Elpaisdelasmaravillas
Madmaxista
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Muchos acontecimientos ha deparado la actualidad sanitaria durante los últimos quince días, y de manera especial a lo largo de la semana más reciente: un nuevo episodio de violencia en los centros hospitalarios de Mallorca, la caótica situación de la unidad de neonatos de Son Dureta a causa del déficit de matronas y, por supuesto, el decreto aprobado en el Consell de Govern en torno a la obligatoriedad de conocer el catalán para acceder al ingreso en la Administración autonómica y que, por supuesto, afecta también a la sanidad pública balear.
De todos estos temas, ¿cuál le parece al lector más relevante a la hora de enmarcar la acción de la Administración como garante de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos? ¿Cuál de estas cuestiones ofrece la impresión de estar más conectado con las expectativas de los usuarios de la sanidad? Sin ánimo de querer anticiparnos a las respuestas de los lectores, todo indica que la contestación elegida resultaría más sencilla si en vez de preguntar cuál es la cuestión más relevante interpeláramos acerca de cuál adquiere una menor significación. ¿Verdad que todos estamos pensando en la misma?
Y, sin embargo, este y no otro fue el punto del orden del día que se discutió en el Consell de Govern del pasado viernes. Ni una palabra sobre la falta de recursos humanos en los equipamientos hospitalarios y sanitarios de Baleares, y tampoco el clima de descontento surgido entre los profesionales médicos mereció ni una sola actuación por parte del Ejecutivo. Para el gabinete que preside Francesc Antich, la cuestión que realmente debía ser sometida a la consideración del Consell era la de la obligatoriedad del catalán.
En tiempos de crisis, de rupturas de modelos, de desconcierto ante el futuro, de cierre de empresas, de incremento sin precedentes del paro, de inflación desbocada, de pagapensiones sin expectativas, las inquietudes de la Administración difieren más que nunca de las que manifiestan los ciudadanos. Alos gobiernos, y en eso Baleares y Madrid pueden darse al fin la mano, les preocupa que se investiguen las fosas de la Guerra Civil y que se averigüe si Arias Navarro mintió cuando aseguró que Franco había muerto; y, como es lógico, que los médicos hablen catalán es una prioridad mucho más elevada para la Administración que la disminución de las listas de espera. Ciudadanos y políticos hablan lenguajes tan distintos que los analistas no dudan en afirmar que el sistema democrático, tal como se entiende en nuestro entorno, ha entrado en plena fase de declive o depresión. La incógnita reside en saber qué tipo de sistema o fórmula de gobierno sucederá a la democracia si, como parece evidente, los políticos acaban por cargársela a fuerza de dejar de lado el compromiso de representación que adquieren con los ciudadanos cada vez que concurren a las urnas.
Salut i Força | En català, si us plau
De todos estos temas, ¿cuál le parece al lector más relevante a la hora de enmarcar la acción de la Administración como garante de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos? ¿Cuál de estas cuestiones ofrece la impresión de estar más conectado con las expectativas de los usuarios de la sanidad? Sin ánimo de querer anticiparnos a las respuestas de los lectores, todo indica que la contestación elegida resultaría más sencilla si en vez de preguntar cuál es la cuestión más relevante interpeláramos acerca de cuál adquiere una menor significación. ¿Verdad que todos estamos pensando en la misma?
Y, sin embargo, este y no otro fue el punto del orden del día que se discutió en el Consell de Govern del pasado viernes. Ni una palabra sobre la falta de recursos humanos en los equipamientos hospitalarios y sanitarios de Baleares, y tampoco el clima de descontento surgido entre los profesionales médicos mereció ni una sola actuación por parte del Ejecutivo. Para el gabinete que preside Francesc Antich, la cuestión que realmente debía ser sometida a la consideración del Consell era la de la obligatoriedad del catalán.
En tiempos de crisis, de rupturas de modelos, de desconcierto ante el futuro, de cierre de empresas, de incremento sin precedentes del paro, de inflación desbocada, de pagapensiones sin expectativas, las inquietudes de la Administración difieren más que nunca de las que manifiestan los ciudadanos. Alos gobiernos, y en eso Baleares y Madrid pueden darse al fin la mano, les preocupa que se investiguen las fosas de la Guerra Civil y que se averigüe si Arias Navarro mintió cuando aseguró que Franco había muerto; y, como es lógico, que los médicos hablen catalán es una prioridad mucho más elevada para la Administración que la disminución de las listas de espera. Ciudadanos y políticos hablan lenguajes tan distintos que los analistas no dudan en afirmar que el sistema democrático, tal como se entiende en nuestro entorno, ha entrado en plena fase de declive o depresión. La incógnita reside en saber qué tipo de sistema o fórmula de gobierno sucederá a la democracia si, como parece evidente, los políticos acaban por cargársela a fuerza de dejar de lado el compromiso de representación que adquieren con los ciudadanos cada vez que concurren a las urnas.
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