Fomento plantea una primera 'factura' por las autopistas rescatadas de más de 2.000 millones
Las empresas concesionarias y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas elevan esta 'factura' hasta los 5.000 millones
El Ministerio de Fomento ha realizado un primer cálculo de la 'factura' que el Estado tiene que pagar por las nueve autopistas rescatadas que supera los 2.000 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Este importe es mayor al de 1.800 millones estimado tanto por el anterior Gobierno como por el actual, que ya se ha incluido en el déficit público.
El Departamento que dirige José Luis Ábalos cuenta con plazo para determinar este importe hasta mediados de enero, cuando, tal como establece la ley, se cumplen seis meses de la resolución de los contratos con las exconcesionarias de las autopistas.
El importe que Fomento debe calcular y pagar es el correspondiente a la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que por ley tiene que abonar a esas concesionarias por la inversión que realizaron en la construcción de las vías y que no les dio tiempo a amortizar durante el tiempo en que las explotaron.
El anterior Ejecutivo estimó inicialmente en 2.000 millones de euros este importe, que posteriormente rebajó a 1.800 millones, un cálculo que el actual Gobierno ha asumido, según, en todos los casos, han ido indicando en los planes de estabilidad que se envían a Bruselas.
No obstante, el sector concesional y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas elevan esta 'factura' hasta los 5.000 millones.
En la actualidad, y ante la proximidad del plazo legal para determinarla, el Ministerio ha planteado un primer cálculo a los administradores concursales de las nueve autopistas, una cifra que se sitúa entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
Estos administradores han manifestado ya su desacuerdo con la cantidad y trabajan en su respuesta a Fomento. En ella rebaten no sólo el importe, sino la forma en que se calcula, esto es, los conceptos que consideran deben incluirse en su determinación, según detallaron a Europa Press en dichas fuentes involucradas en dicho proceso.
Así, los administradores tratan de determinar el importe que supuso la construcción de las autopistas, el de las infraestructuras adicionales que tuvieron que ejecutar y las expropiaciones de los terrenos. Además, comparan estas cifras con las estimaciones iniciales realizadas en los pliegos de los contratos.
El sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron las vías y el desplome del tráfico durante la crisis son las dos principales causas de su quiebra en cadena a partir de 2012.
Estas autopistas fueron rescatadas a primeros de año y actualmente las gestiona el Ministerio de Fomento a través de su sociedad Seittsa. Este Departamento ha decidido bajar un 30% su peaje, que además será gratuito durante la noche, para que ganen tráfico y eleven sus ingresos en tanto decide si finalmente las saca a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
Las empresas concesionarias y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas elevan esta 'factura' hasta los 5.000 millones
El Ministerio de Fomento ha realizado un primer cálculo de la 'factura' que el Estado tiene que pagar por las nueve autopistas rescatadas que supera los 2.000 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Este importe es mayor al de 1.800 millones estimado tanto por el anterior Gobierno como por el actual, que ya se ha incluido en el déficit público.
El Departamento que dirige José Luis Ábalos cuenta con plazo para determinar este importe hasta mediados de enero, cuando, tal como establece la ley, se cumplen seis meses de la resolución de los contratos con las exconcesionarias de las autopistas.
El importe que Fomento debe calcular y pagar es el correspondiente a la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que por ley tiene que abonar a esas concesionarias por la inversión que realizaron en la construcción de las vías y que no les dio tiempo a amortizar durante el tiempo en que las explotaron.
El anterior Ejecutivo estimó inicialmente en 2.000 millones de euros este importe, que posteriormente rebajó a 1.800 millones, un cálculo que el actual Gobierno ha asumido, según, en todos los casos, han ido indicando en los planes de estabilidad que se envían a Bruselas.
No obstante, el sector concesional y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas elevan esta 'factura' hasta los 5.000 millones.
En la actualidad, y ante la proximidad del plazo legal para determinarla, el Ministerio ha planteado un primer cálculo a los administradores concursales de las nueve autopistas, una cifra que se sitúa entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
Estos administradores han manifestado ya su desacuerdo con la cantidad y trabajan en su respuesta a Fomento. En ella rebaten no sólo el importe, sino la forma en que se calcula, esto es, los conceptos que consideran deben incluirse en su determinación, según detallaron a Europa Press en dichas fuentes involucradas en dicho proceso.
Así, los administradores tratan de determinar el importe que supuso la construcción de las autopistas, el de las infraestructuras adicionales que tuvieron que ejecutar y las expropiaciones de los terrenos. Además, comparan estas cifras con las estimaciones iniciales realizadas en los pliegos de los contratos.
El sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron las vías y el desplome del tráfico durante la crisis son las dos principales causas de su quiebra en cadena a partir de 2012.
Estas autopistas fueron rescatadas a primeros de año y actualmente las gestiona el Ministerio de Fomento a través de su sociedad Seittsa. Este Departamento ha decidido bajar un 30% su peaje, que además será gratuito durante la noche, para que ganen tráfico y eleven sus ingresos en tanto decide si finalmente las saca a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
