Si se aprueba, la Ley tras* permitirá que cualquier persona mayor de 16 años cambie su “género” a voluntad y sea tratada como si perteneciera al sesso opuesto, incluso en relación con el acceso a baños o vestuarios, así como la participación en deportes. competencia s, solo por nombrar algunos ejemplos.
Los niños de entre 14 y 16 años necesitarán el consentimiento de sus padres y los de entre 12 y 14 años deberán obtener la aprobación de un juez para el "cambio de género" solicitado.
Como
escribimos en Remix News agosto pasado,
es probable que esta “Ley tras*” radical tenga un efecto paralizador en la libertad de expresión y los derechos de los padres y conducirá a nuevas formas de discriminación.
Debido a los riesgos sociales, el proyecto de ley impulsado por el actual gobierno socialista-comunista de España ha sido criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de supervisión del Poder Judicial, y por el Consejo de Estado, el principal órgano consultivo para el poder ejecutivo, y también por varias organizaciones feministas, entre ellas la Asociación de Feministas Socialistas (Femes) del PSOE.
Al margen de las principales sociedades de salud mental del país, entre las que se encuentran la ya citada Asociación Española de Psiquiatría del Adolescente y el Niño y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), el proyecto de Ley tras* de España ha sido duramente criticado por la Sociedad de Endocrinología e incluso por el Colegio de Médicos. de Madrid, que ya apunta que
“hay una avalancha de jóvenes con trastornos que buscan una solución mágica en la identidad tras*”.
Parte de
las preocupaciones de las organizaciones de profesionales de la salud deriva del hecho de que,
una vez aprobada, la nueva ley prohibirá a los profesionales de la salud mental intervenir en el proceso de “autodeterminación de género” de los menores, dejando a los adolescentes la capacidad exclusiva de elegir si quieren iniciar tratamientos de cambio de sesso, que los profesionales de la salud dicen que es “un ultraje” que se comete “siguiendo criterios ideológicos y no científicos”, y que “puede traer mucho dolor y pesar a muchas personas”.
Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, asegura que “no hay ciencia que justifique legislar así”, que “no hay consenso científico” sobre los tratamientos que la ley “aplica a ciegas” y que la normativa, tal y como impulsa el Gobierno español, “impide el trabajo de los profesionales, vulnera los derechos humanos de los menores al impedir su cuidado, e incluso usurpa la patria potestad de los padres”.
La ley convertirá a España en el décimo país de Europa en permitir la “autodeterminación de género” simplemente presentando una declaración en el registro civil, siendo los otros Bélgica, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Suiza. Sin embargo, aparte de Noruega y próximamente España, ningún otro país permite que los menores cambien su “género” sin el consentimiento de sus padres.
El 26 de octubre, los socialistas de Sánchez pidieron retrasar la votación del proyecto de ley en el parlamento para dar tiempo a enmiendas que le den “seguridad jurídica”, ya que se espera que la oposición de derecha cuestione su constitucionalidad. Ganaron la votación contra su aliado de extrema izquierda Unidas Podemos con el apoyo del Partido Popular (PP) de centro-derecha, y la medida ha desatado la ira en las filas de Unidas Podemos, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo:
“No vamos a aceptar un solo revés en derechos después de que se haya acordado la ley en una negociación muy dura dentro del gobierno”, y “no debemos hacer esperar más a las personas LGTBI”.
