El silencio tenía un precio

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19 Oct 2007
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163 millones de euros. Ése es el precio del silencio de UGT y CCOO ante la grave crisis económica que sufre España. El Consejo de Ministros del pasado 20 de junio aprobó seis acuerdos por los que autorizaba al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder subvenciones por dicho importe para planes de formación destinados, de manera prioritaria, a trabajadores ocupados. Intereconomía ha confirmado el dato la víspera de la sonada reunión del diálogo social que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa.

48,9 millones de euros para la Fundación Laboral de la Construcción. 41 millones más para la Fundación del Metal. 26,8 millones para la Confederación Española de Comercio. Otros 16,3 millones destinados a la Unión General de Trabajadores; 16,3 a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y 14,1 millones para la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo, también de Comisiones.

En total 163, 3 millones de euros para tapar la boca de Cándido Méndez y José María Fidalgo, que repasando los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el 20 de junio, ya se comprende algo mejor el más que criticable papel que los líderes de las dos centrales mayoritarias están desempeñando desde que estalló la crisis económica.

TRAS LA PRIMERA REUNIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

Vale que la concesión de esas subvenciones corresponde a peticiones cursadas por los dos sindicatos a finales de 2007, pero ¡qué casualidad que el Gobierno decida otorgarlas sólo dos días después de la primera reunión del diálogo social, celebrada el 18 de junio en la Moncloa! Aquel día, Méndez y Fidalgo, igual que los representantes de los empresarios, se negaron a firmar el documento que les entregaba Zapatero por considerar que estaba todavía demasiado crudo.

¿Será que las ayudas de 163 millones repartidas, por cierto, a partes iguales entre UGT y Comisiones, habrán dado cocina al texto? Porque mañana martes, sí que va a haber rúbrica…y se celebrará además como un gran acontecimiento. En cuanto a la manera elegida para callar a los interlocutores sociales, es pertinente recordar que el Tribunal de Cuentas ha denunciado en varias ocasiones irregularidades en la gestión de los fondos públicos dedicados a la formación de los trabajadores.

El caso más sonado se produjo hace seis años cuando el Tribunal obligó a un total de 14 organizaciones empresariales y sindicales a devolver más de 2 millones de euros al FORCEM por la fraudulenta aplicación de las ayudas recibidas entre 1996 y 1998
 
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