El teórico conspirativo Alex Jones, condenado a pagar 45 millones de dólares por negar un tiroteo escolar

Burt Lancaster

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Es el segundo veredicto para el propagador de conspiraciones, que fue ordenado a pagar 4,1 millones a los padres de una víctima en el tiroteo de Sandy Hook de 2012.

Alex Jones, el creador del podcast 'Infowars' durante una manifestación en favor de Donald Trump.
Alex Jones, el creador del podcast 'Infowars' durante una manifestación en favor de Donald Trump. — AFP

WASHINGTON
06/08/2022 12:37 ACTUALIZADO: 06/08/2022 13:11
EFE
Un jurado de Texas (EEUU) ordenó este viernes que el conocido locutor y propagador de teorías conspirativas Alex Jones pague 45,2 millones de dólares como "sanción punitiva" a los padres de una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Sandy Hook, donde 20 niños y 6 adultos murieron en 2012.

Este es el segundo veredicto que recibe Jones, fundador de podcast InfoWars, ya que el jueves el mismo jurado dispuso que el ultraderechista abone 4,1 millones de dólares en compensación a Scarlett Lewis y Neil Heslin, padres del pequeño Jesse, de 6 años, que murió en ese tiroteo. Las sanciones punitivas se contemplan en aquellos casos en que alguien ha tenido un comportamiento especialmente dañino.


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Desde su podcast, Jones se pasó años difundiendo la teoría de que el tiroteo en la escuela Sandy Hook, de Newtown (Connecticut, EE.UU.), fue una "farsa", ante lo que varias de las familias de las víctimas lo demandaron.


Después de que empezaron a presentarse las querellas, el comentarista radiofónico cambió de discurso y pasó a reconocer que el tiroteo fue real. Aun así, la teoría propagada por Jones llevó a varios de sus seguidores a amenazar y acosar a los padres de las víctimas, entre ellos a los del pequeño Jesse, a quienes acusaban de estar mintiendo sobre la fin de su hijo con fines políticos.
Los casi 50 millones de dólares que Jones tendrá que abonar a los demandantes están muy por debajo de los 150 millones que buscaban originalmente.
El pasado viernes, la empresa de Jones, Free Speech Systems, se declaró en bancarrota, en un movimiento que las víctimas interpretaron precisamente como parte de una estrategia para rebajar la cuantía de la entonces ya previsible sanción.

 
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