RedSixLima
Madmaxista
Nada más ser designado Santiago Carrillo consejero de Orden Público, en noviembre de 1936, comenzaron a enviarse presos sacados de las cárceles en Madrid a los alrededores de la localidad de Paracuellos del Jarama. Allí los mataron y enterraron en fosas comunes. Entre los miles de asesinados había personas de toda condición, algunas fusiladas por el mero hecho de ser religiosos. Las matanzas finalizaron cuando Melchor Rodríguez García, conocido como "El Ángel Rojo", fue nombrado inspector de Prisiones a primeros de diciembre.
No cabe duda de que la actuación del actual catedrático de Ética de la cadena SER lo hace, siendo extremadamente generosos, sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad. Además, está vivo, extremo éste más importante de lo que parece a la hora de poder enjuiciar legalmente a alguien. Pese a ello, el juez Baltasar Garzón desestimó en 1998 una denuncia contra Carrillo por genocidio y torturas alegando "mala fe procesal y "abuso del Derecho"; entonces tenía claro que "los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los hechos que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Pero ahora todo ha cambiado. La denuncia la hacen asociaciones de izquierdas y los culpables son, por tanto, de derechas. La crisis económica está acosando a Zapatero y reduciendo a marchas forzadas su popularidad. Hay que encontrar algo que reavive las llamas del repruebo a la derecha, de esa crispación que el presidente del Gobierno reconoce que le viene tan bien, y nada mejor que volver a resucitar la guerra civil y el franquismo. Es hora de actuar, pese a que hacerlo viole, sin duda, "las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Movido por su amor a los focos y por su sectarismo, Garzón se ha embarcado en un empeño harto patético por justificar su decisión de juzgar los crímenes de la guerra civil y el franquismo. De este modo, contradice sus propios argumentos para así tener base con la que actuar en este caso y no en otros. Afirma que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar "el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama" porque no fueron cometidos contra "instituciones legalmente establecidas o Altos Organismos del Estado", pero no muestra ninguna disposición a juzgar los posibles delitos cometidos por miembros del PSOE y ERC en su golpe de Estado de 1934. Reconoce que el Tribunal Supremo dictaminó que no pueden juzgarse en España crímenes contra la humanidad previos a su tipificación, pero se inventa que el delito de "detención ilegal" se sigue cometiendo mientras no se encuentre e identifique el cuerpo del "detenido".
Pero está de más tratar el auto de Garzón como un documento jurídico, porque no lo es. Tanto en sus erráticos razonamientos como en su misma estructura –resulta insólito y puede que ilegal colocar notas a pie de página con bibliografía en un auto–, lo que ha escrito el instructor es el guión de una nueva Causa General, como reconoce implícitamente al afirmar que los delitos de "los otros" ya fueron juzgados en la primera. Lo demuestra su empeño por intentar demostrar la intención de cometer un genocidio por parte de los sublevados contra el Frente Popular, objetivo que estima probado por entrevistas y declaraciones incluidas en libros históricos, mientras considera necesario, en cambio, tener las actas de defunción de Franco y otros dirigentes del bando nacional para considerar demostrado que están muertos.
Pero, en cualquier caso, conviene tener claro que la intención de Garzón es abrir un sumario que pueda servir como nueva Causa General, cueste lo que cueste. No lo hace para encontrar culpables, porque sabe de antemano que no va a imputar a nadie. Tampoco para desenterrar fosas comunes e identificar a las víctimas, porque para eso ya ha hecho Zapatero incluso una ley. Lo hace para crispar a la sociedad española, para que vuelva a enfrentarse por crímenes cometidos hace setenta años. Para eso necesita abrir una investigación, y es imprescindible que se limite a un solo bando. Es de temer que las consecuencias de esta nueva desviación de las labores que sí le son propias no se limiten a "errores de carpetilla" que deje sueltos a dos narcos. Esperemos que otros jueces sepan poner un poco de cordura allí donde ésta ha abandonado el barco.
No cabe duda de que la actuación del actual catedrático de Ética de la cadena SER lo hace, siendo extremadamente generosos, sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad. Además, está vivo, extremo éste más importante de lo que parece a la hora de poder enjuiciar legalmente a alguien. Pese a ello, el juez Baltasar Garzón desestimó en 1998 una denuncia contra Carrillo por genocidio y torturas alegando "mala fe procesal y "abuso del Derecho"; entonces tenía claro que "los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los hechos que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Pero ahora todo ha cambiado. La denuncia la hacen asociaciones de izquierdas y los culpables son, por tanto, de derechas. La crisis económica está acosando a Zapatero y reduciendo a marchas forzadas su popularidad. Hay que encontrar algo que reavive las llamas del repruebo a la derecha, de esa crispación que el presidente del Gobierno reconoce que le viene tan bien, y nada mejor que volver a resucitar la guerra civil y el franquismo. Es hora de actuar, pese a que hacerlo viole, sin duda, "las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Movido por su amor a los focos y por su sectarismo, Garzón se ha embarcado en un empeño harto patético por justificar su decisión de juzgar los crímenes de la guerra civil y el franquismo. De este modo, contradice sus propios argumentos para así tener base con la que actuar en este caso y no en otros. Afirma que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar "el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama" porque no fueron cometidos contra "instituciones legalmente establecidas o Altos Organismos del Estado", pero no muestra ninguna disposición a juzgar los posibles delitos cometidos por miembros del PSOE y ERC en su golpe de Estado de 1934. Reconoce que el Tribunal Supremo dictaminó que no pueden juzgarse en España crímenes contra la humanidad previos a su tipificación, pero se inventa que el delito de "detención ilegal" se sigue cometiendo mientras no se encuentre e identifique el cuerpo del "detenido".
Pero está de más tratar el auto de Garzón como un documento jurídico, porque no lo es. Tanto en sus erráticos razonamientos como en su misma estructura –resulta insólito y puede que ilegal colocar notas a pie de página con bibliografía en un auto–, lo que ha escrito el instructor es el guión de una nueva Causa General, como reconoce implícitamente al afirmar que los delitos de "los otros" ya fueron juzgados en la primera. Lo demuestra su empeño por intentar demostrar la intención de cometer un genocidio por parte de los sublevados contra el Frente Popular, objetivo que estima probado por entrevistas y declaraciones incluidas en libros históricos, mientras considera necesario, en cambio, tener las actas de defunción de Franco y otros dirigentes del bando nacional para considerar demostrado que están muertos.
Pero, en cualquier caso, conviene tener claro que la intención de Garzón es abrir un sumario que pueda servir como nueva Causa General, cueste lo que cueste. No lo hace para encontrar culpables, porque sabe de antemano que no va a imputar a nadie. Tampoco para desenterrar fosas comunes e identificar a las víctimas, porque para eso ya ha hecho Zapatero incluso una ley. Lo hace para crispar a la sociedad española, para que vuelva a enfrentarse por crímenes cometidos hace setenta años. Para eso necesita abrir una investigación, y es imprescindible que se limite a un solo bando. Es de temer que las consecuencias de esta nueva desviación de las labores que sí le son propias no se limiten a "errores de carpetilla" que deje sueltos a dos narcos. Esperemos que otros jueces sepan poner un poco de cordura allí donde ésta ha abandonado el barco.
