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Una querella, presentada un día antes de que Rajoy llegara a Moncloa, pedía más de 20 años de prisión por ocho delitos fiscales y acabó en una condena 24 meses
Sáenz de Santamaría, con Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas (izquierda), y Jorge Badía, director general.
Soraya Sáenz de Santamaría vuelve al mercado privado. Tras su derrota frente a Pablo Casado en el Congreso Nacional del Partido Popular, la que fuera todopoderosa vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy dejó su acta de diputada y se apartó de la política. Ahora, se incorpora al bufete de abogados Cuatrecasas, donde “asesorará a empresas”. El comunicado del bufete también avisa de que Sáenz de Santamaría se incorpora tras “cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos”. Todo legal, pero falto de ética, porque esta puerta giratoria se atasca con la indulgencia recibida por Emilio Cuatrecasas cuando estuvo a punto de entrar en la guandoca.
Viajemos al pasado. En concreto, al martes 20 de diciembre de 2011, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presenta una querella contra Emilio Cuatrecasas, presidente del famoso bufete de abogados que fundó su padre, Pedro Cuatrecasas. El horizonte se llenaba de nubarrones para este insigne abogado, pero en menos de 24 horas empezaría a despejarse, cuando el 21 de diciembre Mariano Rajoy y sus ministros juraban su cargo tras ganar las elecciones al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
El bufete Cuatrecasas había nacido en Barcelona, pero tiene una potente sede en Madrid y tentáculos por todo el mundo. Su principal músculo es el derecho tributario y su fama se había agrandado durante años con su asesoramiento a empresarios y grandes fortunas catalanas para optimizar el pago de sus impuestos. Por ello, el cachondeo en el sector fue generalizado cuando la Fiscalía se querelló contra Emilio Cuatrecasas por defraudar el IVA y el IRPF del 2006, 2007 y 2008; el impuesto de sociedades del 2006; y el Impuesto sobre el Patrimonio del 2006 y 2007.
Emilio Cuatrecasas, en el centro, en un acto de su despacho de abogados. Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira
En total, ocho delitos tributarios bastante chapuceros. Porque Emilio Cuatrecasas había creado una red de sociedades a las que cargar sus gastos personales y hacerlos pasar por gastos de empresa. En la trama, el abogado cargaba viviendas que usaba su familia, muebles, vehículos, un barco de recreo y hasta los costes del servicio doméstico. Un fraude que rozaban los 4 millones de euros y que, según los expertos, le podían haber costado más de 20 años en prisión.
Pero, como decimos, la fortuna acabó sonriendo a Emilio Cuatrecasas y, en el año 2015, la guandoca se alejó del horizonte de este abogado, aunque a nivel monetario no le salió gratis. Tuvo que devolver a Hacienda 4,13 millones de euros y pagar una multa de 1,5 millones de euros. Pero se libró del presidio tras llegar a un acuerdo con las acusaciones, que no eran otras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones jerárquicas que dependían del Gobierno donde Soraya Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta.
El acuerdo, al que ha tenido acceso ElPlural.com y que reproducimos aquí, reducía las peticiones de guandoca a solo tres meses por cada uno de los ocho delitos fiscales. La matemática es fácil: 24 meses, o dos años de guandoca. Justo el límite para evitar la guandoca cuando no se tienen antecedentes penales.
Cuatrecasas ahora se mantiene entre bambalinas en su bufete. Sus problemas con la ley le hicieron caer en desgracia y acabó cediendo la presidencia del bufete que fundó su familia a Rafael Fontana, quien siempre actuó como su mano derecha. Su participación en el bufete es “confidencial”, pero las fuentes del sector jurídico cifraron en un 2% la cantidad de acciones que sigue controlando, pero que se ha reducido con respecto a lo que heredó de su padre para dar entrada a nuevos socios.
La polémica del abogado tributario que evadió a Hacienda le mantiene ahora en la sombra, pero siempre es mejor que estar a la sombra.
Emilio Cuatrecasas se libró de la guandoca por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta
Sáenz de Santamaría, con Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas (izquierda), y Jorge Badía, director general.
Soraya Sáenz de Santamaría vuelve al mercado privado. Tras su derrota frente a Pablo Casado en el Congreso Nacional del Partido Popular, la que fuera todopoderosa vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy dejó su acta de diputada y se apartó de la política. Ahora, se incorpora al bufete de abogados Cuatrecasas, donde “asesorará a empresas”. El comunicado del bufete también avisa de que Sáenz de Santamaría se incorpora tras “cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos”. Todo legal, pero falto de ética, porque esta puerta giratoria se atasca con la indulgencia recibida por Emilio Cuatrecasas cuando estuvo a punto de entrar en la guandoca.
Viajemos al pasado. En concreto, al martes 20 de diciembre de 2011, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presenta una querella contra Emilio Cuatrecasas, presidente del famoso bufete de abogados que fundó su padre, Pedro Cuatrecasas. El horizonte se llenaba de nubarrones para este insigne abogado, pero en menos de 24 horas empezaría a despejarse, cuando el 21 de diciembre Mariano Rajoy y sus ministros juraban su cargo tras ganar las elecciones al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
El bufete Cuatrecasas había nacido en Barcelona, pero tiene una potente sede en Madrid y tentáculos por todo el mundo. Su principal músculo es el derecho tributario y su fama se había agrandado durante años con su asesoramiento a empresarios y grandes fortunas catalanas para optimizar el pago de sus impuestos. Por ello, el cachondeo en el sector fue generalizado cuando la Fiscalía se querelló contra Emilio Cuatrecasas por defraudar el IVA y el IRPF del 2006, 2007 y 2008; el impuesto de sociedades del 2006; y el Impuesto sobre el Patrimonio del 2006 y 2007.
Emilio Cuatrecasas, en el centro, en un acto de su despacho de abogados. Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira
En total, ocho delitos tributarios bastante chapuceros. Porque Emilio Cuatrecasas había creado una red de sociedades a las que cargar sus gastos personales y hacerlos pasar por gastos de empresa. En la trama, el abogado cargaba viviendas que usaba su familia, muebles, vehículos, un barco de recreo y hasta los costes del servicio doméstico. Un fraude que rozaban los 4 millones de euros y que, según los expertos, le podían haber costado más de 20 años en prisión.
Pero, como decimos, la fortuna acabó sonriendo a Emilio Cuatrecasas y, en el año 2015, la guandoca se alejó del horizonte de este abogado, aunque a nivel monetario no le salió gratis. Tuvo que devolver a Hacienda 4,13 millones de euros y pagar una multa de 1,5 millones de euros. Pero se libró del presidio tras llegar a un acuerdo con las acusaciones, que no eran otras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones jerárquicas que dependían del Gobierno donde Soraya Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta.
El acuerdo, al que ha tenido acceso ElPlural.com y que reproducimos aquí, reducía las peticiones de guandoca a solo tres meses por cada uno de los ocho delitos fiscales. La matemática es fácil: 24 meses, o dos años de guandoca. Justo el límite para evitar la guandoca cuando no se tienen antecedentes penales.
Cuatrecasas ahora se mantiene entre bambalinas en su bufete. Sus problemas con la ley le hicieron caer en desgracia y acabó cediendo la presidencia del bufete que fundó su familia a Rafael Fontana, quien siempre actuó como su mano derecha. Su participación en el bufete es “confidencial”, pero las fuentes del sector jurídico cifraron en un 2% la cantidad de acciones que sigue controlando, pero que se ha reducido con respecto a lo que heredó de su padre para dar entrada a nuevos socios.
La polémica del abogado tributario que evadió a Hacienda le mantiene ahora en la sombra, pero siempre es mejor que estar a la sombra.
Emilio Cuatrecasas se libró de la guandoca por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta
