fredesvindo
Madmaxista
- Desde
- 9 Ago 2014
- Mensajes
- 28.954
- Reputación
- 42.532
El Gobierno estudia una reforma legal para conseguir un Constitucional de mayoría progresista en junio (msn.com)
El Gobierno da prácticamente por imposible que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se produzca antes de que termine la legislatura por la obstinación del PP, sin cuyos votos es imposible llegar a un acuerdo. Una de las consecuencias del bloqueo institucional es que, al encontrarse sus vocales fuera de mandato, están imposibilitados por ley para hacer nombramientos en la cúpula judicial.
La situación salpica directamente al Tribunal Constitucional (TC), que también tiene que ser renovado el próximo mes de junio con dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. La renovación se considera clave para el Ejecutivo de Sánchez porque, si se cumplieran los plazos previstos , el próximo mes de junio el TC daría un vuelco pasando de un órgano mayoritariamente conservador a otro con una mayoría de siete magistrados de sensibilidad progresista.
Paradójicamente, es la propia reforma que auspició el PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos el pasado mes de marzo -y que impide al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones- la que constituye ahora el principal escollo para lograr un TC con sensibilidad más favorable a los postulados del Gobierno de coalición.
Por todo ello, ya se está estudiando un 'atajo' legal que garantice que el Consejo de Ministros pueda designar el próximo mes de junio a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden con independencia de la situación del CGPJ, y que sustituirían al actual presidente Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez, ambos en el sector conservador del órgano.
Se trataría, según fuentes gubernamentales consultadas por El Periódico de España, de superar la controversia jurídica existente volviendo a tocar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir de forma específica el movimiento en solitario del Gobierno .
En estos momentos se cuenta con tiempo y mayoría suficiente para realizar esta reforma, añaden las fuentes consultadas, ya que se espera tener los habituales apoyos parlamentarios del Gobierno de coalición. La situación sería muy parecida a la de marzo pasado, cuando la reforma de la LOPJ para limitar nombramientos obtuvo 196 votos a favor, pese a que solo necesitaba 176 para salir adelante.
Un vuelco esencial para el Gobierno
El vuelco en la sensibilidad del órgano de garantías se considera fundamental en un momento en el que el Gobierno de Sánchez ha recibido importantes varapalos de este órgano como fueron las sentencias que encontraron inconstitucionales determinados aspectos de los estados de alarma por esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito, que fueron posibles al voto de la mayoría conservadora.
La vista está puesta en los próximos meses, pues el TC tiene sobre la mesa recursos presentados contra la práctica totalidad de la gestión del Gobierno que han sido planteados por parte del PP y sobre todo por Vox, que acumula más de una treintena de iniciativas por su presunta inconstitucionalidad.
La posibilidad de esta reforma ya fue aventurada a finales del pasado mes de noviembre en ámbitos jurídicos, pero el Gobierno, pese a no descartarla del todo, señaló que no sería necesaria al confiar en que antes de terminar el año el PP se avendría a razones y desbloquearía la situación. Finalmente el acuerdo no llegó, y 2022 ha empezado con un panorama incluso más pesimista tal y como señaló el propio presidente del Gobierno durante su balance anual del pasado jueves.
Superar la controversia
Fuentes jurídicas consultadas admiten que existe controversia jurídica al respecto, ya que mientras algunos juristas consideran que el Gobierno podría designar por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, otros expertos encuentran que dicha posibilidad entraría en conflicto con lo que dice la propia Constitución, que en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios.
Si el Gobierno decide actuar por su cuenta y designar a sus candidatos, el asunto podría ser recurrido y tener que ser dirimido por el propio Tribunal Constitucional, lo que vendría a retorcer aún más la situación.
El recurso pendiente
Otra posibilidad de deshacer todo el embrollo, aunque incontrolable por el Ejecutivo, pasa por la resolución de los recursos que PP y Vox presentaron, precisamente, contra la reforma 'exprés' de la LOPJ que impide al CGPJ realizar nombramientos fuera de mandato. Si esta incógnita se despeja antes de junio y la reforma se anula por inconstitucional ya no existiría ningún problema para lograr un TC con siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores -justo al revés de lo que ocurre a día de hoy- pues el Gobierno elegiría a dos de su confianza y el CGPJ uno progresista y otro conservador.
Pero aún no se sabe cuando llevará este asunto a debate, una decisión que depende del actual presidente del Tribunal, el conservador Pedro González-Trevijano. En todo caso las propuestas que se llevarán al Pleno serán elaboradas por dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, ya que al primero le ha sido designada la ponencia sobre el recurso del PP, y a la segunda el de Vox.
Un CGPJ antes de Rajoy
Lo ideal, en todo caso, es que se llegara a un acuerdo con el PP y se pudiera renovar el CGPJ, lo que llevaría además a un modelo de órgano de los jueces anterior al diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con su reforma, que es la del Consejo actual, sólo hay siete vocales de dedicación exclusiva y se logra un órgano de corte presidencialista que concentra 'de facto' todo su poder en una Comisión Permanente cuyos miembros son elegidos por el propio presidente, Carlos Lesmes.
El CGPJ que saldrá cuando el PSOE y el PP alcancen un acuerdo institucional será el de la reforma operada en octubre 2018, que deroga el modelo impuesto en 2012 por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y permitirá de nuevo que los 20 vocales estén dedicados en exclusiva a la institución de la que formarán parte por un periodo de cinco años. Salvo nuevo bloqueo, claro.
El acuerdo parece imposible por el momento, ya que el PP exige para pactar una reforma en profundidad que permita volver al CGPJ de 1980, cuando una ley orgánica estableció que los doce vocales que tienen que ser jueces de carrera -los ocho restantes son juristas de reconocido prestigio- serían nombrados en una votación entre los propios jueces y magistrados. El actual modelo de designación parlamentaria se implantó cuando el PSOE alcanzó mayoría absoluta en 1985. Así, los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos cámaras y el sistema lo avaló un año después el Tribunal Constitucional, pero advirtiendo del riesgo de que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.
El Gobierno da prácticamente por imposible que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se produzca antes de que termine la legislatura por la obstinación del PP, sin cuyos votos es imposible llegar a un acuerdo. Una de las consecuencias del bloqueo institucional es que, al encontrarse sus vocales fuera de mandato, están imposibilitados por ley para hacer nombramientos en la cúpula judicial.
La situación salpica directamente al Tribunal Constitucional (TC), que también tiene que ser renovado el próximo mes de junio con dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. La renovación se considera clave para el Ejecutivo de Sánchez porque, si se cumplieran los plazos previstos , el próximo mes de junio el TC daría un vuelco pasando de un órgano mayoritariamente conservador a otro con una mayoría de siete magistrados de sensibilidad progresista.
Paradójicamente, es la propia reforma que auspició el PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos el pasado mes de marzo -y que impide al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones- la que constituye ahora el principal escollo para lograr un TC con sensibilidad más favorable a los postulados del Gobierno de coalición.
Por todo ello, ya se está estudiando un 'atajo' legal que garantice que el Consejo de Ministros pueda designar el próximo mes de junio a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden con independencia de la situación del CGPJ, y que sustituirían al actual presidente Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez, ambos en el sector conservador del órgano.
Se trataría, según fuentes gubernamentales consultadas por El Periódico de España, de superar la controversia jurídica existente volviendo a tocar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir de forma específica el movimiento en solitario del Gobierno .
En estos momentos se cuenta con tiempo y mayoría suficiente para realizar esta reforma, añaden las fuentes consultadas, ya que se espera tener los habituales apoyos parlamentarios del Gobierno de coalición. La situación sería muy parecida a la de marzo pasado, cuando la reforma de la LOPJ para limitar nombramientos obtuvo 196 votos a favor, pese a que solo necesitaba 176 para salir adelante.
Un vuelco esencial para el Gobierno
El vuelco en la sensibilidad del órgano de garantías se considera fundamental en un momento en el que el Gobierno de Sánchez ha recibido importantes varapalos de este órgano como fueron las sentencias que encontraron inconstitucionales determinados aspectos de los estados de alarma por esa época en el 2020 de la que yo le hablo de el bichito, que fueron posibles al voto de la mayoría conservadora.
La vista está puesta en los próximos meses, pues el TC tiene sobre la mesa recursos presentados contra la práctica totalidad de la gestión del Gobierno que han sido planteados por parte del PP y sobre todo por Vox, que acumula más de una treintena de iniciativas por su presunta inconstitucionalidad.
La posibilidad de esta reforma ya fue aventurada a finales del pasado mes de noviembre en ámbitos jurídicos, pero el Gobierno, pese a no descartarla del todo, señaló que no sería necesaria al confiar en que antes de terminar el año el PP se avendría a razones y desbloquearía la situación. Finalmente el acuerdo no llegó, y 2022 ha empezado con un panorama incluso más pesimista tal y como señaló el propio presidente del Gobierno durante su balance anual del pasado jueves.
Superar la controversia
Fuentes jurídicas consultadas admiten que existe controversia jurídica al respecto, ya que mientras algunos juristas consideran que el Gobierno podría designar por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, otros expertos encuentran que dicha posibilidad entraría en conflicto con lo que dice la propia Constitución, que en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios.
Si el Gobierno decide actuar por su cuenta y designar a sus candidatos, el asunto podría ser recurrido y tener que ser dirimido por el propio Tribunal Constitucional, lo que vendría a retorcer aún más la situación.
El recurso pendiente
Otra posibilidad de deshacer todo el embrollo, aunque incontrolable por el Ejecutivo, pasa por la resolución de los recursos que PP y Vox presentaron, precisamente, contra la reforma 'exprés' de la LOPJ que impide al CGPJ realizar nombramientos fuera de mandato. Si esta incógnita se despeja antes de junio y la reforma se anula por inconstitucional ya no existiría ningún problema para lograr un TC con siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores -justo al revés de lo que ocurre a día de hoy- pues el Gobierno elegiría a dos de su confianza y el CGPJ uno progresista y otro conservador.
Pero aún no se sabe cuando llevará este asunto a debate, una decisión que depende del actual presidente del Tribunal, el conservador Pedro González-Trevijano. En todo caso las propuestas que se llevarán al Pleno serán elaboradas por dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, ya que al primero le ha sido designada la ponencia sobre el recurso del PP, y a la segunda el de Vox.
Un CGPJ antes de Rajoy
Lo ideal, en todo caso, es que se llegara a un acuerdo con el PP y se pudiera renovar el CGPJ, lo que llevaría además a un modelo de órgano de los jueces anterior al diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con su reforma, que es la del Consejo actual, sólo hay siete vocales de dedicación exclusiva y se logra un órgano de corte presidencialista que concentra 'de facto' todo su poder en una Comisión Permanente cuyos miembros son elegidos por el propio presidente, Carlos Lesmes.
El CGPJ que saldrá cuando el PSOE y el PP alcancen un acuerdo institucional será el de la reforma operada en octubre 2018, que deroga el modelo impuesto en 2012 por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y permitirá de nuevo que los 20 vocales estén dedicados en exclusiva a la institución de la que formarán parte por un periodo de cinco años. Salvo nuevo bloqueo, claro.
El acuerdo parece imposible por el momento, ya que el PP exige para pactar una reforma en profundidad que permita volver al CGPJ de 1980, cuando una ley orgánica estableció que los doce vocales que tienen que ser jueces de carrera -los ocho restantes son juristas de reconocido prestigio- serían nombrados en una votación entre los propios jueces y magistrados. El actual modelo de designación parlamentaria se implantó cuando el PSOE alcanzó mayoría absoluta en 1985. Así, los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos cámaras y el sistema lo avaló un año después el Tribunal Constitucional, pero advirtiendo del riesgo de que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.
