El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El taxi se revuelve contra la nueva regulación para el sector planteada por la Comunidad de Madrid y la Consejería de tras*portes, Movilidad e Infraestructuras que lidera Ángel Garrido.
Una de las principales agrupaciones de este ámbito, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), ha manifestado que pedirá indemnizaciones por valor de más de 2.000 millones de euros al Gobierno regional "para paliar los daños directos que causará en el sector la nueva autorizazión de tras*portes VTC".
Entienden desde esta Federación que la autorización que el consejero de Ciudadanos propone para el tras*porte VTC "equipara el trabajo de estos vehículos al del taxi". Entre otros puntos, tal y como adelantaba este lunes EL MUNDO, los conductores de estos vehículos vinculados a empresas como Uber o Cabify deberán someterse obligatoriamente a pruebas similares a las que el Ayuntamiento exige a los taxistas. En otros aspectos, hay diferencias manifiestas, como la prohibición expresa de que los vehículos VTC puedan captar clientes en la calle, una posibilidad que se reserva a los taxistas.
Julio Sanz, presidente de la FPTM, cree sin embargo que "el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido otorgar a las empresas de VTC una indemnización que se traduce en una jovenlandesatoria de cuatro años de tiempo de trabajo, hasta 2022, en los que pueden seguir realizando tras*porte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, actuará en consecuencia".
Por su parte, Garrido ha afirmado que tanto los taxis como las VTC todavía pueden introducir "argumentos y consideraciones" que mejoren la normativa delineada esta semana. En una entrevista para Onda Madrid, el consejero ha avisado que, si los taxis tienen claro "que en lo esencial no están de acuerdo", pueden ir a los tribunales ya que "es el lugar para defender las cosas".
Desde la Consejería de tras*portes de Garrido se persigue dar un marco normativo al sector después de que el decreto impulsado por José Luis Ábalos, ministro de tras*portes, Movilidad y Agenda Urbana, se inclinara por una cesión de las competencias a las regiones.
A entender de la agrupación sectorial, "el Estado ya ha indemnizado a las VTC con una compensación de entre cuatro y seis años de jovenlandesatoria por lo que, si la Comunidad de Madrid crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de las licencias de taxi, debe indemnizar al sector por los daños causados en el pasado, el presente y el futuro". Sanz considera que "la Comunidad de Madrid ha confundido de nuevo libertad con libertinaje".
Según esta Federación, la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso "ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las múltiples peticiones de un sector del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que se siente abandonado", ha afirmado Sanz.
Garrido expresó el lunes que se van a "establecer unas condiciones que equilibren la competitividad entre ambos y a detallar un régimen sancionador que garantice su cumplimiento", dijo el consejero naranja, ex miembro del PP.
La FTPM, con más de 40 años de trayectoria, agrupa a más de 6.000 profesionales del taxi y titulares de licencia.
El sector del taxi reclama 2.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid por autorizar las VTC
Una de las principales agrupaciones de este ámbito, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), ha manifestado que pedirá indemnizaciones por valor de más de 2.000 millones de euros al Gobierno regional "para paliar los daños directos que causará en el sector la nueva autorizazión de tras*portes VTC".
Entienden desde esta Federación que la autorización que el consejero de Ciudadanos propone para el tras*porte VTC "equipara el trabajo de estos vehículos al del taxi". Entre otros puntos, tal y como adelantaba este lunes EL MUNDO, los conductores de estos vehículos vinculados a empresas como Uber o Cabify deberán someterse obligatoriamente a pruebas similares a las que el Ayuntamiento exige a los taxistas. En otros aspectos, hay diferencias manifiestas, como la prohibición expresa de que los vehículos VTC puedan captar clientes en la calle, una posibilidad que se reserva a los taxistas.
Julio Sanz, presidente de la FPTM, cree sin embargo que "el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido otorgar a las empresas de VTC una indemnización que se traduce en una jovenlandesatoria de cuatro años de tiempo de trabajo, hasta 2022, en los que pueden seguir realizando tras*porte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, actuará en consecuencia".
Por su parte, Garrido ha afirmado que tanto los taxis como las VTC todavía pueden introducir "argumentos y consideraciones" que mejoren la normativa delineada esta semana. En una entrevista para Onda Madrid, el consejero ha avisado que, si los taxis tienen claro "que en lo esencial no están de acuerdo", pueden ir a los tribunales ya que "es el lugar para defender las cosas".
Desde la Consejería de tras*portes de Garrido se persigue dar un marco normativo al sector después de que el decreto impulsado por José Luis Ábalos, ministro de tras*portes, Movilidad y Agenda Urbana, se inclinara por una cesión de las competencias a las regiones.
A entender de la agrupación sectorial, "el Estado ya ha indemnizado a las VTC con una compensación de entre cuatro y seis años de jovenlandesatoria por lo que, si la Comunidad de Madrid crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de las licencias de taxi, debe indemnizar al sector por los daños causados en el pasado, el presente y el futuro". Sanz considera que "la Comunidad de Madrid ha confundido de nuevo libertad con libertinaje".
Según esta Federación, la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso "ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las múltiples peticiones de un sector del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que se siente abandonado", ha afirmado Sanz.
Garrido expresó el lunes que se van a "establecer unas condiciones que equilibren la competitividad entre ambos y a detallar un régimen sancionador que garantice su cumplimiento", dijo el consejero naranja, ex miembro del PP.
La FTPM, con más de 40 años de trayectoria, agrupa a más de 6.000 profesionales del taxi y titulares de licencia.
El sector del taxi reclama 2.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid por autorizar las VTC
