El Tribunal Superior vasco considera ilegal la cesión de Sánchez al País Vasco de los secretarios y tesoreros municipales

Pide que el Tribunal Constitucional analice el traspaso de esta capacidad a Euskadi que el Gobierno español incluyó en la Ley de Presupuestos para garantizarse el apoyo del PNV

La consejera Olatz Garamendi posa junto a la ministra Isabel Rodríguez durante la reunión que mantuvieron en el palacio de Artaza en Leioa.Patxi CorralARABA PRESS
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que el Gobierno de Pedro Sánchez pudo vulnerar la Constitución al ceder al Gobierno vasco la selección, nombramiento y adjudicación de destino a secretarios, tesoreros e interventores municipales. Los jueces vascos han solicitado al Tribunal Constitucional que analice la legalidad de este compromiso del presidente al PNV que se incluyó en la Ley de los Presupuestos del Estado de 2022. La petición para que el TC intervenga replica la estrategia que utilizó el Tribunal Superior vasco sobre el decreto que facilitaba a los ayuntamientos vascos utilizar solo el euskera en sus documentos y gestiones.
Los magistrados vascos de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV cuestionan la legalidad de uno de los compromisos adquiridos por Sánchez para lograr en 2022 el apoyo del PNV a las cuentas de 2022. El tribunal vasco presidido por Luis Ángel Garrido ha trasladado una cuestión de inconstitucionalidad tras constatar la posible vulneración de los artículos134.2, 9.3 y 103 de la Constitución española.
La intervención del Tribunal Superior vasco se produce tras el recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Central (Cositel). Esta institución representa a los funcionarios que llevan a cabo el control tanto de las normas municipales como de la gestión económica de todos los ayuntamientos de España. Cositel recurrió ante la Justicia la resolución aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno vasco para aprobar su primera promoción de interventores, secretarios y tesoreros vascos.
Los magistrados del TSJPV constatan en su petición para que intervenga el Tribunal Constitucional cuestiona "el cauce empleado [por Sánchez] para modificar la legislación básica" sobre la selección, aprobación de ofertas de empleo, la convocatoria de procesos de selección y el nombramiento de estos funcionarios del Estado que prestan sus servicios en los ayuntamientos españoles.
Los jueces vascos apoyan sus razonamientos jurídicos sobre la inconstitucionalidad del uso de la Ley de Presupuestos en sentencias del Constitucional. El Tribunal Superior vasco constata que la "voluntad" del Congreso en la Ley aprobada en 2013 que regula esta materia era "centralizar" la elección y designación de estos funcionarios para "alejar al máximo el reclutamiento del ámbito local para garantizar la independencia y profesionalización de los funcionarios con habilitación nacional". Además, el auto con el que se reclama la intervención del Constitucional advierte de que la "centralización o descentralización" de este grupo de funcionarios para nada afecta a cuestiones presupuestarias, criticando el "cauce" utilizado de la Ley de Presupuestos.
Pero, además, y de forma subsidiaria, los jueces vascos también consideran inconstitucional la puerta abierta esta cesión por la Ley 20/2021 de medidas para la reducción de la temporalidad de empleo público. Los magistrados vascos advierten de una posible vulneración de los artículos 9.3 y 103 de la Constitución española.

La cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre estos funcionarios se asemeja a la cursada sobre el decreto que habilita a los consistorios vascos a utilizar solo en euskera en sus gestiones. El TSJPV también observó la vulneración de la Constitución tras los recursos presentados por Vox y el PP a la normativa vasca. El TC determinó la inconstitucionalidad de una decena de artículos lo que provocó la airada reacción contra los jueces de organizaciones en defensa del euskera, de sindicatos y de los partidos nacionalistas. Kontseilua convocó una manifestación en Bilbao contra las sentencias judiciales que se oponen a la imposición del euskera que se celebró el pasado 4 de noviembre y reunió a 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Bilbao.
El Ejecutivo de Urkullu ha asegurado hoy que "seguirá adelante con los procesos de estabilización de puestos reservados a personal funcionario con habilitación nacional de las Administraciones locales". Un proceso en el que participan 607 aspirantes que optan a 55 plazas en diversos ayuntamientos vascos. 18 de estas plazas son en la categoría de intervención-tesorería, 9 de secretaría y 28 de secretaría-intervención. Por Territorios Históricos, la mayor parte de las plazas son para cubrir vacantes en municipios de Gipuzkoa (38), seguido de Bizkaia (12) y Araba (4). "Estamos actuando dentro de nuestro ámbito competencial atribuido, ni más ni menos. En este caso, actuando en plazas vacantes de las entidades locales", señaló el pasado 17 de octubre la consejera Garamendi cuando acudió a las primeras pruebas realizadas en el palacio Europa de Vitoria.