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El empleado municipal, que sólo contaba con cobertura sanitaria privada al ser funcionario del consistorio, comunicó a un médico de Asisa que estaba contagiado y, consecuentemente, recibió la baja laboral.
«Cuando vi la evolución de mi marido, no se me pasó por la cabeza llevarlo a la Clínica Los Naranjos (Asisa), sino que hablé con un internista del Infanta Elena, que me dijo: «A Urgencias sí o sí». Le hicieron el test, la analítica y la radiografía y había una neumonía bilateral, por lo que se quedó ingresado. «A pesar de trabajar en el Infanta, no lo pude acompañar porque el protocolo decía que no podía haber ningún acompañante en la habitación», recuerda P. V. M.
Este paciente ha usado el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para la el bichito, nada más. No tenía antecedentes en la sanidad pública hasta ese momento.
De esta manera, la compañía -propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia– se acogió a la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, denominada Extensión del contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que dice así: «En materia de salud pública, se exceptúan de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de dichas mutualidades las actuaciones de vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad ambiental, vigilancia y control de los riesgos derivados de la importación y tránsito de bienes y viajeros, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes».
El SAS reclama cerca de 6.500 euros a un paciente que estuvo ingresado por el bichito en el Hospital Infanta Elena durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo -
«Cuando vi la evolución de mi marido, no se me pasó por la cabeza llevarlo a la Clínica Los Naranjos (Asisa), sino que hablé con un internista del Infanta Elena, que me dijo: «A Urgencias sí o sí». Le hicieron el test, la analítica y la radiografía y había una neumonía bilateral, por lo que se quedó ingresado. «A pesar de trabajar en el Infanta, no lo pude acompañar porque el protocolo decía que no podía haber ningún acompañante en la habitación», recuerda P. V. M.
Este paciente ha usado el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para la el bichito, nada más. No tenía antecedentes en la sanidad pública hasta ese momento.
Asisa se desentiende
«Me vienen solicitando el pago de esta asistencia sanitaria desde que mi marido estaba ingresado, desde hace cuatro años. Cuando recibo la primera carta de que Asisa tiene que autorizar el ingreso, estaba todavía mi marido ingresado (estuvo en el hospital desde el 26 de noviembre de 2020 al 9 de diciembre de 2020, fecha en la que obtuvo el alta). Asisa me dice que ellos no van a pagar esa factura porque ellos no son competentes en esa época en el 2020 de la que yo le hablo», subraya.De esta manera, la compañía -propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia– se acogió a la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, denominada Extensión del contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que dice así: «En materia de salud pública, se exceptúan de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de dichas mutualidades las actuaciones de vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad ambiental, vigilancia y control de los riesgos derivados de la importación y tránsito de bienes y viajeros, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes».
El SAS reclama cerca de 6.500 euros a un paciente que estuvo ingresado por el bichito en el Hospital Infanta Elena durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo -