Elpaisdelasmaravillas
Madmaxista
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El País Vasco, que en la primera mitad de los 90 fue considerado como un territorio que había tomado la senda para convertirse en un paraíso fiscal, ha cambiado de rumbo. En la última década no sólo ha dado la vuelta para volver hacia atrás, sino que en algunos aspectos comienza a distinguirse por adoptar medidas fiscales especialmente duras. Hay quien considera que de la antesala del paraíso hemos pasado, directamente, a la sala de estar del infierno. Al menos, esa es la impresión que tienen las principales fortunas vascas, después de que en los últimos días las haciendas forales hayan firmado el acta de defunción de las Sicav, las sociedades instrumentales tras las que se resguardaban para maximizar sus beneficios y diferir el pago de impuestos.
Euskadi tiene un tipo marginal del IRPF para las rentas más altas que es tres puntos superior al del Estado; Guipúzcoa aún conserva el Impuesto de Patrimonio como auténtica reliquia europea, aunque está a punto de abolirlo; y el privilegio de las Sicav, que tan sólo tributan al 1% por los beneficios que obtienen cada año, se va a acabar en breve mientras el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lo mantendrá. Toda una 'pasada por la izquierda' del Partido Nacionalista Vasco, para sorpresa de los vascos adinerados, que no se esperaban una medida de este tipo. No son sólo éstas las señas de identidad del giro socialdemócrata. Hay algunas más.
El estreno
Lo cierto es que entre los años 1983 y 1997, las diputaciones forales se distinguieron por una actitud de 'avanzadilla' en la reducción selectiva de la presión fiscal. Estrategia con la que asumieron no pocos riesgos y que les costó duras críticas e incluso algunos castigos de la Unión Europea o de los tribunales españoles. Pero aquel tinte neoliberal que protagonizaron diputados generales como Makua, Ansola, Ollora, Murua, Galdos, Sudupe, Bergara o Pradera, se ha convertido ahora en una socialdemocracia 'colorada' en manos de Bilbao, Agirre y Olano.
Las diputaciones fueron pioneras, por ejemplo, en la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares de primer grado. Aquella decisión, una de las primeras adoptadas tras la aprobación del Concierto Económico, y la concesión de algunas competencias normativas en materia fiscal a las diputaciones -muchas menos que las actuales-, ha sido imitada ahora por la mayoría de las comunidades autónomas y ha tenido para Euskadi, especialmente para las arcas vizcaínas, efectos muy positivos. Muchos de los titulares de grandes fortunas de este territorio, que emigraron o se vieron obligados a hacerlo como consecuencia de la presión de ETA, mantuvieron su residencia oficial, su empadronamiento y con ello el pago de impuestos en el País Vasco, para que sus hijos pudieran beneficiarse en el futuro de una herencia libre de impuestos. También fueron las diputaciones las primeras en introducir una deducción en el IRPF por la inversión en vivienda habitual.
Primeros problemas
La segunda medida que se adoptó, la rebaja en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -el que se paga, por ejemplo, cuando se formaliza ante notario la compra-venta de una vivienda-, fue la que generó el primer conflicto. Numerosos contribuyentes de comunidades limítrofes acudían a realizar sus operaciones al País Vasco, a la búsqueda de un coste inferior. El asunto provocó la protesta airada de los notarios de La Rioja, Burgos y Cantabria y aquella ventaja acabó anulada.
Al margen de la legislación fiscal, la emisión de pagarés forales a finales de los 80 -un activo que ofrecía altos rendimientos financieros a quienes poseían 'dinero neցro', garantizándoles además el más absoluto de los anonimatos- marcó otro hito. Que las haciendas forales aceptasen favorecer a quienes habían defraudado al fisco, a cambio de aprovecharse de utilizar su dinero, sonaba desafinado. Aunque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegales estos pagarés, lo cierto es que sus promotores contaban con un argumento político de primer orden para defender su iniciativa: el Gobierno central también había emitido activos similares y en las mismas condiciones de opacidad.
La presión
Los problemas realmente serios llegaron en 1996, cuando las diputaciones abordaron la reforma del Impuesto de Sociedades. En aquel momento, el Ejecutivo vizcaíno encargó un detallado estudio a la consultora Coopers & Lybrand que analizaba «las mejores prácticas fiscales de Europa». Tradúzcase mejor por algo así como 'compendio de triquiñuelas europeas para que las empresas paguen menos impuestos'. De aquella iniciativa salió una reforma que instauró una rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades -las empresas vascas pasaron a tributar al 30% frente al 35% del Estado-, las 'vacaciones fiscales', las deducciones a la inversión o, por ejemplo, privilegios para las multinacionales que estableciesen sus «centros de coordinación financiera» en territorio vasco. Intento vano. No se estableció ni una.
«La Comisión Europea -sostiene un experto- era capaz de tolerar entonces que cada país tuviese un pequeño detalle para favorecer a las empresas. El problema fue que con aquel trabajo de Coopers, las haciendas vascas trasladaron a sus normativas todos o casi todos los 'detalles'. La Comisión decidió entonces establecer una vigilancia especial sobre la fiscalidad vasca e iniciar una guerra sin cuartel. Que un pequeño territorio concentrase todas las ventajas fiscales del continente era más de lo que podían soportar». La reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra las 'vacaciones fiscales' es una de las secuelas.
«La crisis había arrasado la industria en el País Vasco y era necesario adoptar medidas excepcionales para atraer inversiones». Este es el argumento básico que esgrimen todos los responsables políticos de la época para justificar aquellas medidas. Y ello, a pesar de que hubo decisiones difíciles de defender en base a la crisis. La principal, la que adoptó la Diputación de Vizcaya, en uno de los mandatos de Josu Bergara, al rebajar de cuatro a tres años el periodo de inspección fiscal de los contribuyentes. Una de las primeras decisiones que adoptó José Luis Bilbao cuando fue nombrado diputado general, en 2003, fue restaurar los cuatro años. La tala de palmeras en el paraíso venía lanzada.
Y llegó 'Primarolo'
Pero si hay que encontrar el punto en el que el péndulo decidió tomar el camino de vuelta, ése se puede situar en el año 1999. ¿La razón? El País Vasco tuvo entonces el dudoso honor de ocupar algunas líneas, y no pocas, en el llamado 'informe Primarolo'. Un documento elaborado por un grupo especial de trabajo, compuesto por representantes de la Comisión Europea y de todos los Estados miembros, que identificó algo más de 200 prácticas fiscales un tanto 'paradisíacas'. Una especie de lista de vigilancia. Desde entonces y hasta ahora, tan sólo la fiscalidad de las empresas -y con muchas restricciones- ha mantenido algo de aquel espíritu de avanzadilla que los responsables de la Hacienda vasca quisieron dar al uso del Concierto Económico. Buena parte de las ventajas fiscales concedidas sin embargo a las sociedades mercantiles -las denominadas 'vacaciones fiscales' son un buen ejemplo-, han sido desmontadas desde entonces.
También en el ámbito de la fiscalidad individual el péndulo ha cogido velocidad en el camino de vuelta. Incluso, hasta el punto que la bola de acero ha podido golpear a algún contribuyente directamente en la cabeza. Así, las sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta que han protagonizado las diputaciones -desde que asumieron la competencia normativa sobre este impuesto, a mediados de 1997-, han mantenido una constante: el IRPF es más progresivo que el del Estado. Dicho de otra forma, presiona más sobre las rentas altas. Así, no sólo ha establecido límites a la deducción por vivienda, que no se aplican en el resto de España, sino que mantiene un tipo marginal máximo -el 48%- tres puntos superior al aprobado por el Gobierno central.
La guinda la han colocado los ejecutivos forales en las dos últimas semanas y la convertirán en norma antes de que acabe el año. La decisión, consensuada con el Gobierno de Patxi López y que por tanto va a ser respaldada por peneuvistas y socialistas, va a colocar a las Sicav en el mismo plano que el resto de sociedades: frente al tipo del 1% al que tributan ahora, lo harán al 24% o al 28%, en función de si pueden ser consideradas o no 'pymes'.
PNV y PSE han encontrado en esta decisión la cobertura para arreglar un problema que había generado el exceso de 'impulso izquierdista' de la Diputación guipuzcoana. Su decisión de mantener el Impuesto de Patrimonio, cuando había sido derogado no sólo en Vizcaya y Álava sino también en el territorio común, se había convertido en un problema. Los titulares de las Sicav -hay registradas de forma oficial 212 en el País Vasco, pero apenas tienen actividad real 73- no tienen dudas: trasladarán el domicilio fiscal de las sociedades fuera de Euskadi. A cualquier otra parte de España o, quien sabe, a algún país europeo donde haya 'cocoteros y playas fiscales'. El País Vasco, para ellos, se ha convertido en un infierno.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091101/economia/paraiso-infierno-fiscal-20091101.html
Euskadi tiene un tipo marginal del IRPF para las rentas más altas que es tres puntos superior al del Estado; Guipúzcoa aún conserva el Impuesto de Patrimonio como auténtica reliquia europea, aunque está a punto de abolirlo; y el privilegio de las Sicav, que tan sólo tributan al 1% por los beneficios que obtienen cada año, se va a acabar en breve mientras el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lo mantendrá. Toda una 'pasada por la izquierda' del Partido Nacionalista Vasco, para sorpresa de los vascos adinerados, que no se esperaban una medida de este tipo. No son sólo éstas las señas de identidad del giro socialdemócrata. Hay algunas más.
El estreno
Lo cierto es que entre los años 1983 y 1997, las diputaciones forales se distinguieron por una actitud de 'avanzadilla' en la reducción selectiva de la presión fiscal. Estrategia con la que asumieron no pocos riesgos y que les costó duras críticas e incluso algunos castigos de la Unión Europea o de los tribunales españoles. Pero aquel tinte neoliberal que protagonizaron diputados generales como Makua, Ansola, Ollora, Murua, Galdos, Sudupe, Bergara o Pradera, se ha convertido ahora en una socialdemocracia 'colorada' en manos de Bilbao, Agirre y Olano.
Las diputaciones fueron pioneras, por ejemplo, en la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares de primer grado. Aquella decisión, una de las primeras adoptadas tras la aprobación del Concierto Económico, y la concesión de algunas competencias normativas en materia fiscal a las diputaciones -muchas menos que las actuales-, ha sido imitada ahora por la mayoría de las comunidades autónomas y ha tenido para Euskadi, especialmente para las arcas vizcaínas, efectos muy positivos. Muchos de los titulares de grandes fortunas de este territorio, que emigraron o se vieron obligados a hacerlo como consecuencia de la presión de ETA, mantuvieron su residencia oficial, su empadronamiento y con ello el pago de impuestos en el País Vasco, para que sus hijos pudieran beneficiarse en el futuro de una herencia libre de impuestos. También fueron las diputaciones las primeras en introducir una deducción en el IRPF por la inversión en vivienda habitual.
Primeros problemas
La segunda medida que se adoptó, la rebaja en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -el que se paga, por ejemplo, cuando se formaliza ante notario la compra-venta de una vivienda-, fue la que generó el primer conflicto. Numerosos contribuyentes de comunidades limítrofes acudían a realizar sus operaciones al País Vasco, a la búsqueda de un coste inferior. El asunto provocó la protesta airada de los notarios de La Rioja, Burgos y Cantabria y aquella ventaja acabó anulada.
Al margen de la legislación fiscal, la emisión de pagarés forales a finales de los 80 -un activo que ofrecía altos rendimientos financieros a quienes poseían 'dinero neցro', garantizándoles además el más absoluto de los anonimatos- marcó otro hito. Que las haciendas forales aceptasen favorecer a quienes habían defraudado al fisco, a cambio de aprovecharse de utilizar su dinero, sonaba desafinado. Aunque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegales estos pagarés, lo cierto es que sus promotores contaban con un argumento político de primer orden para defender su iniciativa: el Gobierno central también había emitido activos similares y en las mismas condiciones de opacidad.
La presión
Los problemas realmente serios llegaron en 1996, cuando las diputaciones abordaron la reforma del Impuesto de Sociedades. En aquel momento, el Ejecutivo vizcaíno encargó un detallado estudio a la consultora Coopers & Lybrand que analizaba «las mejores prácticas fiscales de Europa». Tradúzcase mejor por algo así como 'compendio de triquiñuelas europeas para que las empresas paguen menos impuestos'. De aquella iniciativa salió una reforma que instauró una rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades -las empresas vascas pasaron a tributar al 30% frente al 35% del Estado-, las 'vacaciones fiscales', las deducciones a la inversión o, por ejemplo, privilegios para las multinacionales que estableciesen sus «centros de coordinación financiera» en territorio vasco. Intento vano. No se estableció ni una.
«La Comisión Europea -sostiene un experto- era capaz de tolerar entonces que cada país tuviese un pequeño detalle para favorecer a las empresas. El problema fue que con aquel trabajo de Coopers, las haciendas vascas trasladaron a sus normativas todos o casi todos los 'detalles'. La Comisión decidió entonces establecer una vigilancia especial sobre la fiscalidad vasca e iniciar una guerra sin cuartel. Que un pequeño territorio concentrase todas las ventajas fiscales del continente era más de lo que podían soportar». La reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra las 'vacaciones fiscales' es una de las secuelas.
«La crisis había arrasado la industria en el País Vasco y era necesario adoptar medidas excepcionales para atraer inversiones». Este es el argumento básico que esgrimen todos los responsables políticos de la época para justificar aquellas medidas. Y ello, a pesar de que hubo decisiones difíciles de defender en base a la crisis. La principal, la que adoptó la Diputación de Vizcaya, en uno de los mandatos de Josu Bergara, al rebajar de cuatro a tres años el periodo de inspección fiscal de los contribuyentes. Una de las primeras decisiones que adoptó José Luis Bilbao cuando fue nombrado diputado general, en 2003, fue restaurar los cuatro años. La tala de palmeras en el paraíso venía lanzada.
Y llegó 'Primarolo'
Pero si hay que encontrar el punto en el que el péndulo decidió tomar el camino de vuelta, ése se puede situar en el año 1999. ¿La razón? El País Vasco tuvo entonces el dudoso honor de ocupar algunas líneas, y no pocas, en el llamado 'informe Primarolo'. Un documento elaborado por un grupo especial de trabajo, compuesto por representantes de la Comisión Europea y de todos los Estados miembros, que identificó algo más de 200 prácticas fiscales un tanto 'paradisíacas'. Una especie de lista de vigilancia. Desde entonces y hasta ahora, tan sólo la fiscalidad de las empresas -y con muchas restricciones- ha mantenido algo de aquel espíritu de avanzadilla que los responsables de la Hacienda vasca quisieron dar al uso del Concierto Económico. Buena parte de las ventajas fiscales concedidas sin embargo a las sociedades mercantiles -las denominadas 'vacaciones fiscales' son un buen ejemplo-, han sido desmontadas desde entonces.
También en el ámbito de la fiscalidad individual el péndulo ha cogido velocidad en el camino de vuelta. Incluso, hasta el punto que la bola de acero ha podido golpear a algún contribuyente directamente en la cabeza. Así, las sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta que han protagonizado las diputaciones -desde que asumieron la competencia normativa sobre este impuesto, a mediados de 1997-, han mantenido una constante: el IRPF es más progresivo que el del Estado. Dicho de otra forma, presiona más sobre las rentas altas. Así, no sólo ha establecido límites a la deducción por vivienda, que no se aplican en el resto de España, sino que mantiene un tipo marginal máximo -el 48%- tres puntos superior al aprobado por el Gobierno central.
La guinda la han colocado los ejecutivos forales en las dos últimas semanas y la convertirán en norma antes de que acabe el año. La decisión, consensuada con el Gobierno de Patxi López y que por tanto va a ser respaldada por peneuvistas y socialistas, va a colocar a las Sicav en el mismo plano que el resto de sociedades: frente al tipo del 1% al que tributan ahora, lo harán al 24% o al 28%, en función de si pueden ser consideradas o no 'pymes'.
PNV y PSE han encontrado en esta decisión la cobertura para arreglar un problema que había generado el exceso de 'impulso izquierdista' de la Diputación guipuzcoana. Su decisión de mantener el Impuesto de Patrimonio, cuando había sido derogado no sólo en Vizcaya y Álava sino también en el territorio común, se había convertido en un problema. Los titulares de las Sicav -hay registradas de forma oficial 212 en el País Vasco, pero apenas tienen actividad real 73- no tienen dudas: trasladarán el domicilio fiscal de las sociedades fuera de Euskadi. A cualquier otra parte de España o, quien sabe, a algún país europeo donde haya 'cocoteros y playas fiscales'. El País Vasco, para ellos, se ha convertido en un infierno.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091101/economia/paraiso-infierno-fiscal-20091101.html
