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MADRID
El sótano de los horrores de la Complutense: 534 cadáveres y 5 supervivientes esperan Justicia
[video y fuente pincha aquí]
En mayo de 2014, tras reiteradas denuncias de los técnicos de laboratorio y trabajadores del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, la Inspección de Trabajo se decidió por fin a bajar al «sótano de los horrores».
Así llamaba la prensa al sótano del Departamento de Anatomía de Madrid, donde debían custodiarse los cadáveres donados a la ciencia en perfectas condiciones para las prácticas de los alumnos de Medicina. También lo llamaron así, sótano de los horrores, los inspectores que se internaron en aquellos pasillos subterráneos sin ventilación de los que emanaba un hedor insoportable. Unas horas después de adentrase en el sótano, la Inspección de Trabajo suspendió de inmediato cualquier actividad en el lugar y ordenó la extracción de los 534 cadáveres que hallaron en condiciones degradantes.
Antes de la llegada de la Inspección de Trabajo, hasta seis trabajadores perdieron años de su vida y de su salud ejerciendo en el sótano de los horrores. Fueron ellos, hartos de la situación indescriptible en la que trabajaban, los que denunciaron una y otra vez los hechos. Sólo la aparición en el año 2014 de las imágenes que ilustran esta información de OKDIARIO en un par de medios de comunicación, animó a intervenir a las autoridades.
Fruto de esa intervención, José Ramón Mérida, ex director del Departamento de Anatomía, fue procesado en julio de 2019 por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según la Fiscalía, Mérida mantenía a los empleados en condiciones «degradantes, nocivas y peligrosas» atribuyéndole además, cinco delitos contra la integridad jovenlandesal. Todo, pese a las «reiteradas quejas de los trabajadores» de la Complutense que el responsable jamás atendió.
El relato de las personas que trabajaron entre más de 500 cadáveres, se plasma en el escrito de acusación de los letrados de Vegas Legal, que cumple con creces su función en el proceso judicial, pero también podría servir como guión de una película de terror.
Los hechos arrancan años antes, en mayo de 2009, cuando el acusado tomó el mando del departamento. Pronto los cinco trabajadores comenzaron a explicarle que las condiciones laborales iban a peor, que eran muy poco personal para atender todo aquello, que las instalaciones no eran adecuadas y que parte de la maquinaria funcionaba defectuosamente.
Los cinco técnicos se ocupaban de recibir los cadáveres donados a la Complutense para prácticas con los alumnos y en cursos externos. Su conservación en formol, la limpieza de las instalaciones y la incineración de los cuerpos en el horno crematorio.
Denuncia la acusación, que durante los años comprendidos entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014, hasta que la inspección de trabajo paraliza la actividad del departamento, los cinco trabajadores estuvieron expuestos a niveles de contaminación ambiental por compuestos químicos muy superiores a los límites máximos permitidos. El mismo riesgo sufrieron frente a todo tipo de agentes infecciosos derivados de la manipulación de cadáveres sin los equipos de protección necesarios.
En todo ese tiempo, declararon los trabajadores, ni se les advirtió de los riesgos para la salud a los que se enfrentaban, ni se les dieron los medios adecuados para garantizar su seguridad, ni se les impartió la formación imprescindible para hacerlo. Todo en medio de un escenario de terror, con cadáveres amontonados encimas de mesas o en el suelo. Cuerpos en un estado cercano a momificación, apilados entre sacos de arpillera abarrotados de restos biológicos de cuerpos ya utilizados por los estudiantes de anatomía.
Semejante panorama empeoró con el tiempo. Según el relato de la acusación, «A partir del año 2012 la situación se degradó hasta un punto insostenible». Fue debido al ingente número de cadáveres en la Complutense procedentes de donaciones que se recibían en el departamento. En mayo de 2014 se contabilizaban 534 cadáveres hacinados sin las mínimas condiciones de conservación. «Los cadáveres estaban apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, amontonados en el suelo y otras zonas, soportando los trabajadores fortísimos olores de putrefacción».
Recuerda la acusación, como los inspectores que accedieron al «sótano de los horrores» se encontraron con charcos de fluidos y de líquidos procedentes de los cadáveres, amén de una plaga de larvas e insectos que acudían al olor de la putrefacción.
Entre tanto, según los trabajadores, José Ramón Mérida les culpaba de las condiciones en que desarrollaban su trabajo, acusándoles de vagos y de no utilizar los pocos medios de que disponían. Tampoco hacía caso de las quejas y sugerencias de los trabajadores, que recibían como respuesta ante la acumulación de cadáveres «que no había dinero para que fuesen incinerados por una empresa externa». Ante semejantes condiciones de peligro para la salud, les contestaba «que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros», finalizando con un «si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo».
El resultado, según los informes de la acusación, fue que los cinco trabajadores acabaron padecieron enfermedades derivadas de la exposición prolongada a agentes tóxicos y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos en el sótano del Departamento de Anatomía.
Ahora, nueve años después, la acusación particular que ejerce Vegas Legal en nombre de tres de los empleados, solicita un total de 21 años de prisión para José Ramón Mérida. Algo que no ocurrirá de momento. El juicio se ha suspendido debido a la huelga en los juzgados. Los 5 trabajadores y los 534 cadáveres de la Complutense tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para que se haga justicia.
MADRID
El sótano de los horrores de la Complutense: 534 cadáveres y 5 supervivientes esperan Justicia
[video y fuente pincha aquí]
- ÁNGEL MOYA
- 13/03/2023 06:40
- ACTUALIZADO: 13/03/2023 08:45
En mayo de 2014, tras reiteradas denuncias de los técnicos de laboratorio y trabajadores del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, la Inspección de Trabajo se decidió por fin a bajar al «sótano de los horrores».
Así llamaba la prensa al sótano del Departamento de Anatomía de Madrid, donde debían custodiarse los cadáveres donados a la ciencia en perfectas condiciones para las prácticas de los alumnos de Medicina. También lo llamaron así, sótano de los horrores, los inspectores que se internaron en aquellos pasillos subterráneos sin ventilación de los que emanaba un hedor insoportable. Unas horas después de adentrase en el sótano, la Inspección de Trabajo suspendió de inmediato cualquier actividad en el lugar y ordenó la extracción de los 534 cadáveres que hallaron en condiciones degradantes.
Antes de la llegada de la Inspección de Trabajo, hasta seis trabajadores perdieron años de su vida y de su salud ejerciendo en el sótano de los horrores. Fueron ellos, hartos de la situación indescriptible en la que trabajaban, los que denunciaron una y otra vez los hechos. Sólo la aparición en el año 2014 de las imágenes que ilustran esta información de OKDIARIO en un par de medios de comunicación, animó a intervenir a las autoridades.
Fruto de esa intervención, José Ramón Mérida, ex director del Departamento de Anatomía, fue procesado en julio de 2019 por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según la Fiscalía, Mérida mantenía a los empleados en condiciones «degradantes, nocivas y peligrosas» atribuyéndole además, cinco delitos contra la integridad jovenlandesal. Todo, pese a las «reiteradas quejas de los trabajadores» de la Complutense que el responsable jamás atendió.
El relato de las personas que trabajaron entre más de 500 cadáveres, se plasma en el escrito de acusación de los letrados de Vegas Legal, que cumple con creces su función en el proceso judicial, pero también podría servir como guión de una película de terror.
Los hechos arrancan años antes, en mayo de 2009, cuando el acusado tomó el mando del departamento. Pronto los cinco trabajadores comenzaron a explicarle que las condiciones laborales iban a peor, que eran muy poco personal para atender todo aquello, que las instalaciones no eran adecuadas y que parte de la maquinaria funcionaba defectuosamente.
Los cinco técnicos se ocupaban de recibir los cadáveres donados a la Complutense para prácticas con los alumnos y en cursos externos. Su conservación en formol, la limpieza de las instalaciones y la incineración de los cuerpos en el horno crematorio.
Denuncia la acusación, que durante los años comprendidos entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014, hasta que la inspección de trabajo paraliza la actividad del departamento, los cinco trabajadores estuvieron expuestos a niveles de contaminación ambiental por compuestos químicos muy superiores a los límites máximos permitidos. El mismo riesgo sufrieron frente a todo tipo de agentes infecciosos derivados de la manipulación de cadáveres sin los equipos de protección necesarios.
En todo ese tiempo, declararon los trabajadores, ni se les advirtió de los riesgos para la salud a los que se enfrentaban, ni se les dieron los medios adecuados para garantizar su seguridad, ni se les impartió la formación imprescindible para hacerlo. Todo en medio de un escenario de terror, con cadáveres amontonados encimas de mesas o en el suelo. Cuerpos en un estado cercano a momificación, apilados entre sacos de arpillera abarrotados de restos biológicos de cuerpos ya utilizados por los estudiantes de anatomía.
Semejante panorama empeoró con el tiempo. Según el relato de la acusación, «A partir del año 2012 la situación se degradó hasta un punto insostenible». Fue debido al ingente número de cadáveres en la Complutense procedentes de donaciones que se recibían en el departamento. En mayo de 2014 se contabilizaban 534 cadáveres hacinados sin las mínimas condiciones de conservación. «Los cadáveres estaban apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, amontonados en el suelo y otras zonas, soportando los trabajadores fortísimos olores de putrefacción».
Recuerda la acusación, como los inspectores que accedieron al «sótano de los horrores» se encontraron con charcos de fluidos y de líquidos procedentes de los cadáveres, amén de una plaga de larvas e insectos que acudían al olor de la putrefacción.
Entre tanto, según los trabajadores, José Ramón Mérida les culpaba de las condiciones en que desarrollaban su trabajo, acusándoles de vagos y de no utilizar los pocos medios de que disponían. Tampoco hacía caso de las quejas y sugerencias de los trabajadores, que recibían como respuesta ante la acumulación de cadáveres «que no había dinero para que fuesen incinerados por una empresa externa». Ante semejantes condiciones de peligro para la salud, les contestaba «que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros», finalizando con un «si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo».
El resultado, según los informes de la acusación, fue que los cinco trabajadores acabaron padecieron enfermedades derivadas de la exposición prolongada a agentes tóxicos y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos en el sótano del Departamento de Anatomía.
Ahora, nueve años después, la acusación particular que ejerce Vegas Legal en nombre de tres de los empleados, solicita un total de 21 años de prisión para José Ramón Mérida. Algo que no ocurrirá de momento. El juicio se ha suspendido debido a la huelga en los juzgados. Los 5 trabajadores y los 534 cadáveres de la Complutense tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para que se haga justicia.
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