Marchamaliano
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Fondos de la UE para refugiados acaban en manos de las milicias genocidas de Sudán | internacional
Su misión es taponar las rutas migratorias que van desde el cuerno de África hasta la frontera con Libia
Los gobiernos europeos "son cómplices" en la tortura a refugiados en Libia, según Amnistía Internacional
Lula, una joven eritrea, estaba embarazada de seis meses cuando llegó a Libia. Antes de embarcar, en la misma playa, sufrió un aborto, consecuencia del maltrato y las condiciones de esclavitud que había sufrido desde que partió de su país. Con su bebé muerto, comenzó a encontrarse mal y murió también. Los traficantes libios no quisieron dejar ningún cuerpo en la arena, para evitar problemas con las autoridades, y ordenaron al resto de pagapensiones eritreos que subieran los cuerpos a la embarcación y los abandonaran en alta mar. Pero se negaron a hacerlo.
Tras una travesía terrible, en la que murieron otras 22 personas, fueron rescatados por Golfo Azzurro, de la ONG Proactiva Openarms, y el Aquarius, de Médicos Sin Fronteras. La tripulación encontró el cuerpo de Lula y su hijo aún en la lancha. Relata la historia Fabrizio Carucci, el psicólogo que MSF tiene en Trapani (Sicilia). "El resto de pagapensiones presentaba estrés postraumático y lesiones de golpes y quemaduras, producidas en los centros de detención. Las mujeres mostraron signos de violencia sensual".
Para Lula, la playa libia fue el final de un viaje terrible de más de 3.200 kilómetros sin carreteras bajo la vigilancia de las autoridades eritreas, el brazo armado de la última dictadura estalinista de África. Aprovechando la noche y las fronteras porosas entre ambos países, miles de jóvenes eritreos huyen cada año de su país hacia Sudán, país en tránsito en su ruta hacia Europa por el Mediterráneo. Los hombres deben hacer un servicio militar de tiempo indefinido que les roba toda su juventud. La única manera de licenciarse es pagar enormes cantidades de dinero a los superiores militares.
Lo que Lula y sus compañeros de travesía no sabían es que la Unión Europea no sólo no facilitó sus condiciones de vida durante el trayecto. Probablemente contribuyó a empeorarlas. Desde el año 2016, y partiendo como experiencia del acuerdo Ankara-Bruselas para cortar la ruta del Egeo, Europa ha desplegado una nueva estrategia migratoria, que supone trabajar con países de origen o en tránsito para taponar las vías migratorias. Fundamentalmente el plan deja mucho dinero a regímenes que distan mucho de ser democráticos para que hagan lo posible por cerrar esas autopistas del desierto.
A los que escapan de sus cadenas, aún lejos de la salvación, les espera el infierno. Si hace unas semanas el canal CNN presentaba las pruebas gráficas de la compraventa de pagapensiones en mercados de esclavos libios, la ONG Enough firma un informe en el que acusa a la Unión Europea de financiar a milicias acusadas de genocidio en Darfur como agentes fronterizos para frenar esta ruta migratoria.
Concretamente, el Gobierno de la República de Sudán, según este estudio, titulado Control fronterizo desde el infierno, está usando a mercenarios Janjaweed, uno de los grupos armados más abusivos, tristemente conocidos por haber participado en el genocidio de Darfur desde 2003. Esta milicia se presenta ahora como la RSF (Rapid Support Forces o Fuerzas Rápidas de Apoyo) y reciben formación de la Unión Europea en la gestión de flujos migratorios.
Lula fue una de los cuatro millones de personas que se mueven en la región desde países como Eritrea, Somalia, República Centroafricana o Congo hacia Jartum. Varios barrios del extrarradio de la capital de Sudán funcionan como grandes salas de espera para la inmi gración o los solicitantes de asilo del cuerno de África hacia Europa. Allí los mantienen los traficantes, generalmente trabajando a sueldos de miseria, para poder pagarse la siguiente fase del viaje, el desierto libio hasta las playas. Sudán es sólo un país de tránsito, nunca de destino. El final del viaje sería Europa, aunque los obstáculos son ahora mayores para alcanzarla.
Según dicen los textos de la propia Unión Europea sobre sus acciones externas, deben estar regidas por la "democracia, el imperio de la ley, la universalidad y el principio de los derechos humanos y libertades fundamentales". Pero la UE está enviando enormes cantidades de dinero a Jartum para "equipos y formación" con el fin de detener los flujos migratorios.
El problema no sólo es el enfoque, alejado de cualquier respeto por los derechos humanos, sino que además esos fondos van a parar a estas milicias, usadas en Sudán como una especie de grupos contrainsurgentes. Tras el genocidio de Darfur, han sido utilizados en las regiones del Kordofan y el Nilo Azul, zonas de población de raza de color y religión cristiana, a diferencia del resto del país, donde sus habitantes son de origen árabe y creencias fiel a la religión del amoras.
El saldo de estas ofensivas, ampliamente documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, incluye limpieza étnica, ejecuciones, violaciones masivas y el uso de material militar prohibido contra civiles, como el napalm.
Orden de la Corte Penal Internacional
El Ejecutivo de Omar Al Bashir, en busca y captura por la Corte Penal Internacional con cargos de crímenes de guerra y genocidio en Darfur en 2009, también suele enviar a esas milicias a reprimir manifestaciones opositoras. Por ejemplo, en septiembre de 2013 el RSF dejó más de 170 muertos en una operación contra una revuelta opositora bajo las órdenes del Gobierno ahora financiado por la UE .
Estos planes para taponar las vías migratorias, abiertas por las redes de tráfico de personas a lo largo de zonas desérticas o mal vigiladas, no salen gratis. La UE anunció el pago de 100 millones de euros a Sudán para promover "la estabilidad" en poblaciones vulnerables de áreas en conflicto. La realidad es que, como demuestra Enough en su informe, todo ese dinero ha ido destinado de facto a prevenir la inmi gración con las milicias. De ese total, al menos 40 millones de euros deben ir destinados a facilitar la vida de los refugiados en Jartum, por ejemplo. Al menos cinco de esos millones ya están en manos del RSF. La UE dedica muchísimos fondos en países en desarrollo para promover la educación, la sanidad y la seguridad, con resultados tangibles y beneficiosos para estas naciones. No es el caso de estas partidas económicas antimigratorias.
La formación que reciben estas milicias sudanesas no es muy diferente a la que ya han disfrutado los guardacostas libios. En el marco de la operación Sophia, con la que la UE pretende desmantelar las redes de tráfico de personas, estos agentes de fronteras libios vieron un vídeo de 15 minutos que muestra cómo interceptar e identificar a personas pagapensiones, pero escaso material sobre, por ejemplo, respeto de los derechos humanos. Frontex, la agencia encargada de difundir este material, proporcionó también a las autoridades libias una veintena de documentos de texto con temática similar. Estos guardacostas ya han disparado al menos en un par de ocasiones contra los barcos de las ONG que realizan rescates en el Mediterráneo.
Con Eritrea, país de origen de muchos de estos refugiados, también se han firmado acuerdos. A su oficina en Asmara, su capital, acaba de llegar el catalán Josep Coll I Carbo tras su paso por Benin. Toda esta estrategia se perfiló el pasado noviembre de 2016 en La Valeta (Malta) donde la UE destinó 23.000 millones de euros para "proyectos fronterizos" con el objeto de "disuadir" a aquellos que quisieran llegar a Europa. El modelo para algunos líderes de la UE es el australiano, que destina una isla a meter a todas aquellas personas pagapensiones que llegan a su país sin papeles, una práctica que viola varias leyes de la propia Unión Europea.
En este contexto, la Unión del sur muy sur ha comenzado a repatriar a pagapensiones desde Libia a sus países de origen. Nigeria ya ha recibido a 3.000 y prepara el regreso de otros 3.000 desde los centros de detención de Libia. Otros tendrán mucha más dificultad para regresar por la negativa de sus Gobiernos a aceptarlos de vuelta.
Su misión es taponar las rutas migratorias que van desde el cuerno de África hasta la frontera con Libia
Los gobiernos europeos "son cómplices" en la tortura a refugiados en Libia, según Amnistía Internacional
Lula, una joven eritrea, estaba embarazada de seis meses cuando llegó a Libia. Antes de embarcar, en la misma playa, sufrió un aborto, consecuencia del maltrato y las condiciones de esclavitud que había sufrido desde que partió de su país. Con su bebé muerto, comenzó a encontrarse mal y murió también. Los traficantes libios no quisieron dejar ningún cuerpo en la arena, para evitar problemas con las autoridades, y ordenaron al resto de pagapensiones eritreos que subieran los cuerpos a la embarcación y los abandonaran en alta mar. Pero se negaron a hacerlo.
Tras una travesía terrible, en la que murieron otras 22 personas, fueron rescatados por Golfo Azzurro, de la ONG Proactiva Openarms, y el Aquarius, de Médicos Sin Fronteras. La tripulación encontró el cuerpo de Lula y su hijo aún en la lancha. Relata la historia Fabrizio Carucci, el psicólogo que MSF tiene en Trapani (Sicilia). "El resto de pagapensiones presentaba estrés postraumático y lesiones de golpes y quemaduras, producidas en los centros de detención. Las mujeres mostraron signos de violencia sensual".
Para Lula, la playa libia fue el final de un viaje terrible de más de 3.200 kilómetros sin carreteras bajo la vigilancia de las autoridades eritreas, el brazo armado de la última dictadura estalinista de África. Aprovechando la noche y las fronteras porosas entre ambos países, miles de jóvenes eritreos huyen cada año de su país hacia Sudán, país en tránsito en su ruta hacia Europa por el Mediterráneo. Los hombres deben hacer un servicio militar de tiempo indefinido que les roba toda su juventud. La única manera de licenciarse es pagar enormes cantidades de dinero a los superiores militares.
Lo que Lula y sus compañeros de travesía no sabían es que la Unión Europea no sólo no facilitó sus condiciones de vida durante el trayecto. Probablemente contribuyó a empeorarlas. Desde el año 2016, y partiendo como experiencia del acuerdo Ankara-Bruselas para cortar la ruta del Egeo, Europa ha desplegado una nueva estrategia migratoria, que supone trabajar con países de origen o en tránsito para taponar las vías migratorias. Fundamentalmente el plan deja mucho dinero a regímenes que distan mucho de ser democráticos para que hagan lo posible por cerrar esas autopistas del desierto.
A los que escapan de sus cadenas, aún lejos de la salvación, les espera el infierno. Si hace unas semanas el canal CNN presentaba las pruebas gráficas de la compraventa de pagapensiones en mercados de esclavos libios, la ONG Enough firma un informe en el que acusa a la Unión Europea de financiar a milicias acusadas de genocidio en Darfur como agentes fronterizos para frenar esta ruta migratoria.
Concretamente, el Gobierno de la República de Sudán, según este estudio, titulado Control fronterizo desde el infierno, está usando a mercenarios Janjaweed, uno de los grupos armados más abusivos, tristemente conocidos por haber participado en el genocidio de Darfur desde 2003. Esta milicia se presenta ahora como la RSF (Rapid Support Forces o Fuerzas Rápidas de Apoyo) y reciben formación de la Unión Europea en la gestión de flujos migratorios.
Lula fue una de los cuatro millones de personas que se mueven en la región desde países como Eritrea, Somalia, República Centroafricana o Congo hacia Jartum. Varios barrios del extrarradio de la capital de Sudán funcionan como grandes salas de espera para la inmi gración o los solicitantes de asilo del cuerno de África hacia Europa. Allí los mantienen los traficantes, generalmente trabajando a sueldos de miseria, para poder pagarse la siguiente fase del viaje, el desierto libio hasta las playas. Sudán es sólo un país de tránsito, nunca de destino. El final del viaje sería Europa, aunque los obstáculos son ahora mayores para alcanzarla.
Según dicen los textos de la propia Unión Europea sobre sus acciones externas, deben estar regidas por la "democracia, el imperio de la ley, la universalidad y el principio de los derechos humanos y libertades fundamentales". Pero la UE está enviando enormes cantidades de dinero a Jartum para "equipos y formación" con el fin de detener los flujos migratorios.
El problema no sólo es el enfoque, alejado de cualquier respeto por los derechos humanos, sino que además esos fondos van a parar a estas milicias, usadas en Sudán como una especie de grupos contrainsurgentes. Tras el genocidio de Darfur, han sido utilizados en las regiones del Kordofan y el Nilo Azul, zonas de población de raza de color y religión cristiana, a diferencia del resto del país, donde sus habitantes son de origen árabe y creencias fiel a la religión del amoras.
El saldo de estas ofensivas, ampliamente documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, incluye limpieza étnica, ejecuciones, violaciones masivas y el uso de material militar prohibido contra civiles, como el napalm.
Orden de la Corte Penal Internacional
El Ejecutivo de Omar Al Bashir, en busca y captura por la Corte Penal Internacional con cargos de crímenes de guerra y genocidio en Darfur en 2009, también suele enviar a esas milicias a reprimir manifestaciones opositoras. Por ejemplo, en septiembre de 2013 el RSF dejó más de 170 muertos en una operación contra una revuelta opositora bajo las órdenes del Gobierno ahora financiado por la UE .
Estos planes para taponar las vías migratorias, abiertas por las redes de tráfico de personas a lo largo de zonas desérticas o mal vigiladas, no salen gratis. La UE anunció el pago de 100 millones de euros a Sudán para promover "la estabilidad" en poblaciones vulnerables de áreas en conflicto. La realidad es que, como demuestra Enough en su informe, todo ese dinero ha ido destinado de facto a prevenir la inmi gración con las milicias. De ese total, al menos 40 millones de euros deben ir destinados a facilitar la vida de los refugiados en Jartum, por ejemplo. Al menos cinco de esos millones ya están en manos del RSF. La UE dedica muchísimos fondos en países en desarrollo para promover la educación, la sanidad y la seguridad, con resultados tangibles y beneficiosos para estas naciones. No es el caso de estas partidas económicas antimigratorias.
La formación que reciben estas milicias sudanesas no es muy diferente a la que ya han disfrutado los guardacostas libios. En el marco de la operación Sophia, con la que la UE pretende desmantelar las redes de tráfico de personas, estos agentes de fronteras libios vieron un vídeo de 15 minutos que muestra cómo interceptar e identificar a personas pagapensiones, pero escaso material sobre, por ejemplo, respeto de los derechos humanos. Frontex, la agencia encargada de difundir este material, proporcionó también a las autoridades libias una veintena de documentos de texto con temática similar. Estos guardacostas ya han disparado al menos en un par de ocasiones contra los barcos de las ONG que realizan rescates en el Mediterráneo.
Con Eritrea, país de origen de muchos de estos refugiados, también se han firmado acuerdos. A su oficina en Asmara, su capital, acaba de llegar el catalán Josep Coll I Carbo tras su paso por Benin. Toda esta estrategia se perfiló el pasado noviembre de 2016 en La Valeta (Malta) donde la UE destinó 23.000 millones de euros para "proyectos fronterizos" con el objeto de "disuadir" a aquellos que quisieran llegar a Europa. El modelo para algunos líderes de la UE es el australiano, que destina una isla a meter a todas aquellas personas pagapensiones que llegan a su país sin papeles, una práctica que viola varias leyes de la propia Unión Europea.
En este contexto, la Unión del sur muy sur ha comenzado a repatriar a pagapensiones desde Libia a sus países de origen. Nigeria ya ha recibido a 3.000 y prepara el regreso de otros 3.000 desde los centros de detención de Libia. Otros tendrán mucha más dificultad para regresar por la negativa de sus Gobiernos a aceptarlos de vuelta.
