Janus
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España está empantanada en todo el mundo.
Este es un asunto muy importante para el futuro de Enagás como empresa y de la reputación de España si fuese vilipendiada por Perú con el track de país que tiene.
Enagas se juega 500 millones con Perú: el laudo se conocerá este semestre
Los árbitros han informado a la empresa de un nuevo retraso en la redacción de la resolución
Arturo Gonzalo Aizpiri
Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagas
Rubén Esteller
8/01/2024 - 17:34
ENAGAS
15,63
-0,67%
Enagás ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el laudo correspondiente al arbitraje contra el estado Peruano sobre la controversia de la inversión en Gasoducto Sur Peruano vuelve a retrasarse. Según el comunicado, en estos momentos la decisión de los árbitros se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el primer semestre de 2024.
La compañía ya indicó hace unos meses que esperaba la resolución del mismo para septiembre de 2023 y, posteriormente para principios de este ejercicio pero ahora vuelve a retrasarse la resolución.
Enagás inició en 2017 el procedimiento previo para llevar a un arbitraje internacional a Perú con la intención de poder recuperar los 511 millones de dólares que tenía invertidos en esta infraestructura.
La compañía, que preside Antonio Llardén, solicitó al Gobierno de Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso sobre la inversión realizada, pero ante el fallo de estas negociaciones acabaron presentando la demanda arbitral ante el Ciadi en 2018.
Desde el 24 de enero de 2017, el Gobierno peruano declaró la terminación del contrato de concesión de GSP. Según la cláusula 20 del contrato de concesión, se establecía que se debía proceder a subastar la concesión en el plazo de un año desde su terminación (es decir, antes del 24 de enero de 2018) para abonar al concesionario hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión, deducidos los gastos incurridos de subasta, es decir, hasta el 72,25 por ciento del mismo.
La compañía considera que con los activos disponibles en dicha compañía podía perfectamente cobrar. Aenza, la anterior Graña y Montero, ha comenzado a pagar ya al Gobierno peruano por el caso de Lava Jato con el concepto de reparación civil.
Este es un asunto muy importante para el futuro de Enagás como empresa y de la reputación de España si fuese vilipendiada por Perú con el track de país que tiene.
Enagas se juega 500 millones con Perú: el laudo se conocerá este semestre
Los árbitros han informado a la empresa de un nuevo retraso en la redacción de la resolución
Arturo Gonzalo Aizpiri
Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagas
Rubén Esteller
8/01/2024 - 17:34
ENAGAS
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Enagás ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el laudo correspondiente al arbitraje contra el estado Peruano sobre la controversia de la inversión en Gasoducto Sur Peruano vuelve a retrasarse. Según el comunicado, en estos momentos la decisión de los árbitros se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el primer semestre de 2024.
La compañía ya indicó hace unos meses que esperaba la resolución del mismo para septiembre de 2023 y, posteriormente para principios de este ejercicio pero ahora vuelve a retrasarse la resolución.
Enagás inició en 2017 el procedimiento previo para llevar a un arbitraje internacional a Perú con la intención de poder recuperar los 511 millones de dólares que tenía invertidos en esta infraestructura.
La compañía, que preside Antonio Llardén, solicitó al Gobierno de Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso sobre la inversión realizada, pero ante el fallo de estas negociaciones acabaron presentando la demanda arbitral ante el Ciadi en 2018.
Desde el 24 de enero de 2017, el Gobierno peruano declaró la terminación del contrato de concesión de GSP. Según la cláusula 20 del contrato de concesión, se establecía que se debía proceder a subastar la concesión en el plazo de un año desde su terminación (es decir, antes del 24 de enero de 2018) para abonar al concesionario hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión, deducidos los gastos incurridos de subasta, es decir, hasta el 72,25 por ciento del mismo.
La compañía considera que con los activos disponibles en dicha compañía podía perfectamente cobrar. Aenza, la anterior Graña y Montero, ha comenzado a pagar ya al Gobierno peruano por el caso de Lava Jato con el concepto de reparación civil.
