordinación entre el Ministerio de Defensa y las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Los piratas informáticos tuvieron acceso a un total de 400.000 mensajes enviados entre las distintas instituciones entre 2012 y mayo de este año, y expusieron la información en Internet.

Más de 340 gigabytes con datos clasificados salieron a la luz pública a través de páginas asociadas a una agrupación de hackers internacional llamada Guacamaya, que emitió un comunicado señalando que esta filtración es el primer paso de una intervención a las "fuerzas represivas de los países latinoamericanos", y anunció que en los próximos días expondrá documentos castrenses de México, Perú, El Salvador y Colombia.

Contenido sensible

Según un análisis del medio especializado Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper), en estos archivos hay información sobre estrategias de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, del funcionamiento y descripción de algunos equipos, documentos de licitaciones privadas para adquirir equipamiento, datos de proveedores y precios de lo gastado en estos ítems.

Además, con la información se puede conocer el plan de monitoreo satelital de comunicaciones que despliega Chile en sus fronteras y los mecanismos que usan las Fuerzas Armadas para interceptar comunicaciones por ondas de radio.

Se revelaron informes secretos de inteligencia que abordan temas sensibles, como la estrategia que usan los militares en el sur del país, donde rige hace meses un estado constitucional de emergencia, o algunas de los planes que utilizó el Ejército el primer semestre de este año, cuando se decretó una militarización en la zona norte para controlar la migración irregular. Se detallan: número de efectivos desplegados, vehículos operativos, lugares de patrullaje, etéctera.

Muchos de los correos exponen temas que ponen en riesgo la seguridad nacional del país. Por ejemplo, se muestran cotizaciones del servicio de monitoreo de comunicación satelital que implementa el Estado de Chile, donde se explica cómo opera el sistema y cómo este se conecta con las comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas y con los servicios de inteligencia.
Otros mensajes evidencian documentos que están clasificados como "ultrasecretos", y se entregan detalles de algunos ejercicios del Ejército para entrenamiento de personal en 2023, ofertas de compras de helicópteros y también, se da cuenta de que existe un sistema de comunicación entre las Fuerzas Armadas que une todas las ramas, evidenciando que esta red es operada por una compañía privada de telefonía.

La información es tan masiva que hay de todo tipo de datos, como los antecedentes del personal militar que se contagió de el bichito-19, información de los agregados militares extranjeros, informe sobre manifestantes del estallido social de 2019 y un plan para evacuar de emergencia el edificio del ministerio de Defensa.

Países vecinos

En algunos de los informes se da cuenta de análisis que las Fuerzas Armadas hacen de los tres países que limitan con Chile: Argentina, Perú y Bolivia. Se abordan en ellos, la situación económica de estas naciones, se analiza la situación política por la que atraviesan, sus medidas de defensa y la relación que tienen con Chile.
En un documento denominado Situación política estratégica vecinal se menciona que Chile y Bolivia mantienen "un estado de distanciamiento y desconfianza política, especialmente en una etapa de cierre del proceso judicial que se levantó en La Haya —sede de la Corte Internacional de Justicia— respecto de la demanda marítima por las aguas del río Silala y, eventualmente, en lo relativo al río Lauca".



En la prensa argentina llamó la atención que en los correos filtrados aparecieron críticas al presidente Alberto Fernández. Autoridades castrenses chilenas señalaron en un mensaje que el mandatario argentino "tiene la costumbre de inmiscuirse de algún modo en la política interna de países vecinos", asegurando, por ejemplo, que Fernández "le dio apoyo a dirigentes opositores de la izquierda chilena durante el mandato del presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022)".

Acción del Gobierno

Lo primero que hizo la ministra de Defensa al aterrizar en Chile fue constituir un comité de crisis, integrado por expertos y liderado por el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, con el fin de realizar un balance de la situación y tomar las medidas operativas inmediatas para asegurar la defensa nacional.

Posteriormente, se dio inicio a una investigación sumaria al interior del Estado Mayor Conjunto, se inició una indagación penal a cargo de la Fiscalía Militar y se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación judicial del Ejecutivo ante la justicia. Además, se anunciaron una serie de reuniones periódicas entre los comandantes en jefe de las tres ramas militares, el Ejecutivo y los parlamentarios de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para entregar actualizaciones del caso.

Sin embargo, la presión y la complejidad de la situación obligó al Gobierno a tomar una decisión más concreta. El jueves 22 se le pidió la renuncia al jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Guillermo Paiva. La responsabilidad se concentró en el militar debido a que, según trascendidos, el general estaba al tanto del hackeo desde mayo y no habría alertado a las autoridades civiles.

Este viernes 23, la ministra Fernández designó al vicealmirante del Ejército, José Luis Fernández, como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, y comunicó que el general Mario Grez será el fiscal que liderará la investigación sumaria administrativa interna en el organismo.