ad nauseam
Madmaxista
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Las liquidaciones anuales entre la conselleria y las empresas que gestionan la sanidad en los cinco departamentos del denominado modelo Alzira se han convertido en una de las herencias más envenenadas que ha recibido el departamento de Carmen Montón.
Generalmente son las empresas las que tienen que abonar cantidades económicas a la conselleria cuando se liquida cada ejercicio, pero el retraso que dejaron los anteriores gestores era de tal magnitud que el departamento que dirige Carmen Montón estima que las empresas tienen en sus cuentas 260 millones de euros que deberían estar en poder de la Generalitat. Un dinero que Montón no ha incluido en el presupuesto como ingresos pero que va a intentar cobrar hasta el último euro.
La conselleria paga una cápita anual a las empresas en función del número de habitantes de cada departamento para que presten el servicio, una especie de anticipo que se ajusta a final de año.
Sin embargo, en 2015, cuando el PP abandonó el Consell, los nuevos responsables de la conselleria se encontraron que en los departamentos de Dénia, Manises y Elx jamás se había realizado ninguna liquidación; en la Ribera la más reciente era de 2008 y en Torrevieja el saldo financiero estaba actualizado hasta 2012.
Fuentes de la conselleria aseguran que recientemente se ha cerrado la liquidación con la Ribera hasta 2013 y con Torrevieja faltaría ponerse al día desde 2012. Pero es en las concesiones de Dénia, Manises y Elx donde el conflicto es mayor. Tanto que, según anunció ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, el saldo final de las liquidaciones por realizar en estos tres departamentos sería favorable a la Generalitat en unos 260 millones de euros.
Las liquidaciones se cierran con dos años de retraso porque es necesario conocer datos como el cierre de los presupuestos del Estado para calcular el saldo. Pero, el anuncio realizado por Montón, que reclamará hasta el último euro de los valencianos, según dijo ayer en su comparecencia en las Corts, desvela el enconado enfrentamiento que el departamento sanitario mantiene con las concesiones, no sólo por la decisión política de revertir el modelo Alzira sino también por una pura cuestión económica.
El Consell reclama 260 millones a las empresas que gestionan la sanidad - Levante-EMV
Generalmente son las empresas las que tienen que abonar cantidades económicas a la conselleria cuando se liquida cada ejercicio, pero el retraso que dejaron los anteriores gestores era de tal magnitud que el departamento que dirige Carmen Montón estima que las empresas tienen en sus cuentas 260 millones de euros que deberían estar en poder de la Generalitat. Un dinero que Montón no ha incluido en el presupuesto como ingresos pero que va a intentar cobrar hasta el último euro.
La conselleria paga una cápita anual a las empresas en función del número de habitantes de cada departamento para que presten el servicio, una especie de anticipo que se ajusta a final de año.
Sin embargo, en 2015, cuando el PP abandonó el Consell, los nuevos responsables de la conselleria se encontraron que en los departamentos de Dénia, Manises y Elx jamás se había realizado ninguna liquidación; en la Ribera la más reciente era de 2008 y en Torrevieja el saldo financiero estaba actualizado hasta 2012.
Fuentes de la conselleria aseguran que recientemente se ha cerrado la liquidación con la Ribera hasta 2013 y con Torrevieja faltaría ponerse al día desde 2012. Pero es en las concesiones de Dénia, Manises y Elx donde el conflicto es mayor. Tanto que, según anunció ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, el saldo final de las liquidaciones por realizar en estos tres departamentos sería favorable a la Generalitat en unos 260 millones de euros.
Las liquidaciones se cierran con dos años de retraso porque es necesario conocer datos como el cierre de los presupuestos del Estado para calcular el saldo. Pero, el anuncio realizado por Montón, que reclamará hasta el último euro de los valencianos, según dijo ayer en su comparecencia en las Corts, desvela el enconado enfrentamiento que el departamento sanitario mantiene con las concesiones, no sólo por la decisión política de revertir el modelo Alzira sino también por una pura cuestión económica.
El Consell reclama 260 millones a las empresas que gestionan la sanidad - Levante-EMV
