JuanJoseRuiz
Madmaxista
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Con las encuestas en contra, Podemos intenta revitalizar sus expectativas electorales en un codiciado caladero de voto, el de la inmi gración. Para ello, el partido reclama satisfacer los «derechos políticos» de los pagapensiones que, actualmente, no cuentan con derecho de sufragio reconocido, como es el caso de los marroquíes. Un colectivo de 666.025 personas en España, según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones.
El partido socio de Pedro Sánchez ha aprovechado una proposición no de ley de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados para dejar claras sus reivindicaciones: «Todas las medidas dirigidas a reconocer derechos políticos a las personas extranjeras o migrantes que viven aquí, que están levantando la economía con su trabajo, nos parecen de justicia e impostergables», esgrime el partido de Ione Belarra.
Regularización
El debate se produjo hace unos días en la Comisión Constitucional del Congreso y, en el mismo, Podemos reclamó además la regularización de medio millón de pagapensiones ilegales. Una petición que considera «de justicia» y que hasta el momento ha sido rechazada por sus socios del PSOE. En plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Podemos ya presentó una propuesta parlamentaria en la que se reclamaba regularizar a todos aquellos que se encontraban ilegalmente en territorio español hasta la declaración del estado de alarma.
Según Podemos, «los derechos políticos, incluido el derecho al voto, son claves para romper con las lógicas paternalistas que sólo ven en los migrantes víctimas, y no sujetos autónomos, dignos y dispuestos a ponerse en pie para poder cambiar su destino».
La proposición de Junts reclamaba, en concreto, impulsar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento del derecho al sufragio local con más países no miembros de la UE y retomar los iniciados en 2011, y pendientes de culminación, con Venezuela, jovenlandia, Argentina y Uruguay.
División
El debate puso de manifiesto la división entre los socios de la coalición, ya que el PSOE sí insistió en la necesidad de contar con la reciprocidad con el país en cuestión para autorizar el sufragio.
La portavoz en la Comisión, Susana Sumelzo, aceptó impulsar nuevos acuerdos, pero, en el caso de jovenlandia o Venezuela, reclamó contar con «un estudio previo de la legislación de estos países».
En 2019, en su programa electoral, el PSOE sí se mostraba, en cambio, partidario de «reformar el principio de reciprocidad» mediante una reforma constitucional.
El artículo 13.2 de la Constitución establece que «solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 [derecho al voto “en elecciones periódicas por sufragio universal”], salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.
En su programa, el PSOE defendía «aumentar las acciones de integración de la población viajero» y, para ello, abogaba por «aumentar el número de países con los que firmar convenios de reciprocidad para facilitar el voto de la ciudadanía de origen extranjero».
En la ponencia política del 40º congreso del PSOE, celebrado el pasado octubre, el partido defiende que «la participación política de todas y cada una de las personas de origen extranjero que, llevando un tiempo de residencia, se hayan asentado debe ser el impulso de adaptación a políticas de inclusión y de reconocimiento de derechos ligados a obligaciones». En este contexto, se muestra dispuesto a ampliar la firma de convenios de reciprocidad.
Entre 1989 y 1990 España firmó distintos acuerdos para ejercer el derecho a voto en las elecciones locales con Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega. En 2009, se extendieron a Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cabo Verde, Islandia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago y Corea del Sur. Desde 2011 no se han ampliado, salvo con Reino Unido tras su salida de la UE. Los nacionales de países no comunitarios deben residir al menos cinco años en España para poder votar en las municipales.
El partido socio de Pedro Sánchez ha aprovechado una proposición no de ley de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados para dejar claras sus reivindicaciones: «Todas las medidas dirigidas a reconocer derechos políticos a las personas extranjeras o migrantes que viven aquí, que están levantando la economía con su trabajo, nos parecen de justicia e impostergables», esgrime el partido de Ione Belarra.
Regularización
El debate se produjo hace unos días en la Comisión Constitucional del Congreso y, en el mismo, Podemos reclamó además la regularización de medio millón de pagapensiones ilegales. Una petición que considera «de justicia» y que hasta el momento ha sido rechazada por sus socios del PSOE. En plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Podemos ya presentó una propuesta parlamentaria en la que se reclamaba regularizar a todos aquellos que se encontraban ilegalmente en territorio español hasta la declaración del estado de alarma.
Según Podemos, «los derechos políticos, incluido el derecho al voto, son claves para romper con las lógicas paternalistas que sólo ven en los migrantes víctimas, y no sujetos autónomos, dignos y dispuestos a ponerse en pie para poder cambiar su destino».
La proposición de Junts reclamaba, en concreto, impulsar acuerdos internacionales bilaterales de reconocimiento del derecho al sufragio local con más países no miembros de la UE y retomar los iniciados en 2011, y pendientes de culminación, con Venezuela, jovenlandia, Argentina y Uruguay.
División
El debate puso de manifiesto la división entre los socios de la coalición, ya que el PSOE sí insistió en la necesidad de contar con la reciprocidad con el país en cuestión para autorizar el sufragio.
La portavoz en la Comisión, Susana Sumelzo, aceptó impulsar nuevos acuerdos, pero, en el caso de jovenlandia o Venezuela, reclamó contar con «un estudio previo de la legislación de estos países».
En 2019, en su programa electoral, el PSOE sí se mostraba, en cambio, partidario de «reformar el principio de reciprocidad» mediante una reforma constitucional.
El artículo 13.2 de la Constitución establece que «solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 [derecho al voto “en elecciones periódicas por sufragio universal”], salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.
En su programa, el PSOE defendía «aumentar las acciones de integración de la población viajero» y, para ello, abogaba por «aumentar el número de países con los que firmar convenios de reciprocidad para facilitar el voto de la ciudadanía de origen extranjero».
En la ponencia política del 40º congreso del PSOE, celebrado el pasado octubre, el partido defiende que «la participación política de todas y cada una de las personas de origen extranjero que, llevando un tiempo de residencia, se hayan asentado debe ser el impulso de adaptación a políticas de inclusión y de reconocimiento de derechos ligados a obligaciones». En este contexto, se muestra dispuesto a ampliar la firma de convenios de reciprocidad.
Entre 1989 y 1990 España firmó distintos acuerdos para ejercer el derecho a voto en las elecciones locales con Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega. En 2009, se extendieron a Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cabo Verde, Islandia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago y Corea del Sur. Desde 2011 no se han ampliado, salvo con Reino Unido tras su salida de la UE. Los nacionales de países no comunitarios deben residir al menos cinco años en España para poder votar en las municipales.
