Ocho propietarios tuvieron que dejar sus chalés para cumplir con la Justicia, que ahora ampara a los inquilinos ilegales
La Justicia les obligó a abandonar sus viviendas de Argoños (Cantabria) para dar cumplimiento a la sentencia de derribo firme que pesaba sobre ellas. Agotada cualquier posibilidad de legalizar sus chalés, ocho propietarios de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo, aceptaron la indemnización económica del Gobierno de Cantabria - otros tres dueños optaron por casas de sustitución - y entregaron sus llaves. No habían pasado ni 24 horas, cuando los okupas ya habían tomado algunas de esas casas vacías. Y, ahora, esa misma Justicia que echó a sus legítimos dueños, impide el desalojo de estos inquilinos ilegales que llevan casi dos años residiendo a sus anchas.
La situación, dice el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, es totalmente paradójica. «Los jueces que dicen que hay que derribar esas casas, son los que, ahora, también dicen que esos okupas tienen derechos y no se pueden tirar con ellos dentro».
A la «angustia» que sufren muchos de los residentes en la zona - con la espada de Damocles encima - se suman episodios de reyertas, peleas, insultos, suciedad, enganches ilegales a la luz... «Al principio fue horrible, hubo hasta navajazos y esto era un sinvivir. Ahora, está la cosa más tranquila y podemos decir que no nos dan guerra», cuenta Vitori Frontela. Su vivienda está también en Las Llamas II. En su caso, está pendiente de si se puede legalizar con el nuevo Plan General de Argoños.
Aunque desde hace un tiempo ya no hay altercados importantes, tampoco se respira tranquilidad. En el barrio sobrevuela el miedo a que cuando dejan sus casas vacías sean okupadas. Y es que, gran parte son segundas residencias. Y muchas de decenas de vizcaínos que llevan años luchando por no ser desahuciados. Vitori comenta que no siempre ve a los mismos okupas. Pasan temporadas. Salen unos y dan 'el relevo' a otros. Son, al parecer, mafias, que se apoderan de los chalés y los alquilan a terceros.
La mujer recuerda que no habían pasado «ni seis horas» de la marcha de uno de los propietarios «cuando entraron a okupar la casa» y, enseguida, vinieron «familias, amigos o yo que sé...» y entraron ilegalmente al resto. «Fue una pasada».
Desde entonces, la estampa de este apacible barrio se ha vuelto gris e inhóspita. A los pies de varios de los chalés okupados se acumula la sarama, hay mobiliario apilado en las terrazas, muros ennegrecidos y el entorno desprende un nauseabundo olor.
Los vecinos han llamado reiteradamente a Gesvicán, empresa pública del Gobierno de Cantabria, actual dueño de la casas, pero «no nos hacen ni puñetero caso», recrimina. Como afectada siente que «no hay derecho» a que los dueños, una vez cobraron la compensación por sus casas, les «exigieron marcharse en una fecha rigurosa» y, ahora, están habitadas ilegalmente por unos okupas a los que no se les puede echar.
Estas ocho casas de la urbanización Las Llamas II pasaron a ser propiedad del Ejecutivo regional, que debe demolerlas para cumplir la sentencia del juez. Desde la Consejería de Fomento, explican a preguntas de este periódico, que, a pesar de haber recurrido a la vía judicial, «somos incapaces de echar a los okupas». «El proceso es muy complejo y difícil».
«No puedo hacer nada»
En este tiempo, el Gobierno ha interpuesto varias denuncias, pero, cuando llega el juicio, «las personas demandadas ya no están en la casa; han entrado otras nuevas». Y es otra vez vuelta a empezar denunciando a los nuevos okupas.
La Consejería está en constante comunicación con el Ayuntamiento de Argoños ante cualquier movimiento que se pueda producir en los chalés. Hace unos meses, el Consistorio informó de que una okupa había desalojado una casa y «cuando lo íbamos a tapiar, nos encontramos con varios perros abandonados dentro». En el proceso de contactar con una protectora y confirmar que los podía recoger -unas 24 horas- los okupas ya se habían colado.
El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, asegura que se siente atado de pies y manos para poder actuar. «No tenemos potestad para echarles, ni para cortarles la luz, ni el agua...y la ley dice que hay empadronarles». A cualquier otro vecino se le exige para este trámite presentar un contrato de alquiler o recibo, pero esto con los okupas «no vale de nada; la ley les ampara». La paradoja es tal que Barruetabeña recibe de la Sala del Tribunal autos instándole a que cumpla con las sentencias de derribo. La respuesta, una y otra vez es la misma: «Hay okupas y no puedo hacer nada».
www.elcorreo.com
La Justicia les obligó a abandonar sus viviendas de Argoños (Cantabria) para dar cumplimiento a la sentencia de derribo firme que pesaba sobre ellas. Agotada cualquier posibilidad de legalizar sus chalés, ocho propietarios de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo, aceptaron la indemnización económica del Gobierno de Cantabria - otros tres dueños optaron por casas de sustitución - y entregaron sus llaves. No habían pasado ni 24 horas, cuando los okupas ya habían tomado algunas de esas casas vacías. Y, ahora, esa misma Justicia que echó a sus legítimos dueños, impide el desalojo de estos inquilinos ilegales que llevan casi dos años residiendo a sus anchas.
La situación, dice el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, es totalmente paradójica. «Los jueces que dicen que hay que derribar esas casas, son los que, ahora, también dicen que esos okupas tienen derechos y no se pueden tirar con ellos dentro».
A la «angustia» que sufren muchos de los residentes en la zona - con la espada de Damocles encima - se suman episodios de reyertas, peleas, insultos, suciedad, enganches ilegales a la luz... «Al principio fue horrible, hubo hasta navajazos y esto era un sinvivir. Ahora, está la cosa más tranquila y podemos decir que no nos dan guerra», cuenta Vitori Frontela. Su vivienda está también en Las Llamas II. En su caso, está pendiente de si se puede legalizar con el nuevo Plan General de Argoños.
Aunque desde hace un tiempo ya no hay altercados importantes, tampoco se respira tranquilidad. En el barrio sobrevuela el miedo a que cuando dejan sus casas vacías sean okupadas. Y es que, gran parte son segundas residencias. Y muchas de decenas de vizcaínos que llevan años luchando por no ser desahuciados. Vitori comenta que no siempre ve a los mismos okupas. Pasan temporadas. Salen unos y dan 'el relevo' a otros. Son, al parecer, mafias, que se apoderan de los chalés y los alquilan a terceros.
La mujer recuerda que no habían pasado «ni seis horas» de la marcha de uno de los propietarios «cuando entraron a okupar la casa» y, enseguida, vinieron «familias, amigos o yo que sé...» y entraron ilegalmente al resto. «Fue una pasada».
Desde entonces, la estampa de este apacible barrio se ha vuelto gris e inhóspita. A los pies de varios de los chalés okupados se acumula la sarama, hay mobiliario apilado en las terrazas, muros ennegrecidos y el entorno desprende un nauseabundo olor.
Los vecinos han llamado reiteradamente a Gesvicán, empresa pública del Gobierno de Cantabria, actual dueño de la casas, pero «no nos hacen ni puñetero caso», recrimina. Como afectada siente que «no hay derecho» a que los dueños, una vez cobraron la compensación por sus casas, les «exigieron marcharse en una fecha rigurosa» y, ahora, están habitadas ilegalmente por unos okupas a los que no se les puede echar.
Estas ocho casas de la urbanización Las Llamas II pasaron a ser propiedad del Ejecutivo regional, que debe demolerlas para cumplir la sentencia del juez. Desde la Consejería de Fomento, explican a preguntas de este periódico, que, a pesar de haber recurrido a la vía judicial, «somos incapaces de echar a los okupas». «El proceso es muy complejo y difícil».
«No puedo hacer nada»
En este tiempo, el Gobierno ha interpuesto varias denuncias, pero, cuando llega el juicio, «las personas demandadas ya no están en la casa; han entrado otras nuevas». Y es otra vez vuelta a empezar denunciando a los nuevos okupas.
La Consejería está en constante comunicación con el Ayuntamiento de Argoños ante cualquier movimiento que se pueda producir en los chalés. Hace unos meses, el Consistorio informó de que una okupa había desalojado una casa y «cuando lo íbamos a tapiar, nos encontramos con varios perros abandonados dentro». En el proceso de contactar con una protectora y confirmar que los podía recoger -unas 24 horas- los okupas ya se habían colado.
El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, asegura que se siente atado de pies y manos para poder actuar. «No tenemos potestad para echarles, ni para cortarles la luz, ni el agua...y la ley dice que hay empadronarles». A cualquier otro vecino se le exige para este trámite presentar un contrato de alquiler o recibo, pero esto con los okupas «no vale de nada; la ley les ampara». La paradoja es tal que Barruetabeña recibe de la Sala del Tribunal autos instándole a que cumpla con las sentencias de derribo. La respuesta, una y otra vez es la misma: «Hay okupas y no puedo hacer nada».
Okupas impiden el derribo de los chalés de Argoños sentenciados por los jueces
Ocho propietarios tuvieron que dejar sus chalés para cumplir con la Justicia, que ahora ampara a los inquilinos ilegales
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