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El Gobierno aprobará una oferta de empleo público récord con más de 30.000 plazas para la Administración del Estado
UGT y CSIF avalan el acuerdo para aumentar un 20% las plazas, mientras que CC OO se niega a “firmar sin datos".
elpais.com
El Gobierno ha acordado este lunes con CSIF y UGT, dos de los sindicatos más representativos en los funcionarios, una oferta de empleo público (OPE) récord con más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 20% más que el año pasado, según han informado fuentes sindicales tras una reunión con Función Pública.
La oferta, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, a dos semanas de las elecciones generales, incluye 2.500 plazas de cobertura urgente para la Seguridad Social, uno de los organismos públicos que ha sufrido más cuellos de botella en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, por la gestión del ingreso mínimo vital. CC OO no ha firmado el acuerdo por “carecer de datos concretos” y porque “el documento que se presenta no garantiza el servicio público a la ciudadanía”.
El objetivo de la oferta, que debería haber estado aprobada en el primer trimestre del año como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es reforzar la plantilla de la Administración del Estado, extenuada tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y laminada tras años de recortes. La cifra incluye plazas de nuevo ingreso y de promoción interna, que en la anterior convocatoria, en 2022, ascendieron a 25.471 plazas para la Administración General del Estado. No se han dado detalles sobre las cifras, solo se adelanta ese porcentaje de crecimiento del 20%.
La falta de concreción ha sido el motivo que ha llevado a CC OO a no firmar el acuerdo, que no especifica cuántas de las plazas ordinarias son de nuevo ingreso y cuántas de promoción interna. “CC OO advierte de que este incremento no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal”, afirma en un comunicado.
El sindicato CSIF ha destacado que se trata de una oferta de empleo público “sin precedentes”. “Se prevén 2.500 plazas para la Seguridad Social y un refuerzo generalizado de la atención a la ciudadanía, con un incremento del 30% de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2″, ha señalado en una nota. El tercer sindicato presente en las negociaciones, UGT, ha resaltado que se deberá “destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre”, además el acuerdo “impulsa procesos que ayuden a consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre de 2024, que es un objetivo comprometido para el empleo público en su conjunto”.
A las cifras de la Administración General del Estado hay que añadir la oferta de plazas para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y Justicia, que no se discuten en esta mesa de negociación. El año pasado, la oferta pública en total ascendió a un récord de 44.788 plazas.
Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el detalle de la oferta de empleo público se publicará en los siguientes días en el Boletín Oficial del Estado.
Pese al refuerzo de los últimos años, los sindicatos consideran que las plantillas públicas aún están infradotadas, con una mayor carga de trabajo, como se ha visto en las protestas recientes en la Inspección de Trabajo y en la Seguridad Social. Según los cálculos del sindicato Csif, la Administración General del Estado ha perdido más de 54.000 empleos desde 2010 y, pese a las ofertas de empleo récord de 2021 y 2022, solo se han creado 7.504 plazas netas. A lo que se añade la amenaza de que en los próximos 10 años se jubilará el 60% de la plantilla, lo que supondrá una pérdida de 136.000 empleos adicionales, según la organización.
“Reclamamos una oferta de empleo masiva que permita desde este año el refuerzo de servicios clave que se han visto deteriorados como consecuencia de las políticas de recorte y la amortización de plazas de personal jubilado de los últimos años: el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otros organismos”, indicaba en un comunicado la semana pasada.
Las reclamaciones del colectivo de empleados públicos —que según los últimos registros oficiales bordea las 2,72 millones de personas— han versado durante los últimos años sobre la denuncia de recortes continuos en la plantilla, motivados, principalmente, a partir de la desaparición de la tasa de reposición —que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes—, y que ha repercutido negativamente sobre el servicio prestado. Esta falta de reemplazo y de captación de nuevos perfiles ha provocado también un envejecimiento de la plantilla, que ha condicionado el diseño de las sucesivas ofertas públicas de empleo.
La plantilla pública se redujo de forma significativa entre los años 2012 y 2015, cuando el Gobierno del PP tomó la decisión de no cubrir ninguna de las plazas vacantes y de congelar los salarios públicos. En los años 2016, 2017 y 2018 solo se cubrieron el 50% de las plazas pendientes. En 2019, con el Gobierno del PSOE, este porcentaje aumentó al 75%. A partir de 2020, las ofertas de empleo público en la Administración General del Estado han ido creciendo progresivamente: de las 28.055 de la primera convocatoria, se pasó a las 30.445 de 2021 y 34.151 en 2022.
UGT y CSIF avalan el acuerdo para aumentar un 20% las plazas, mientras que CC OO se niega a “firmar sin datos".
El Gobierno aprobará este martes una oferta de empleo público récord con más de 39.000 plazas
La convocatoria incluye personal para ministerios, justicia, policía y ejército. La cifra asciende a 44.000 puestos de trabajo si se incluyen las conversiones de temporales a fijos
elpais.com
El Gobierno ha acordado este lunes con CSIF y UGT, dos de los sindicatos más representativos en los funcionarios, una oferta de empleo público (OPE) récord con más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 20% más que el año pasado, según han informado fuentes sindicales tras una reunión con Función Pública.
La oferta, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, a dos semanas de las elecciones generales, incluye 2.500 plazas de cobertura urgente para la Seguridad Social, uno de los organismos públicos que ha sufrido más cuellos de botella en la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, por la gestión del ingreso mínimo vital. CC OO no ha firmado el acuerdo por “carecer de datos concretos” y porque “el documento que se presenta no garantiza el servicio público a la ciudadanía”.
El objetivo de la oferta, que debería haber estado aprobada en el primer trimestre del año como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es reforzar la plantilla de la Administración del Estado, extenuada tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y laminada tras años de recortes. La cifra incluye plazas de nuevo ingreso y de promoción interna, que en la anterior convocatoria, en 2022, ascendieron a 25.471 plazas para la Administración General del Estado. No se han dado detalles sobre las cifras, solo se adelanta ese porcentaje de crecimiento del 20%.
La falta de concreción ha sido el motivo que ha llevado a CC OO a no firmar el acuerdo, que no especifica cuántas de las plazas ordinarias son de nuevo ingreso y cuántas de promoción interna. “CC OO advierte de que este incremento no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal”, afirma en un comunicado.
El sindicato CSIF ha destacado que se trata de una oferta de empleo público “sin precedentes”. “Se prevén 2.500 plazas para la Seguridad Social y un refuerzo generalizado de la atención a la ciudadanía, con un incremento del 30% de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2″, ha señalado en una nota. El tercer sindicato presente en las negociaciones, UGT, ha resaltado que se deberá “destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre”, además el acuerdo “impulsa procesos que ayuden a consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre de 2024, que es un objetivo comprometido para el empleo público en su conjunto”.
A las cifras de la Administración General del Estado hay que añadir la oferta de plazas para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y Justicia, que no se discuten en esta mesa de negociación. El año pasado, la oferta pública en total ascendió a un récord de 44.788 plazas.
Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el detalle de la oferta de empleo público se publicará en los siguientes días en el Boletín Oficial del Estado.
Pese al refuerzo de los últimos años, los sindicatos consideran que las plantillas públicas aún están infradotadas, con una mayor carga de trabajo, como se ha visto en las protestas recientes en la Inspección de Trabajo y en la Seguridad Social. Según los cálculos del sindicato Csif, la Administración General del Estado ha perdido más de 54.000 empleos desde 2010 y, pese a las ofertas de empleo récord de 2021 y 2022, solo se han creado 7.504 plazas netas. A lo que se añade la amenaza de que en los próximos 10 años se jubilará el 60% de la plantilla, lo que supondrá una pérdida de 136.000 empleos adicionales, según la organización.
“Reclamamos una oferta de empleo masiva que permita desde este año el refuerzo de servicios clave que se han visto deteriorados como consecuencia de las políticas de recorte y la amortización de plazas de personal jubilado de los últimos años: el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otros organismos”, indicaba en un comunicado la semana pasada.
Las reclamaciones del colectivo de empleados públicos —que según los últimos registros oficiales bordea las 2,72 millones de personas— han versado durante los últimos años sobre la denuncia de recortes continuos en la plantilla, motivados, principalmente, a partir de la desaparición de la tasa de reposición —que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes—, y que ha repercutido negativamente sobre el servicio prestado. Esta falta de reemplazo y de captación de nuevos perfiles ha provocado también un envejecimiento de la plantilla, que ha condicionado el diseño de las sucesivas ofertas públicas de empleo.
La plantilla pública se redujo de forma significativa entre los años 2012 y 2015, cuando el Gobierno del PP tomó la decisión de no cubrir ninguna de las plazas vacantes y de congelar los salarios públicos. En los años 2016, 2017 y 2018 solo se cubrieron el 50% de las plazas pendientes. En 2019, con el Gobierno del PSOE, este porcentaje aumentó al 75%. A partir de 2020, las ofertas de empleo público en la Administración General del Estado han ido creciendo progresivamente: de las 28.055 de la primera convocatoria, se pasó a las 30.445 de 2021 y 34.151 en 2022.
