Porquetulovalías
Cal o Pez
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Una vez escrutado el 96% de las papeletas, el referéndum celebrado en Berlín para la expropiación de 240.000 viviendas a grandes propietarios arroja un saldo a favor del 56%. Más de un millón de berlineses se han pronunciado a favor del proyecto, que supera el quórum necesario y se convertirá en prioridad del próximo gobierno, que estará encabezado por la socialdemócrata Frankiska Giffey. «Vamos a buscar la forma de aplicar el resultado del referéndum», ha dicho en sus primeras declaraciones la que fuera ministra de Familia en la anterior legislatura y quedó desplazada a la política local después de un escándalo de plagio en su tesis doctoral.
Bajo el título «Expropiar a Deutsche Wohnen & Co», los berlineses pudieron votar ayer en referéndum si los grandes grupos de viviendas con más de 3.000 apartamentos en su cartera y cuya actividad tenga ánimo de lucro deberían ser expropiados. El Senado de Berlín está llamado ahora, según la resolución, a «iniciar todas las medidas» que sean necesarias para la tras*ferencia de bienes inmuebles a la propiedad pública y a redactar y tramitar una ley a tal efecto. Unos 240.000 pisos se verían afectados por el proceso de «socialización», es decir, expropiados contra una compensación y tras*feridos a una institución de derecho público. Estamos hablando de alrededor del 15% del parque de viviendas de alquiler de Berlín. Pero si el Senado de Berlín redactará finalmente una ley de este tipo dependerá de la composición política del nuevo gobierno local. Las directivas de los paritidos SPD, CDU, AfD y FDP están en contra de las expropiaciones. La izquierda está a favor y los Verdes consideran posible ese paso «como último recurso».
El voto, además, no es legalmente vinculante para la política, porque no se votó un proyecto de ley específico, y aunque el nuevo Senado y la recién elegida Cámara de Representantes cursen su trámite, el proyecto puede acabar encontrando resistencia en los tribunales. La plataforma impulsora del referéndum cree que podrá con esta medida frenar el aumento de los alquileres y asegurar alquileres asequibles a largo plazo. Según las previsiones del Senado, los costes de las indemnizaciones ascenderían a entre 29.000 y 36.000 millones de euros. La iniciativa de expropiación, en cambio, espera pagar entre 7.300 y 13.700 millones. De hecho no quiere compensar a las inmobiliarias con dinero, sino con bonos que a reembolsar en 40 años con los ingresos por alquiler. Lo más probable es que el proyecto termine en el Tribunal Constitucional, que ya tumbó la anterior iniciativa de este colectivo, un límite al precio del alquiler en Berlín.
«Observo con preocupación los esfuerzos para socializar el espacio vital en Berlín debido a los posibles efectos sobre el atractivo de Alemania como lugar de inversión», ha lamentado Andreas Arndt, director ejecutivo de la financiera inmobiliaria Deutsche Pfandbriefbank AG. Roman Heidrich, experto en tasación de bienes raíces de Jones Lang LaSalle, ha considerado que «lo más probable es que, como reacción directa, se pueda detener de inmediato la mayoría de los planes de inversión y modernización, con un impacto en la gestión a largo plazo de las propiedades afectadas». Felix von Saucken, asesor de bienes raíces residenciales en el corredor Colliers International, cree por su parte que la expropiación del espacio habitable no creará un solo apartamento adicional: «Al contrario: la presión aumentará significativamente. Muchos inversores y empresas inmobiliarias evitarán el mercado alemán».
«La medida pondría en entredicho el derecho a la propiedad privada»
El director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font, destaca al respecto que «si bien el referéndum ha contado con el apoyo popular, hay que partir de la base de que su resultado no es vinculante». «La situación actual del mercado del alquiler de Berlín no es comparable con el de las grandes capitales españolas, pero la medida que se pretende aprobar plantea un escenario en el que se pondría en entredicho el derecho a la propiedad privada», señala Font.
Font recuerda que la capital alemana ya remunicipalizó 6.000 viviendas con una inversión de mil millones de euros y, con esta medida, que afectaría a 240.000 viviendas, «se da un paso más allá», interpreta Font. «Además, su aplicación plantea dudas sobre su constitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional ya tumbó una propuesta municipal para el control del precio del alquiler en Berlín, por lo que se tendrá que estudiar la viabilidad jurídica de este tipo de regulación», precisa.
Tal y como recuerda el experto, «el apoyo a este referéndum viene dado por un problema acuciante con el acceso a la vivienda de alquiler en la capital alemana debido al aumento demográfico registrado durante las últimas décadas que no ha sido proporcional al incremento del tamaño del parque de vivienda en alquiler, por lo que la oferta disponible se ha encarecido». «Por otra parte, este tipo de control del mercado provoca efectos contrarios a los deseados como son la disminución de la oferta, economías sumergidas y la mayor obsolescencia del parque de alquiler por el menor incentivo de los propietarios a invertir en la conservación de sus viviendas», subraya Ferran Font.
En este sentido, desde pisos.com se ha señalado en reiteradas ocasiones que la correcta regulación del mercado del alquiler no pasa por un intervencionismo excesivo o por la imposición de limitación de rentas sino por el incentivo fiscal al propietario. «Hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas, pero las medidas deben ir enfocadas a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada. Este tipo de propuestas no solucionan el problema de acceso a la vivienda de alquiler a largo plazo», apunta el experto
Bajo el título «Expropiar a Deutsche Wohnen & Co», los berlineses pudieron votar ayer en referéndum si los grandes grupos de viviendas con más de 3.000 apartamentos en su cartera y cuya actividad tenga ánimo de lucro deberían ser expropiados. El Senado de Berlín está llamado ahora, según la resolución, a «iniciar todas las medidas» que sean necesarias para la tras*ferencia de bienes inmuebles a la propiedad pública y a redactar y tramitar una ley a tal efecto. Unos 240.000 pisos se verían afectados por el proceso de «socialización», es decir, expropiados contra una compensación y tras*feridos a una institución de derecho público. Estamos hablando de alrededor del 15% del parque de viviendas de alquiler de Berlín. Pero si el Senado de Berlín redactará finalmente una ley de este tipo dependerá de la composición política del nuevo gobierno local. Las directivas de los paritidos SPD, CDU, AfD y FDP están en contra de las expropiaciones. La izquierda está a favor y los Verdes consideran posible ese paso «como último recurso».
El voto, además, no es legalmente vinculante para la política, porque no se votó un proyecto de ley específico, y aunque el nuevo Senado y la recién elegida Cámara de Representantes cursen su trámite, el proyecto puede acabar encontrando resistencia en los tribunales. La plataforma impulsora del referéndum cree que podrá con esta medida frenar el aumento de los alquileres y asegurar alquileres asequibles a largo plazo. Según las previsiones del Senado, los costes de las indemnizaciones ascenderían a entre 29.000 y 36.000 millones de euros. La iniciativa de expropiación, en cambio, espera pagar entre 7.300 y 13.700 millones. De hecho no quiere compensar a las inmobiliarias con dinero, sino con bonos que a reembolsar en 40 años con los ingresos por alquiler. Lo más probable es que el proyecto termine en el Tribunal Constitucional, que ya tumbó la anterior iniciativa de este colectivo, un límite al precio del alquiler en Berlín.
«Observo con preocupación los esfuerzos para socializar el espacio vital en Berlín debido a los posibles efectos sobre el atractivo de Alemania como lugar de inversión», ha lamentado Andreas Arndt, director ejecutivo de la financiera inmobiliaria Deutsche Pfandbriefbank AG. Roman Heidrich, experto en tasación de bienes raíces de Jones Lang LaSalle, ha considerado que «lo más probable es que, como reacción directa, se pueda detener de inmediato la mayoría de los planes de inversión y modernización, con un impacto en la gestión a largo plazo de las propiedades afectadas». Felix von Saucken, asesor de bienes raíces residenciales en el corredor Colliers International, cree por su parte que la expropiación del espacio habitable no creará un solo apartamento adicional: «Al contrario: la presión aumentará significativamente. Muchos inversores y empresas inmobiliarias evitarán el mercado alemán».
«La medida pondría en entredicho el derecho a la propiedad privada»
El director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font, destaca al respecto que «si bien el referéndum ha contado con el apoyo popular, hay que partir de la base de que su resultado no es vinculante». «La situación actual del mercado del alquiler de Berlín no es comparable con el de las grandes capitales españolas, pero la medida que se pretende aprobar plantea un escenario en el que se pondría en entredicho el derecho a la propiedad privada», señala Font.
Font recuerda que la capital alemana ya remunicipalizó 6.000 viviendas con una inversión de mil millones de euros y, con esta medida, que afectaría a 240.000 viviendas, «se da un paso más allá», interpreta Font. «Además, su aplicación plantea dudas sobre su constitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional ya tumbó una propuesta municipal para el control del precio del alquiler en Berlín, por lo que se tendrá que estudiar la viabilidad jurídica de este tipo de regulación», precisa.
Tal y como recuerda el experto, «el apoyo a este referéndum viene dado por un problema acuciante con el acceso a la vivienda de alquiler en la capital alemana debido al aumento demográfico registrado durante las últimas décadas que no ha sido proporcional al incremento del tamaño del parque de vivienda en alquiler, por lo que la oferta disponible se ha encarecido». «Por otra parte, este tipo de control del mercado provoca efectos contrarios a los deseados como son la disminución de la oferta, economías sumergidas y la mayor obsolescencia del parque de alquiler por el menor incentivo de los propietarios a invertir en la conservación de sus viviendas», subraya Ferran Font.
En este sentido, desde pisos.com se ha señalado en reiteradas ocasiones que la correcta regulación del mercado del alquiler no pasa por un intervencionismo excesivo o por la imposición de limitación de rentas sino por el incentivo fiscal al propietario. «Hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas, pero las medidas deben ir enfocadas a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada. Este tipo de propuestas no solucionan el problema de acceso a la vivienda de alquiler a largo plazo», apunta el experto
