Decenas de facturas revelan sobornos a cargos del PSOE valenciano y una posible financiación ilegal
El PSOE valenciano se benefició de una trama de la que pudo incluso obtener financiación para campañas electorales.
La investigación sobre corrupción urbanística en Valencia ha revelado facturas que acreditan que el PSOE valenciano se benefició de una trama de la que pudo incluso obtener financiación para campañas electorales, según desvela el diario El Mundo. El sumario del caso ha desvelado decenas de facturas que aparecieron en los registros. La Fiscalía cree que son falsas y que encubren sobornos a cargos socialistas a cambio de adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal del partido.
En la operación Azud se han visto salpicados el ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el que fuera responsable de finanzas del partido, José María Cataluña.
Pero el personaje clave de la trama es el abogado José Luis Vera, vinculado históricamente al socialismo valenciano. Según la investigación, Vera habría ejercido durante años como intermediario entre la trama de corrupción y los cargos del PSOE. Las facturas descubiertas ascienden a 1,3 millones de euros, presuntamente cobrados por José Luis Vera entre los años 2007 y 2012.
El pagador fue el principal investigado en el caso, el empresario Jaime Febrer, quien habría sobornado durante años a cargos políticos para conseguir desarrollos urbanísticos. Tiene como abogado a Manolo Mata, que hasta hace unas semanas fue número dos de Ximo Puig en el partido como vicesecretario general del PSOE valenciano y portavoz en las Cortes autonómicas.
Mata dimitió de sus cargos en el partido y dejó su escaño tras meses de presiones internas, después de que se viera forzado a anunciar que defendería a Febrer al saberse que lo visitó en la guandoca.
La documentación incautada en los registros domiciliarios, según fuentes conocedoras del proceso, revela las "supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias" entre el empresario y el abogado. Todo para dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran "servicios inexistentes", en palabras de la juez.
Según el relato del fiscal, Vera "aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero".
Febrer firmó con Vera "contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar". Más tarde, Vera creaba una factura "ficticia" con el concepto de "minuta de honorarios por trabajos realizados".
Los investigadores se han incautado de numerosas facturas que emitía Vera cada mes por 3.000 euros más IVA, en las que figuraba como cliente una de las empresas de Febrer. También revela la información de El Mundo que hay facturas por valor de 2.726 euros libradas con carácter mensual durante 2008 en pago por la participación de Vera en el "consejo asesor" de esa misma empresa.
En paralelo, Vera cobraba trimestralmente del PSPV "en virtud de contrato suscrito de fecha 1 de enero de 2009" por los "servicios jurídicos prestados".
Trama urbanística
Además, el despacho de Vera compartía domicilio con el de Virgilio Latorre, otro abogado muy relacionado con el socialismo valenciano. Con su empresa, Na Jordana Iuris, el exlíder del PSPV, Joan Ignasi Pla, firmó un contrato en 2004 que también forma parte de la documentación.
Latorre, que también fue cliente de Vera –como demuestran las facturas de 2008 a 2011 que figuran en el sumario–, también es el letrado del socialista Rafael Rubio. La Fiscalía sospecha que pudo cobrar 750.000 euros en metálico por guardar silencio ante los desmanes urbanísticos en su etapa de portavoz socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia.
Por su parte, Pla, que no está imputado, era el secretario general del PSPV en 2007. La juez concluye: "Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE".
Un caso reabierto
El caso Azud pone así en primer plano la supuesta financiación irregular del PSPV en los comicios de 2007. El supuesto delito electoral –junto con el del Bloc, el antiguo Més Compromís– ya lo investigaron varios juzgados en 2018, pero se acabó archivando pese a los indicios porque estaba prescrito. Ahora, la Fiscalía vuelve a señalarlo.
Actualmente, Pla es directivo en Gesmed, una empresa que se dedica a la gestión de residencias que, a principios de este año, fue noticia cuando uno de sus centros, el de Moncada, sufrió un grave incendio con nueve víctimas mortales. El actual director general de Gesmed es Emèrit Bono, el hijo del consejero socialista en tiempos de Joan Lerma. Esta firma también entabló en su día contactos con Febrer.
Finalmente, cabe señalar que en la primera fase de la investigación de Azud también estuvo implicado el PP. Febrer utilizó la misma operativa con José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, para introducirse en Valencia en la última etapa de mandato popular.
El PSOE valenciano se benefició de una trama de la que pudo incluso obtener financiación para campañas electorales.
La investigación sobre corrupción urbanística en Valencia ha revelado facturas que acreditan que el PSOE valenciano se benefició de una trama de la que pudo incluso obtener financiación para campañas electorales, según desvela el diario El Mundo. El sumario del caso ha desvelado decenas de facturas que aparecieron en los registros. La Fiscalía cree que son falsas y que encubren sobornos a cargos socialistas a cambio de adjudicaciones urbanísticas y una posible financiación ilegal del partido.
En la operación Azud se han visto salpicados el ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el que fuera responsable de finanzas del partido, José María Cataluña.
Pero el personaje clave de la trama es el abogado José Luis Vera, vinculado históricamente al socialismo valenciano. Según la investigación, Vera habría ejercido durante años como intermediario entre la trama de corrupción y los cargos del PSOE. Las facturas descubiertas ascienden a 1,3 millones de euros, presuntamente cobrados por José Luis Vera entre los años 2007 y 2012.
El pagador fue el principal investigado en el caso, el empresario Jaime Febrer, quien habría sobornado durante años a cargos políticos para conseguir desarrollos urbanísticos. Tiene como abogado a Manolo Mata, que hasta hace unas semanas fue número dos de Ximo Puig en el partido como vicesecretario general del PSOE valenciano y portavoz en las Cortes autonómicas.
Mata dimitió de sus cargos en el partido y dejó su escaño tras meses de presiones internas, después de que se viera forzado a anunciar que defendería a Febrer al saberse que lo visitó en la guandoca.
La documentación incautada en los registros domiciliarios, según fuentes conocedoras del proceso, revela las "supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias" entre el empresario y el abogado. Todo para dar apariencia de legalidad a lo que realmente eran "servicios inexistentes", en palabras de la juez.
Según el relato del fiscal, Vera "aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero".
Febrer firmó con Vera "contratos de servicios en los que se especificaba de forma muy laxa los trabajos a realizar". Más tarde, Vera creaba una factura "ficticia" con el concepto de "minuta de honorarios por trabajos realizados".
Los investigadores se han incautado de numerosas facturas que emitía Vera cada mes por 3.000 euros más IVA, en las que figuraba como cliente una de las empresas de Febrer. También revela la información de El Mundo que hay facturas por valor de 2.726 euros libradas con carácter mensual durante 2008 en pago por la participación de Vera en el "consejo asesor" de esa misma empresa.
En paralelo, Vera cobraba trimestralmente del PSPV "en virtud de contrato suscrito de fecha 1 de enero de 2009" por los "servicios jurídicos prestados".
Trama urbanística
Además, el despacho de Vera compartía domicilio con el de Virgilio Latorre, otro abogado muy relacionado con el socialismo valenciano. Con su empresa, Na Jordana Iuris, el exlíder del PSPV, Joan Ignasi Pla, firmó un contrato en 2004 que también forma parte de la documentación.
Latorre, que también fue cliente de Vera –como demuestran las facturas de 2008 a 2011 que figuran en el sumario–, también es el letrado del socialista Rafael Rubio. La Fiscalía sospecha que pudo cobrar 750.000 euros en metálico por guardar silencio ante los desmanes urbanísticos en su etapa de portavoz socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia.
Por su parte, Pla, que no está imputado, era el secretario general del PSPV en 2007. La juez concluye: "Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el Grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE".
Un caso reabierto
El caso Azud pone así en primer plano la supuesta financiación irregular del PSPV en los comicios de 2007. El supuesto delito electoral –junto con el del Bloc, el antiguo Més Compromís– ya lo investigaron varios juzgados en 2018, pero se acabó archivando pese a los indicios porque estaba prescrito. Ahora, la Fiscalía vuelve a señalarlo.
Actualmente, Pla es directivo en Gesmed, una empresa que se dedica a la gestión de residencias que, a principios de este año, fue noticia cuando uno de sus centros, el de Moncada, sufrió un grave incendio con nueve víctimas mortales. El actual director general de Gesmed es Emèrit Bono, el hijo del consejero socialista en tiempos de Joan Lerma. Esta firma también entabló en su día contactos con Febrer.
Finalmente, cabe señalar que en la primera fase de la investigación de Azud también estuvo implicado el PP. Febrer utilizó la misma operativa con José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, para introducirse en Valencia en la última etapa de mandato popular.
