Tae-suk
Doña Inés, a sus pies
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Los desokupas . SUR.es
Los desokupas
Usan métodos «al límite de la ley» para echar a inquilinos ilegales. Empezaron en Barcelona y anuncian «un plan de expansión en 2017»
Es mediodía y mi puerta es golpeada con violencia. Se oyen voces y el tiempo empieza a acelerarse. Salgo por la ventana que da a la calle sabiendo que no son amigos los que están llamando. Aparecen en primer plano tres maromos corpulentos, rapados, y puedo ver otros cinco o seis desplegados a lo largo de la calle». Es el relato de un vecino de la calle Carrer Alarcón del barrio de La Clota de Barcelona del pasado 22 de septiembre. El inmueble fue vendido a MK Premiun, inmobiliaria especializada en recuperar edificios y viviendas víctimas del desplome inmobilario y devolverlos a la evidente pujanza del ladrillo. La compra fue rentable pero el lugar tenía ‘bicho’, inquilinos con dificultades económicas o directamente okupas y que retrasan la operación.
Desahucio express
Sin orden judicial.
El desahucio exprés, sin tutela judicial y con la ayuda de empresas de «seguridad», ha despertado la inquietud en las plataformas en defensa del derecho a la vivienda. Supone un paso cualitativo a los métodos privados de gestión de jovenlandesesos como los que aplican empresas como El Cobrador del Frac o El Torero del jovenlandeseso para el cobro de deudas.
-Plan Nacional.
Los pioneros llevan casi 150 actuaciones y anuncian su expansión para llevar sus actividades, que han madurado en Barcelona, al resto de España.
-Al detalle
40 personas son desahuciadas cada día en Cataluña. Desde que estalló la crisis del ladrillo, más de 400.000 personas perdieron su casa.
8.000 euros llega a cobrar esta empresa por echar a un okupa de una vivienda.
«Donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros. Aquí estamos». Así se presenta uno de los socios fundadores de Desokupa, la primera empresa de ‘desahucio exprés’ y que ha convertido la desgracia de otros en negocio lucrativo. Reclama anonimato porque «yo no puedo dar la cara» e insiste en que todos sus comentarios se pongan en boca de su socio y director gerente de Desokupa, Daniel Esteve. Utilizan métodos expeditivos para ahorrar a los propietarios de viviendas ocupadas los engorrosos y largos trámites judiciales. Comenzaron a trabajar en Barcelona hace un año y ya han dado el salto al resto del país. «Llevamos 147 actuaciones y no paran de reclamarnos: Madrid, Málaga, Guadalajara, Cantabria... Preparamos un gran plan de expansión para el 2017», se ufana. Antes tenían cinco consultas a la semana. «Ahora llegan hasta 50 en un solo día», calcula Esteve, que asegura que el 70% de sus clientes son privados y el resto inmobiliarias.
Pero en Barcelona empiezan a ser familiares sus actuaciones por el inequívoco sello militar que les imprimen. Desokupa firma contratos de entre 4.500 y 8.000 euros, un precio que varía en función de la complejidad del desalojo (cuántos son, si hay niños, si tienen que repetir los dispositivos...). Después despliegan delante del inmueble a sus hombres –varones musculosos salidos de gimnasios, clubes de boxeo, lucha libre e incluso exguerrilleros del Este– y tratan de «negociar» con las personas a desalojar. Dicen que lo suyo son «controles de acceso» y que graban todo con minicámaras para dar «seguridad a los desalojados». También insisten en que todo tiene una completa cobertura legal y que nunca trabajan en la vivienda de un hipotecado o desahuciado. «Esos casos solo los puede resolver un juez. Solo aceptamos un trabajo cuando un okupa le ha dado una patada a la puerta. El 87% son marroquíes y gente del Este y no entendemos la connivencia de los ayuntamientos con esta gente. En Alemania, los pobres viven en la calle», arenga Esteve, que, de alguna forma, considera que su negocio ayuda a reducir la delincuencia. «Dentro de estas viviendas se producen todo tipo de delitos y nosotros las limpiamos».
Al límite legal
Llega a afirmar que se ofrecen salidas honrosas, que son un «puente» entre el dueño y sus habitantes. También admite que «sabemos que somos incómodos, no somos una ONG. La gente nos contrata porque no lo puede arreglar por otra vía», se justifica. Un año después, Desokupa se presenta en su web con un sello de «probada eficacia». Asegura que en el 95% de los casos el acuerdo de desalojo se zanja en «una hora. Ni coaccionamos, ni echamos a nadie».
– Trabajan en las zonas grises de la ley. ¿Saben que van al límite?
– Puede. Sin embargo, trabajamos para estar lo más lejos posible de esa raya legal.
Pero han protagonizado al menos cuatro actuaciones en la capital catalana que han puesto en alerta al activo movimiento de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), los colectivos vecinales y hasta el Ayuntamiento, que estudia los límites legales de sus métodos. Incluso se ha creado el colectivo Stop Desokupa que incluye una red de alertas para que corran la voz cuando aparezca un despliegue de este tipo junto a un inmueble. La concentración de docenas de vecinos ha logrado abortar alguna de estas prácticas. «La tranquilidad y exposición pública con la que actúan en la vía pública y en las violaciones de domicilios han evidenciado una amplia sensación de impunidad», denuncia la Asamblea del Raval, el popular barrio barcelonés.
Estos colectivos, junto con la PAH, la Federeción de Vecinos y el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), afirman haber presentado una querella para denunciar presuntas «amenazas e intimidaciones». «Vamos todas las semanas a preguntar por esas querellas. Pida una copia, porque a nosotros no nos ha llegado nada», recomienda Desokupa a este diario.
Minicámaras para «garantizar» la seguridad
Asesorados por un equipo de abogados, desde Desokupa insisten en que «no hay dos desalojos iguales». Este es su ‘modus operandi’ paso a paso:
1- Se firma un contrato con el cliente (entre 4.500 y 8.000 euros) en el que el dueño tiene que demostrar que la vivienda es suya y que se la han ocupado a la fuerza.
2- Llaman a los Mossos d’Esquadra para garantizar que no habrá acciones ilegales.
3- Conversan con el administrador o presidente de la comunidad para anunciar su ‘negociación’.
4- Llaman a la puerta del afectado y le muestran la escritura de propiedad y el contrato de desalojo. Por las cercanías del inmueble se despliegan hasta 10 o 12 hombres, todos fornidos y casi siempre vestidos de neցro. Se supone que tienen título de ‘controlador de accesos’.
5- El 50% de los okupas suelen ceder y aceptan bajar al portal para hablar.
6- Si querían seguir en la vivienda, ese es su gran error. Los hombres de Desokupa bloquean el acceso.
7- Una vez fuera, se fuerza a los inquilinos a negociar un acuerdo que suele incluir una cantidad de dinero para que recojan y se marchen.
8- Mientras se cierra el acuerdo, un cerrajero cambia las puertas y llaves de acceso.
9- ¿Qué pasa con ese 50% que no sale de la casa? Se le ‘presiona’ en el rellano. Si hace falta se repiten las visitas o se monta un sistema de control de acceso.
10- Todo se graba con minicámaras de seguridad incorporadas para dar seguridad y garantizar que no hay violencia.
Carlos Gallego Brizuela, uno de los mayores expertos de España en la Ley de Propiedad Horizontal, tiene claro que estas prácticas no pueden ser legales. «Es un delito. Aunque lo hayan ocupado ilegalmente, solo lo puede desocupar la ley, un juez o la Policía», concluye este letrado. Sin embargo, reconoce que «sus víctimas no suelen estar en condiciones de denunciar». Gallego Brizuela equipara estas prácticas con un eslabón más del método del Cobrador del Frac, empresa de cobro de jovenlandesesos contra la que este abogado interpuso una querella y logró una condena por coacciones después de que a un cliente suyo le hicieran la vida imposible.
Desokupa empezó por una experiencia personal. «He tenido hasta tres okupas en mis negocios y los saqué a la fruta calle», habla con total crudeza la voz de Esteve. Sus creadores ya tenían experiencia en el cobro de jovenlandesesos e incluso el propio fundador, Daniel Esteve, fue detenido por presunta extorsión y amenazas en 2008 por las actividadades de su empresa jovenlandesesosBCN. Insiste en que lo suyo es una cruzada contra las mafias de okupas que piden dinero por marcharse. Agradece el interés de la prensa por su negocio –«Me sigo ganando la vida muy bien si me dais publicidad»– y se queja de que «hacéis sangre con nuestros clientes en lugar de denunciar a los delincuentes».
Los planes de expansión de Desokupa, a la que ya empiezan a salirle competidores, según advierten las plataformas que reclaman el derecho a una vivienda digna, cabalgan a lomos de una web que recibe miles de visitas desde su creación. Sus emprendedores aseguran que lo suyo no es una empresa sino una marca que ya empiezan a comercializar en los mercados de camisetas, ropa y estética extrema. Incluso no descartan «dar el salto al activismo social para denunciar que la propiedad es sagrada y no podemos permitir gobiernos que la debiliten».
–Para hacer todo esto ¿es necesario contratar a exmilitares de la guerra de los Balcanes?
– Nosotros buscamos a gente deportista, sana. Pero no tengo la culpa de contratar a un señor en cuyo país ha habido tres guerras. Hay que imponerse de alguna manera.
---------- Post added 15-nov-2016 at 01:50 ----------
Algunos de estos profesionales, que llegan a donde la ley y la justicia no están, ni se les espera.
Los desokupas
Usan métodos «al límite de la ley» para echar a inquilinos ilegales. Empezaron en Barcelona y anuncian «un plan de expansión en 2017»
Es mediodía y mi puerta es golpeada con violencia. Se oyen voces y el tiempo empieza a acelerarse. Salgo por la ventana que da a la calle sabiendo que no son amigos los que están llamando. Aparecen en primer plano tres maromos corpulentos, rapados, y puedo ver otros cinco o seis desplegados a lo largo de la calle». Es el relato de un vecino de la calle Carrer Alarcón del barrio de La Clota de Barcelona del pasado 22 de septiembre. El inmueble fue vendido a MK Premiun, inmobiliaria especializada en recuperar edificios y viviendas víctimas del desplome inmobilario y devolverlos a la evidente pujanza del ladrillo. La compra fue rentable pero el lugar tenía ‘bicho’, inquilinos con dificultades económicas o directamente okupas y que retrasan la operación.
Desahucio express
Sin orden judicial.
El desahucio exprés, sin tutela judicial y con la ayuda de empresas de «seguridad», ha despertado la inquietud en las plataformas en defensa del derecho a la vivienda. Supone un paso cualitativo a los métodos privados de gestión de jovenlandesesos como los que aplican empresas como El Cobrador del Frac o El Torero del jovenlandeseso para el cobro de deudas.
-Plan Nacional.
Los pioneros llevan casi 150 actuaciones y anuncian su expansión para llevar sus actividades, que han madurado en Barcelona, al resto de España.
-Al detalle
40 personas son desahuciadas cada día en Cataluña. Desde que estalló la crisis del ladrillo, más de 400.000 personas perdieron su casa.
8.000 euros llega a cobrar esta empresa por echar a un okupa de una vivienda.
«Donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros. Aquí estamos». Así se presenta uno de los socios fundadores de Desokupa, la primera empresa de ‘desahucio exprés’ y que ha convertido la desgracia de otros en negocio lucrativo. Reclama anonimato porque «yo no puedo dar la cara» e insiste en que todos sus comentarios se pongan en boca de su socio y director gerente de Desokupa, Daniel Esteve. Utilizan métodos expeditivos para ahorrar a los propietarios de viviendas ocupadas los engorrosos y largos trámites judiciales. Comenzaron a trabajar en Barcelona hace un año y ya han dado el salto al resto del país. «Llevamos 147 actuaciones y no paran de reclamarnos: Madrid, Málaga, Guadalajara, Cantabria... Preparamos un gran plan de expansión para el 2017», se ufana. Antes tenían cinco consultas a la semana. «Ahora llegan hasta 50 en un solo día», calcula Esteve, que asegura que el 70% de sus clientes son privados y el resto inmobiliarias.
Pero en Barcelona empiezan a ser familiares sus actuaciones por el inequívoco sello militar que les imprimen. Desokupa firma contratos de entre 4.500 y 8.000 euros, un precio que varía en función de la complejidad del desalojo (cuántos son, si hay niños, si tienen que repetir los dispositivos...). Después despliegan delante del inmueble a sus hombres –varones musculosos salidos de gimnasios, clubes de boxeo, lucha libre e incluso exguerrilleros del Este– y tratan de «negociar» con las personas a desalojar. Dicen que lo suyo son «controles de acceso» y que graban todo con minicámaras para dar «seguridad a los desalojados». También insisten en que todo tiene una completa cobertura legal y que nunca trabajan en la vivienda de un hipotecado o desahuciado. «Esos casos solo los puede resolver un juez. Solo aceptamos un trabajo cuando un okupa le ha dado una patada a la puerta. El 87% son marroquíes y gente del Este y no entendemos la connivencia de los ayuntamientos con esta gente. En Alemania, los pobres viven en la calle», arenga Esteve, que, de alguna forma, considera que su negocio ayuda a reducir la delincuencia. «Dentro de estas viviendas se producen todo tipo de delitos y nosotros las limpiamos».
Al límite legal
Llega a afirmar que se ofrecen salidas honrosas, que son un «puente» entre el dueño y sus habitantes. También admite que «sabemos que somos incómodos, no somos una ONG. La gente nos contrata porque no lo puede arreglar por otra vía», se justifica. Un año después, Desokupa se presenta en su web con un sello de «probada eficacia». Asegura que en el 95% de los casos el acuerdo de desalojo se zanja en «una hora. Ni coaccionamos, ni echamos a nadie».
– Trabajan en las zonas grises de la ley. ¿Saben que van al límite?
– Puede. Sin embargo, trabajamos para estar lo más lejos posible de esa raya legal.
Pero han protagonizado al menos cuatro actuaciones en la capital catalana que han puesto en alerta al activo movimiento de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), los colectivos vecinales y hasta el Ayuntamiento, que estudia los límites legales de sus métodos. Incluso se ha creado el colectivo Stop Desokupa que incluye una red de alertas para que corran la voz cuando aparezca un despliegue de este tipo junto a un inmueble. La concentración de docenas de vecinos ha logrado abortar alguna de estas prácticas. «La tranquilidad y exposición pública con la que actúan en la vía pública y en las violaciones de domicilios han evidenciado una amplia sensación de impunidad», denuncia la Asamblea del Raval, el popular barrio barcelonés.
Estos colectivos, junto con la PAH, la Federeción de Vecinos y el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), afirman haber presentado una querella para denunciar presuntas «amenazas e intimidaciones». «Vamos todas las semanas a preguntar por esas querellas. Pida una copia, porque a nosotros no nos ha llegado nada», recomienda Desokupa a este diario.
Minicámaras para «garantizar» la seguridad
Asesorados por un equipo de abogados, desde Desokupa insisten en que «no hay dos desalojos iguales». Este es su ‘modus operandi’ paso a paso:
1- Se firma un contrato con el cliente (entre 4.500 y 8.000 euros) en el que el dueño tiene que demostrar que la vivienda es suya y que se la han ocupado a la fuerza.
2- Llaman a los Mossos d’Esquadra para garantizar que no habrá acciones ilegales.
3- Conversan con el administrador o presidente de la comunidad para anunciar su ‘negociación’.
4- Llaman a la puerta del afectado y le muestran la escritura de propiedad y el contrato de desalojo. Por las cercanías del inmueble se despliegan hasta 10 o 12 hombres, todos fornidos y casi siempre vestidos de neցro. Se supone que tienen título de ‘controlador de accesos’.
5- El 50% de los okupas suelen ceder y aceptan bajar al portal para hablar.
6- Si querían seguir en la vivienda, ese es su gran error. Los hombres de Desokupa bloquean el acceso.
7- Una vez fuera, se fuerza a los inquilinos a negociar un acuerdo que suele incluir una cantidad de dinero para que recojan y se marchen.
8- Mientras se cierra el acuerdo, un cerrajero cambia las puertas y llaves de acceso.
9- ¿Qué pasa con ese 50% que no sale de la casa? Se le ‘presiona’ en el rellano. Si hace falta se repiten las visitas o se monta un sistema de control de acceso.
10- Todo se graba con minicámaras de seguridad incorporadas para dar seguridad y garantizar que no hay violencia.
Carlos Gallego Brizuela, uno de los mayores expertos de España en la Ley de Propiedad Horizontal, tiene claro que estas prácticas no pueden ser legales. «Es un delito. Aunque lo hayan ocupado ilegalmente, solo lo puede desocupar la ley, un juez o la Policía», concluye este letrado. Sin embargo, reconoce que «sus víctimas no suelen estar en condiciones de denunciar». Gallego Brizuela equipara estas prácticas con un eslabón más del método del Cobrador del Frac, empresa de cobro de jovenlandesesos contra la que este abogado interpuso una querella y logró una condena por coacciones después de que a un cliente suyo le hicieran la vida imposible.
Desokupa empezó por una experiencia personal. «He tenido hasta tres okupas en mis negocios y los saqué a la fruta calle», habla con total crudeza la voz de Esteve. Sus creadores ya tenían experiencia en el cobro de jovenlandesesos e incluso el propio fundador, Daniel Esteve, fue detenido por presunta extorsión y amenazas en 2008 por las actividadades de su empresa jovenlandesesosBCN. Insiste en que lo suyo es una cruzada contra las mafias de okupas que piden dinero por marcharse. Agradece el interés de la prensa por su negocio –«Me sigo ganando la vida muy bien si me dais publicidad»– y se queja de que «hacéis sangre con nuestros clientes en lugar de denunciar a los delincuentes».
Los planes de expansión de Desokupa, a la que ya empiezan a salirle competidores, según advierten las plataformas que reclaman el derecho a una vivienda digna, cabalgan a lomos de una web que recibe miles de visitas desde su creación. Sus emprendedores aseguran que lo suyo no es una empresa sino una marca que ya empiezan a comercializar en los mercados de camisetas, ropa y estética extrema. Incluso no descartan «dar el salto al activismo social para denunciar que la propiedad es sagrada y no podemos permitir gobiernos que la debiliten».
–Para hacer todo esto ¿es necesario contratar a exmilitares de la guerra de los Balcanes?
– Nosotros buscamos a gente deportista, sana. Pero no tengo la culpa de contratar a un señor en cuyo país ha habido tres guerras. Hay que imponerse de alguna manera.
---------- Post added 15-nov-2016 at 01:50 ----------
Algunos de estos profesionales, que llegan a donde la ley y la justicia no están, ni se les espera.
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