krankkel
Madmaxista
Si es un tochaco,pero nos indica hacia donde nos quieren llevar ,a la miseria mas absoluta.
La compensación es de unos 2.000 millones de dólares. Uruguay tendrá que pagar a la tabacalera Philip Morris esa cantidad por los daños causados al obligarle a poner crudos mensajes contra el tabaquismo en las cajetillas. Así lo ha determinado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). La empresa estadounidense, de 80.000 empleados y un valor en el mercado de 140.000 millones de dólares, ha impuesto su criterio sobre el del país latinoamericano, de algo más de tres millones de habitantes y una economía de unos 50.000 millones de dólares. Philip Morris es a todos los efectos una empresa estadounidense, pero su matriz está en Lausanne. Es por ello que ha podido demandar a Uruguay: el país firmó un acuerdo de inversión con Suiza 1988, cuyas cláusulas habría forzado al perjudicar la imagen de marca de la tabacalera.
Demandas como estas son relativamente frecuentes. En estos momentos hay alrededor de tres centenares de litigios entre grandes corporaciones y Estados. En 2012 la sueca Vattenfall pidió 3.500 millones de euros de compensación al Gobierno alemán por las pérdidas de beneficio en las que va a incurrir por la decisión de Berlín de acabar con la energía nuclear. Ese mismo año, el CIADI condenó a Ecuador a compensar a Occidental Petroleum Corporation por los perjuicios causados con su decisión de cancelar una concesión petrolera de 30 años en el Amazonas. Quito habría incumplido el Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
'Las empresas se llevarán miles de millones cuando los Gobiernos tomen medidas para proteger a su gente o al medio ambiente' Ahora, la Unión Europea y Estados Unidos negocian un megaacuerdo de libre comercio que, entre sus puntos más polémicos, incluirá un Acuerdo de Cierre de Disputas entre Estados e Inversores (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). “Este acuerdo facilitará a las corporaciones estadounidenses llevar a juicio a los Gobiernos cada vez que estos hagan algo que no les guste porque dañe sus beneficios”, cuenta desde Bruselas Pia Eberhardt, investigadora y activista del Observatorio Europeo de las Corporaciones (Corporate Europe Observatory). “Las empresas se llevarán miles de millones cuando los Gobiernos tomen medidas para proteger a su gente o al medioambiente”.
Eberhardt es una de las organizaciones que representan la oposición al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es el Partenariado tras*pacífico de Inversión y Comercio, TTIP en sus siglas en inglés. Las negociaciones, postergadas en varias ocasiones, arrancaron definitivamente en enero de 2013 tras el discurso del Estado de la Unión de Barack Obama. El mismo día en que el presidente estadounidense proclamaba ante el Congreso su intención de poner en marcha las negociaciones, Bruselas recogió el guante y el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, ordenaron poner en marcha las primeras reuniones. Desde entonces se han producido al menos cinco rondas de negociaciones, todas en el más estricto secreto.
¿Oleada desreguladora o impulso al comercio?
Se trata, sobre todo, de simplificar y sincronizar las regulaciones en ambas zonas, y de abrir sectores a las empresas del otro lado, más que de reducir los aranceles, que ya están relativamente bajos (menos del 3%, según la Comisión). ¿Es esta una nueva oleada desreguladora que traerá los males de la corporatocracia estadounidense a Europa o un acuerdo que impulsará el comercio y generará millones de puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico?
Según la Comisión Europea, con este acuerdo se podrían añadir, allá por 2017, unos 110.00 millones de dólares a los 20 billones de PIB actual de la Unión Europea. Para Estados Unidos la cifra sería ligeramente más baja, de unos 85.000 millones sobre un total de 16 billones de dólares. Es decir, el equivalente a un 0,5% extra de PIB para ambos, según las estimaciones presentadas por José Manuel Durão-Barroso.
Los críticos dicen que estas cifras son un brindis al sol. Recuerdan el caso del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado en 1993. Bill Clinton prometió que crearía un boom exportador y un millón de nuevos empleos en cinco años. Dos décadas después, el think tank progresista Economic Policy Institute estima en casi 700.000 los trabajos perdidos para Estados Unidos. Tal es la mala prensa del acuerdo que el propio tratado entre Europa y Estados Unidos que se negocia ahora, que empezó a llamarse TAFTA (Tratado de Libre Comercio Trasatlántico, en sus siglas en inglés) y terminó cambiándose de nombre para evitar las comparaciones, según comentaba a este diario un lobista en una reunión en Nueva York.
Simplificar para exportar
“En la gran mayoría de temas que afectan al comercio internacional, tenemos valores comunes con Estados Unidos”, explica el negociador jefe de la Unión Europea, el español Ignacio García Bercero. “Ambos creemos en la protección del medioambiente y de los trabajadores, por ejemplo; es más lo que nos une que lo que nos separa, por eso queremos llegar a un acuerdo muy ambicioso que permita eliminar las trabas burocráticas y elimine aranceles, y que nos permita a ambos cooperar de una forma más eficaz para promover nuestros valores en el sistema comercial internacional”.
Bercero responde por teléfono desde Bruselas a las críticas del Observatorio Corporativo Europeo una por una. Para empezar, niega que la ISDS vaya a traer al viejo continente la sociedad del litigio corporativo estadounidense. Asegura que van a tratar de incluir una cláusula que obligue a que las empresas que demanden a Estados corran con las costas del juicio si pierden para desincentivar el abuso. Además, afirma, son más, de hecho, las empresas europeas las que utilizan las demandas en Estados Unidos que a la inversa, con los acuerdos actuales ya vigentes. “No hay que olvidarse de que la Unión Europea tienen ya más de mil acuerdos bilaterales de protección de inversiones, en los que ya se permite a un inversor cuyos derechos de propiedad se hayan visto afectados negativamente poner un recurso; es, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido con el recurso puesto por Repsol tras la expropiación de YPF por parte de Argentina”, afirma.
'Ambos creemos en la protección del medioambiente y de los trabajadores; es más lo que nos une que lo que nos separa, por eso queremos llegar a un acuerdo muy ambicioso que permita eliminar las trabas burocráticas y elimine aranceles', explica el negociador jefe de la UE, el español Ignacio García Bercero Una de las acusaciones que hace que Bercero suba el tono es la de que las negociaciones están siendo dirigidas por los grupos de presión. El Observatorio Europeo de las Corporaciones asegura que sólo en 2013 hubo más de 120 reuniones de los negociadores con lobbies, el 90% grandes corporaciones. La US Chamber of Commerce, uno de los grupos de presión más poderosos en la llamada Calle K washingtoniana (la de los bufetes de abogados que presionan a los legisladores), organizó en mayo en Madrid una reunión, en esta ocasión pública, con los distintos actores económicos. Promovían su agenda y difundian las bondades del TTIP. “Ni la US Chamber of Commerce ni otros me presionan: simplemente me contactan, me envían sus posiciones, del mismo modo que lo hace Business Europe [un lobby empresarial europeo] o los grupos de consumidores”, se defiende Bercero. “Recibimos input de todos los grupos de interés”. En el consejo que tiene Bercero, explica, hay siete representantes del sector privado, dos de los sindicatos, dos de los grupos medioambientales, dos de las organizaciones de consumidores, y uno de las ONG del sector de la salud.
Menos democracia, más corporatocracia
“Sabemos muy poco sobre el TTIP porque las conversaciones se están haciendo a puerta cerrada, pero se han filtrado algunos textos, gracias a los cuales ya sabemos que se trata de un texto potencialmente muy peligroso”, advierte Pia Eberhardt, “porque puede borrar cosas por las que la gente ha luchado en Europa, como la alimentación saludable, la protección del medio ambiente o la calidad democrática”.
Precisamente, el oscurantismo de las negociaciones es uno de los factores que contribuye a crear un halo de temor en los distintos grupos sociales. Los grandes medios de comunicación, además, han prestado de momento poco interés al asunto. Los grupos de izquierda y algunas ONG ponen especialmente el grito en el cielo por la llamada cláusula de Cooperación Regulatoria. Permitiría a las corporaciones estadounidenses tener voz en las legislaciones europeas. “Si en el futuro, años después de firmar el acuerdo, los parlamentarios de la UE quieren hacer una ley por ejemplo contra las mercancías peligrosas, podría ocurrir que tuvieran que consultar al Gobierno y a las corporaciones estadounidenses”, aventuran desde el Observatorio. “Les va a dar más fuerza para intervenir en nuestra democracia”.
No todos están de acuerdo. La Cooperación Regulatoria va más de tratar de que los estándares técnicos de los productos o los sistemas de evaluación de los productos se puedan en armonizar. Así lo ve al menos Alvaro Schweinfurth, director adjunto de Política Exterior de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su razonamiento es que hay que tener en cuenta que las normativas técnicas son a ambos lados de las más avanzadas del mundo, y ya garantizan la salubridad y la seguridad de los productos. De lo que se trata, comenta desde Suiza, es de que no haya que someter a los productos a dos normativas que obliguen a fabricar dos artículos totalmente diferentes. “En ningún caso significa mermar la capacidad legislativa de Europa o Estados Unidos; se trata tan sólo de aproximar estándares”.
¿Se zamparán las grandes corporaciones a las pymes?
Un joven empresario de vino español, que acababa de llegar a Estados Unidos para tratar de ampliar su negocio en plena crisis, me explicó una vez cuál era el principal reto de vender su producto en el gigante americano: a pesar de lo que pueda parecer, el país es un guirigay de legislaciones federales, estatales y locales. Si en un Estado se pueden vender las botellas en cualquier tienda, en el de al lado sólo se puede hacer en liquor stores con licencia especial y en el de más allá puedes encontrarlas en el Wall Mart del pueblo.
Un joven empresario de vino español, que acababa de llegar a EEUU para ampliar su negocio en plena crisis, me explicó cuál era el principal reto de vender en el gigante americano: a pesar de lo que pueda parecer, el país es un guirigay de legislaciones federales, estatales y localesEste es uno de los ejemplos de las trabas al comercio que, en el mejor de los casos, podrían reducirse si el Tratado se hace bien. Una de las críticas más frecuentes es que el acuerdo se está negociando a espaldas de las grandes creadoras de empleo, las pequeñas y medianas empresas, y que se escribe a medida de las grandes multinacionales. Bercero opina, siguiendo este caso del vino español, que es más bien al contrario. Son las grandes empresas a las que no les importa preparar un producto diferente dependiendo del mercado, adaptarse a los distintos requerimientos y legislaciones, mientras que una pequeña empresa, como el exportador de vinos, necesitan que haya tras*parencia, armonía y simplicidad en las regulaciones: “Para una pyme, tener que someterse a un examen de las autoridades federales estadounidenses, ya sea en un producto farmacéutico o alimentario, puede ser la diferencia entre exportar y no exportar”.
Hay miles de asuntos polémicos más. Uno de ellos es la presión a la baja en los salarios europeos, ya muy magullados por la crisis económica. Hay que recordar que Estados Unidos tiene uno de los salarios mínimos más bajos de Occidente: 5.3 euros la hora. El principal sindicato estadounidense, AFL-CIO, sin mostrarse en contra del acuerdo, si ha advertido de que hay que conseguir que la protección de los trabajadores se iguale al alza, es decir, a la europea, y no a la baja, a la americana. Los negociadores defienden que la regulación laboral no se va a tocar, pero los grupos que se resisten al acuerdo advierten de que afectará para mal a los salarios en el viejo continente.
Hormonas en la carne
La lista de temores es larga. Uno de los más popularizados es que lleguen a Europa los productos alimenticios estadounidenses, altamente competitivos, baratos, pero de baja calidad. “No queremos carne de pollo o de vaca tratadas con hormonas”, clama Eberhardt. “En la UE la mayoría de estas cosas están prohibidas, pero los grupos de presión de Estados Unidos han puesto la entrada de sus productos alimenticios en un lugar muy alto en su lista de peticiones a los negociadores americanos”. Además de lo que se permite en la carne, hay una diferencia radical de competitividad entre los sectores agropecuarios de ambos lados del atlántico. En Europa hay 13 millones de granjeros frente a los 2 millones de Estados Unidos, que sin embargo tienen plantaciones unas 13 veces más grandes. El sector de la alimentación está por ello protegido en Europa con fuertes subsidios; en el país norteamericano está concentrado en grandes corporaciones. Difícil competir en escala para el viejo continente.
Estos son sólo la punta del iceberg de las preocupaciones de un tratado que puede ser altamente beneficioso para la economía o un clavo más en el ataúd de la protección de ciertos sectores.
¿Para cuándo estará listo? El negociador jefe no muestra prisa. Es complejo y es mejor un buen acuerdo tarde que un mal acuerdo, nos dice. Si las primeras fechas hablaban de 2014, ahora él sólo confía en que si todo va bien esté a finales de 2015. El acuerdo con Corea del Sur, hasta ahora el más ambicioso firmado por la Unión Europea, llevó dos años y medio de negociaciones. Con Estados Unidos se lleva hablando en serio tan sólo 11 meses. Se sigue trabajando, en secreto, para un tratado que puede cambiar la foto del comercio internacional, que puede triturar la regulación de muchos sectores. Y todo en la zona del mundo más rica del planeta: la que forman Europa y Estados Unidos, con la mitad del PIB global. Si es para bien o para mal, los sabremos en meses, quizá años.
El tratado que puede cambiarlo todo: Las empresas sacarán millones a los gobiernos - Noticias de Mundo
La compensación es de unos 2.000 millones de dólares. Uruguay tendrá que pagar a la tabacalera Philip Morris esa cantidad por los daños causados al obligarle a poner crudos mensajes contra el tabaquismo en las cajetillas. Así lo ha determinado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). La empresa estadounidense, de 80.000 empleados y un valor en el mercado de 140.000 millones de dólares, ha impuesto su criterio sobre el del país latinoamericano, de algo más de tres millones de habitantes y una economía de unos 50.000 millones de dólares. Philip Morris es a todos los efectos una empresa estadounidense, pero su matriz está en Lausanne. Es por ello que ha podido demandar a Uruguay: el país firmó un acuerdo de inversión con Suiza 1988, cuyas cláusulas habría forzado al perjudicar la imagen de marca de la tabacalera.
Demandas como estas son relativamente frecuentes. En estos momentos hay alrededor de tres centenares de litigios entre grandes corporaciones y Estados. En 2012 la sueca Vattenfall pidió 3.500 millones de euros de compensación al Gobierno alemán por las pérdidas de beneficio en las que va a incurrir por la decisión de Berlín de acabar con la energía nuclear. Ese mismo año, el CIADI condenó a Ecuador a compensar a Occidental Petroleum Corporation por los perjuicios causados con su decisión de cancelar una concesión petrolera de 30 años en el Amazonas. Quito habría incumplido el Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
'Las empresas se llevarán miles de millones cuando los Gobiernos tomen medidas para proteger a su gente o al medio ambiente' Ahora, la Unión Europea y Estados Unidos negocian un megaacuerdo de libre comercio que, entre sus puntos más polémicos, incluirá un Acuerdo de Cierre de Disputas entre Estados e Inversores (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). “Este acuerdo facilitará a las corporaciones estadounidenses llevar a juicio a los Gobiernos cada vez que estos hagan algo que no les guste porque dañe sus beneficios”, cuenta desde Bruselas Pia Eberhardt, investigadora y activista del Observatorio Europeo de las Corporaciones (Corporate Europe Observatory). “Las empresas se llevarán miles de millones cuando los Gobiernos tomen medidas para proteger a su gente o al medioambiente”.
Eberhardt es una de las organizaciones que representan la oposición al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es el Partenariado tras*pacífico de Inversión y Comercio, TTIP en sus siglas en inglés. Las negociaciones, postergadas en varias ocasiones, arrancaron definitivamente en enero de 2013 tras el discurso del Estado de la Unión de Barack Obama. El mismo día en que el presidente estadounidense proclamaba ante el Congreso su intención de poner en marcha las negociaciones, Bruselas recogió el guante y el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, ordenaron poner en marcha las primeras reuniones. Desde entonces se han producido al menos cinco rondas de negociaciones, todas en el más estricto secreto.
¿Oleada desreguladora o impulso al comercio?
Se trata, sobre todo, de simplificar y sincronizar las regulaciones en ambas zonas, y de abrir sectores a las empresas del otro lado, más que de reducir los aranceles, que ya están relativamente bajos (menos del 3%, según la Comisión). ¿Es esta una nueva oleada desreguladora que traerá los males de la corporatocracia estadounidense a Europa o un acuerdo que impulsará el comercio y generará millones de puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico?
Según la Comisión Europea, con este acuerdo se podrían añadir, allá por 2017, unos 110.00 millones de dólares a los 20 billones de PIB actual de la Unión Europea. Para Estados Unidos la cifra sería ligeramente más baja, de unos 85.000 millones sobre un total de 16 billones de dólares. Es decir, el equivalente a un 0,5% extra de PIB para ambos, según las estimaciones presentadas por José Manuel Durão-Barroso.
Los críticos dicen que estas cifras son un brindis al sol. Recuerdan el caso del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado en 1993. Bill Clinton prometió que crearía un boom exportador y un millón de nuevos empleos en cinco años. Dos décadas después, el think tank progresista Economic Policy Institute estima en casi 700.000 los trabajos perdidos para Estados Unidos. Tal es la mala prensa del acuerdo que el propio tratado entre Europa y Estados Unidos que se negocia ahora, que empezó a llamarse TAFTA (Tratado de Libre Comercio Trasatlántico, en sus siglas en inglés) y terminó cambiándose de nombre para evitar las comparaciones, según comentaba a este diario un lobista en una reunión en Nueva York.
Simplificar para exportar
“En la gran mayoría de temas que afectan al comercio internacional, tenemos valores comunes con Estados Unidos”, explica el negociador jefe de la Unión Europea, el español Ignacio García Bercero. “Ambos creemos en la protección del medioambiente y de los trabajadores, por ejemplo; es más lo que nos une que lo que nos separa, por eso queremos llegar a un acuerdo muy ambicioso que permita eliminar las trabas burocráticas y elimine aranceles, y que nos permita a ambos cooperar de una forma más eficaz para promover nuestros valores en el sistema comercial internacional”.
Bercero responde por teléfono desde Bruselas a las críticas del Observatorio Corporativo Europeo una por una. Para empezar, niega que la ISDS vaya a traer al viejo continente la sociedad del litigio corporativo estadounidense. Asegura que van a tratar de incluir una cláusula que obligue a que las empresas que demanden a Estados corran con las costas del juicio si pierden para desincentivar el abuso. Además, afirma, son más, de hecho, las empresas europeas las que utilizan las demandas en Estados Unidos que a la inversa, con los acuerdos actuales ya vigentes. “No hay que olvidarse de que la Unión Europea tienen ya más de mil acuerdos bilaterales de protección de inversiones, en los que ya se permite a un inversor cuyos derechos de propiedad se hayan visto afectados negativamente poner un recurso; es, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido con el recurso puesto por Repsol tras la expropiación de YPF por parte de Argentina”, afirma.
'Ambos creemos en la protección del medioambiente y de los trabajadores; es más lo que nos une que lo que nos separa, por eso queremos llegar a un acuerdo muy ambicioso que permita eliminar las trabas burocráticas y elimine aranceles', explica el negociador jefe de la UE, el español Ignacio García Bercero Una de las acusaciones que hace que Bercero suba el tono es la de que las negociaciones están siendo dirigidas por los grupos de presión. El Observatorio Europeo de las Corporaciones asegura que sólo en 2013 hubo más de 120 reuniones de los negociadores con lobbies, el 90% grandes corporaciones. La US Chamber of Commerce, uno de los grupos de presión más poderosos en la llamada Calle K washingtoniana (la de los bufetes de abogados que presionan a los legisladores), organizó en mayo en Madrid una reunión, en esta ocasión pública, con los distintos actores económicos. Promovían su agenda y difundian las bondades del TTIP. “Ni la US Chamber of Commerce ni otros me presionan: simplemente me contactan, me envían sus posiciones, del mismo modo que lo hace Business Europe [un lobby empresarial europeo] o los grupos de consumidores”, se defiende Bercero. “Recibimos input de todos los grupos de interés”. En el consejo que tiene Bercero, explica, hay siete representantes del sector privado, dos de los sindicatos, dos de los grupos medioambientales, dos de las organizaciones de consumidores, y uno de las ONG del sector de la salud.
Menos democracia, más corporatocracia
“Sabemos muy poco sobre el TTIP porque las conversaciones se están haciendo a puerta cerrada, pero se han filtrado algunos textos, gracias a los cuales ya sabemos que se trata de un texto potencialmente muy peligroso”, advierte Pia Eberhardt, “porque puede borrar cosas por las que la gente ha luchado en Europa, como la alimentación saludable, la protección del medio ambiente o la calidad democrática”.
Precisamente, el oscurantismo de las negociaciones es uno de los factores que contribuye a crear un halo de temor en los distintos grupos sociales. Los grandes medios de comunicación, además, han prestado de momento poco interés al asunto. Los grupos de izquierda y algunas ONG ponen especialmente el grito en el cielo por la llamada cláusula de Cooperación Regulatoria. Permitiría a las corporaciones estadounidenses tener voz en las legislaciones europeas. “Si en el futuro, años después de firmar el acuerdo, los parlamentarios de la UE quieren hacer una ley por ejemplo contra las mercancías peligrosas, podría ocurrir que tuvieran que consultar al Gobierno y a las corporaciones estadounidenses”, aventuran desde el Observatorio. “Les va a dar más fuerza para intervenir en nuestra democracia”.
No todos están de acuerdo. La Cooperación Regulatoria va más de tratar de que los estándares técnicos de los productos o los sistemas de evaluación de los productos se puedan en armonizar. Así lo ve al menos Alvaro Schweinfurth, director adjunto de Política Exterior de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su razonamiento es que hay que tener en cuenta que las normativas técnicas son a ambos lados de las más avanzadas del mundo, y ya garantizan la salubridad y la seguridad de los productos. De lo que se trata, comenta desde Suiza, es de que no haya que someter a los productos a dos normativas que obliguen a fabricar dos artículos totalmente diferentes. “En ningún caso significa mermar la capacidad legislativa de Europa o Estados Unidos; se trata tan sólo de aproximar estándares”.
¿Se zamparán las grandes corporaciones a las pymes?
Un joven empresario de vino español, que acababa de llegar a Estados Unidos para tratar de ampliar su negocio en plena crisis, me explicó una vez cuál era el principal reto de vender su producto en el gigante americano: a pesar de lo que pueda parecer, el país es un guirigay de legislaciones federales, estatales y locales. Si en un Estado se pueden vender las botellas en cualquier tienda, en el de al lado sólo se puede hacer en liquor stores con licencia especial y en el de más allá puedes encontrarlas en el Wall Mart del pueblo.
Un joven empresario de vino español, que acababa de llegar a EEUU para ampliar su negocio en plena crisis, me explicó cuál era el principal reto de vender en el gigante americano: a pesar de lo que pueda parecer, el país es un guirigay de legislaciones federales, estatales y localesEste es uno de los ejemplos de las trabas al comercio que, en el mejor de los casos, podrían reducirse si el Tratado se hace bien. Una de las críticas más frecuentes es que el acuerdo se está negociando a espaldas de las grandes creadoras de empleo, las pequeñas y medianas empresas, y que se escribe a medida de las grandes multinacionales. Bercero opina, siguiendo este caso del vino español, que es más bien al contrario. Son las grandes empresas a las que no les importa preparar un producto diferente dependiendo del mercado, adaptarse a los distintos requerimientos y legislaciones, mientras que una pequeña empresa, como el exportador de vinos, necesitan que haya tras*parencia, armonía y simplicidad en las regulaciones: “Para una pyme, tener que someterse a un examen de las autoridades federales estadounidenses, ya sea en un producto farmacéutico o alimentario, puede ser la diferencia entre exportar y no exportar”.
Hay miles de asuntos polémicos más. Uno de ellos es la presión a la baja en los salarios europeos, ya muy magullados por la crisis económica. Hay que recordar que Estados Unidos tiene uno de los salarios mínimos más bajos de Occidente: 5.3 euros la hora. El principal sindicato estadounidense, AFL-CIO, sin mostrarse en contra del acuerdo, si ha advertido de que hay que conseguir que la protección de los trabajadores se iguale al alza, es decir, a la europea, y no a la baja, a la americana. Los negociadores defienden que la regulación laboral no se va a tocar, pero los grupos que se resisten al acuerdo advierten de que afectará para mal a los salarios en el viejo continente.
Hormonas en la carne
La lista de temores es larga. Uno de los más popularizados es que lleguen a Europa los productos alimenticios estadounidenses, altamente competitivos, baratos, pero de baja calidad. “No queremos carne de pollo o de vaca tratadas con hormonas”, clama Eberhardt. “En la UE la mayoría de estas cosas están prohibidas, pero los grupos de presión de Estados Unidos han puesto la entrada de sus productos alimenticios en un lugar muy alto en su lista de peticiones a los negociadores americanos”. Además de lo que se permite en la carne, hay una diferencia radical de competitividad entre los sectores agropecuarios de ambos lados del atlántico. En Europa hay 13 millones de granjeros frente a los 2 millones de Estados Unidos, que sin embargo tienen plantaciones unas 13 veces más grandes. El sector de la alimentación está por ello protegido en Europa con fuertes subsidios; en el país norteamericano está concentrado en grandes corporaciones. Difícil competir en escala para el viejo continente.
Estos son sólo la punta del iceberg de las preocupaciones de un tratado que puede ser altamente beneficioso para la economía o un clavo más en el ataúd de la protección de ciertos sectores.
¿Para cuándo estará listo? El negociador jefe no muestra prisa. Es complejo y es mejor un buen acuerdo tarde que un mal acuerdo, nos dice. Si las primeras fechas hablaban de 2014, ahora él sólo confía en que si todo va bien esté a finales de 2015. El acuerdo con Corea del Sur, hasta ahora el más ambicioso firmado por la Unión Europea, llevó dos años y medio de negociaciones. Con Estados Unidos se lleva hablando en serio tan sólo 11 meses. Se sigue trabajando, en secreto, para un tratado que puede cambiar la foto del comercio internacional, que puede triturar la regulación de muchos sectores. Y todo en la zona del mundo más rica del planeta: la que forman Europa y Estados Unidos, con la mitad del PIB global. Si es para bien o para mal, los sabremos en meses, quizá años.
El tratado que puede cambiarlo todo: Las empresas sacarán millones a los gobiernos - Noticias de Mundo
