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Madmaxista
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A. Fajardo
14·01·24 | 06:00 | Actualizado a las 06:00
Santiago Gambín Candel, gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio MATÍAS SEGARRA
Licenciado en Derecho y Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. El nuevo gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un ente que ha asumido las competencias de más de la mitad de los municipios de toda la Comunidad, tiene una dilatada experiencia como abogado especializado en urbanismo y medio ambiente y también como profesor de universidad. Gambín afronta el importante reto de lograr que este organismo despegue, tras los primeros años de implantación, y sobre todo, de conseguir que exista una conciencia ambiental entre la población sobre los efectos de las construcciones de suelo no urbanizable.
Un ilicitano al frente de un organismo valenciano con sede en Elche, ¿va a suponer alguna ventaja para la ciudad?
No creo que por ser ilicitano tenga una ventaja. Lo que sí que creo que viene a demostrar es un poco la participación de la sociedad ilicitana en los organismos de gobierno de la Generalitat Valenciana. Aprovechando que el organismo autónomo tiene la sede en Elche, el único que hay de la Comunidad Valenciana, creo que tener a un ilicitano al frente, es más simbólico que efectivo. Seguro que habría un montón de gente que podría hacerlo en las mismas condiciones que yo mejor sin ser ilicitano, pero es representativo.
¿En qué momento se encuentra este organismo?
La agencia está en crecimiento, en construcción prácticamente porque se constituye formalmente en marzo de 2021, empieza a funcionar de manera efectiva en enero de 2022, pero todo el año 2022 es un año de consolidación. Ahora son 20 personas las que están trabajando en la agencia, pero empezó con solo cinco empleados y a lo largo de 2022 se fue dotando de personal. Faltan otras once personas por incorporarse, que esperamos que lleguen a lo largo de este año. Lo que voy a intentar es continuar la consolidación, que es un proceso de tiempo. Probablemente, durará bastantes años en estar totalmente consolidada, pero quiero incidir en ello y como medida más urgente está convertir la sede provisional en una sede definitiva. La oficina se instaló en la calle Solars en un local provisional. A lo largo de este año quiero que tenga la sede definitiva en la ciudad, con unas mejores condiciones y pudiendo absorber a todo el personal que tiene que incorporarse.
¿Dónde pretenden mudarse? Se barajó el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social...
Es en principio no está previsto trasladarnos allí por accesibilidad. Queremos que sea en el centro de la ciudad, que sea un sitio representativo y significativo, elegiremos el local en los próximos meses.
¿En qué está trabajando la agencia en estos momentos?
La agencia valenciana es un organismo que crea la Generalitat para dar apoyo a los municipios en la disciplina urbanística, es decir, en la persecución de las construcciones ilegales en el suelo no urbanizable. Tradicionalmente la disciplina urbanística ha sido una materia un tanto descuidada por los ayuntamientos, por una parte, por falta de medios y por otra, porque al fin y al cabo es una labor desagradable la de perseguir a alguien que construye sin licencia, sancionar, llegar a demoler las construcciones. Muchas veces costaba que desde los ayuntamientos se desarrollara. Entonces se pensó, siguiendo el modelo de la agencia balear o la agencia gallega del territorio, que son un poco las pioneras en España en este sentido, en delegar esas competencias en un organismo autonómico, es decir, que fuera la Generalitat directamente la que se encargara de eso para ayudar a los ayuntamientos.
¿Cómo es el trabajo que hacen con los ayuntamientos?
La agencia funciona a través de la adhesión de los municipios, es decir, los municipios que voluntariamente lo deciden se adhieren a la agencia y tras*fieren sus competencias en materia de restauración de la legalidad a la agencia. A partir de ese momento es la única encargada de incoar procedimientos, imponer sanciones para construcciones irregulares en el suelo no urbanizable, porque el urbano y urbanizable sigue siendo competencia municipal. Además de eso, si el municipio no se ha adherido también puede ejercer esas competencias de manera concurrente con el ayuntamiento, es decir, nos llegan supuestos de municipios que no están adheridos pero que hay propietarios que denuncian construcciones que el ayuntamiento no persigue, entonces es la agencia la que tiene que encargarse de eso.
Santiago Gambín Candel, gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio MATÍAS SEGARRA
¿Cuántos municipios hay ya adheridos?
Actualmente son 299 los municipios adheridos a la agencia, es casi el 60% de los municipios de la Comunidad Valenciana. Están las tres capitales de provincia, también están Elche y Orihuela, es decir, casi todos los municipios grandes están adheridos. Al principio sí hubo una adhesión masiva de muchos municipios porque muchos nos reconocen que estaban deseando poder tras*ferir esas competencias porque no tenían medios. Les suponían muchos problemas y luego está habiendo un goteo. Se ha aprobado hace poco la adhesión de tres municipios, tenemos tres municipios más que nos lo han solicitado y están en ese proceso, otros tantos que hemos visitado y le hemos explicado cómo funciona.
¿Cuántas regularizaciones urbanísticas han conseguido gestionar desde su creación?
Procedimientos incoados desde que se constituye la agencia hay 255. Hemos resuelto 99. Y con multas coercitivas previas a la demolición hay 50. Hay una casuística muy diversa, hasta que no hay sentencia no se puede adoptar ninguna decisión, hay algunos procedimientos en los que se imponen multas coercitivas para intentar que el propietario cumpla la orden de restauración. Hay otros que voluntariamente también han restaurado, por su parte. La vocación de la agencia no es solo perseguir y sancionar, sino cambiar la mentalidad y la percepción, aunque en el fondo probablemente mucha gente que lo hace sabe que no es correcto. No existe una percepción muy negativa de las construcciones en suelo no urbanizable. Lo que se quiere es educar o explicar cuáles son los efectos que tienen porque al final tu puedes pensar que construyéndote la casita en el campo no pasa nada, pero eso acaba produciendo un aumento en la ocupación del suelo. Si se consolidan muchas construcciones en esa zona hay que llevar servicios, hay que tener tendidos eléctricos, construir el alcantarillado y luego hay filtraciones al subsuelo que acaban llegando a los acuíferos.
¿Cuáles son las irregularidades más comunes a las que hacen frente?
Probablemente las ampliaciones de construcciones que ya están, es decir, si hay una construcción que tiene una determinada antigüedad ya no es perseguible porque ha prescrito y aunque la construcción no sea legal ha pasado el plazo para actuar frente a ella. Es frecuente que se amplíe añadiendo habitaciones, porches, otras construcciones auxiliares. Existen construcciones de viviendas enteras directamente sin licencia, no son las más habituales. Parece que es menos grave ampliar una casa que ya está, pero al final vas consolidando, vas consolidando y desarrollando una actividad que desde el origen es irregular. Se estima que más de 300.000 viviendas están en suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana.
¿De esas 300.000 viviendas cuántas qué porcentaje piensa qué podrían acabar regularizándose?
La Lotup, la Ley del Territorio, tiene un proceso que se llama de minimización de impactos que permite que las viviendas que se encuentran, que cumplen determinadas condiciones, sobre todo de antigüedad, anteriores a 2014, puedan acogerse a ese procedimiento y regularizarse. Nunca van a ser una vivienda de este tipo como otra que se ha construido con licencia, pero sí que se permite que a través de ese proceso el propietario pueda regularizar de alguna manera, escribirla en el registro, tener la licencia de ocupación y mantenerla dentro de una situación más o menos de más seguridad. Es un proceso que no es competencia de la agencia, es competencia de los municipios, en el caso de las individuales y de la propia Conselleria, en el caso de las colectivas, pero sí que nace un poco vinculada a la agencia. Que yo sepa no hay datos que indiquen cuántas pueden o no acogerse, pero, conforme a la LOTUP, las que estuvieran acabadas antes de agosto de 2014 podrían acogerse a ese procedimiento.
¿Qué municipios son los que más infracciones acumulan?
Al final los más grandes son los que más casos ofrecen. Elche, precisamente, al tener el término municipal más grande y tener una zona de campo en la que tradicionalmente se ha construido mucho, pues es probablemente el que más casos ofrece. Alicante, Orihuela, Valencia, la zona de la huerta de Valencia... son probablemente los que, por extensión, más casos ofrecen.
¿Han tramitado ya alguna orden de demolición?
Es un proceso en el cual una vez iniciado se identifica si la vivienda realmente es irregular o no, si es irregular se impone la orden de demolición y la primera fase es requerir al propietario para que lo demuela. Se le da un plazo y si no lo hace se impone una serie de multas coercitivas para forzarlo a que lo acabe haciendo. Todavía no hemos llegado al proceso de acabar las diez multas coercitivas en ningún procedimiento, pero sí que existen ya bastantes procedimientos, alrededor de 50 y 60 que tienen ya el proceso de multas coercitivas en trámite. De aquí a unos meses, a un año, irán acabando y ya se irán adoptando otras decisiones. Posteriormente, la tramitación del procedimiento para imponer una sanción. Una constatación ilegal lleva dos consecuencias, la orden de restauración que es la demolición y luego la imposición de una sanción. Muchas veces existía la percepción de que construyo ilegal, pago la multa y ya está. Son dos cosas independientes, si se ha construido irregularmente se tiene que restaurar demoliendo y además se tiene que pagar una multa, es como si alguien cierra un bar sin licencia, se lo cierran y le ponen una multa.
¿Qué objetivos se marcan para este 2024?
Incrementar el número de procedimientos incoados y resueltos y conseguir también incrementar el número de restauraciones voluntarias en esos procedimientos. Al final es consolidación, estamos tan al principio que casi cualquier cosa nos viene bien. También, conseguir la sede nueva y poder incorporar a todo el personal que necesitamos para incrementar el número de procedimientos, pero al final es cuestión de medios, materiales y personales que están todos en proceso. No es que se tengan que crear las plazas, están creadas y están en el proceso de adaptación mediante concursos, traslados, es decir, que está todo en camino, no hay nada parado que haya que poner en marcha.
¿Se han dotado ya de drones para la vigilancia?
Sí, hay un proceso de compra de drones, en unos meses esperamos tenerlos en marcha. Son para las inspecciones, sobre todo, porque se tiene que inspeccionar primero si la construcción es irregular o no y luego se tiene que ver si se ha ejecutado la orden de restauración o no. Está en proceso comprar cuatro drones para hacer esas inspecciones. El año pasado se adquirieron cuatro vehículos también para los inspectores. Al final es como la administración, pues siempre es un proceso de consolidación a lo largo del tiempo, pues poco a poco se van alcanzando hitos y se van superando etapas, hacerlo todo de golpe es muy difícil. Esperamos que en dos o tres meses tengamos a disposición los drones.
¿Habrá algún cambio en la filosofía de este organismo que fue creado por el PSOE?
La agencia es un organismo bastante técnico. Ahora mismo las directrices que hay son consolidarla, desarrollarla, que sea efectiva, que dé sus frutos, que apoye a los ayuntamientos y que los ayude, que al fin y al cabo son los mismos, es la misma finalidad con la que se creó. Yo aprecio que es bastante continuista, pero entre otras cosas porque es difícil que sea de otra forma, a lo mejor en materia de clasificación de suelo, puedes decidir ser más proclive a clasificar más o menos suelo.
La supervivencia de este órgano autónomo estaría entonces garantizada en Elche...
Desde el primer momento estuvo claro que se quería continuar con la agencia, quieren que se mantenga en Elche y mí se me ha tras*mitido siempre que se tiene la voluntad de que la agencia se consolide y se desarrolle. De hecho, este organismo se crea en 2019, pero la primera vez que se menciona es en el 2014, cuando el gobierno del PP de entonces aprobó la LOTUP. Es decir, que aunque se dota de sede y se aprueban los estatutos en 2019, la primera mención es en la ley del 2014, que ya se inventa anteriormente. Al final, yo creo que es algo en lo que no debe existir una ideología política, porque creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso, en la protección del suelo, en el control de la disciplina, porque afecta a todo el mundo y a todos los municipios. En cuanto a los municipios adheridos hay prácticamente el mismo porcentaje de municipios con gobiernos del PP y del PSOE. No hay, en ese sentido, una ideología que esté más volcado al municipio de un tipo o de otro, sino que los números son muy parecidos.
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Licenciado en Derecho y Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. El nuevo gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un ente que ha asumido las competencias de más de la mitad de los municipios de toda la Comunidad, tiene una dilatada experiencia como abogado especializado en urbanismo y medio ambiente y también como profesor de universidad. Gambín afronta el importante reto de lograr que este organismo despegue, tras los primeros años de implantación, y sobre todo, de conseguir que exista una conciencia ambiental entre la población sobre los efectos de las construcciones de suelo no urbanizable.
Un ilicitano al frente de un organismo valenciano con sede en Elche, ¿va a suponer alguna ventaja para la ciudad?
No creo que por ser ilicitano tenga una ventaja. Lo que sí que creo que viene a demostrar es un poco la participación de la sociedad ilicitana en los organismos de gobierno de la Generalitat Valenciana. Aprovechando que el organismo autónomo tiene la sede en Elche, el único que hay de la Comunidad Valenciana, creo que tener a un ilicitano al frente, es más simbólico que efectivo. Seguro que habría un montón de gente que podría hacerlo en las mismas condiciones que yo mejor sin ser ilicitano, pero es representativo.
¿En qué momento se encuentra este organismo?
La agencia está en crecimiento, en construcción prácticamente porque se constituye formalmente en marzo de 2021, empieza a funcionar de manera efectiva en enero de 2022, pero todo el año 2022 es un año de consolidación. Ahora son 20 personas las que están trabajando en la agencia, pero empezó con solo cinco empleados y a lo largo de 2022 se fue dotando de personal. Faltan otras once personas por incorporarse, que esperamos que lleguen a lo largo de este año. Lo que voy a intentar es continuar la consolidación, que es un proceso de tiempo. Probablemente, durará bastantes años en estar totalmente consolidada, pero quiero incidir en ello y como medida más urgente está convertir la sede provisional en una sede definitiva. La oficina se instaló en la calle Solars en un local provisional. A lo largo de este año quiero que tenga la sede definitiva en la ciudad, con unas mejores condiciones y pudiendo absorber a todo el personal que tiene que incorporarse.
¿Dónde pretenden mudarse? Se barajó el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social...
Es en principio no está previsto trasladarnos allí por accesibilidad. Queremos que sea en el centro de la ciudad, que sea un sitio representativo y significativo, elegiremos el local en los próximos meses.
¿En qué está trabajando la agencia en estos momentos?
La agencia valenciana es un organismo que crea la Generalitat para dar apoyo a los municipios en la disciplina urbanística, es decir, en la persecución de las construcciones ilegales en el suelo no urbanizable. Tradicionalmente la disciplina urbanística ha sido una materia un tanto descuidada por los ayuntamientos, por una parte, por falta de medios y por otra, porque al fin y al cabo es una labor desagradable la de perseguir a alguien que construye sin licencia, sancionar, llegar a demoler las construcciones. Muchas veces costaba que desde los ayuntamientos se desarrollara. Entonces se pensó, siguiendo el modelo de la agencia balear o la agencia gallega del territorio, que son un poco las pioneras en España en este sentido, en delegar esas competencias en un organismo autonómico, es decir, que fuera la Generalitat directamente la que se encargara de eso para ayudar a los ayuntamientos.
¿Cómo es el trabajo que hacen con los ayuntamientos?
La agencia funciona a través de la adhesión de los municipios, es decir, los municipios que voluntariamente lo deciden se adhieren a la agencia y tras*fieren sus competencias en materia de restauración de la legalidad a la agencia. A partir de ese momento es la única encargada de incoar procedimientos, imponer sanciones para construcciones irregulares en el suelo no urbanizable, porque el urbano y urbanizable sigue siendo competencia municipal. Además de eso, si el municipio no se ha adherido también puede ejercer esas competencias de manera concurrente con el ayuntamiento, es decir, nos llegan supuestos de municipios que no están adheridos pero que hay propietarios que denuncian construcciones que el ayuntamiento no persigue, entonces es la agencia la que tiene que encargarse de eso.
Santiago Gambín Candel, gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio MATÍAS SEGARRA
¿Cuántos municipios hay ya adheridos?
Actualmente son 299 los municipios adheridos a la agencia, es casi el 60% de los municipios de la Comunidad Valenciana. Están las tres capitales de provincia, también están Elche y Orihuela, es decir, casi todos los municipios grandes están adheridos. Al principio sí hubo una adhesión masiva de muchos municipios porque muchos nos reconocen que estaban deseando poder tras*ferir esas competencias porque no tenían medios. Les suponían muchos problemas y luego está habiendo un goteo. Se ha aprobado hace poco la adhesión de tres municipios, tenemos tres municipios más que nos lo han solicitado y están en ese proceso, otros tantos que hemos visitado y le hemos explicado cómo funciona.
¿Cuántas regularizaciones urbanísticas han conseguido gestionar desde su creación?
Procedimientos incoados desde que se constituye la agencia hay 255. Hemos resuelto 99. Y con multas coercitivas previas a la demolición hay 50. Hay una casuística muy diversa, hasta que no hay sentencia no se puede adoptar ninguna decisión, hay algunos procedimientos en los que se imponen multas coercitivas para intentar que el propietario cumpla la orden de restauración. Hay otros que voluntariamente también han restaurado, por su parte. La vocación de la agencia no es solo perseguir y sancionar, sino cambiar la mentalidad y la percepción, aunque en el fondo probablemente mucha gente que lo hace sabe que no es correcto. No existe una percepción muy negativa de las construcciones en suelo no urbanizable. Lo que se quiere es educar o explicar cuáles son los efectos que tienen porque al final tu puedes pensar que construyéndote la casita en el campo no pasa nada, pero eso acaba produciendo un aumento en la ocupación del suelo. Si se consolidan muchas construcciones en esa zona hay que llevar servicios, hay que tener tendidos eléctricos, construir el alcantarillado y luego hay filtraciones al subsuelo que acaban llegando a los acuíferos.
¿Cuáles son las irregularidades más comunes a las que hacen frente?
Probablemente las ampliaciones de construcciones que ya están, es decir, si hay una construcción que tiene una determinada antigüedad ya no es perseguible porque ha prescrito y aunque la construcción no sea legal ha pasado el plazo para actuar frente a ella. Es frecuente que se amplíe añadiendo habitaciones, porches, otras construcciones auxiliares. Existen construcciones de viviendas enteras directamente sin licencia, no son las más habituales. Parece que es menos grave ampliar una casa que ya está, pero al final vas consolidando, vas consolidando y desarrollando una actividad que desde el origen es irregular. Se estima que más de 300.000 viviendas están en suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana.
¿De esas 300.000 viviendas cuántas qué porcentaje piensa qué podrían acabar regularizándose?
La Lotup, la Ley del Territorio, tiene un proceso que se llama de minimización de impactos que permite que las viviendas que se encuentran, que cumplen determinadas condiciones, sobre todo de antigüedad, anteriores a 2014, puedan acogerse a ese procedimiento y regularizarse. Nunca van a ser una vivienda de este tipo como otra que se ha construido con licencia, pero sí que se permite que a través de ese proceso el propietario pueda regularizar de alguna manera, escribirla en el registro, tener la licencia de ocupación y mantenerla dentro de una situación más o menos de más seguridad. Es un proceso que no es competencia de la agencia, es competencia de los municipios, en el caso de las individuales y de la propia Conselleria, en el caso de las colectivas, pero sí que nace un poco vinculada a la agencia. Que yo sepa no hay datos que indiquen cuántas pueden o no acogerse, pero, conforme a la LOTUP, las que estuvieran acabadas antes de agosto de 2014 podrían acogerse a ese procedimiento.
¿Qué municipios son los que más infracciones acumulan?
Al final los más grandes son los que más casos ofrecen. Elche, precisamente, al tener el término municipal más grande y tener una zona de campo en la que tradicionalmente se ha construido mucho, pues es probablemente el que más casos ofrece. Alicante, Orihuela, Valencia, la zona de la huerta de Valencia... son probablemente los que, por extensión, más casos ofrecen.
¿Han tramitado ya alguna orden de demolición?
Es un proceso en el cual una vez iniciado se identifica si la vivienda realmente es irregular o no, si es irregular se impone la orden de demolición y la primera fase es requerir al propietario para que lo demuela. Se le da un plazo y si no lo hace se impone una serie de multas coercitivas para forzarlo a que lo acabe haciendo. Todavía no hemos llegado al proceso de acabar las diez multas coercitivas en ningún procedimiento, pero sí que existen ya bastantes procedimientos, alrededor de 50 y 60 que tienen ya el proceso de multas coercitivas en trámite. De aquí a unos meses, a un año, irán acabando y ya se irán adoptando otras decisiones. Posteriormente, la tramitación del procedimiento para imponer una sanción. Una constatación ilegal lleva dos consecuencias, la orden de restauración que es la demolición y luego la imposición de una sanción. Muchas veces existía la percepción de que construyo ilegal, pago la multa y ya está. Son dos cosas independientes, si se ha construido irregularmente se tiene que restaurar demoliendo y además se tiene que pagar una multa, es como si alguien cierra un bar sin licencia, se lo cierran y le ponen una multa.
¿Qué objetivos se marcan para este 2024?
Incrementar el número de procedimientos incoados y resueltos y conseguir también incrementar el número de restauraciones voluntarias en esos procedimientos. Al final es consolidación, estamos tan al principio que casi cualquier cosa nos viene bien. También, conseguir la sede nueva y poder incorporar a todo el personal que necesitamos para incrementar el número de procedimientos, pero al final es cuestión de medios, materiales y personales que están todos en proceso. No es que se tengan que crear las plazas, están creadas y están en el proceso de adaptación mediante concursos, traslados, es decir, que está todo en camino, no hay nada parado que haya que poner en marcha.
¿Se han dotado ya de drones para la vigilancia?
Sí, hay un proceso de compra de drones, en unos meses esperamos tenerlos en marcha. Son para las inspecciones, sobre todo, porque se tiene que inspeccionar primero si la construcción es irregular o no y luego se tiene que ver si se ha ejecutado la orden de restauración o no. Está en proceso comprar cuatro drones para hacer esas inspecciones. El año pasado se adquirieron cuatro vehículos también para los inspectores. Al final es como la administración, pues siempre es un proceso de consolidación a lo largo del tiempo, pues poco a poco se van alcanzando hitos y se van superando etapas, hacerlo todo de golpe es muy difícil. Esperamos que en dos o tres meses tengamos a disposición los drones.
¿Habrá algún cambio en la filosofía de este organismo que fue creado por el PSOE?
La agencia es un organismo bastante técnico. Ahora mismo las directrices que hay son consolidarla, desarrollarla, que sea efectiva, que dé sus frutos, que apoye a los ayuntamientos y que los ayude, que al fin y al cabo son los mismos, es la misma finalidad con la que se creó. Yo aprecio que es bastante continuista, pero entre otras cosas porque es difícil que sea de otra forma, a lo mejor en materia de clasificación de suelo, puedes decidir ser más proclive a clasificar más o menos suelo.
La supervivencia de este órgano autónomo estaría entonces garantizada en Elche...
Desde el primer momento estuvo claro que se quería continuar con la agencia, quieren que se mantenga en Elche y mí se me ha tras*mitido siempre que se tiene la voluntad de que la agencia se consolide y se desarrolle. De hecho, este organismo se crea en 2019, pero la primera vez que se menciona es en el 2014, cuando el gobierno del PP de entonces aprobó la LOTUP. Es decir, que aunque se dota de sede y se aprueban los estatutos en 2019, la primera mención es en la ley del 2014, que ya se inventa anteriormente. Al final, yo creo que es algo en lo que no debe existir una ideología política, porque creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso, en la protección del suelo, en el control de la disciplina, porque afecta a todo el mundo y a todos los municipios. En cuanto a los municipios adheridos hay prácticamente el mismo porcentaje de municipios con gobiernos del PP y del PSOE. No hay, en ese sentido, una ideología que esté más volcado al municipio de un tipo o de otro, sino que los números son muy parecidos.
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«Existía la percepción de construir ilegal y pagar la multa y hay que derribar también»
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