RazingerZ
Madmaxista
- Desde
- 19 Ene 2023
- Mensajes
- 10.508
- Reputación
- 26.618
Pepe Álvarez (UGT) sugiere que los parados que rechacen una oferta de trabajo dejen de cobrar la prestación | Economía | EL PAÍS (elpais.com)
Se trata de un posicionamiento inédito en un responsable sindical, tal y como ha reconocido el propio Álvarez, asegurando que “no es normal” que una figura como la suya se pronuncie de esta manera, pero que lo piensa “sinceramente”.
El aumento de las vacantes en el mercado de trabajo, a pesar de no representar todavía un porcentaje elevado (por debajo del 1%), y de ser mucho menor que en el resto de países europeos, preocupa a los agentes sociales, aunque no estén de acuerdo con la manera de afrontar el problema. Álvarez ha defendido que sea a los casi tres millones de parados a quienes se les ofrezcan puestos que cubran estas vacantes, en lugar de recurrir a contrataciones en el exterior.
Se trata de una crítica a las políticas que el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, está implementando para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros con los que cubrir puestos en sectores necesitados de personal. Una medida que el propio Álvarez criticó en una entrevista en EL PAÍS. “No hay un problema de mano de obra en España. El problema que hay en España es que no se buscan a los trabajadores. Este es un tema que puede generar una bronca considerable con el Gobierno”, reconocía en noviembre. El secretario general de UGT también ha sugerido que los empresarios que alertan de las vacantes acudan a los parados para remediarlo: “Las especialidades que se piden son especialidades que están en nuestro país”, ha señalado.
El supuesto denunciado por Álvarez, el de un parado que se niega a aceptar una oferta de empleo para no perder la prestación, es conocido por el Ministerio de Escrivá. Hace seis meses, en septiembre, su departamento presentó un plan que alteraba las condiciones para optar al ingreso mínimo, para que este pudiera compatibilizarse con las rentas del trabajo y no se produjera una merma en los ingresos de los receptores. Sus cálculos determinaban que el cambio podía beneficiar a unas 45.000 personas.
Se trata de un posicionamiento inédito en un responsable sindical, tal y como ha reconocido el propio Álvarez, asegurando que “no es normal” que una figura como la suya se pronuncie de esta manera, pero que lo piensa “sinceramente”.
El aumento de las vacantes en el mercado de trabajo, a pesar de no representar todavía un porcentaje elevado (por debajo del 1%), y de ser mucho menor que en el resto de países europeos, preocupa a los agentes sociales, aunque no estén de acuerdo con la manera de afrontar el problema. Álvarez ha defendido que sea a los casi tres millones de parados a quienes se les ofrezcan puestos que cubran estas vacantes, en lugar de recurrir a contrataciones en el exterior.
Se trata de una crítica a las políticas que el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por José Luis Escrivá, está implementando para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros con los que cubrir puestos en sectores necesitados de personal. Una medida que el propio Álvarez criticó en una entrevista en EL PAÍS. “No hay un problema de mano de obra en España. El problema que hay en España es que no se buscan a los trabajadores. Este es un tema que puede generar una bronca considerable con el Gobierno”, reconocía en noviembre. El secretario general de UGT también ha sugerido que los empresarios que alertan de las vacantes acudan a los parados para remediarlo: “Las especialidades que se piden son especialidades que están en nuestro país”, ha señalado.
El supuesto denunciado por Álvarez, el de un parado que se niega a aceptar una oferta de empleo para no perder la prestación, es conocido por el Ministerio de Escrivá. Hace seis meses, en septiembre, su departamento presentó un plan que alteraba las condiciones para optar al ingreso mínimo, para que este pudiera compatibilizarse con las rentas del trabajo y no se produjera una merma en los ingresos de los receptores. Sus cálculos determinaban que el cambio podía beneficiar a unas 45.000 personas.
