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La justicia sacude los cimientos de Sanxenxo
Los gobiernos de Telmo Martín y Catalina González están en el punto de mira de una amplia investigación que sugiere sobornos y tráfico de influencias
marcos quintas . pontevedra 01.12.2013 | 13:33
Una vista general del municipio desde el Alto de Miraflores // Gustavo Santos
La tantas veces nombrada Marbella de las Rías Baixas tiene un nuevo paralelismo con la ciudad de la Costa del Sol. Su feroz urbanismo aplicado durante los años del ´boom´ inmobiliario está ahora bajo la lupa de la justicia. Por ahora son 13 los imputados en una investigación que apunta a graves irregularidades, con sobornos y tráfico de influencias de por medio. Hechos que no tienen un único responsable y que afectan a decisiones adoptadas tanto con Catalina González como alcaldesa como en la etapa de su antecesor, Telmo Martín. La oposición polemiza sobre la ausencia de éste, como máxima autoridad local durante parte de los hechos, en la lista que ha confeccionado el juez Juan Manuel Hermo. Todavía faltan testigos y empresarios por declarar.
Un edificio sin acceso, chalés pegados al cementerio, la promoción de viviendas autorizada a la familia de la exasesora urbanística y obras sin licencia en la vivienda del aparejador municipal. Son los controvertidos expedientes a partir de los que la Justicia investiga una supuesta corrupción urbanística en Sanxenxo. Entre los imputados está el nombre de la alcaldesa, Catalina González, pero también otros 12 de cargos políticos, técnicos y empresarios. Además, la Xunta sigue muy de cerca el proceso al estar la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, implicada por sus decisiones al frente de la gerencia urbanística local cuando Telmo Martín era alcalde. El exmandatario local, ahora diputado, no figura en la lista pese a que parte de los hechos ocurrieron en su mandato.
Los interrogantes son numerosos. El principal es qué esconden estas actuaciones presuntamente irregulares para que entre los delitos que indagan el juez y la Fiscalía se hable de soborno, tráfico de influencias y prevaricación. Algo que va más allá de simples despistes o fallos técnicos. La investigación de Juan Manuel Hermo llega después de cientos de miles de euros gastados en gabinetes jurídicos con los que el Concello hizo frente a demandas urbanísticas. Casos que ya hacían ver que algo estaba fallando en la aplicación del expansivo PXOM de 2003.
Irregularidades de distinto tipo. Los expedientes que fueron solicitados por el Juzgado de Cambados se refieren a actuaciones muy cuestionadas políticamente pero que desde los gobiernos municipales decidieron llevar a cabo. La explicación de los responsables aludía a los criterios técnicos que imperaban para autorizar o rechazar. Las obras sin licencia en la casa del aparejador municipal se remiten a hace 10 años, pero se investiga también el proceso mediante el que se legalizaron. El edificio de la calle Progreso ha sido objeto de sentencias que obliga a su derribo. El Ayuntamiento, en cualquier caso, le dio el visto bueno a un edificio que carece de entrada propia. Se adosó a una construcción legal. Los vecinos de la zona denunciaron el impacto visual y la falta de accesos. Ganaron y el derribo se espera ahora para 2014. Este caso implica tanto a la actual secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, que autorizó el proyecto con Telmo Martín, como a la alcaldesa en los giros que se han ido produciendo a continuación. A la edil también le afectan dos expedientes restantes. Paralizó la obra que el propio Concello había permitido en Dorrón. Consideró que unos chalés estaban muy cerca del cementerio. Justificó el cambio de rumbo con un informe sanitario. Pero también está imputada por una promoción que incumplía la normativa de accesos y a los que se les dio luz verde en Bascuas. Los promovió el padre de Soledad Leiro, exasesora urbanística imputada.
Desde Telmo a Catalina. Los hechos salpican de manera evidente al gobierno actual como a la etapa en la que el ahora diputado Telmo Martín era alcalde. La intervención de la Justicia era esperada por muchos; vecinos y oposición han puesto en entredicho las decisiones que desde los diferentes gobiernos locales del Partido Popular se han tomado en materia urbanística. Que en la lista de imputados no figure el exalcalde choca en la oposición, aunque apuntan que su condición de aforado impediría ser imputado si no es por el Tribunal Supremo. La investigación arrancó en febrero de 2012, una vez que la Justicia encontró suficientes indicios a partir de denuncias particulares.
Revanchismo político. Catalina González, en una estudiada rueda de prensa dos días después de que se conociese su imputación, achacó a revanchas políticas el motivo de esas denuncias. "Sé quién está detrás", afirmó. Se refiere a las luchas internas del PP local que terminaron con la escisión de algunos miembros que ahora militan en Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL). La edil nombró a Francisco Villaverde, con quien compartió la condición de concejal con Telmo Martín como regidor. También ambos fueron tenientes de alcaldes o, lo que es lo mismo, integrantes de una junta de gobierno local que tenía parte de las competencias urbanísticas. De compañeros pasaron a adversarios. Pero la rivalidad política iría más allá y afectaría a divergencias aún presentes en el PP. Desde la oposición, de hecho, recuerdan que uno de esos cuatro expedientes fue denunciado a nombre de un cercano familiar de la concejala popular Paz Lago. "Las relaciones no son demasiado buenas entre las dos", apuntan desde los grupos de la oposición. Al margen de esa teoría sobre los motivos de ´venganza´ y conspiración política que la edil ve en las denuncias, la Justicia ve indicios consistentes en reiteradas ilegalidades urbanísticas. Si no se hubiesen encontrado, la causa sería archivada.
Sorprendente silencio. Algunos de los imputados se negaron a declarar, algo que en círculos municipales incrementa las sospechas. Quienes se han acogido a ese derecho han tenido o tienen responsabilidades urbanísticas con Catalina González. Uno de los expedientes más cuestionados es el de las viviendas de Bascuas promovidas por la familia de Soledad Leiro. Ella fue una de las que rehusó dar explicaciones al magistrado. Misma actitud que tuvo quien fue su jefe como gerente de Urbanismo entre 2006 y 2009, Rafael Vázquez Abal. Los dos, la alcaldesa y la también exasesora municipal Ana Belén Louro comparten las imputaciones por prevaricación, tráfico de influencias y soborno. Tampoco declaró el aparejador, Pablo Guío del Amo (imputado por prevaricación y cohecho).
Las pesquisas siguen en marcha para destapar el que podría ser el mayor escándalo de la política municipal. El juez llamará en las próximas semanas no solo a empresarios que están imputados, sino también a testigos que puedan arrojar luz a la investigación.
La justicia sacude los cimientos de Sanxenxo - Faro de Vigo
Los gobiernos de Telmo Martín y Catalina González están en el punto de mira de una amplia investigación que sugiere sobornos y tráfico de influencias
marcos quintas . pontevedra 01.12.2013 | 13:33
La tantas veces nombrada Marbella de las Rías Baixas tiene un nuevo paralelismo con la ciudad de la Costa del Sol. Su feroz urbanismo aplicado durante los años del ´boom´ inmobiliario está ahora bajo la lupa de la justicia. Por ahora son 13 los imputados en una investigación que apunta a graves irregularidades, con sobornos y tráfico de influencias de por medio. Hechos que no tienen un único responsable y que afectan a decisiones adoptadas tanto con Catalina González como alcaldesa como en la etapa de su antecesor, Telmo Martín. La oposición polemiza sobre la ausencia de éste, como máxima autoridad local durante parte de los hechos, en la lista que ha confeccionado el juez Juan Manuel Hermo. Todavía faltan testigos y empresarios por declarar.
Un edificio sin acceso, chalés pegados al cementerio, la promoción de viviendas autorizada a la familia de la exasesora urbanística y obras sin licencia en la vivienda del aparejador municipal. Son los controvertidos expedientes a partir de los que la Justicia investiga una supuesta corrupción urbanística en Sanxenxo. Entre los imputados está el nombre de la alcaldesa, Catalina González, pero también otros 12 de cargos políticos, técnicos y empresarios. Además, la Xunta sigue muy de cerca el proceso al estar la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, implicada por sus decisiones al frente de la gerencia urbanística local cuando Telmo Martín era alcalde. El exmandatario local, ahora diputado, no figura en la lista pese a que parte de los hechos ocurrieron en su mandato.
Los interrogantes son numerosos. El principal es qué esconden estas actuaciones presuntamente irregulares para que entre los delitos que indagan el juez y la Fiscalía se hable de soborno, tráfico de influencias y prevaricación. Algo que va más allá de simples despistes o fallos técnicos. La investigación de Juan Manuel Hermo llega después de cientos de miles de euros gastados en gabinetes jurídicos con los que el Concello hizo frente a demandas urbanísticas. Casos que ya hacían ver que algo estaba fallando en la aplicación del expansivo PXOM de 2003.
Irregularidades de distinto tipo. Los expedientes que fueron solicitados por el Juzgado de Cambados se refieren a actuaciones muy cuestionadas políticamente pero que desde los gobiernos municipales decidieron llevar a cabo. La explicación de los responsables aludía a los criterios técnicos que imperaban para autorizar o rechazar. Las obras sin licencia en la casa del aparejador municipal se remiten a hace 10 años, pero se investiga también el proceso mediante el que se legalizaron. El edificio de la calle Progreso ha sido objeto de sentencias que obliga a su derribo. El Ayuntamiento, en cualquier caso, le dio el visto bueno a un edificio que carece de entrada propia. Se adosó a una construcción legal. Los vecinos de la zona denunciaron el impacto visual y la falta de accesos. Ganaron y el derribo se espera ahora para 2014. Este caso implica tanto a la actual secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, que autorizó el proyecto con Telmo Martín, como a la alcaldesa en los giros que se han ido produciendo a continuación. A la edil también le afectan dos expedientes restantes. Paralizó la obra que el propio Concello había permitido en Dorrón. Consideró que unos chalés estaban muy cerca del cementerio. Justificó el cambio de rumbo con un informe sanitario. Pero también está imputada por una promoción que incumplía la normativa de accesos y a los que se les dio luz verde en Bascuas. Los promovió el padre de Soledad Leiro, exasesora urbanística imputada.
Desde Telmo a Catalina. Los hechos salpican de manera evidente al gobierno actual como a la etapa en la que el ahora diputado Telmo Martín era alcalde. La intervención de la Justicia era esperada por muchos; vecinos y oposición han puesto en entredicho las decisiones que desde los diferentes gobiernos locales del Partido Popular se han tomado en materia urbanística. Que en la lista de imputados no figure el exalcalde choca en la oposición, aunque apuntan que su condición de aforado impediría ser imputado si no es por el Tribunal Supremo. La investigación arrancó en febrero de 2012, una vez que la Justicia encontró suficientes indicios a partir de denuncias particulares.
Revanchismo político. Catalina González, en una estudiada rueda de prensa dos días después de que se conociese su imputación, achacó a revanchas políticas el motivo de esas denuncias. "Sé quién está detrás", afirmó. Se refiere a las luchas internas del PP local que terminaron con la escisión de algunos miembros que ahora militan en Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL). La edil nombró a Francisco Villaverde, con quien compartió la condición de concejal con Telmo Martín como regidor. También ambos fueron tenientes de alcaldes o, lo que es lo mismo, integrantes de una junta de gobierno local que tenía parte de las competencias urbanísticas. De compañeros pasaron a adversarios. Pero la rivalidad política iría más allá y afectaría a divergencias aún presentes en el PP. Desde la oposición, de hecho, recuerdan que uno de esos cuatro expedientes fue denunciado a nombre de un cercano familiar de la concejala popular Paz Lago. "Las relaciones no son demasiado buenas entre las dos", apuntan desde los grupos de la oposición. Al margen de esa teoría sobre los motivos de ´venganza´ y conspiración política que la edil ve en las denuncias, la Justicia ve indicios consistentes en reiteradas ilegalidades urbanísticas. Si no se hubiesen encontrado, la causa sería archivada.
Sorprendente silencio. Algunos de los imputados se negaron a declarar, algo que en círculos municipales incrementa las sospechas. Quienes se han acogido a ese derecho han tenido o tienen responsabilidades urbanísticas con Catalina González. Uno de los expedientes más cuestionados es el de las viviendas de Bascuas promovidas por la familia de Soledad Leiro. Ella fue una de las que rehusó dar explicaciones al magistrado. Misma actitud que tuvo quien fue su jefe como gerente de Urbanismo entre 2006 y 2009, Rafael Vázquez Abal. Los dos, la alcaldesa y la también exasesora municipal Ana Belén Louro comparten las imputaciones por prevaricación, tráfico de influencias y soborno. Tampoco declaró el aparejador, Pablo Guío del Amo (imputado por prevaricación y cohecho).
Las pesquisas siguen en marcha para destapar el que podría ser el mayor escándalo de la política municipal. El juez llamará en las próximas semanas no solo a empresarios que están imputados, sino también a testigos que puedan arrojar luz a la investigación.
La justicia sacude los cimientos de Sanxenxo - Faro de Vigo
