El saqueo y destrucción del sector eléctrico por los expolíticos que ahora son premiados por su traición a España.

ATARAXIO

Madmaxista
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Cuánto ha subido el precio de la luz desde la privatización

Si de cara a la ciudadanía el principal objetivo de la privatización del mercado eléctrico era la reducción de los precios, el objetivo no solo no se ha conseguido sino que entre el año 2000 y el 2022, el coste del megavatio hora, se ha multiplicado, pasando desde los 30 euros de entonces a los casi 300 euros en Marzo de 2022, consiguiendo de esa forma un mayor beneficio para los jefes de los políticos que para eso los han puesto ahí, a costa del robo a población, además usando unas infraestructuras como los pantanos y las instalaciones eléctricas que había construido y desarrollado el gobierno de Franco.
Como este ejemplo todo lo demás. La desindustrialización de España, algo inédito y contrario a los intereses de la nación, tuvo como única finalidad favorecer los intereses privados de extranjeros que por fin tenían el control sobre el gobierno y la economía española.
Son los mismos que financian los independentismos ya que un país troceado es más fácil todavía de repartir . Sánchez es un bróker que ya trabajó en la desintegración y reparto de Yugoslavia y que la han enviado para hacer lo mismo en España.

Inventaron la figura del rey como figura de poder para concentrar el establishment franquista y que fuese más fácil de arrebatar.

JUAN CARLOS EL TÍTERE.

Eligieron a un estulto, literalmente estulto, porque ni se entraba que estaba siendo mangoneado. Incluso antes de morir Franco ya le urgieron a que regalase el Sáhara que no dudó en hacerlo y porque no pidieron Canarias que no dudo que también lo habría hecho.


Juan Carlos, un extranjero ignorante que no había leído un libro en su vida y que simplemente seguía órdenes de fuerzas extranjeras cuya finalidad era el control de la economía de España y todo lo construido durante el franquismo para poder saquearlo, como así fue con la llamada desindustrialización y la " privatización " es decir , el robo de todas las empresas estatales que eran rentables .
Los políticos son empleados de organizaciones supranacionales cuya única finalidad es el saqueo de los países, lo que en otras épocas hacían con ejércitos e invasiones a sangre y fuego.
Cuando ya no queda nada que robar, endeudan a la población con tramas financieras como lo del cobi19 y la guerra de Ucrania y los esclavizan a través de los impuestos durante generaciones.

Ese sistema tan rentable para los jefes de los políticos es lo que se evitó durante el espectacular desarrollismo franquista y lo que llevó a atacar a la Alemania en la llamada segunda guerra mundial, que no fue mundial porque no cayó ninguna bomba en Estados Unidos, ni siquiera un atentado de la numerosa comunidad alemana, italiana o japonesa. A los japoneses aunque llevasen generaciones viviendo allí, los metieron a todos en campos de concentración, pero no se explica que no hubiesen reaccionado los alemanes ni los italianos ante la destrucción de sus naciones.


dice el artículo :



El fichaje del socialista madrileño Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola en plena ‘guerra fría’ entre el Gobierno y las eléctricas por el precio de la luz, ha venido acompañado de tanta polémica como la que rodeó a los centenares de políticos que fueron captados antes que él. En concreto, en el sector de la energía, tres expresidentes, veinte exministros y decenas de ex secretarios de Estado están o han estado a nómina de algunas de las grandes compañías de la luz o el gas. Pese a los ríos de tinta que corren cada vez que se cruza la puerta giratoria desde la Administración a la empresa privada, lo cierto es que este último tránsito ha reavivado el debate sobre si se deben endurecer las leyes para evitarlas. El PSOE ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformar su código ético y Unidas Podemos registrará una proposición de Ley para prohibirlo.
El nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España ha desatado una gran polémica porque asumirá ese puesto ejecutivo de la filial española de la compañía en plena batalla de las eléctricas contra el Gobierno por las medidas adoptadas en las últimas semanas para abaratar el recibo de la luz ante los desorbitados precios del mercado mayorista y que recorta sus beneficios. Si bien es cierto que Carmona hace tiempo que no ocupa un cargo dentro del PSOE, no lo es menos que ha sido una cara visible del Partido las dos últimas décadas. El fichaje ha caído como un jarro de agua fría dentro del Gobierno de coalición por lo, califica una fuente, “inoportuno desde cualquier punto de vista”. “Es un militante de base que hace tiempo no representa ni al. Y nunca ha representado a la actual dirección”, exponía nada más conocerse la noticia la nueva portavoz en el Senado, Eva Granados. “El Gobierno ya tiene interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de este nombramiento. No es ningún tipo de interlocutor de nada”, zanjaba.

Carmona no es ni mucho menos el primer político que se sienta en algún consejo de la compañía que preside Ignacio Galán. Están también el exministro del Gobierno de José María Aznar Ángel Acebes, y como consejeras en Iberdrola México y Brasil figuran las también exministras del PP Fátima Báñez e Isabel García Tejerina
Mientras que el nombramiento preocupa en las filas políticas por la imagen que da, en las empresariales de acogida, no ven ningún problema, a Carmona no es ni mucho menos el primer político que se sienta en algún consejo de la compañía que preside Ignacio Galán. Están también el ex ministro del Gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, que no sólo es miembro del consejo de administración de la matriz, sino de la muy selecta comisión ejecutiva. Como consejeras en Iberdrola México y Brasil, figuran las también ex ministras del PP, Fátima Báñez e Isabel García Tejerina, mientras que el ex secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, es consejero de Scottish Power y la exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Emma Navarro, de Iberdrola España.

Iberdrola ha sido y es una de las compañías que más cantos de sirena ha dirigido a los políticos, pero lo cierto es que ninguna se queda atrás. En Endesa pueden ‘presumir’ de haber tenido como asesor a un ex presidente del Gobierno, como José Maria Aznar, que fichó como asesor con un salario de 200.000 euros, y dos super ministros de Economía de los gobiernos de Zapatero, Elena Salgado, que fichó recién salida del Ejecutivo por Chilectra, la filial chilena de Endesa, y también Pedro Solbes, contratado bajo la figura de “consejero independiente”.

Enagás, la empresa de tras*porte de gas natural en España también está en el podio. Empezando por su consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, antes eurodiputado popular. En el consejo de administración también están las exministras Isabel Tocino y Ana Palacio (PP); José Montilla (PSOE), exministros y expresidente de la Generalitat de Cataluña, y José Blanco (PSOE), exresponsable de Fomento.

En Endesa pueden ‘presumir’ de haber tenido como asesor a un expresidente del Gobierno, como José Maria Aznar, que fichó como asesor con un salario de 200.000 euros, y dos súper ministros de Economía de los gobiernos de Zapatero: Elena Salgado en la filial chilena, y Pedro Solbes, contratado bajo la figura de “consejero independiente”
En Red Eléctrica, más de lo mismo: Luis Atienza (PSOE) José Folgado (PP), Jordi Sevilla (PSOE) y Beatriz Corredor (PSOE) han ocupado la presidencia sucesivamente mientras que en Naturgy, contaron, cuando aún era Gas Natural, con la presencia del ex presidente del Gobierno, Felipe González, que estuvo cinco años en el consejo hasta que en sus propias palabras “se aburrió” pese a haber cobrado en total medio millón de euros aproximadamente, y antes, cuando Unión Fenosa era independiente, con el segundo presidente de la democracia, Leopoldo alopécico Sotelo, que fue fichado en 1998 y que ejerció el cargo en el consejo de administración de la compañía hasta 2002. También se han sentado en el consejo de la gasista, Narcis Serra y Cristina Garmendia.

Algunos nombramientos levantaron tanta polémica que, y no es usual, acabaron frustrados. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, la designación en marzo de 2012 como consejeros de Red Eléctrica Española de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y de Alberto Nadal, ex secretario de Estado de la Energía y hermano del ex ministro de Energía, Álvaro Nadal, levantó tantas ampollas que en pocas horas se vieron obligados a renunciar al cargo.
 
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El polémico nombramiento de Marc Murtra como presidente no ejecutivo de Indra ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de las llamadas puertas giratorias y la presencia de expolíticos en los consejos de administración de empresas participadas por el Estado. El que fuera jefe de gabinete del socialista Joan Clos en el Ministerio de Industria, que percibirá una remuneración de 550.000 euros anuales, es el último en aterrizar en el consejo de una gran empresa tras pasar la política, pero no el único.

Al menos una treintena de exaltos cargos o políticos, incluidos seis exministros del PSOE y el PP, se encuentran actualmente en los consejos de administración de empresas participadas por el Estado y entre todos se embolsaron por ello el año pasado alrededor de 8,5 millones de euros, según la información proporcionada por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Consejo de tras*parencia y recopilada por Vozpópuli.

Además de Murtra, en el Consejo de Administración de Indra encontramos a otros tres expolíticos con pasado socialista: se trata del exministro de Industria Miguel Sebastián, el exdiputado Antonio Cuevas y Silvia Irazo, secretaria de Estado de Comercio durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres percibieron, respectivamente, una retribución de 112.500, 120.000 y 119.000 euros en 2020 por su trabajo como consejeros en Indra. Sebastián y Cuevas fueron nombrados en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que Irazo se sienta en la mesa de gobierno de Indra como consejera independiente.


El listado de políticos que forman parte del consejo de administración de grandes empresas participadas por la SEPI es aún mayor en otras compañías cotizadas como Red Eléctrica o Enagás, pero se extiende también a otras empresas con capital público como son Aena, Navantia, Hispasat, Correos, Paradores y Loterías, entre otras.


Red Eléctrica: tres políticos y cinco ex altos cargos
En la presidencia de Red Eléctrica, cuyo primer accionista es el estado con un 20% del capital, encontramos al segundo de los seis exministros que actualmente se sientan en el consejo de gobierno de empresas participadas. Se trata de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, que asumió como presidenta de la eléctrica en febrero de 2020 en sustitución del también exministro socialista Jordi Sevilla, y que se embolsó durante el año pasado un total de 469.000 euros, según la información proporcionada por la compañía a la CNMV.

Además de Corredor, en el consejo de Red Eléctrica figuran la exdiputada del PSOE Maite Costa (con una retribución de 175.000 euros en 2020) como representante de la SEPI y el exdiputado del PP Arsenio Fernández de Mesa (175.000 euros). También en representación del Estado se encuentran el que fuera presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre 2010 y 2012, Ricardo García Herrera (3.000 euros), y la directora de Participadas de la SEPI, Mercedes Real (131.000 euros).

Como consejeros en Red Eléctrica también hay ex altos cargos como Alberto Carbajo (175.000 euros), Antonio Gómez Ciria (189.000 euros) y José Juan Ruiz (179.000 euros).

Además, la compañía ha convocado a sus accionistas el próximo 29 de junio para, entre otras cosas, aprobar la entrada de otros dos nuevos consejeros que en el pasado fueron políticos y que proceden concretamente de la órbita socialista: Elisenda Malaret, representante del PSC en el Congreso entre 2004 y 2008, y Marcos Vaquer, director general de Urbanismo del Ministerio de Vivienda en la misma época.

Enagás: nueve expolíticos, dos altos cargos y 4,47 millones
En la actualidad, la compañía participada por la SEPI con mayor número de expolíticos en su consejo de administración es Enagás: un total de nueve, de los cuales cuatro son exministros que proceden tanto del PSOE como del PP.

Hace un año el operador de la red de gas nombró como consejeros en representación de la SEPI al exministro socialista de Fomento José Blanco (69.000 euros de retribución en 2020) y al expresidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Industria, José Montilla. Junto a ellos también figuran el asesor de Podemos Cristóbal José Gallego (69.000 euros), el exdiputado socialista Santiago Ferrer Costa (160.000 euros) y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora (160.000 euros).

Como independientes encontramos a las exministras del PP Isabel Tocino (175.000 euros) y Ana Palacio (190.000 euros), al expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha (160.000 euros) y ex altos cargos como Gonzalo Solana (160.000 euros) o Ignacio Grangel (160.000 euros). Aunque ya no figura en la compañía, la exdiputada del PP Rosa Rodríguez Díaz percibió en 2020 una retribución de 160.000 euros por su puesto en el consejo.

No termina aquí, porque el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, fue diputado del Parlamento Europeo por el PP (1,094 millones en 2020) y su presidente, Antonio Llardén (2,118 millones), también ocupó cargos de responsabilidad en el Gobierno de Felipe González y ejerció de vicepresidente de Caixa Catalunya en representación del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, gobernado entonces por el PSC.

Ebro Foods, Hispasat, Navantia, Correos...


 
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