Elpaisdelasmaravillas
Madmaxista
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Los grandes estafadores, algunos todavía presuntos estafadores, españoles de principios del siglo XXI tienen algo en común: sobre ellos no cayó todo el peso de la ley hasta que sus delitos no alcanzaron un enorme tamaño. Desde Ángel de Cabo, el liquidador de Marsans y de Nueva Rumasa, hasta Esteban Roig, el empresario detenido la pasada semana por haber estafado aparentemente 100 millones de euros a compañías eléctricas, pasando por la familia Ruiz-Mateos, o los ejecutivos de las empresas de sellos Afinsa y Fórum. Todos llevaron a cabo durante años prácticas supuestamente delictivas antes de perpetrar el gran golpe que, ya sí, generó una acción policial y judicial contundente que dio con ellos en la guandoca. Hasta entonces, que les quiten lo 'bailao'.
La mayor crisis económica vivida en la España democrática, la iniciada entre 2007 y 2008 y cuyos efectos todavía sufre el país, fue pasto para empresarios sin escrúpulos que aprovecharon las quiebras de pequeñas empresas para enriquecerse. Acordaban con los dueños de pymes en problemas hacerse cargo de ellas a cambio de un precio simbólico y de asumir la deuda que arrastraban. Pero lo que hacían estos 'empresarios', era en realidad arramplar con los pocos activos que le quedaban a las empresas adquiridas y poner pies en polvorosa. Y los anteriores propietarios no sólo se quedaban ya con lo puesto, sino que además seguían siendo responsables ante los acreedores de la empresa quebrada.
Esteban Roig y Ángel de Cabo cumplen con ese perfil de empresario sin escrúpulos descrito. El empresario barcelonés Esteban Roig Padrosa ingresó el pasado viernes en la guandoca por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acusado de ser el responsable de una trama que defraudó más de 61 millones y blanqueó 33,2 millones en comercialización de electricidad. Otras 17 personas fueron detenidas en la conocida como Operación Ámbar, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Hace más de cinco años que se publicaron informaciones sobre algunas de las sociedades de Roig, dedicadas supuestamente a hacerse cargo de las deudas de pymes y reflotarlas tras llegar a acuerdos con sus anteriores propietarios. A través de la firma Gutsen & Vergelsa, Roig convenció a numerosos empresarios españoles que pasaban por mal momento de que le traspasaran sus empresas.
"Les vendí mi empresa por un euro, en 2008, a cambio ellos tenían que hacer frente a los avales", recordaba el dueño de una pequeña firma de electricidad de Barcelona contactado por el diario Cinco Días, en una información publicada en 2012. "A los 15 días ya vi algo raro, se llevaron todo lo que había, los coches de la empresa, las existencias y no afrontaron ni un pagaré, echaron a los 14 empleados que tenía… y a mí me han quitado mi finca y mi local, que eran mi jubilación…", contaba. Al igual que él, otros pequeños empresarios contactados por el diario económico relataron sucesos similares.
Una cosa es arruinar a pequeños empresarios en problemas, y otra hurtar a las compañías eléctricas españolas. ¿Han tenido que verse afectadas Red Eléctrica Española y otras grandes compañías del sector para que por fin se desactivara la actividad de Roig?
Ángel de Cabo fue detenido el 3 de diciembre de 2012 al tiempo que también era apresado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, en el marco de la conocida como Operación Crucero, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, por supuestos delitos de blanqueo y ocultación de bienes relacionados con la quiebra de Viajes Marsans.
Entre 2009 y 2011, De Cabo se hizo con tres de las compañías españolas más representativas de las industrias de la construcción, el turismo, y la alimentación, Teconsa, Marsans, y Nueva Rumasa. De acuerdo a las investigaciones publicadas, el empresario valenciano, que estaba al frente del despacho Aszendia, acordó con los dueños de las tres compañías –la familia Martínez Núñez; Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual; y la familia Ruiz-Mateos- hacerse cargo de ellas, declararlas en concurso, y en ese proceso concursal desviar activos que debían servir para pagar a los acreedores.
Al igual que Esteban Roig, también con anterioridad Ángel de Cabo se había dedicado a adquirir pequeñas empresas españolas en crisis. Pero el golpe policial y judicial le fue asestado cuando pasó de negociar con pequeños empresarios a codearse con nombres supuestamente ilustres; cuando grandes empresas turísticas españolas, Meliá, AC Hoteles, e Iberojet, denunciaron ante el juez el fraude en el concurso de Marsans.
José María Ruiz-Mateos fue detenido, una vez más, en junio de 2015. El empresario jerezano, a sus 84 años, entró en prisión en silla de ruedas y afectado de un fuerte Parkinson, acusado de estafa, insolvencia punible y delitos contra Hacienda. Moriría tres meses después. El motivo de su detención fue que no se había presentado a un juicio en Valladolid por presuntos delitos fiscales cometidos en 2009.
Los seis hijos de Ruiz-Mateos afrontan condena de la Audiencia Provincial de Palma de seis años de guandoca cada uno por delito de estafa y otro de alzamiento de bienes (de momento el juez ha desestimado petición del fiscal de prisión provisional incondicional).
Los delitos por los que Ruiz-Mateos entró en prisión hace dos años y por los que ahora se pide guandoca para sus seis hijos se cometieron hace más de siete años. A la familia Ruiz-Mateos les dio tiempo de sobra para organizar una emisión de pagarés de las empresas que componían el grupo Nueva Rumasa, compañías de alimentación como Dhul, Clesa, inmobiliarias, cárnicas, bodegas… . Con más de 530 millones de euros de deuda, a los Ruiz-Mateos no se les ocurrió nada mejor que vender pagarés a particulares a 50.000 euros cada uno. Captaron más de 4.000 inversores que destinaron más de 377 millones de euros en lo que tiene toda la pinta de ser una estafa piramidal que comenzó en febrero de 2009. En 2011 Ruiz-Mateos traspasó Nueva Rumasa a una sociedad de Ángel de Cabo, en otra operación aparentemente encaminada a ocultar bienes de las empresas concursadas de los Ruiz-Mateos a los acreedores.
El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abrió juicio oral por el caso Nueva Rumasa. Con los antecedentes que pesaban sobre la carrera profesional de los Ruiz-Mateos, ¿como es posible que llevaran a cabo emisiones de pagarés anunciadas en agresivas campañas de publicidad? Con la cantidad de denuncias que pesaban sobre ellos de empresarios presuntamente estafados por toda España ¿cómo es que la policía no registró su mansión en Pozuelo (Madrid) hasta enero de 2012?
Los casos de Afinsa y Fórum, al igual que en el de Nueva Rumasa, dejan en el aire la misma pregunta: ¿por qué no se actuó antes?
La sentencia por la que fueron condenados los directivos de Afinsa explica que la empresa se dedicaba a la compra de sellos cuyo valor supuestamente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos, "cuando realmente no era así, pues los sellos solo tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de las cuentas de la propia Afinsa, sin repercusión alguna acreditada en el mercado exterior a ella misma". Los inversores en sellos de la empresa obtenían en realidad los intereses prometidos con el dinero proveniente de la entrada de nuevos inversores. Una gran estafa piramidal que afectó a cerca de 200.000 españoles que perdieron buena parte de sus ahorros.
El caso de Fórum Filatélico, similar al de Afinsa, se juzga ahora en la Audiencia Nacional. Las dos empresas fueron intervenidas judicialmente hace más de diez años, en 2006. Pero ambas funcionaban desde 1980. ¿No se pudo detectar antes la estafa? La intervención policial y judicial ocurrió cuando las compañías movían miles de millones de euros, llegando Afinsa incluso a adquirir una compañía estadounidense cotizada en el Nasdaq.
Esteban Roig, De Cabo, Ruiz-Mateos
Qué esperabas de un país en donde los jueces "cooperan necesariamente" con los ladrones?
!!Que inventen ellos!!
La mayor crisis económica vivida en la España democrática, la iniciada entre 2007 y 2008 y cuyos efectos todavía sufre el país, fue pasto para empresarios sin escrúpulos que aprovecharon las quiebras de pequeñas empresas para enriquecerse. Acordaban con los dueños de pymes en problemas hacerse cargo de ellas a cambio de un precio simbólico y de asumir la deuda que arrastraban. Pero lo que hacían estos 'empresarios', era en realidad arramplar con los pocos activos que le quedaban a las empresas adquiridas y poner pies en polvorosa. Y los anteriores propietarios no sólo se quedaban ya con lo puesto, sino que además seguían siendo responsables ante los acreedores de la empresa quebrada.
Esteban Roig y Ángel de Cabo cumplen con ese perfil de empresario sin escrúpulos descrito. El empresario barcelonés Esteban Roig Padrosa ingresó el pasado viernes en la guandoca por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acusado de ser el responsable de una trama que defraudó más de 61 millones y blanqueó 33,2 millones en comercialización de electricidad. Otras 17 personas fueron detenidas en la conocida como Operación Ámbar, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Hace más de cinco años que se publicaron informaciones sobre algunas de las sociedades de Roig, dedicadas supuestamente a hacerse cargo de las deudas de pymes y reflotarlas tras llegar a acuerdos con sus anteriores propietarios. A través de la firma Gutsen & Vergelsa, Roig convenció a numerosos empresarios españoles que pasaban por mal momento de que le traspasaran sus empresas.
"Les vendí mi empresa por un euro, en 2008, a cambio ellos tenían que hacer frente a los avales", recordaba el dueño de una pequeña firma de electricidad de Barcelona contactado por el diario Cinco Días, en una información publicada en 2012. "A los 15 días ya vi algo raro, se llevaron todo lo que había, los coches de la empresa, las existencias y no afrontaron ni un pagaré, echaron a los 14 empleados que tenía… y a mí me han quitado mi finca y mi local, que eran mi jubilación…", contaba. Al igual que él, otros pequeños empresarios contactados por el diario económico relataron sucesos similares.
Una cosa es arruinar a pequeños empresarios en problemas, y otra hurtar a las compañías eléctricas españolas. ¿Han tenido que verse afectadas Red Eléctrica Española y otras grandes compañías del sector para que por fin se desactivara la actividad de Roig?
Ángel de Cabo fue detenido el 3 de diciembre de 2012 al tiempo que también era apresado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, en el marco de la conocida como Operación Crucero, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, por supuestos delitos de blanqueo y ocultación de bienes relacionados con la quiebra de Viajes Marsans.
Entre 2009 y 2011, De Cabo se hizo con tres de las compañías españolas más representativas de las industrias de la construcción, el turismo, y la alimentación, Teconsa, Marsans, y Nueva Rumasa. De acuerdo a las investigaciones publicadas, el empresario valenciano, que estaba al frente del despacho Aszendia, acordó con los dueños de las tres compañías –la familia Martínez Núñez; Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual; y la familia Ruiz-Mateos- hacerse cargo de ellas, declararlas en concurso, y en ese proceso concursal desviar activos que debían servir para pagar a los acreedores.
Al igual que Esteban Roig, también con anterioridad Ángel de Cabo se había dedicado a adquirir pequeñas empresas españolas en crisis. Pero el golpe policial y judicial le fue asestado cuando pasó de negociar con pequeños empresarios a codearse con nombres supuestamente ilustres; cuando grandes empresas turísticas españolas, Meliá, AC Hoteles, e Iberojet, denunciaron ante el juez el fraude en el concurso de Marsans.
José María Ruiz-Mateos fue detenido, una vez más, en junio de 2015. El empresario jerezano, a sus 84 años, entró en prisión en silla de ruedas y afectado de un fuerte Parkinson, acusado de estafa, insolvencia punible y delitos contra Hacienda. Moriría tres meses después. El motivo de su detención fue que no se había presentado a un juicio en Valladolid por presuntos delitos fiscales cometidos en 2009.
Los seis hijos de Ruiz-Mateos afrontan condena de la Audiencia Provincial de Palma de seis años de guandoca cada uno por delito de estafa y otro de alzamiento de bienes (de momento el juez ha desestimado petición del fiscal de prisión provisional incondicional).
Los delitos por los que Ruiz-Mateos entró en prisión hace dos años y por los que ahora se pide guandoca para sus seis hijos se cometieron hace más de siete años. A la familia Ruiz-Mateos les dio tiempo de sobra para organizar una emisión de pagarés de las empresas que componían el grupo Nueva Rumasa, compañías de alimentación como Dhul, Clesa, inmobiliarias, cárnicas, bodegas… . Con más de 530 millones de euros de deuda, a los Ruiz-Mateos no se les ocurrió nada mejor que vender pagarés a particulares a 50.000 euros cada uno. Captaron más de 4.000 inversores que destinaron más de 377 millones de euros en lo que tiene toda la pinta de ser una estafa piramidal que comenzó en febrero de 2009. En 2011 Ruiz-Mateos traspasó Nueva Rumasa a una sociedad de Ángel de Cabo, en otra operación aparentemente encaminada a ocultar bienes de las empresas concursadas de los Ruiz-Mateos a los acreedores.
El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abrió juicio oral por el caso Nueva Rumasa. Con los antecedentes que pesaban sobre la carrera profesional de los Ruiz-Mateos, ¿como es posible que llevaran a cabo emisiones de pagarés anunciadas en agresivas campañas de publicidad? Con la cantidad de denuncias que pesaban sobre ellos de empresarios presuntamente estafados por toda España ¿cómo es que la policía no registró su mansión en Pozuelo (Madrid) hasta enero de 2012?
Los casos de Afinsa y Fórum, al igual que en el de Nueva Rumasa, dejan en el aire la misma pregunta: ¿por qué no se actuó antes?
La sentencia por la que fueron condenados los directivos de Afinsa explica que la empresa se dedicaba a la compra de sellos cuyo valor supuestamente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos, "cuando realmente no era así, pues los sellos solo tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de las cuentas de la propia Afinsa, sin repercusión alguna acreditada en el mercado exterior a ella misma". Los inversores en sellos de la empresa obtenían en realidad los intereses prometidos con el dinero proveniente de la entrada de nuevos inversores. Una gran estafa piramidal que afectó a cerca de 200.000 españoles que perdieron buena parte de sus ahorros.
El caso de Fórum Filatélico, similar al de Afinsa, se juzga ahora en la Audiencia Nacional. Las dos empresas fueron intervenidas judicialmente hace más de diez años, en 2006. Pero ambas funcionaban desde 1980. ¿No se pudo detectar antes la estafa? La intervención policial y judicial ocurrió cuando las compañías movían miles de millones de euros, llegando Afinsa incluso a adquirir una compañía estadounidense cotizada en el Nasdaq.
Esteban Roig, De Cabo, Ruiz-Mateos
Qué esperabas de un país en donde los jueces "cooperan necesariamente" con los ladrones?
!!Que inventen ellos!!
