El psoe plantea un impuesto especial a los propietarios de tres o más viviendas para frenar la especulación

El PSOE plantea un impuesto especial a los propietarios de tres o más viviendas para frenar la especulación

El castigo fiscal, también para todo uso distinto al residencial, se complementa con incentivos a quienes rehabiliten o saquen al mercado del alquiler viviendas vacías

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El castigo fiscal, también para todo uso distinto al residencial, se complementa con incentivos a quienes rehabiliten o saquen al mercado del alquiler viviendas vacías​

La ley de vivienda no ha frenado el alza de precios y el PSOE pone ahora el foco en la fiscalidad para desincentivar la especulación. Los socialistas han llevado a la ponencia marco de su congreso federal, la hoja de ruta programática y estratégica de cara a los próximos cuatro años, una batería de medidas para facilitar el acceso a la vivienda entre las que destacan la creación de un impuesto especial a los propietarios. Se plantea que sea de carácter progresivo y para grabar la tenencia a partir de tres viviendas. Nada se especifica, sin embargo, sobre aumentar los gravámenes a las socimis, (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) o las entidades destinadas al arrendamiento de viviendas (Edav), sociedades que tienen en propiedad un mínimo de ocho viviendas en alquiler, como ha reclamado Sumar.

En lo que sí coincide el PSOE con las reivindicaciones de su socio de coalición es con aumentar los impuestos a los pisos turísticos. “Aumentaremos la carga fiscal de los usos de vivienda no residenciales para desincentivarlos”, recoge el documento que los socialistas debatirán en su congreso federal, fijado entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla. En la actualidad este tipo de arrendamientos soporta el 10% del IVA frente al 21% de los hoteles. En las negociaciones entre PSOE y Sumar para los Presupuestos se había puesto sobre la mesa la propuesta de igualar su tributación, incrementando el IVA de los pisos turísticos hasta el 21%.



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A estas medidas se suman, como ya adelantó este diario, la prohibición de que las viviendas residenciales se conviertan en turísticas o de temporada “en aquellas zonas de alta demanda”. El coto a los pisos turísticos y de temporada, a falta de desarrollar, tiene por objeto, según recoge el documento, “desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar”.


De cara a fomentar la aplicación de la ley de vivienda para limitar los precios, los socialistas proponen una reforma legal para que sean los ayuntamientos quienes tengan la potestad para establecer la definición de las denominadas zonas tensionadas. Por otra parte, para luchar contra el “fraude inmobiliario”, se apuesta por reforzar los servicios de inspección incorporando un régimen sancionador. Para ello se potenciará al Observatorio estatal de Vivienda y Suelo para que recoja los datos de todos los contratos de alquiler y compraventa y se promoverá un registro europeo de tras*parencia para las inversiones inmobiliarias internacionales.

El aumento del parque público de vivienda a precios asequibles es uno de los objetivos de la legislatura que se reiteran en el documento marco de los socialistas. El planteamiento es “superar al menos el 6% del total”, además de aumentar el número de rehabilitaciones hasta el millón y medio “antes de que termine la década”.

Pisos turísticos​

Para alcanzar estas cifras se busca acompañar las rehabilitaciones de incentivos fiscales, además de a los propietarios que “pongan sus viviendas vacías en alquiler a un precio asequible, especialmente en zonas de alta demanda”. En el marco de incentivar la salida al mercado de viviendas en alquiler para incrementar la oferta, otra de las medidas se centra en implantar un seguro público contra impagos y desahucios. Con ello, los socialistas sostienen que “aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos”.


En la misma línea se apuesta por “eliminar todas las viviendas turísticas ilegales” y blindar en la Constitución “el derecho a la vivienda manteniendo de forma permanente la titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública”.

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