Anónimo222
Madmaxista
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Las autonomías del PP se rebelan contra el déficit del 0,1% fijado por Hacienda que les obliga a recortar
Las comunidades autónomas del PP han conformado un frente común contra Hacienda en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
Las comunidades autónomas del PP han conformado un frente común contra Hacienda en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la legislatura. En el orden del día fijado por el Ministerio figura únicamente la concreción de la senda de estabilidad, que será del 0,1%, un objetivo para cumplir con las reglas fiscales pero que obligará a los gobiernos autonómicos, en general, a efectuar severos ajustes en sus cuentas públicas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, cerró el 2022 con un déficit de 3.860 millones, el 3,1% de su PIB.
Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que tendrán que ajustarse a ese objetivo, mientras que la Administración General se reserva el 2,9%, para cumplir así con el 3% comprometido con Bruselas. Los gobiernos del PP consideran que se trata de un reparto “desigual”, ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, una de las más críticas.
La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio ha explicado a los gobiernos autonómicos que entienden sus quejas, pero que el Gobierno central ha tomado esta decisión porque es el Estado quien realiza un mayor esfuerzo para combatir la inflación y para prorrogar el escudo social con medidas fiscales "costosas". “No entendemos este reparto tan injusto”, han respondido desde varias comunidades autónomas del PP.
El pacto de investidura entre el PSOE y ERC en el que se acordó una quita del 20% de la deuda contraída por Catalunya con el FLA también ha sido motivo de queja de una amplia mayoría de las comunidades autónomas. Unas críticas a las que se ha sumado Castilla-La Mancha. Su consejero, Juan Alfonso Ruiz, ha manifestado que su gobierno reclamará una condonación de su deuda en un porcentaje superior a ese 20%. El Gobierno de Emiliano García Page también ha criticado a las comunidades autónomas del PP que exigen mayores recursos y, a su vez, rebajan los impuestos.
Los gobiernos del PP han arremetido en bloque contra una negociación bilateral sobre asuntos financieros con los partidos independentistas catalanes, aunque ninguno de ellos ha renunciado a una condonación de la deuda contraída con el FLA o a una tras*ferencia, en caso de no tener. Andalucía sí que considera que es “una falta de respeto” al resto de los ciudadanos negociar bilateralmente con Catalunya.
La consellera catalana no ha asistido a la cita y en su lugar han estado presentes el secretari general de Economía y Hacienda, Josep Maria Vilarrúbia, y la directora general de Pressupostos, Esther Pallerols. Tampoco ha asistido el consejero vasco, Pedro María Azpiazu, como viene siendo habitual. Euskadi considera que su relación con Hacienda es bilateral, a través de la Comisión Mixta de Concierto Económico, y que está exento de cumplir la norma.
La amplia mayoría de presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera también han reclamado que se concreten las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del Ministerio de Hacienda. El Gobierno lo ha hecho. Para los gobiernos autonómicos populares la comunicación ha llegado tarde ya que, según denuncian, han tenido que configurar sus proyectos de presupuestos sin esta concreción y ahora tendrán que realizar ajustes.
En la previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, Hacienda ha concretado a los ayuntamientos, en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que las entidades locales recibirán 28.557 millones en recursos del sistema de financiación durante el 2024. La cifra crece en un 22,6% respecto a la del 2023 y es la más alta de la historia.
La reforma del modelo de financiación ha sido otra de las reclamaciones de una amplia mayoría de gobiernos, populares y socialistas. La Generalitat Valenciana, la más activa en esta reclamación, ha insistido en la reactivación “inmediata” de los trabajos paralizados, ha pedido la consejera Ruth Merino. El último movimiento de Hacienda fue plantear un nuevo método de cálculo por población ajustada. La Comunidad de Madrid ha optado por no hacer declaraciones a la entrada de la reunión.
