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Madmaxista
Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau sobre las estadísticas oficiales de tras*ferencias de armas en 2008 confirma que España exporta material de defensa a destinos en los que se suelen cometer violaciones de derechos humanos, exacerba conflictos armados y deteriora su desarrollo sostenible. Según las organizaciones, el Gobierno se niega a facilitar información precisa sobre los criterios seguidos para decidir autorizar exportaciones a países como Colombia, Israel, o Sri Lanka, cuyas actuaciones todos conocemos o deberíamos conocer.
*Se reclama al Gobierno, por activa y por pasiva incluso de rodillas, que al menos cumpla su propia legislación, la normativa europea y las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional a la hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de defensa y de doble uso. Que no lo hace, evidentemente.
Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron tras*ferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica. Según el prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), esta cifra coloca a España como el sexto país exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
En 2008, España autorizó tras*ferencias material de defensa, otro material y armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones realizadas ese año. Lo que significa que hay una serie de operaciones que fueron aprobadas pero no se materializaron en 2008.
Es de especial preocupación que el Gobierno no facilite al Congreso de los Diputados, al que tiene tomado por su mayoría y pactos con los nacionalistas, información sobre los criterios que ha tenido en cuenta para dar luz verde a licencias de exportación de armas a países inmersos en conflictos armados, en contra de lo estipulado por la ley. Entre estos casos, destacan las ventas que España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de “aeronaves” a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31 millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de la categoría “bombas, torpedos, misiles y cohetes” por valor de casi 4 millones de euros a Sri Lanka.
*También es preocupante que el Gobierno español, aunque ha ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario; y las autoridades de este país colaboren con las investigaciones para esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis de Gaza. Y después sale el lechón de Zapatero diciendo pestes contra Israel.
“Es imprescindible que el Gobierno explique con detalle en qué se ha basado para decidir que todas estas autorizaciones cumplen con la ley y denegar aquellas solicitudes que claramente son contrarias a la legislación. Y el Congreso de los Diputados, esa camarilla de lamepollas, debe insistir sobre ello a través del próximo dictamen y otros mecanismos de control parlamentario”, afirma Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam.
El Gobierno debe controlar escrupulosamente el destino y uso final de este material que se vende a África Subsahariana, principalmente a Ghana, país al que España vendió 2.8 millones de euros de munición de caza. España le ha vendido a este país 15 millones de euros de armas y munición de caza desde 2004. “Hay que garantizar que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente. La preocupación se hace más grave después de que el Gobierno haya reconocido que parte de esta munición se reexporta a Nigeria”, lamenta Mabel Bustelo, portavoz de Greenpeace.
Contra informe
*Se reclama al Gobierno, por activa y por pasiva incluso de rodillas, que al menos cumpla su propia legislación, la normativa europea y las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional a la hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de defensa y de doble uso. Que no lo hace, evidentemente.
Según el informe de las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados, en 2008 se realizaron tras*ferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica. Según el prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), esta cifra coloca a España como el sexto país exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
En 2008, España autorizó tras*ferencias material de defensa, otro material y armas de caza y tiro deportivo por importe de más de 3.000 millones de euros, casi el triple de las operaciones realizadas ese año. Lo que significa que hay una serie de operaciones que fueron aprobadas pero no se materializaron en 2008.
Es de especial preocupación que el Gobierno no facilite al Congreso de los Diputados, al que tiene tomado por su mayoría y pactos con los nacionalistas, información sobre los criterios que ha tenido en cuenta para dar luz verde a licencias de exportación de armas a países inmersos en conflictos armados, en contra de lo estipulado por la ley. Entre estos casos, destacan las ventas que España autorizó y realizó en el 2008 bajo categoría de “aeronaves” a Colombia (110 millones de euros de licencias autorizadas y 31 millones de euros realizadas) o las autorizaciones de material de la categoría “bombas, torpedos, misiles y cohetes” por valor de casi 4 millones de euros a Sri Lanka.
*También es preocupante que el Gobierno español, aunque ha ofrecido explicaciones sobre el destino y material exportado, siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario; y las autoridades de este país colaboren con las investigaciones para esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis de Gaza. Y después sale el lechón de Zapatero diciendo pestes contra Israel.
“Es imprescindible que el Gobierno explique con detalle en qué se ha basado para decidir que todas estas autorizaciones cumplen con la ley y denegar aquellas solicitudes que claramente son contrarias a la legislación. Y el Congreso de los Diputados, esa camarilla de lamepollas, debe insistir sobre ello a través del próximo dictamen y otros mecanismos de control parlamentario”, afirma Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam.
El Gobierno debe controlar escrupulosamente el destino y uso final de este material que se vende a África Subsahariana, principalmente a Ghana, país al que España vendió 2.8 millones de euros de munición de caza. España le ha vendido a este país 15 millones de euros de armas y munición de caza desde 2004. “Hay que garantizar que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente. La preocupación se hace más grave después de que el Gobierno haya reconocido que parte de esta munición se reexporta a Nigeria”, lamenta Mabel Bustelo, portavoz de Greenpeace.
Contra informe
