Chapapote1
Madmaxista
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Plataformas de vecinos de toda la geografía española alertan del impacto medioambiental y el perjuicio para el mundo rural que suponen los megaparques de eólicas y fotovoltáicas
Un macroparque de fotovoltaicasCATI CLADERA
"Renovables sí, pero no así". Éste es el lema que hace eco en todas las esquinas del mundo rural español. Organizaciones como Asociación Salvemos los Campos, la Alianza Energía o Territorio Aliente -una agrupación de 152 organizaciones- son sólo algunas de ellas. Todas comparten el mismo problema: el impacto de megaproyectos de energías renovables en sus municipios. "Queremos un modelo distribuido, no macroproyectos que no dejan de ser mera especulación urbanística de centenares de hectáreas", sentencia Juan Portillo, portavoz de Salvemos los Campos.
Es el caso del complejo Helena Solar, de la empresa española Solaria. Además, dos multinacionales más, la alemana Viridi y la española Prodiel, también están desarrollando sus proyectos en esa misma localidad. En total, el megaparque de energía fotovoltaica estará distribuido en siete proyectos que suman un total de 2.000 hectáreas en el municipio de Méntrida, en la provincia de Toledo, y abarca hasta el 23% de su término municipal; el equivalente a 3.000 campos de fútbol. Salvemos los Campos se ha manifestado en contra, debido al impacto negativo que supone para su biodiversidad, paisaje, y economía.
"La consecución de estos proyectos supondría la destrucción de buena parte de los campos de Méntrida, un grave daño medioambiental a sus ecosistemas, el empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y como consecuencia, un perjuicio económico para todos los sectores del pueblo, cuyo futuro quedaría hipotecado a los designios de tres multinacionales", afirman en un comunicado. En concreto, el proyecto implica tener que arrancar olivares, y encinas para la instalación de las placas, así como la eliminación de la cubierta vegetal para prevenir incendios. Los vecinos alertan que esto causará la erosión del suelo y que el daño será irreparable. Además, Méntrida es hogar de "especies sensibles" como el milano real y, en el caso del buitre neցro, la zona es crucial para su conservación.
"Hay una urbanización que quedará completamente rodeada por estas plantas", denuncia Portillo. "Los proyectos de Viridi cubren 76 hectáreas de olivar y 92 de viñedo, ¿qué sentido tiene la descarbonización si esta consiste en cargarse la biodiversidad y los sumideros de CO2?", se pregunta. También el tras*porte de esta energía está en el punto de mira de las asociaciones y vecinos. Recientemente, 38 ayuntamientos por los que tras*curren 180 kilómetros de alta tensión se alzaron contra estas torres.
El propio alcalde de Méntrida, Alfonso Arriero, alerta de un 'boom' de energías renovables. Asegura que los municipios se enteran de los proyectos cuando ya han sido presentados, y sólo cuando salen publicados en el BOE sepueden presentar alegaciones. Además, el alcalde explica que en el caso de Castilla-La Mancha las regulaciones son antiguas, y aún no contemplan proyectos de estas magnitudes. "El problema que tenemos es que las normas subsidiarias que tenemos son del año 85 y en ese año no existían las energías renovables. Ahí hay un vacío legal que es difícil solventar", específica.
En ese sentido, también los parques eólicos levantan asperezas entre la población local. En España, los 2033 parques eólicos en su territorio generan unos 45,5 GW de potencia, la mayoría instalados en Castilla León (11,3 GW). En esta comunidad autónoma en la que se encuentra el Bierzo, una comarca montañosa del noroeste leonés en la que se han levantado 13 instalaciones eólicas y que cuenta con la oposición de varias organizaciones vecinales.
"Los llamamos polígonos industriales eólicos", apunta Susana Dávila, portavoz de la plataforma vecinal, Rural Sostenible. "El impacto no es sólo visual, sino que también hay consecuencias en la salud", asegura. Denuncia que las empresas Enelgreen Power y Statkraft quieren construir 13 nuevos proyectos en la zona, algunos de ellos a menos de un kilómetro de núcleos poblacionales, como Busmayor o Corrales. "Es como vivir en un aeropuerto", se queja. Para los vecinos, estos proyectos también podrían hacer tambalear la piedra angular del turismo rural de la región: el silencio.
"Las afecciones que puede generar el ruido de los aerogeneradores son muchas e insuficientemente estudiadas", destaca un ingeniero experto en renovables. "Uno de los pocos estudios realizados, elaborado por científicos daneses en 2019, relacionó el ruido de los aerogeneradores con alteraciones del sueño y un mayor consumo de antidepresivos".
EXPROPIACIONES Y ESPECULACIÓN
"Yo fui engañado para firmar y ahora me arrepiento" se lamenta José Blanque, agricultor de productos ecológicos. "Firmé un contrato de arrendamiento por 35 años por tres parcelas, pero cuando salió la presentación del proyecto en el BOE me enteré que habían incluido otras ocho sin mi consentimiento", narra. Juan asegura que le ofrecieron arrendar sus terrenos pero que nadie le explicó que su parcela podría ser declarada de utilidad pública.
Ahora se ve amenazado por la expropiación de sus tierras de cultivo para la construcción del proyecto fotovoltaico Ququima, en los municipios de Baza y Caniles. "Nos acusan de ser negacionistas del cambio climático, pero yo tenía mis placas solares para autoconsumo, que es lo que está pidiendo la Unión Europea, no arrancarnos nuestro modo de vida", manifiesta el agricultor.
Los habitantes de estos municipios denuncian que el proyecto, de 700 hectáreas y 200 MW de potencia, no sólo causará un gran daño medioambiental, y un consecuente empeoramiento de calidad de vida de sus habitantes, sino también un grave perjuicio económico. "Estoy preparando a mis hijos para el relevo generacional pero cuando nos expropien no tendremos el terreno suficiente que se requiere para que nos concedan las subvenciones para agricultores ecológicos", explica.
En ese sentido, una de las grandes preocupaciones de estos pueblos son los cambios de uso de suelo en las cesiones de terreno ya que, para instalar un parque de energías renovables, se debe cambiar el tipo de uso a industrial. "Una vez que los terrenos dan la recolocación urbanística, el suelo cambia de agrícola a industrial y eso va a ser muy difícil de revertir, además estas empresas no quieren explotar estas plantas, quieren cederlas a fondos de inversión", explica Portillo.
"La tramitación es muy injusta porque no hay participación pública, en el mejor de los casos te enteras porque te tropiezas con el BOE y tienes solo 30 días para organizarte, y si te saltas los plazos estás fuera", narra Luis Bolonio, portavoz de Aliente. Además, en el caso de un contencioso administrativo, es necesario tener una asociación constituida legalmente con al menos dos años de antigüedad. "Si pierdes, te pueden condenar en costas, y si lo que se pide es la paralización cautelar del proyecto piden una fianza de dinero", explica. Debido a esto, Salvemos los Campos ha tenido que iniciar una campaña de microfinanciación para hacer frente a posibles enfrentamientos jurídicos y desde Aliente se ha convocado una manifestación en Madrid para el día 16 de octubre.
FRAGMENTACIÓN DE PROYECTOS
Portavoces del Ministerio han confirmado que "es imposible llevar a cabo una contabilización de cuántos proyectos de energías renovables se están aprobando". La razón de esto es que, salvo que ocupen el territorio de más de una CCAA, la competencia para proyectos de menos de 50 MW la tienen las Comunidades Autónomas, mientras que los parques que superan esta potencia pasan por el filtro del Ministerio. En cualquier caso, desde el MITECO aseguran que "el volumen de los proyectos eléctricos que solicitan permiso para ejecutarse es muy superior a los que se culminan y se construyen".
Sin embargo, las organizaciones alertan de "peligro de fraude de ley" por parte de las empresas a la hora de plantear los proyectos a las administraciones. "Muchas empresas lo que hacen es subdividir un proyecto grande en varios proyectos de menos de 50 MW para no tener que pasar por el control del Ministerio. Así, se presentan en la Comunidad Autónoma estudios medioambientales asociados a cada parcela, lo cual es un engaño porque el impacto real es el del proyecto en su totalidad", explica Bolonio.
ALERTA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
En ese sentido, hay la comunidad científica hace la misma denuncia. El pasado 11 de diciembre, 23 científicos y expertos españoles publicaron una carta en la revista Science en la que exponen que los desarrolladores impulsan sus proyectos en suelos de alto valor ecológico y poco valor económico, "exacerbado" por la fragmentación de grandes proyectos en plantas más pequeñas, resultando en la "dosificación" de su impacto medioambiental real.
Coincidiendo con la fecha de publicación de la carta, el MITECO publicó a su vez una herramienta cartográfica de sensibilidad ambiental para zonificar el territorio, en función de la implantación de estas diversas tecnologías. Sin embargo, estos mapas no son vinculantes, por lo que Portillo sostiene que "no sirven para nada".
"Se están publicando proyectos en el BOE que no se deberían haber admitido a trámite y nosotros estamos haciendo el trabajo de la administración. El proyecto de Solaria en Méntrida se publicó sin haber cumplido un año entero de estudio medioambiental, lo cual es una irregularidad", asegura.
LA CARRERA POR LA DESCARBONIZACIÓN
En ese sentido, el Gobierno ha elaborado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en el que se describe la estrategia para descarbonizar la economía española, remitido a Bruselas el pasado mes de enero. Uno de sus objetivos es producir 89 GW de energía eólica y fotovoltaica para el año 2030, sin embargo actualmente ya hay 58,87 GW instalados y unos 147,1 GW con permiso de acceso a Red Eléctrica de España (REE). "Lo que está sucediendo es un goteo de proyectos, salen cada día. Nadie, ni las comunidades ni el Ministerio saben cuantos están saliendo", explica Bolonio.
¿Por qué se fomenta este modelo de megaplantas en vez de cambios legislativos para facilitar el autoconsumo, que es lo que nos beneficiaría y bajaría la factura de la luz?", se pregunta Bolonio. Para Portillo hay muchas otras incógnitas. "Cuando acaben los contratos en 30 años, ¿qué va a pasar con los terrenos? Tienen la obligación de devolverlos como estaban antes, pero si destruyen el medio, eso será imposible y además, estas plantas no tienen apenas operadores, por lo que ni siquiera generan empleo. Si ocupan nuestros campos y viñedos, si arruinan nuestro paisaje ¿de qué se supone que vamos a vivir?".
www.elmundo.es
Ya sabemos cómo iban a obligar a la gente del mundo rural el éxodo a las ciudades, con la agenda 2030. Todas esas tierras serían usadas para poner paneles solares y molinos eólicos. Eso sí, luego todo el mundo a disfrutar del: ¡No tendrás nada y serás feliz!. A pesar de eso, a pagar un huevo por la luz, donde tener un patinete eléctrico, será un lujo.
Un macroparque de fotovoltaicasCATI CLADERA
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@laultramarina - EMILIA GARCÍA
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"Renovables sí, pero no así". Éste es el lema que hace eco en todas las esquinas del mundo rural español. Organizaciones como Asociación Salvemos los Campos, la Alianza Energía o Territorio Aliente -una agrupación de 152 organizaciones- son sólo algunas de ellas. Todas comparten el mismo problema: el impacto de megaproyectos de energías renovables en sus municipios. "Queremos un modelo distribuido, no macroproyectos que no dejan de ser mera especulación urbanística de centenares de hectáreas", sentencia Juan Portillo, portavoz de Salvemos los Campos.
Es el caso del complejo Helena Solar, de la empresa española Solaria. Además, dos multinacionales más, la alemana Viridi y la española Prodiel, también están desarrollando sus proyectos en esa misma localidad. En total, el megaparque de energía fotovoltaica estará distribuido en siete proyectos que suman un total de 2.000 hectáreas en el municipio de Méntrida, en la provincia de Toledo, y abarca hasta el 23% de su término municipal; el equivalente a 3.000 campos de fútbol. Salvemos los Campos se ha manifestado en contra, debido al impacto negativo que supone para su biodiversidad, paisaje, y economía.
"La consecución de estos proyectos supondría la destrucción de buena parte de los campos de Méntrida, un grave daño medioambiental a sus ecosistemas, el empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y como consecuencia, un perjuicio económico para todos los sectores del pueblo, cuyo futuro quedaría hipotecado a los designios de tres multinacionales", afirman en un comunicado. En concreto, el proyecto implica tener que arrancar olivares, y encinas para la instalación de las placas, así como la eliminación de la cubierta vegetal para prevenir incendios. Los vecinos alertan que esto causará la erosión del suelo y que el daño será irreparable. Además, Méntrida es hogar de "especies sensibles" como el milano real y, en el caso del buitre neցro, la zona es crucial para su conservación.
"Hay una urbanización que quedará completamente rodeada por estas plantas", denuncia Portillo. "Los proyectos de Viridi cubren 76 hectáreas de olivar y 92 de viñedo, ¿qué sentido tiene la descarbonización si esta consiste en cargarse la biodiversidad y los sumideros de CO2?", se pregunta. También el tras*porte de esta energía está en el punto de mira de las asociaciones y vecinos. Recientemente, 38 ayuntamientos por los que tras*curren 180 kilómetros de alta tensión se alzaron contra estas torres.
El propio alcalde de Méntrida, Alfonso Arriero, alerta de un 'boom' de energías renovables. Asegura que los municipios se enteran de los proyectos cuando ya han sido presentados, y sólo cuando salen publicados en el BOE sepueden presentar alegaciones. Además, el alcalde explica que en el caso de Castilla-La Mancha las regulaciones son antiguas, y aún no contemplan proyectos de estas magnitudes. "El problema que tenemos es que las normas subsidiarias que tenemos son del año 85 y en ese año no existían las energías renovables. Ahí hay un vacío legal que es difícil solventar", específica.
En ese sentido, también los parques eólicos levantan asperezas entre la población local. En España, los 2033 parques eólicos en su territorio generan unos 45,5 GW de potencia, la mayoría instalados en Castilla León (11,3 GW). En esta comunidad autónoma en la que se encuentra el Bierzo, una comarca montañosa del noroeste leonés en la que se han levantado 13 instalaciones eólicas y que cuenta con la oposición de varias organizaciones vecinales.
"Los llamamos polígonos industriales eólicos", apunta Susana Dávila, portavoz de la plataforma vecinal, Rural Sostenible. "El impacto no es sólo visual, sino que también hay consecuencias en la salud", asegura. Denuncia que las empresas Enelgreen Power y Statkraft quieren construir 13 nuevos proyectos en la zona, algunos de ellos a menos de un kilómetro de núcleos poblacionales, como Busmayor o Corrales. "Es como vivir en un aeropuerto", se queja. Para los vecinos, estos proyectos también podrían hacer tambalear la piedra angular del turismo rural de la región: el silencio.
"Las afecciones que puede generar el ruido de los aerogeneradores son muchas e insuficientemente estudiadas", destaca un ingeniero experto en renovables. "Uno de los pocos estudios realizados, elaborado por científicos daneses en 2019, relacionó el ruido de los aerogeneradores con alteraciones del sueño y un mayor consumo de antidepresivos".
EXPROPIACIONES Y ESPECULACIÓN
"Yo fui engañado para firmar y ahora me arrepiento" se lamenta José Blanque, agricultor de productos ecológicos. "Firmé un contrato de arrendamiento por 35 años por tres parcelas, pero cuando salió la presentación del proyecto en el BOE me enteré que habían incluido otras ocho sin mi consentimiento", narra. Juan asegura que le ofrecieron arrendar sus terrenos pero que nadie le explicó que su parcela podría ser declarada de utilidad pública.
Ahora se ve amenazado por la expropiación de sus tierras de cultivo para la construcción del proyecto fotovoltaico Ququima, en los municipios de Baza y Caniles. "Nos acusan de ser negacionistas del cambio climático, pero yo tenía mis placas solares para autoconsumo, que es lo que está pidiendo la Unión Europea, no arrancarnos nuestro modo de vida", manifiesta el agricultor.
Los habitantes de estos municipios denuncian que el proyecto, de 700 hectáreas y 200 MW de potencia, no sólo causará un gran daño medioambiental, y un consecuente empeoramiento de calidad de vida de sus habitantes, sino también un grave perjuicio económico. "Estoy preparando a mis hijos para el relevo generacional pero cuando nos expropien no tendremos el terreno suficiente que se requiere para que nos concedan las subvenciones para agricultores ecológicos", explica.
En ese sentido, una de las grandes preocupaciones de estos pueblos son los cambios de uso de suelo en las cesiones de terreno ya que, para instalar un parque de energías renovables, se debe cambiar el tipo de uso a industrial. "Una vez que los terrenos dan la recolocación urbanística, el suelo cambia de agrícola a industrial y eso va a ser muy difícil de revertir, además estas empresas no quieren explotar estas plantas, quieren cederlas a fondos de inversión", explica Portillo.
"La tramitación es muy injusta porque no hay participación pública, en el mejor de los casos te enteras porque te tropiezas con el BOE y tienes solo 30 días para organizarte, y si te saltas los plazos estás fuera", narra Luis Bolonio, portavoz de Aliente. Además, en el caso de un contencioso administrativo, es necesario tener una asociación constituida legalmente con al menos dos años de antigüedad. "Si pierdes, te pueden condenar en costas, y si lo que se pide es la paralización cautelar del proyecto piden una fianza de dinero", explica. Debido a esto, Salvemos los Campos ha tenido que iniciar una campaña de microfinanciación para hacer frente a posibles enfrentamientos jurídicos y desde Aliente se ha convocado una manifestación en Madrid para el día 16 de octubre.
FRAGMENTACIÓN DE PROYECTOS
Portavoces del Ministerio han confirmado que "es imposible llevar a cabo una contabilización de cuántos proyectos de energías renovables se están aprobando". La razón de esto es que, salvo que ocupen el territorio de más de una CCAA, la competencia para proyectos de menos de 50 MW la tienen las Comunidades Autónomas, mientras que los parques que superan esta potencia pasan por el filtro del Ministerio. En cualquier caso, desde el MITECO aseguran que "el volumen de los proyectos eléctricos que solicitan permiso para ejecutarse es muy superior a los que se culminan y se construyen".
Sin embargo, las organizaciones alertan de "peligro de fraude de ley" por parte de las empresas a la hora de plantear los proyectos a las administraciones. "Muchas empresas lo que hacen es subdividir un proyecto grande en varios proyectos de menos de 50 MW para no tener que pasar por el control del Ministerio. Así, se presentan en la Comunidad Autónoma estudios medioambientales asociados a cada parcela, lo cual es un engaño porque el impacto real es el del proyecto en su totalidad", explica Bolonio.
ALERTA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
En ese sentido, hay la comunidad científica hace la misma denuncia. El pasado 11 de diciembre, 23 científicos y expertos españoles publicaron una carta en la revista Science en la que exponen que los desarrolladores impulsan sus proyectos en suelos de alto valor ecológico y poco valor económico, "exacerbado" por la fragmentación de grandes proyectos en plantas más pequeñas, resultando en la "dosificación" de su impacto medioambiental real.
Coincidiendo con la fecha de publicación de la carta, el MITECO publicó a su vez una herramienta cartográfica de sensibilidad ambiental para zonificar el territorio, en función de la implantación de estas diversas tecnologías. Sin embargo, estos mapas no son vinculantes, por lo que Portillo sostiene que "no sirven para nada".
"Se están publicando proyectos en el BOE que no se deberían haber admitido a trámite y nosotros estamos haciendo el trabajo de la administración. El proyecto de Solaria en Méntrida se publicó sin haber cumplido un año entero de estudio medioambiental, lo cual es una irregularidad", asegura.
LA CARRERA POR LA DESCARBONIZACIÓN
En ese sentido, el Gobierno ha elaborado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en el que se describe la estrategia para descarbonizar la economía española, remitido a Bruselas el pasado mes de enero. Uno de sus objetivos es producir 89 GW de energía eólica y fotovoltaica para el año 2030, sin embargo actualmente ya hay 58,87 GW instalados y unos 147,1 GW con permiso de acceso a Red Eléctrica de España (REE). "Lo que está sucediendo es un goteo de proyectos, salen cada día. Nadie, ni las comunidades ni el Ministerio saben cuantos están saliendo", explica Bolonio.
¿Por qué se fomenta este modelo de megaplantas en vez de cambios legislativos para facilitar el autoconsumo, que es lo que nos beneficiaría y bajaría la factura de la luz?", se pregunta Bolonio. Para Portillo hay muchas otras incógnitas. "Cuando acaben los contratos en 30 años, ¿qué va a pasar con los terrenos? Tienen la obligación de devolverlos como estaban antes, pero si destruyen el medio, eso será imposible y además, estas plantas no tienen apenas operadores, por lo que ni siquiera generan empleo. Si ocupan nuestros campos y viñedos, si arruinan nuestro paisaje ¿de qué se supone que vamos a vivir?".
Expropiaciones y daño medioambiental: la rebelión del mundo rural contra los macroproyectos de renovables
"Renovables sí, pero no así". Éste es el lema que hace eco en todas las esquinas del mundo rural español. Organizaciones como Asociación Salvemos los Campos, la...
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Ya sabemos cómo iban a obligar a la gente del mundo rural el éxodo a las ciudades, con la agenda 2030. Todas esas tierras serían usadas para poner paneles solares y molinos eólicos. Eso sí, luego todo el mundo a disfrutar del: ¡No tendrás nada y serás feliz!. A pesar de eso, a pagar un huevo por la luz, donde tener un patinete eléctrico, será un lujo.
