Leon S. Kennedy
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España FEUDAL: denuncian al tío de la Duquesa de Alba por invadir un camino público. Nobles reclaman tributos del s.XIII
Más de 40 vecinos denuncian al tío de la Duquesa de Alba por invadir un camino público - 20minutos.es
Más de 40 vecinos denuncian al tío de la Duquesa de Alba por invadir un camino público
Parte de los vecinos empiezan a declarar este lunes en un juzgado de Majadahonda contra el Duque de Berwick.
En 2013 el aristócrata cerró el acceso al camino Los Romanillos y la vía pecuaria Cordel Segoviano, ambos protegidos.
Jacobo Fitz-James Stuart y Gómez y Javier Fitz-James Stuart de Soto tienen una finca de 850 hectáreas entre Boadilla y Majadahonda.
Ambos aristócratas, imputados, son tío y sobrino de la actual Duquesa de Alba: declaran el 12 de junio.
Los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla también se han sumado a la denuncia vecinal.
El duque ya intentó en 2004 que Majadahonda le reclasificara parte de la finca para construir pisos protegidos.
DAVID FERNÁNDEZ
07.06.2014@dfernandez1975 Prohibido el paso. Y al lado del cartel, una verja y cadenas. Este lunes declaran en el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda 20 de los 42 vecinos de Boadilla del Monte y Majadahonda (dos localidades del oeste de Madrid) que el 29 de enero de 2013 denunciaron a Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez, de 67 años, duque de Berwick y tío de la actual duquesa de Alba, y a Javier Fitz-James Stuart de Soto, de 48 años, conde de Montalvo y sobrino de la duquesa de Alba, por invadir el camino público Romanillos y la vía pecuaria Cordel Segoviano, ambas zonas protegidas.
Los dos aristócratas gestionan la finca Romanillos, 850 hectáreas distribuidas en Boadilla y Majadahonda, a través de una empresa del mismo nombre. En enero del año pasado empezaron a vallar parte de la finca, lo que impedía el acceso al camino público y cortaba la vía pecuaria. Lo hicieron bajo el pretexto de que el Ayuntamiento de Boadilla les había dado licencia, pero solo para acotar una zona, no para cortar el acceso al camino, que es de titularidad municipal. Los dos nobles han sido imputados y declararan el 12 de junio. El vallado metálico alcanza unos dos kilómetros, 300 metros más de lo autorizado.
La asociación vecinal y ecologista Amigos de los Caminos decidió denunciar a los dueños de la finca en enero de 2013, seis días después de que se empezaran a colocar los vallados. 42 vecinos y miembros de la asociación declararán entre el lunes y el martes, según el auto al que ha tenido acceso 20minutos. Jaime Benavides, portavoz de la asociación, denuncia la pasividad de los Ayuntamientos de Majadahonda y Bodilla, "que aunque ya se han sumado a la denuncia que pusimos, fueron negligentes porque les avisamos de lo que iba a ocurrir mucho antes de que los dueños de la finca empezaran a vallarla y a cerrar el paso al camino y a la vía pecuaria". Los dos Consistorios han denunciado en abril de este año, más de un año después de lo hiciera la asociación.
Los caminos son de titularidad municipal y las vías pecuarias dependen de la Comunidad Autónoma, y son espacios protegidos
La causa aglutina ya diez tomos de documentación. Los caminos son de titularidad municipal y las vías pecuarias dependen de la Comunidad Autónoma. Hay informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Policía Local de Boadilla contra el cierre del camino y la vía pecuaria. A pesar de ello, las vallas persisten y los aristócratas han contratado a un vigilante de seguridad que impide el paso, vigilante que también ha sido llamado a declarar el día 12 de junio. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha puesto en marcha un expediente sancionador.
Dentro de un parque regional
La finca Romanillos pertenece al Parque Regional de la Cuenca Media del Manzanares, por lo que es un espacio protegido.
En él se puede cazar, pero no plantar cereales y girasoles, algo que la asociación denuncia que se está haciendo. En febrero de este año, UPyD solicitó en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid, "que se realice el deslinde (señalización) de la vía pecuaria Cordel Segoviano a su paso por la finca Romanillos, entre los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda", para su protección. En julio de 2004, el Duque de Berwick, solicitó al entonces alcalde de Majadahonda, el imputado en la trama Gürtel Guillermo Ortega, que le clasificara como suelo urbanizable 37 hectáreas de la finca Romanillos que no estaban dentro del Plan Regional del Guadarrama, y por tanto con menor protección. En un documento en el que ha tenido acceso este diario, Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez proponía al alcalde construir en esas hectáreas pisos del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, un proyecto inviable que nunca se acometió.
Estos me gusta la fruta de "sangre azul" se creen que España es su cortijo y los españoles sus sirvientes:
Una familia mallorquina gana el juicio a una marquesa que quería cobrarles un impuesto del s. XIII - 20minutos.es
Una familia mallorquina gana el juicio a una marquesa que quería cobrarles un impuesto del s. XIII
Un juez de Mallorca desestima la demanda de una noble que quería cobrar 1.800 euros por un gravamen feudal. El alodio o 'alou' grava las compraventas de viviendas particulares construidas en las antiguas tierras del noble. La casa es propiedad de la familia del marido desde 1942, y la marquesa de Campo Franco exigía un impuesto ya prescrito.
DAVID FERNÁNDEZ 20.11.2013
Xus y Beatriz, un matrimonio mallorquín con dos hijos pequeños, han ganado la demanda que les interpuso la marquesa de Campo Franco, que quería cobrarles 1.800 euros por un impuesto que data del siglo XIII, y que se resume en que los descendientes de los nobles de la isla pueden seguir reclamando el 2% de cada operación de compraventa que se haga en las viviendas que se han construido en las antiguas tierras del marquesado.
El juzgado número 9 de Palma de Mallorca, con fecha 18 de octubre de 2013, desestimó la demanda que puso María Almudena de Padura y España, desde junio de 2012 la nueva marquesa de Campo Franco, contra la pareja: él, productor musical en paro; ella, secretaria en un hospital. Xus y Beatriz viven en el barrio de Es Pil-lari, en la playa de Palma. Beatriz decidió comprar el 50% de la casa de la progenitora de Xus, que pertenece a su cuñado, el hermano de su marido. La compraventa se formalizó en mayo de 2010 y la pareja pagó 90.000 euros.
Hasta ahí, todo normal. Una venta más, como las miles que se hacen cada año en España. La pareja paga todos los impuestos que conllevan la operación, "unos 12.000 euros", explica Xus a 20minutos. Los terrenos pertenecen a los padres de Xus desde 1942, y en ellos se levantaron tres casas en 1964. Una de ellas es la que ha comprado Beatriz. La sorpresa llega dos años después, cuando una empresa de la marquesa, Roten Padura S.L., les exigía 1.800 euros como pago de un impuesto feudal, el alodio o 'alou'.
El alodio es un gravamen procedente del derecho romano que se implantó en Mallorca en el siglo XIII. Nunca fue abolido. ¿En qué consiste? Las familias nobiliarias de la isla tienen derecho a cobrar un porcentaje de cada compraventa que se realice en lo que fueron sus antiguas tierras, una especie de pago del "dominio directo" que estos nobles tienen por herencia. Felipe V fue quién creó el marquesado de Campo Franco en agosto de 1718.
La pareja se defendió sin abogado
La escritura del piso dice que el inmueble está gravado por alodio o dominio directo a favor de Juan Roten Sureda, el tío de la actual marquesa, que decidió llevarles a juicio. Xus y Beatriz tuvieron que empaparse entonces de todo lo referente a este impuesto feudal. "No entendíamos cómo una marquesa nos pedía dinero por una casa que siempre había sido de nuestra familia". Estudiaron y aprendieron, y se prepararon el juicio. De hecho, como la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros, no necesitaron asistencia de un letrado, y ellos mismos se defendieron en el juicio, que se celebró el 30 de septiembre.
Xus y Beatriz demostraron que el alodio estaba prescrito. El artículo 60 de la Ley 8/1990 de 28 de junio de Compilación del Derecho Balear regula que como no se había pagado ningún alodio en la tras*misión de compraventa anterior (realizada en 1.942), el gravamen había prescrito a los cinco años. "Los abogados de la marquesa debían saber esto. Por eso insistieron en llegar a un acuerdo por un precio menor antes de ir a juicio", explica Xus. Encima, la marquesa le exigía el 2% de la compraventa, cuando por ley, y si hubiera tenido derecho, solo podía haber pedido el 2% del valor del terreno.
La pareja también puso en duda durante el juicio que el 'alou' estuviese aún vigente. "Todo se basaba en una nota registral de 1905 que decía que se reservaba el dominio directo al marqués, si resultara pertenecerle. ¿Y si no le hubiera pertenecido ya ni en el pasado?", señala Xus. La jueza señala en la sentencia la buena preparación del juicio por parte de Beatriz, con "extensa" documentación.
Más propiedades en la misma situación
Aunque el juez les da la razón, la pareja no puede eliminar el impuesto en el registro de la propiedad
Lo que está claro es que la marquesa ha estado rauda a la hora de exigir el alodio. Otra ley, la 3/2010 de 7 de junio, de constatación de censos y alodios, regula que los "titulares de censos y alodios inscritos en el Registro de la Propiedad, cualquiera que sea su clase, comunicarán a este órgano aquellos que les pertenezcan, en el plazo de cinco años computables desde la entrada en vigor de esta Ley". Si no se hace, los alodios quedan extinguidos. "Nos enteramos de que la marquesa había inscrito su derecho a alodio después de 2010, no solo de nuestra propiedad, sino de muchas más que pueden llegar a las 1.000".
Aunque Xus y Beatriz han ganado el juicio, el Registro de la Propiedad no les deja eliminar la inscripción de alodio. Solo lo puede hacer el titular del gravamen en escritura pública (es decir, la marquesa), o bien por orden de un juez. Y la sentencia, aunque desestima la demanda de la marquesa, no especifica que se anule. Eso quiere decir que si algún día la pareja vende la casa, la marquesa podría exigir el pago del 'alou' a los nuevos e incautos compradores.
De momento, Xus y Beatriz han iniciado una campaña en Change.org para sumar 10.000 firmas (llevan ya 775) y pedir al Parlamento balear que derogue esta "injusta e inconstitucional impuesto feudal. Va contra los artículos 14, 47 y 133 de la Constitución. Y es una cláusula abusiva y por tanto nula de pleno derecho, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013", sentencia Xus. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con Almudena de Padura y España.
Más de 40 vecinos denuncian al tío de la Duquesa de Alba por invadir un camino público - 20minutos.es
Más de 40 vecinos denuncian al tío de la Duquesa de Alba por invadir un camino público
Parte de los vecinos empiezan a declarar este lunes en un juzgado de Majadahonda contra el Duque de Berwick.
En 2013 el aristócrata cerró el acceso al camino Los Romanillos y la vía pecuaria Cordel Segoviano, ambos protegidos.
Jacobo Fitz-James Stuart y Gómez y Javier Fitz-James Stuart de Soto tienen una finca de 850 hectáreas entre Boadilla y Majadahonda.
Ambos aristócratas, imputados, son tío y sobrino de la actual Duquesa de Alba: declaran el 12 de junio.
Los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla también se han sumado a la denuncia vecinal.
El duque ya intentó en 2004 que Majadahonda le reclasificara parte de la finca para construir pisos protegidos.
DAVID FERNÁNDEZ
07.06.2014@dfernandez1975 Prohibido el paso. Y al lado del cartel, una verja y cadenas. Este lunes declaran en el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda 20 de los 42 vecinos de Boadilla del Monte y Majadahonda (dos localidades del oeste de Madrid) que el 29 de enero de 2013 denunciaron a Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez, de 67 años, duque de Berwick y tío de la actual duquesa de Alba, y a Javier Fitz-James Stuart de Soto, de 48 años, conde de Montalvo y sobrino de la duquesa de Alba, por invadir el camino público Romanillos y la vía pecuaria Cordel Segoviano, ambas zonas protegidas.
Los dos aristócratas gestionan la finca Romanillos, 850 hectáreas distribuidas en Boadilla y Majadahonda, a través de una empresa del mismo nombre. En enero del año pasado empezaron a vallar parte de la finca, lo que impedía el acceso al camino público y cortaba la vía pecuaria. Lo hicieron bajo el pretexto de que el Ayuntamiento de Boadilla les había dado licencia, pero solo para acotar una zona, no para cortar el acceso al camino, que es de titularidad municipal. Los dos nobles han sido imputados y declararan el 12 de junio. El vallado metálico alcanza unos dos kilómetros, 300 metros más de lo autorizado.
La asociación vecinal y ecologista Amigos de los Caminos decidió denunciar a los dueños de la finca en enero de 2013, seis días después de que se empezaran a colocar los vallados. 42 vecinos y miembros de la asociación declararán entre el lunes y el martes, según el auto al que ha tenido acceso 20minutos. Jaime Benavides, portavoz de la asociación, denuncia la pasividad de los Ayuntamientos de Majadahonda y Bodilla, "que aunque ya se han sumado a la denuncia que pusimos, fueron negligentes porque les avisamos de lo que iba a ocurrir mucho antes de que los dueños de la finca empezaran a vallarla y a cerrar el paso al camino y a la vía pecuaria". Los dos Consistorios han denunciado en abril de este año, más de un año después de lo hiciera la asociación.
Los caminos son de titularidad municipal y las vías pecuarias dependen de la Comunidad Autónoma, y son espacios protegidos
La causa aglutina ya diez tomos de documentación. Los caminos son de titularidad municipal y las vías pecuarias dependen de la Comunidad Autónoma. Hay informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Policía Local de Boadilla contra el cierre del camino y la vía pecuaria. A pesar de ello, las vallas persisten y los aristócratas han contratado a un vigilante de seguridad que impide el paso, vigilante que también ha sido llamado a declarar el día 12 de junio. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha puesto en marcha un expediente sancionador.
Dentro de un parque regional
La finca Romanillos pertenece al Parque Regional de la Cuenca Media del Manzanares, por lo que es un espacio protegido.
En él se puede cazar, pero no plantar cereales y girasoles, algo que la asociación denuncia que se está haciendo. En febrero de este año, UPyD solicitó en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid, "que se realice el deslinde (señalización) de la vía pecuaria Cordel Segoviano a su paso por la finca Romanillos, entre los términos municipales de Boadilla del Monte y Majadahonda", para su protección. En julio de 2004, el Duque de Berwick, solicitó al entonces alcalde de Majadahonda, el imputado en la trama Gürtel Guillermo Ortega, que le clasificara como suelo urbanizable 37 hectáreas de la finca Romanillos que no estaban dentro del Plan Regional del Guadarrama, y por tanto con menor protección. En un documento en el que ha tenido acceso este diario, Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez proponía al alcalde construir en esas hectáreas pisos del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad, un proyecto inviable que nunca se acometió.
Estos me gusta la fruta de "sangre azul" se creen que España es su cortijo y los españoles sus sirvientes:
Una familia mallorquina gana el juicio a una marquesa que quería cobrarles un impuesto del s. XIII - 20minutos.es
Una familia mallorquina gana el juicio a una marquesa que quería cobrarles un impuesto del s. XIII
Un juez de Mallorca desestima la demanda de una noble que quería cobrar 1.800 euros por un gravamen feudal. El alodio o 'alou' grava las compraventas de viviendas particulares construidas en las antiguas tierras del noble. La casa es propiedad de la familia del marido desde 1942, y la marquesa de Campo Franco exigía un impuesto ya prescrito.
DAVID FERNÁNDEZ 20.11.2013
Xus y Beatriz, un matrimonio mallorquín con dos hijos pequeños, han ganado la demanda que les interpuso la marquesa de Campo Franco, que quería cobrarles 1.800 euros por un impuesto que data del siglo XIII, y que se resume en que los descendientes de los nobles de la isla pueden seguir reclamando el 2% de cada operación de compraventa que se haga en las viviendas que se han construido en las antiguas tierras del marquesado.
El juzgado número 9 de Palma de Mallorca, con fecha 18 de octubre de 2013, desestimó la demanda que puso María Almudena de Padura y España, desde junio de 2012 la nueva marquesa de Campo Franco, contra la pareja: él, productor musical en paro; ella, secretaria en un hospital. Xus y Beatriz viven en el barrio de Es Pil-lari, en la playa de Palma. Beatriz decidió comprar el 50% de la casa de la progenitora de Xus, que pertenece a su cuñado, el hermano de su marido. La compraventa se formalizó en mayo de 2010 y la pareja pagó 90.000 euros.
Hasta ahí, todo normal. Una venta más, como las miles que se hacen cada año en España. La pareja paga todos los impuestos que conllevan la operación, "unos 12.000 euros", explica Xus a 20minutos. Los terrenos pertenecen a los padres de Xus desde 1942, y en ellos se levantaron tres casas en 1964. Una de ellas es la que ha comprado Beatriz. La sorpresa llega dos años después, cuando una empresa de la marquesa, Roten Padura S.L., les exigía 1.800 euros como pago de un impuesto feudal, el alodio o 'alou'.
El alodio es un gravamen procedente del derecho romano que se implantó en Mallorca en el siglo XIII. Nunca fue abolido. ¿En qué consiste? Las familias nobiliarias de la isla tienen derecho a cobrar un porcentaje de cada compraventa que se realice en lo que fueron sus antiguas tierras, una especie de pago del "dominio directo" que estos nobles tienen por herencia. Felipe V fue quién creó el marquesado de Campo Franco en agosto de 1718.
La pareja se defendió sin abogado
La escritura del piso dice que el inmueble está gravado por alodio o dominio directo a favor de Juan Roten Sureda, el tío de la actual marquesa, que decidió llevarles a juicio. Xus y Beatriz tuvieron que empaparse entonces de todo lo referente a este impuesto feudal. "No entendíamos cómo una marquesa nos pedía dinero por una casa que siempre había sido de nuestra familia". Estudiaron y aprendieron, y se prepararon el juicio. De hecho, como la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros, no necesitaron asistencia de un letrado, y ellos mismos se defendieron en el juicio, que se celebró el 30 de septiembre.
Xus y Beatriz demostraron que el alodio estaba prescrito. El artículo 60 de la Ley 8/1990 de 28 de junio de Compilación del Derecho Balear regula que como no se había pagado ningún alodio en la tras*misión de compraventa anterior (realizada en 1.942), el gravamen había prescrito a los cinco años. "Los abogados de la marquesa debían saber esto. Por eso insistieron en llegar a un acuerdo por un precio menor antes de ir a juicio", explica Xus. Encima, la marquesa le exigía el 2% de la compraventa, cuando por ley, y si hubiera tenido derecho, solo podía haber pedido el 2% del valor del terreno.
La pareja también puso en duda durante el juicio que el 'alou' estuviese aún vigente. "Todo se basaba en una nota registral de 1905 que decía que se reservaba el dominio directo al marqués, si resultara pertenecerle. ¿Y si no le hubiera pertenecido ya ni en el pasado?", señala Xus. La jueza señala en la sentencia la buena preparación del juicio por parte de Beatriz, con "extensa" documentación.
Más propiedades en la misma situación
Aunque el juez les da la razón, la pareja no puede eliminar el impuesto en el registro de la propiedad
Lo que está claro es que la marquesa ha estado rauda a la hora de exigir el alodio. Otra ley, la 3/2010 de 7 de junio, de constatación de censos y alodios, regula que los "titulares de censos y alodios inscritos en el Registro de la Propiedad, cualquiera que sea su clase, comunicarán a este órgano aquellos que les pertenezcan, en el plazo de cinco años computables desde la entrada en vigor de esta Ley". Si no se hace, los alodios quedan extinguidos. "Nos enteramos de que la marquesa había inscrito su derecho a alodio después de 2010, no solo de nuestra propiedad, sino de muchas más que pueden llegar a las 1.000".
Aunque Xus y Beatriz han ganado el juicio, el Registro de la Propiedad no les deja eliminar la inscripción de alodio. Solo lo puede hacer el titular del gravamen en escritura pública (es decir, la marquesa), o bien por orden de un juez. Y la sentencia, aunque desestima la demanda de la marquesa, no especifica que se anule. Eso quiere decir que si algún día la pareja vende la casa, la marquesa podría exigir el pago del 'alou' a los nuevos e incautos compradores.
De momento, Xus y Beatriz han iniciado una campaña en Change.org para sumar 10.000 firmas (llevan ya 775) y pedir al Parlamento balear que derogue esta "injusta e inconstitucional impuesto feudal. Va contra los artículos 14, 47 y 133 de la Constitución. Y es una cláusula abusiva y por tanto nula de pleno derecho, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013", sentencia Xus. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con Almudena de Padura y España.
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