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Madmaxista
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Manuel, una vida entre okupas
MADRID
ANA DEL BARRIO Madrid
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23 DIC. 2018 02:06
El vecino de Puente de Vallecas, ante una vivienda tapiada. JAVIER BARBANCHO
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Un vecino de Puente de Vallecas denuncia el calvario de vivir rodeado de okupas
Los okupas podrán pedir vivienda pública dos años después de su desalojo
Las puertas tienen más agujeros que un queso gruyère, las cerraduras de las zonas comunes hace tiempo que dejaron de existir y las bombillas y los felpudos han ido desapareciendo. Manuel es el raro de su edificio. Como si estuviésemos en el mundo al revés, en este inmueble de nueve casas de Puente de Vallecas el que paga es la excepción. El resto son okupas. Poco a poco, se han ido haciendo los amos y señores del bloque, donde impera la ley de la jungla.Lo peor de que una mafia de okupas caiga en tu zona no es que se apropie de las viviendas y del edificio entero, sino que va carcomiendo todo el barrio. Poco a poco, acaban conquistando el espacio público como si fuera su cortijo: tiran las basuras a la calle, hacen barbacoas, ponen la música a todo volumen, aparcan donde quieren, trapichean con drojas, roban, arrojan excrementos... Manuel es un nombre ficticio. Subsiste con el miedo pegado a los talones. Hace meses que le amenazaron si hablaba y le advirtieron de que iban a entrar en la vivienda vacía de al lado de su casa por las buenas o por las malas. Aquella jornada, este profesor de Instituto sufrió una crisis de ansiedad, acabó ingresado dos días en un hospital y, después, estuvo casi un mes de baja. «He estado dos años en tratamiento psiquiátrico. Me tomaba en torno a tres pastillas al día. Llevo meses sin poder dormir».Su vida se ha convertido en una pesadilla entre el menudeo de droja, las peleas con puño americano y hasta un disparo entre dos vecinos. Al menos, ese tiro acabó con el camello de su bloque en la guandoca y el narcopiso de enfrente desapareció.Manuel tuvo que aprender a sobrevivir y siguió el consejo que le dio la Policía: «Llévate bien con ellos porque no puedes hacer nada».
"El caso del español que no paga porque no tiene trabajo es muy minoritario"
Todo comenzó en 2010 cuando decidió comprarse una vivienda con una hipoteca a 35 años. En 2014, a la vuelta de sus vacaciones se encontró con un okupa que se había colado en el bloque. Al poco tiempo, llegó otro y luego, otro más. Cuando se quiso dar cuenta, estaba rodeado. Ése es el modus operandi habitual: la mafia otea el horizonte y busca pisos vacíos, normalmente de las entidades bancarias o de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA). En cuanto descubre uno, se cuelan los primeros okupas. Y si hay una segunda vivienda deshabitada, llaman a algún familiar o conocido. Poco a poco, el resto de inquilinos se va y ellos ganan terreno. El edificio se echa a perder: no es sólo que no paguen un alquiler, sino que tampoco abonan los gastos de comunidad, se enganchan de manera ilegal a la luz y el agua, no reparan las averías y el inmueble acaba en la ruina. «Lo primero que hacen es explotar la puerta y meter a una mujer con niños porque saben que así el juez no les va a echar. Muchos de los okupas son gente conflictiva de etnia etniana. Aunque no pagan, cuando llega la comitiva judicial para echarles aparece la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se solidariza con ellos y el juez se echa atrás. La ley ampara al okupa», asegura un administrador de fincas, con varios edificios okupados, y que no quiere desvelar su identidad. Sostiene este administrador que la imagen que se está dando en los medios de comunicación de los okupas no tiene nada que ver con la realidad: «El caso del pobre español que se ha quedado sin trabajo y no puede pagar es muy minoritario. Hablamos de gente que entra por la fuerza. Los administradores estamos atados de pies y manos. No podemos echar la culpa a los bancos, porque el culpable es el que infringe la ley».Los datos hablan por sí solos. El número de viviendas okupadas a septiembre de 2018 es de 4.472, lo que supone un aumento del 35% con respecto al año anterior, cuando eran 3.317.
Otra vivienda ocupada en Puente de Vallecas. JAVIER BARBANCHO
Por increíble que parezca, la situación de impunidad es tal que la okupación se está convirtiendo en una actividad de lucro y está generando un mercado neցro. «Hay gente que ha convertido en un negocio okupar y amenazar a los vecinos», declara Vicente Pérez Quintana, responsable de Vivienda de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Según denuncia Pérez Quintana, las mafias están vendiendo y alquilando pisos okupados que no son suyos a precios baratos. Y los dueños, que suelen ser el Sareb -el banco malo- y el antiguo Ivima, no hacen nada por evitarlo.En las webs inmobiliarias se publican anuncios con mensajes de este tipo: «Se deja piso de okupa de tres habitaciones, un baño, agua, luz... No hay problemas con los vecinos y no pagas los suministros».«El descuido de los bancos con estas viviendas es clamoroso. No se interesan por ellas y si, se quedan vacías, es como dejar un caramelo a la puerta de un colegio», se queja Pérez Quintana. De hecho, hay entidades que no pagan los gastos de comunidad y se convierten en jovenlandesesas. Lo penoso de la situación es que donde antes vivía una familia que ha perdido su casa por no poder pagar, ahora residen gratis personas que no abonan porque no quieren, pero no necesariamente porque tengan problemas económicos. E incluso algunos de esos okupas acaban regularizando su situación y se les acaba alquilando el piso.
El número de viviendas okupadas es de 4.472, lo que supone un aumento del 35% con respecto al año pasado
«Una ocupación es ilegal y no se puede regularizar a alguien que haya ocupado. El Ivima está incumpliendo sus obligaciones y está regularizando a las viviendas de los okupas por la vía del alquiler. Son casas donde se producen a diario escándalos públicos», manifiesta Manuel Martínez, miembro de la asociación de vecinos La Viña de Entrevías. Luchar contra este fenómeno es complejo. En ocasiones, el propietario presenta una demanda en los juzgados y se produce el levantamiento judicial que desaloja a los okupas. Sin embargo, al día siguiente, entran de nuevo. «Cuando llega la comitiva judicial coloca una puerta antidesahucios en la vivienda. Pero, entonces, traen una maza, hacen palanca, la quitan y vuelven a ocupar el domicilio», describe Manuel.Además, el proceso desde que se presenta la denuncia hasta que se produce el desalojo es lento. «Hay que garantizar los derechos de todas las partes, incluidos los del okupa. El problema viene de la falta de recursos en los juzgados. Hay poco personal y muchas demandas. Un procedimiento contra okupas se puede ir a 9 o 10 meses», argumenta Eduardo Fernández-Fígares, abogado especializado en desahucios. La situación ha mejorado algo desde que en el mes de julio entró en vigor la ley del desahucio exprés, una vía que pueden usar los propietarios y las administraciones públicas, pero no así los bancos, y que acorta bastante los plazos.Mientras tanto, Manuel lleva años intentando que Servihabitat, la inmobiliaria de CaixaBank, que es la dueña de su bloque, le escuche, pero ni siquiera ha encontrado un interlocutor para exponer su situación. Curiosamente, CaixaBank acaba de cerrar esta semana la venta de Servihabitat al fondo estadounidense Lone Star.«Me encuentro atrapado entre una ley que no me da ninguna solución y unos propietarios que ignoran sus responsabilidades. Lo que quiero es que Servihabitat me ayude a salir de aquí y me lleve a otro edificio», se lamenta desesperado.'Aquí hay mucho buenismo'La queja de los vecinos se repite como una letanía. Se sienten abandonados por todas las administraciones, mientras la mafia de los okupas se extiende por las calles de Usera, del Cerro de la Alcazaba en Entrevías, de San Cristóbal de los Ángeles, o del Alto de San Isidro.Isabel es otra de las víctimas. Divorciada y con dos hijos, esta mujer vive en Entrevías rodeada de un ambiente hostil desde que se atrevió a denunciar a unos etnianos por agresión. «Somos gente trabajadora que vive en un barrio humilde. No conozco ninguna vivienda ocupada por un matrimonio normal que no pueda pagar porque tenga problemas económicos. Son gente que apropia de las viviendas sociales por la cara y no sabe vivir en comunidad», critica.Isabel también es un nombre falso porque en este tema nadie se atreve a dar la cara. «Aquí hay mucho buenismo. Es muy fácil defender a los okupas desde un chalé en Galapagar. ¡Que vengan a mi piso! Cobran la renta mínima y no trabajan. Se pasan el día trapicheando con drojas». A Isabel se le parte el alma porque lleva toda la vida en Entrevías. «Todavía estoy pagando la hipoteca, pero el día que pueda me iré».
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El vecino de Puente de Vallecas, ante una vivienda tapiada. JAVIER BARBANCHO
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Un vecino de Puente de Vallecas denuncia el calvario de vivir rodeado de okupas
Los okupas podrán pedir vivienda pública dos años después de su desalojo
Las puertas tienen más agujeros que un queso gruyère, las cerraduras de las zonas comunes hace tiempo que dejaron de existir y las bombillas y los felpudos han ido desapareciendo. Manuel es el raro de su edificio. Como si estuviésemos en el mundo al revés, en este inmueble de nueve casas de Puente de Vallecas el que paga es la excepción. El resto son okupas. Poco a poco, se han ido haciendo los amos y señores del bloque, donde impera la ley de la jungla.Lo peor de que una mafia de okupas caiga en tu zona no es que se apropie de las viviendas y del edificio entero, sino que va carcomiendo todo el barrio. Poco a poco, acaban conquistando el espacio público como si fuera su cortijo: tiran las basuras a la calle, hacen barbacoas, ponen la música a todo volumen, aparcan donde quieren, trapichean con drojas, roban, arrojan excrementos... Manuel es un nombre ficticio. Subsiste con el miedo pegado a los talones. Hace meses que le amenazaron si hablaba y le advirtieron de que iban a entrar en la vivienda vacía de al lado de su casa por las buenas o por las malas. Aquella jornada, este profesor de Instituto sufrió una crisis de ansiedad, acabó ingresado dos días en un hospital y, después, estuvo casi un mes de baja. «He estado dos años en tratamiento psiquiátrico. Me tomaba en torno a tres pastillas al día. Llevo meses sin poder dormir».Su vida se ha convertido en una pesadilla entre el menudeo de droja, las peleas con puño americano y hasta un disparo entre dos vecinos. Al menos, ese tiro acabó con el camello de su bloque en la guandoca y el narcopiso de enfrente desapareció.Manuel tuvo que aprender a sobrevivir y siguió el consejo que le dio la Policía: «Llévate bien con ellos porque no puedes hacer nada».
"El caso del español que no paga porque no tiene trabajo es muy minoritario"
Todo comenzó en 2010 cuando decidió comprarse una vivienda con una hipoteca a 35 años. En 2014, a la vuelta de sus vacaciones se encontró con un okupa que se había colado en el bloque. Al poco tiempo, llegó otro y luego, otro más. Cuando se quiso dar cuenta, estaba rodeado. Ése es el modus operandi habitual: la mafia otea el horizonte y busca pisos vacíos, normalmente de las entidades bancarias o de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA). En cuanto descubre uno, se cuelan los primeros okupas. Y si hay una segunda vivienda deshabitada, llaman a algún familiar o conocido. Poco a poco, el resto de inquilinos se va y ellos ganan terreno. El edificio se echa a perder: no es sólo que no paguen un alquiler, sino que tampoco abonan los gastos de comunidad, se enganchan de manera ilegal a la luz y el agua, no reparan las averías y el inmueble acaba en la ruina. «Lo primero que hacen es explotar la puerta y meter a una mujer con niños porque saben que así el juez no les va a echar. Muchos de los okupas son gente conflictiva de etnia etniana. Aunque no pagan, cuando llega la comitiva judicial para echarles aparece la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se solidariza con ellos y el juez se echa atrás. La ley ampara al okupa», asegura un administrador de fincas, con varios edificios okupados, y que no quiere desvelar su identidad. Sostiene este administrador que la imagen que se está dando en los medios de comunicación de los okupas no tiene nada que ver con la realidad: «El caso del pobre español que se ha quedado sin trabajo y no puede pagar es muy minoritario. Hablamos de gente que entra por la fuerza. Los administradores estamos atados de pies y manos. No podemos echar la culpa a los bancos, porque el culpable es el que infringe la ley».Los datos hablan por sí solos. El número de viviendas okupadas a septiembre de 2018 es de 4.472, lo que supone un aumento del 35% con respecto al año anterior, cuando eran 3.317.
Otra vivienda ocupada en Puente de Vallecas. JAVIER BARBANCHO
Por increíble que parezca, la situación de impunidad es tal que la okupación se está convirtiendo en una actividad de lucro y está generando un mercado neցro. «Hay gente que ha convertido en un negocio okupar y amenazar a los vecinos», declara Vicente Pérez Quintana, responsable de Vivienda de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Según denuncia Pérez Quintana, las mafias están vendiendo y alquilando pisos okupados que no son suyos a precios baratos. Y los dueños, que suelen ser el Sareb -el banco malo- y el antiguo Ivima, no hacen nada por evitarlo.En las webs inmobiliarias se publican anuncios con mensajes de este tipo: «Se deja piso de okupa de tres habitaciones, un baño, agua, luz... No hay problemas con los vecinos y no pagas los suministros».«El descuido de los bancos con estas viviendas es clamoroso. No se interesan por ellas y si, se quedan vacías, es como dejar un caramelo a la puerta de un colegio», se queja Pérez Quintana. De hecho, hay entidades que no pagan los gastos de comunidad y se convierten en jovenlandesesas. Lo penoso de la situación es que donde antes vivía una familia que ha perdido su casa por no poder pagar, ahora residen gratis personas que no abonan porque no quieren, pero no necesariamente porque tengan problemas económicos. E incluso algunos de esos okupas acaban regularizando su situación y se les acaba alquilando el piso.
El número de viviendas okupadas es de 4.472, lo que supone un aumento del 35% con respecto al año pasado
«Una ocupación es ilegal y no se puede regularizar a alguien que haya ocupado. El Ivima está incumpliendo sus obligaciones y está regularizando a las viviendas de los okupas por la vía del alquiler. Son casas donde se producen a diario escándalos públicos», manifiesta Manuel Martínez, miembro de la asociación de vecinos La Viña de Entrevías. Luchar contra este fenómeno es complejo. En ocasiones, el propietario presenta una demanda en los juzgados y se produce el levantamiento judicial que desaloja a los okupas. Sin embargo, al día siguiente, entran de nuevo. «Cuando llega la comitiva judicial coloca una puerta antidesahucios en la vivienda. Pero, entonces, traen una maza, hacen palanca, la quitan y vuelven a ocupar el domicilio», describe Manuel.Además, el proceso desde que se presenta la denuncia hasta que se produce el desalojo es lento. «Hay que garantizar los derechos de todas las partes, incluidos los del okupa. El problema viene de la falta de recursos en los juzgados. Hay poco personal y muchas demandas. Un procedimiento contra okupas se puede ir a 9 o 10 meses», argumenta Eduardo Fernández-Fígares, abogado especializado en desahucios. La situación ha mejorado algo desde que en el mes de julio entró en vigor la ley del desahucio exprés, una vía que pueden usar los propietarios y las administraciones públicas, pero no así los bancos, y que acorta bastante los plazos.Mientras tanto, Manuel lleva años intentando que Servihabitat, la inmobiliaria de CaixaBank, que es la dueña de su bloque, le escuche, pero ni siquiera ha encontrado un interlocutor para exponer su situación. Curiosamente, CaixaBank acaba de cerrar esta semana la venta de Servihabitat al fondo estadounidense Lone Star.«Me encuentro atrapado entre una ley que no me da ninguna solución y unos propietarios que ignoran sus responsabilidades. Lo que quiero es que Servihabitat me ayude a salir de aquí y me lleve a otro edificio», se lamenta desesperado.'Aquí hay mucho buenismo'La queja de los vecinos se repite como una letanía. Se sienten abandonados por todas las administraciones, mientras la mafia de los okupas se extiende por las calles de Usera, del Cerro de la Alcazaba en Entrevías, de San Cristóbal de los Ángeles, o del Alto de San Isidro.Isabel es otra de las víctimas. Divorciada y con dos hijos, esta mujer vive en Entrevías rodeada de un ambiente hostil desde que se atrevió a denunciar a unos etnianos por agresión. «Somos gente trabajadora que vive en un barrio humilde. No conozco ninguna vivienda ocupada por un matrimonio normal que no pueda pagar porque tenga problemas económicos. Son gente que apropia de las viviendas sociales por la cara y no sabe vivir en comunidad», critica.Isabel también es un nombre falso porque en este tema nadie se atreve a dar la cara. «Aquí hay mucho buenismo. Es muy fácil defender a los okupas desde un chalé en Galapagar. ¡Que vengan a mi piso! Cobran la renta mínima y no trabajan. Se pasan el día trapicheando con drojas». A Isabel se le parte el alma porque lleva toda la vida en Entrevías. «Todavía estoy pagando la hipoteca, pero el día que pueda me iré».
