El PSOE nombra como letrado mayor de las Cortes a un cargo del propio PSOE

El Gobierno lo ha planeado minuciosamente. Todos los obstáculos que está en su mano remover han sido neutralizados con cuidado. La ley orgánica de amnistía con la que Pedro Sánchez comprará el apoyo del independentismo a su investidura tiene ya al menos el primer tramo del camino despejado.

El plan que podría registrarse hoy mismo en el Congreso será una proposición de ley, aun cuando haya sido auspiciado por miembros del Ejecutivo, a fin de no tener que topar con los informes preceptivos de los órganos constitucionales -Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal- y, además, tendrá como primer avalista para ser admitido a trámite por la Mesa del Congreso a un nuevo secretario general y letrado mayor de la Cámara, con marchamo socialista, propuesto por la presidenta Francina Armengol y cuyo nombramiento será aprobado mañana por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara.

Fernando Galindo, 41 años, letrado de las Cortes Generales con 13 años de antigüedad, hasta esta misma semana subsecretario del Ministerio de Política Territorial encabezado por la ministra portavoz Isabel Rodríguez, y pareja de la hasta este mismo lunes directora general de Relaciones Cortes y mano derecha del secretario de Estado, Rafael Simancas, será el encargado de permitir que la proposición de ley de amnistía, negociada por Sánchez con Puigdemont y Aragonès, pase el primer filtro, sea calificada sin problemas por el órgano rector del Congreso, y emprenda en el Parlamento los trámites para su aprobación.

Galindo, que sustituirá en el cargo a Carlos Gutiérrez Vicén, cumple sobradamente con el requisito de contar con al menos cinco años de ejercicio activo como letrado de las Cortes pero a ese mérito suma otras condiciones que a ojos de Armengol y de Sánchez son propicias para ocupar un puesto que le exigirá como primera prueba firmar la «nota propuesta» o, en su caso si el PP lo pide, el informe de idoneidad que permitirá la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía.

El futuro letrado mayor tiene marchamo socialista, fue vocal vecino del PSOE en la Junta Municipal de Chamartín y, además, sus últimos cargos han estado imbricados en el área de Gobierno: ha sido director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial y después, y hasta ahora, subsecretario en el gabinete de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Su pareja, Mercedes Cabrera, también letrada de Cortes, fue cesada el lunes como directora general de Relaciones con las Cortes por la evidente incompatibilidad entre su puesto y el nuevo destino de Galindo.

Las fuentes consultadas en el cuerpo de letrados del Parlamento señalan que ya resultó cuestionable el nombramiento de una letrada del Congreso como directora general de Relaciones con las Cortes y añaden que sería escandaloso que su marido fuera al mismo tiempo el secretario general de la Cámara y letrado mayor. De hecho, añaden que el propio Galindo se resistió a la propuesta de Armengol, que sólo ha prosperado tras el cese de su pareja como número dos de Simancas.

La presidenta del Congreso también lanzó su oferta a otros letrados -señalan los nombres de Isabel Revuelta, Mercedes Araujo y José Antonio Martínez Ara-, que la rechazaron. Las fuentes consultadas dan por hecho que todos ellos, y principalmente los dos últimos, no estaban dispuestos a enfrentarse al requerimiento de avalar con su firma la calificación de una proposición de ley de amnistía.

El letrado mayor saliente, Carlos Gutiérrez, ya emitió informe radicalmente contrario por «palmaria inconstitucionalidad» contra la proposición de ley presentada en este mismo sentido por ERC y el Grupo Plural en marzo de 2021. En aquella ocasión, el informe del letrado, pese a no ser un dictamen en profundidad, bastó para que fuera «inadmitido a trámite en términos absolutos».

Fuentes del cuerpo de letrados del Congreso mantienen que la proposición de ley que se registrará ahora, pese a tener un objeto idéntico a la de 2021 y contemplar la amnistía para el mismo listado de delitos, sí pasará en esta ocasión el primer filtro con la firma de Galindo, un jurista «bien preparado pero siempre dispuesto a favorecer las pretensiones del Gobierno», explican.

La proposición de ley de amnistía que registraron en 2021 los Grupos Republicano y Plural y que no pasó el corte de la Mesa señalaba como objetivo «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas sancionables administrativamente, realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de entrada en vigor de la presente ley, cualquiera que sea su denominación y contenido».

Y precisaba: «Se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender dichas consultas o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas y jurisdiccionales hubiesen sido perseguidos penalmente o administrativamente desde la fecha de la celebración de dicho referéndum».

En concreto, esa propuesta planteaba amnistiar los delitos de sedición, desórdenes públicos, desobediencia, prevaricación, falsedad, malversación y revelación de secretos, así como los delitos cometidos con ocasión o motivo de ellos.

Los juristas consultados consideran que el objetivo y el listado de delitos a amnistiar en la futura proposición de ley negociada por Sánchez serán idénticos o muy similares. Y añaden que, si bien aquella propuesta estuvo bien elaborada desde el punto de vista penal, carecía de los imprescindibles puntales constitucionales en una cuestión de tal envergadura por cuanto «no se puede obviar», afirman, que con la amnistía se vulnerarían los principios de igualdad ante la ley y prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos recogidos en la Carta Magna. En este sentido recalcan que de llevarse a efecto una ley así la investidura de Pedro Sánchez se convertiría de facto en un «proceso de cambio constitucional por la puerta de atrás».

No se cortan un pelo. El Partido ha ocupado ya todos los puestos de mando y poder.