Acuerdan una maniobra para intentar blindar la inmersión de la sentencia del 25%, que debe aplicarse a partir del próximo lunes
El PSC y los comunes han alcanzado un pacto con ERC y Junts, los partidos independentistas que componen el Govern, para intentar salvar la inmersión y sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña a partir del próximo lunes.
El acuerdo pasa por modificar la ley de política lingüística catalana para aceptar explícitamente por primera vez la presencia del castellano en la escuelas, a petición del PSC, pero evitando fijar un porcentaje mínimo de uso, como exige la Justicia.
El texto legal acordado por las fuerzas independentistas, los socialistas y la marca catalana de Podemos -ya registrado en el Parlament- concreta que el catalán será «la lengua normalmente empleada como vehicular» y el castellano será «también empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».
Este movimiento de los partidos que forman parte del llamado Pacto Nacional por la Lengua es sólo una más de las maniobras que está desarrollando el Ejecutivo catalán para intentar blindar la inmersión lingüística. Una jugada paralela a la anunciada esta misma semana por el consejero de Educación, , que el martes avanzó la próxima aprobación de un decreto para modificar la Ley de Educación Catalana (LEC) de modo que reconozca la presencia del castellano en los centros, pero de nuevo sin fijar una cuota mínima de uso para el español.
En la misma dirección apunta el denominado decreto de las enseñanzas de educación básica, que afecta tanto a Primaria como a la ESO, fue elaborado en febrero y determina que «los centros dispondrán de un porcentaje del horario semanal que gestionarán de forma autónoma» para modular la inmersión a su antojo, pudiendo impartir más castellano, pero también más catalán.
El argumento del Govern, ahora oficialmente compartido por el PSC y los comunes, es que la inmersión debe flexibilizarse para adaptarse a las necesidades lingüísticas del alumnado en función de si su escuela está ubicada en una zona predominantemente castellanohablante o no. Así rechaza el Ejecutivo catalán y sus socios lingüísticos la sentencia del 25%, que impone esta cuota de castellano para acabar con la exclusión de la lengua común de las escuelas de Cataluña.
Sin embargo, ninguna de las maniobras para sortear el fallo judicial impedirá que la Generalitat desacate si todos los colegios de Cataluña no están cumpliendo el fallo del TSJC el próximo lunes, cuando expira el plazo para su ejecución. Ante la previsión de que el Govern desobedezca, las entidades por el bilingüismo como Escuela de Todos o Hablamos Español ya se preparan para exigir al Gobierno que ordene a la Generalitat su ejecución forzosa y para presentar demandas con el mismo fin ante la previsión de que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez las desoiga.
A pesar de los esfuerzos del Govern y los partidos de izquierda partidarios de la inmersión por forjar un armazón legal con el que burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los sindicatos educativos y las direcciones de los centros han trasladado al Ejecutivo catalán su inquietud porque ninguno de los planes del Govern evita las responsabilidades penales a las que puedan exponerse los responsables de los colegios.
A pesar de que el consejero de Educación se identificó ante el TSJC como responsable de aplicar la sentencia, la Fiscalía ya ha advertido de que los directores podrían incurrir en un delito de desobediencia si no ordenan impartir un 25% de clases de castellano en sus colegios.
En este contexto se encuadra la carta remitida la pasada semana por los directores de los institutos públicos de Barcelona a la Consejería de Educación en la que reclaman garantías al Govern de que la desobediencia no recaerá exclusivamente sobre sus hombros y que, en cualquier caso, la Generalitat les protegerá de las posibles consecuencias que se deriven, en el supuesto de no acatar el fallo judicial.
«Hay que concretar cuál será la responsabilidad de las direcciones en la cuestión [del 25% de castellano] y más teniendo en cuenta las posibles repercusiones profesionales que se pueden derivar de una actuación que no sea legalmente correcta», manifiestan los directores en la misiva.
La reacción del Govern ha sido ofrecer los servicios jurídicos de la Generalitat a los funcionarios educativos para responder a posibles denuncias.
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El PSC y los comunes han alcanzado un pacto con ERC y Junts, los partidos independentistas que componen el Govern, para intentar salvar la inmersión y sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña a partir del próximo lunes.
El acuerdo pasa por modificar la ley de política lingüística catalana para aceptar explícitamente por primera vez la presencia del castellano en la escuelas, a petición del PSC, pero evitando fijar un porcentaje mínimo de uso, como exige la Justicia.
El texto legal acordado por las fuerzas independentistas, los socialistas y la marca catalana de Podemos -ya registrado en el Parlament- concreta que el catalán será «la lengua normalmente empleada como vehicular» y el castellano será «también empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».
Este movimiento de los partidos que forman parte del llamado Pacto Nacional por la Lengua es sólo una más de las maniobras que está desarrollando el Ejecutivo catalán para intentar blindar la inmersión lingüística. Una jugada paralela a la anunciada esta misma semana por el consejero de Educación, , que el martes avanzó la próxima aprobación de un decreto para modificar la Ley de Educación Catalana (LEC) de modo que reconozca la presencia del castellano en los centros, pero de nuevo sin fijar una cuota mínima de uso para el español.
En la misma dirección apunta el denominado decreto de las enseñanzas de educación básica, que afecta tanto a Primaria como a la ESO, fue elaborado en febrero y determina que «los centros dispondrán de un porcentaje del horario semanal que gestionarán de forma autónoma» para modular la inmersión a su antojo, pudiendo impartir más castellano, pero también más catalán.
El argumento del Govern, ahora oficialmente compartido por el PSC y los comunes, es que la inmersión debe flexibilizarse para adaptarse a las necesidades lingüísticas del alumnado en función de si su escuela está ubicada en una zona predominantemente castellanohablante o no. Así rechaza el Ejecutivo catalán y sus socios lingüísticos la sentencia del 25%, que impone esta cuota de castellano para acabar con la exclusión de la lengua común de las escuelas de Cataluña.
Sin embargo, ninguna de las maniobras para sortear el fallo judicial impedirá que la Generalitat desacate si todos los colegios de Cataluña no están cumpliendo el fallo del TSJC el próximo lunes, cuando expira el plazo para su ejecución. Ante la previsión de que el Govern desobedezca, las entidades por el bilingüismo como Escuela de Todos o Hablamos Español ya se preparan para exigir al Gobierno que ordene a la Generalitat su ejecución forzosa y para presentar demandas con el mismo fin ante la previsión de que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez las desoiga.
A pesar de los esfuerzos del Govern y los partidos de izquierda partidarios de la inmersión por forjar un armazón legal con el que burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los sindicatos educativos y las direcciones de los centros han trasladado al Ejecutivo catalán su inquietud porque ninguno de los planes del Govern evita las responsabilidades penales a las que puedan exponerse los responsables de los colegios.
A pesar de que el consejero de Educación se identificó ante el TSJC como responsable de aplicar la sentencia, la Fiscalía ya ha advertido de que los directores podrían incurrir en un delito de desobediencia si no ordenan impartir un 25% de clases de castellano en sus colegios.
En este contexto se encuadra la carta remitida la pasada semana por los directores de los institutos públicos de Barcelona a la Consejería de Educación en la que reclaman garantías al Govern de que la desobediencia no recaerá exclusivamente sobre sus hombros y que, en cualquier caso, la Generalitat les protegerá de las posibles consecuencias que se deriven, en el supuesto de no acatar el fallo judicial.
«Hay que concretar cuál será la responsabilidad de las direcciones en la cuestión [del 25% de castellano] y más teniendo en cuenta las posibles repercusiones profesionales que se pueden derivar de una actuación que no sea legalmente correcta», manifiestan los directores en la misiva.
La reacción del Govern ha sido ofrecer los servicios jurídicos de la Generalitat a los funcionarios educativos para responder a posibles denuncias.
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