Es decir, el socialismo español propugna que haya ciudadanos de primera y de segunda.
Si la corrupción del separatismo baskongado y catalán sólo ha sido investigado y castigado por la GC y la PN, preparaos para lo que viene: impunidad absoluta para los delincuentes baskongados y catalanes, toda vez que pondrán sus jueces nacionalistas, a modo de astutas cuidando de las gallinas.
El asalto al Tribunal Constitucional y la toma del control absoluto del Consejo General del Poder Judicial son los primeros pasos de un plan muy meditado de destrucción institucional que cuenta ya con los segundos eslabones del plan. Esas vías están ya pactadas entre el PSOE y los separatistas y cuenta con ramificaciones igualmente acordadas.
Un Tribunal Constitucional con magistrados controlados permitiría a Pedro Sánchez dar un segundo paso en la dirección separatista: el paso de blanquear y avalar desde el Constitucional las supuestas consultas no vinculantes: referéndums rupturistas camuflados.
Y el segundo paso en la dirección del fraccionamiento del Poder Judicial tampoco sería menor y está igualmente acordado con los socialistas: permitir a catalanes y vascos contar con organismos diferenciados del CGPJ. De nuevo, en este segundo paso, los equipos de Sánchez necesitan la autorización de un TC controlado para que acepte algo que, de hecho, fue prohibido expresamente por la sentencia del Estatuto de Autonomía catalán.
Dos segundos pasos siguen al asalto obsceno y ya plenamente visible a la Justicia lanzado por parte del Gobierno socialista-comunista. El primero de esos segundos pasos es conocido: autorizar o avalar unas consultas separatistas calificadas como no vinculantes para que puedan volar por debajo del radar de un TC controlado y nombrado con el objetivo de aceptar como válido un evidente fraude de ley.
Pero hay un segundo paso que cuelga principalmente de la toma del poder absoluto del Consejo General del Poder Judicial y en parte también del propio TC: el inicio del fraccionamiento de la obligada unidad del Poder Judicial.
Ese objetivo separatista, exigido tanto en la tramitación del actual Estatuto de Autonomía catalán, como en la reforme del vasco que se encuentra en tramitación, cuenta con una sentencia en contra del TC: la que, de hecho, forzó a retirar ese punto del Estatuto catalán. Pedro Sánchez pactó este asunto con Oriol Junqueras en el año 2017 y justo antes del golpe separatista del 1-O, como prueba el documento publicado por Libertad Digital y firmado por los socialistas de Ferraz y PSC.
Y lo ha pactado igualmente con el PNV, como prueba el texto de reforma del Estatuto vasco que se tramita en estos momentos en el Parlamento vasco.
Se trata, en definitiva, de entregar, de momento parcialmente, el control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas. El pacto incluye un medido proceso de división del Poder Judicial.
El esquema base que se pretende introducir figura ya en los acuerdos entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas han negociar la creación de un "Consejo de Justicia de Euskadi", un camuflaje que permita empezar a arrebatar competencias únicas del CGPJ nacional.
Sánchez cuenta con que un CGPJ nacional controlado y un TC domesticado den el visto bueno a esta fórmula. Y, a partir de ahí, ir permitiendo el control de los jueces en sus comunidades autónomas por parte de los Gobiernos regionales separatistas.
Hay que recordar que Sánchez aceptó ya en 2017 y de cara a ERC "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial". Traducido: que el fraccionamiento judicial ya está también en la agenda del Gobierno.
Sanchez permite CGPJ diferenciados para catalanes y vascos
Si la corrupción del separatismo baskongado y catalán sólo ha sido investigado y castigado por la GC y la PN, preparaos para lo que viene: impunidad absoluta para los delincuentes baskongados y catalanes, toda vez que pondrán sus jueces nacionalistas, a modo de astutas cuidando de las gallinas.
El asalto al Tribunal Constitucional y la toma del control absoluto del Consejo General del Poder Judicial son los primeros pasos de un plan muy meditado de destrucción institucional que cuenta ya con los segundos eslabones del plan. Esas vías están ya pactadas entre el PSOE y los separatistas y cuenta con ramificaciones igualmente acordadas.
Un Tribunal Constitucional con magistrados controlados permitiría a Pedro Sánchez dar un segundo paso en la dirección separatista: el paso de blanquear y avalar desde el Constitucional las supuestas consultas no vinculantes: referéndums rupturistas camuflados.
Y el segundo paso en la dirección del fraccionamiento del Poder Judicial tampoco sería menor y está igualmente acordado con los socialistas: permitir a catalanes y vascos contar con organismos diferenciados del CGPJ. De nuevo, en este segundo paso, los equipos de Sánchez necesitan la autorización de un TC controlado para que acepte algo que, de hecho, fue prohibido expresamente por la sentencia del Estatuto de Autonomía catalán.
Dos segundos pasos siguen al asalto obsceno y ya plenamente visible a la Justicia lanzado por parte del Gobierno socialista-comunista. El primero de esos segundos pasos es conocido: autorizar o avalar unas consultas separatistas calificadas como no vinculantes para que puedan volar por debajo del radar de un TC controlado y nombrado con el objetivo de aceptar como válido un evidente fraude de ley.
Pero hay un segundo paso que cuelga principalmente de la toma del poder absoluto del Consejo General del Poder Judicial y en parte también del propio TC: el inicio del fraccionamiento de la obligada unidad del Poder Judicial.
Ese objetivo separatista, exigido tanto en la tramitación del actual Estatuto de Autonomía catalán, como en la reforme del vasco que se encuentra en tramitación, cuenta con una sentencia en contra del TC: la que, de hecho, forzó a retirar ese punto del Estatuto catalán. Pedro Sánchez pactó este asunto con Oriol Junqueras en el año 2017 y justo antes del golpe separatista del 1-O, como prueba el documento publicado por Libertad Digital y firmado por los socialistas de Ferraz y PSC.
Y lo ha pactado igualmente con el PNV, como prueba el texto de reforma del Estatuto vasco que se tramita en estos momentos en el Parlamento vasco.
Se trata, en definitiva, de entregar, de momento parcialmente, el control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas. El pacto incluye un medido proceso de división del Poder Judicial.
El esquema base que se pretende introducir figura ya en los acuerdos entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas han negociar la creación de un "Consejo de Justicia de Euskadi", un camuflaje que permita empezar a arrebatar competencias únicas del CGPJ nacional.
Sánchez cuenta con que un CGPJ nacional controlado y un TC domesticado den el visto bueno a esta fórmula. Y, a partir de ahí, ir permitiendo el control de los jueces en sus comunidades autónomas por parte de los Gobiernos regionales separatistas.
Hay que recordar que Sánchez aceptó ya en 2017 y de cara a ERC "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial". Traducido: que el fraccionamiento judicial ya está también en la agenda del Gobierno.
Sanchez permite CGPJ diferenciados para catalanes y vascos
