Con este acuerdo, los republicanos presionan a Carles Puigdemont para que acepte ungir a su candidato esta misma semana
A cuatro días de que el próximo viernes 26 expire el plazo legal para intentar la investidura de un candidato a la presidencia de la Generalitat, las dos grandes fuerzas separatistas siguen encalladas en una negociación llamada a resolverse en los últimos compases, como ya viene siendo habitual desde que el procés mutase en un mero pulso entre ERC y la posconvergencia por el control de la causa.
Pere Aragonès urgió el sábado a JxCat y la CUP a cerrar un pacto de gobernabilidad para evitar trasladar una imagen de parálisis en esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Los antisistema han reaccionado, pero los de Carles Puigdemont no se dan por aludidos.
ERC y la CUP han anunciado un preacuerdo para facilitar la investidura de Aragonès, que deberá ser validado el miércoles por las bases de la formación de izquierda radical. El pacto «preparar las condiciones a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo referéndum». Es decir, sentar las bases de un nuevo 1-O cuya fecha de celebración está por determinar, a pesar de que la CUP lo desearía en 2023. Además, ERC se compromete a revisar las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y suspender el uso de proyectiles de foam -sustitutos de las pelotas de goma- por parte de los antidisturbios.
Sin embargo, las siglas dominadas por Carles Puigdemont pretenden mantener la incertidumbre sobre la viabilidad de la investidura para amasar tanto poder en el Ejecutivo como sea posible. Para ello, la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya amaga con valerse de su posición para dilatar los plazos.
(sigue aquí: ERC pacta la investidura de Pere Aragonès con la CUP a cambio preparar un nuevo 1-O y reformar los Mossos)
A cuatro días de que el próximo viernes 26 expire el plazo legal para intentar la investidura de un candidato a la presidencia de la Generalitat, las dos grandes fuerzas separatistas siguen encalladas en una negociación llamada a resolverse en los últimos compases, como ya viene siendo habitual desde que el procés mutase en un mero pulso entre ERC y la posconvergencia por el control de la causa.
Pere Aragonès urgió el sábado a JxCat y la CUP a cerrar un pacto de gobernabilidad para evitar trasladar una imagen de parálisis en esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Los antisistema han reaccionado, pero los de Carles Puigdemont no se dan por aludidos.
ERC y la CUP han anunciado un preacuerdo para facilitar la investidura de Aragonès, que deberá ser validado el miércoles por las bases de la formación de izquierda radical. El pacto «preparar las condiciones a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo referéndum». Es decir, sentar las bases de un nuevo 1-O cuya fecha de celebración está por determinar, a pesar de que la CUP lo desearía en 2023. Además, ERC se compromete a revisar las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y suspender el uso de proyectiles de foam -sustitutos de las pelotas de goma- por parte de los antidisturbios.
Sin embargo, las siglas dominadas por Carles Puigdemont pretenden mantener la incertidumbre sobre la viabilidad de la investidura para amasar tanto poder en el Ejecutivo como sea posible. Para ello, la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya amaga con valerse de su posición para dilatar los plazos.
(sigue aquí: ERC pacta la investidura de Pere Aragonès con la CUP a cambio preparar un nuevo 1-O y reformar los Mossos)
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