inadaptat susial
Madmaxista
El proceso de involución democrática en Cataluña (y por ende en España), en marcha. Hacia la Tercera República Española (Y II)
CronicaPopular
12 abril, 2018
Vicente Serrano
Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas ||
El proceso de involución democrática en Cataluña (y por ende en España), en marcha. Hacia la Tercera República Española (Y II)
La república como organización justa del Estado en el siglo XXI tiene un soporte racional indiscutible. Abrazar cualquier república, en cambio, puede ser retrógrado; y la más retrograda de todas, la imaginaria república catalana, por los elementos supremacistas, xenófobos, insolidarios y neoliberales de sus postulados.
Por otro lado, pensar que república es tan sólo cambiar la forma de designar la jefatura del Estado es como una ambición de vuelo corto. ¿Qué tipo de república? ¿Presidencialista, como la francesa o la Estadounidense? (Y con poder ejecutivo). ¿O parlamentaria, como la alemana o italiana? (Donde el presidente tan solo es una figura institucional sin poder, como aquí el rey). Cierto que, al menos cada equis años, se cambia.
La principal crítica a una monarquía es que la jefatura del Estado se hereda. Un privilegio por razón de cuna, que desde un punto de vista de la igualdad y la democracia es inaceptable. Pero, como buen republicano, esa crítica no puede quedarse ahí: debe extenderse a todos los privilegios heredados. Es decir, es tan inaceptable heredar la jefatura del Estado como heredar grandes fortunas.
La herencia es el sistema por el cual se perpetúan las desigualdades sociales. Eso, que es una realidad a lo largo de la historia, en el caso de las sociedades capitalistas es fundamental en el proceso de acumulación de capital, ya que éste, el capital, precisa de generaciones para consolidarse. Por otro lado, en sistemas no monárquicos, autollamados republicanos, también acostumbran a perpetuarse las clases sociales y las clases políticas. Algo que se puede observar en la sociedad española –y catalana–, y no sólo en partidos de la derecha sino también en los de izquierda. (En todos: nuevos e históricos.) Sólo es cuestión de bucear en los antecedentes familiares de algunos.
Una auténtica república social ha de acabar con las desigualdades sociales, las producidas por razón de herencia y las producidas por la injusta distribución de la riqueza: no sólo en cuanto a rentas, sino también en servicios sociales como Educación o Sanidad. Una verdadera república social debe poner la economía al servicio de la comunidad, y no del máximo beneficio privado.
El 14 de abril se conmemora la Segunda República Española: caminemos hacia la Tercera sin sectarismos ni dogmatismos, desde la crítica racional a la situación actual.
Cataluña en la encrucijada
Desde cierta izquierda ambigua se dice que con la república se solventaría el problema catalán; y claro, eso estaría muy bien si en España hubiera un fuerte movimiento republicano. Pero la realidad es que la sociedad española no parece muy anhelante de la llegada de una Tercera República y, en cambio, sí le preocupa, y mucho, mantener la unidad de España como garantía de los derechos ciudadanos que, mal que bien, aún conservamos.
Ni siquiera podemos hablar de que en España haya un fuerte sentimiento de españolidad en un sentido de pertenencia abierta y no excluyente. Existe un nacionalismo español excluyente y xenófobo, es evidente, pero residual. Otra cosa es que la izquierda ha renunciado a su españolidad, dando vía libre a la derecha para quedarse con la bandera –en su doble sentido–. Así, pues, la izquierda española es, básicamente, antiespañola. Todo ello, unido al que denominé “complejo de culpa impropio”, ha permitido llegar a la situación en la que ahora nos encontramos.
La dejación y el pasteleo de los gobiernos de España (PP y PSOE) han dado alas al nacionalismo. Parece que fue el PSOE o el PSC o Pedro Sánchez quien forzó a Mariano Rajoy a convocar las elecciones al día siguiente de la autorización para aplicar el 155. Ahí también afectó el “complejo” al PP; le viene afectando aunque de otra manera (supongo que porque asumen ser herederos del franquismo, culpa heredada). Lo cierto es que su utilidad ha resultado muy limitada, ya que no ha tocado prácticamente las estructuras de poder del nacional-catalanismo. Es una intervención sutil, no hay reuniones del Govern de la Generalitat. Hablar de que los ministros han asumido las competencias de las conselleries es una falacia. Las conselleries funcionan normalmente, dirigidas por los cargos que puso Puigdemont, y se nota, pues siguen llenas de publicidad pro-Procés. Y, aparte de eliminar las embajadas y cuatro cosas más, poco se ha hecho. TV3 sigue siendo el gran aparato de propaganda del Procés, las subvenciones a los periódicos del régimen siguen fluyendo; a las asociaciones amigas, igual. El control de los mossos es muy parcial.
Que llamen fascista al Estado español suena a chiste. Podemos, y yo lo hago, criticar el sistema electoral por el cual el PP tiene la mayoría en el Senado, pero lo cierto es que la actuación del gobierno se hace con la autorización del Senado y con el soporte de la representación mayoritaria de la sociedad (sumen votos de PP, PSOE y C’s). Y repito: su aplicación ha sido laxa.
Hablar de acto totalitario o fascista y de la inexistencia de la separación de poderes (aunque todo es mejorable) en España, por la prisión preventiva de los responsables de posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, es, cuanto menos, inaceptable. En octubre de 2017, 12 políticos estaban en prisión preventiva por hechos similares, y algunos del PP.
Dice Nicolás Maduro ante posibles movimientos secesionistas de la llamada media luna venezolana: “A aquel que se pase de la raya —que cometa actos ilegales— le caerá todo el peso de la Justicia. No aceptaré gobernadores ‘guarimberos'”. La actuación de Evo jovenlandesales ante los intentos separatistas de su propia Media Luna Boliviana (Santa Cruz, Pando, etc.) demuestra una doble vara de medir de dichos mandatarios respecto a la integridad de sus Estados y respecto a la de España. Tal cosa parece responder, no a un conocimiento real de las cosas, sino a una suerte de asesoramiento internacional de la izquierda española. A mí me parecen coherentes en la defensa de su integridad territorial: tanto allí, como hemos de serlo aquí.
¿Tiene arreglo Cataluña hoy?
Con el Parlamento actual, no. La secesión es inaceptable aunque fueran mayoría. Para que una secesión sea aceptable con una mayoría cualificada debe asistir al territorio en cuestión el derecho de autodeterminación. Cataluña, en tanto que no es ni ha sido nunca una colonia, no existe una opresión a su cultura, y no existe un expolio, no tiene derecho a la autodeterminación. Y, además, los secesionistas nunca han llegado al 50% en votos, y en censo nunca han pasado del 37%. Son muchos, pero en democracia la voluntad de la mayoría se ha de llevar a cabo respetando la de la minoría.
Cataluña no puede ser independiente, ni aún siendo mayoritario el secesionismo: sería como reconocerle un derecho de secesión que no tiene. Implicaría restar derechos al resto de los españoles. Aunque es evidente que los nacionalistas tienen constitucionalmente derecho a luchar democráticamente por sus ideales, lo mismo que los que no somos nacionalistas a luchar por los nuestros.
La voz de Cataluña no puede se monopolizada por una minoría, por muy activa y numerosa que sea.
Pero la convivencia está muy dañada hoy en Cataluña. Es posible que de aquí al 22 de mayo la violencia social aumente, dado el interés de nacionalismo en mantener el desafío al Estado desde las instituciones catalanas. También es posible que en el último momento, el 21 o 22, elijan un presidente de la Generalitat para evitar repetir elecciones, lo que les permitiría mantener el desafío por largo tiempo.
El peligro de enquistamiento es real. Nos estamos instalando en un bucle sin salida. Sobre todo, por el inmovilismo de los partidos de ámbito estatal, donde priman los intereses electorales frente al bien común (España), y por la agresividad social y política del independentismo, donde, a pesar de sus tensiones internas, priman los intereses secesionistas frente al bien común (Cataluña), y por supuesto ignorando el otro bien común más amplio (España).
Tampoco se puede esperar que con unas nuevas elecciones en julio se resuelva nada. Es evidente que no habrá grandes cambios en el voto, y que el sistema electoral seguirá beneficiando al nacional-secesionismo.
En las democracias formales europeas, el gobierno nunca tiene un apoyo superior al de un 40% del censo (es más bien generalmente cercano al 30%), debido a la abstención y, sobre todo, a unos sistemas electorales tendentes a crear mayorías, mediante diversos métodos para la deformación de la voluntad popular. Estos sistemas deberían ser puestos en tela de juicio y por tanto reformados, garantizando una mayor separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Estos sistemas que permiten cierta estabilidad a los gobiernos centrales están generando una infidelidad constitucional por parte de algunos gobiernos regionales que se benefician de ellos. El caso más fragrante es Cataluña.
Si se repiten las elecciones en Cataluña en julio, sin cambiar al menos la asignación de diputados por provincia, todo seguirá igual: El bucle processista continuará.
Es evidente que quien convocará esas elecciones, en la actual situación, será el gobierno español. Si desaprovecha la oportunidad, será responsable por dejación de lo que venga después. Tiene las herramientas; la inacción no es una opción.
Nada es reconstruible si se sobre-representa al secesionismo. Sólo poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde, según la voluntad ciudadana, es posible romper –y no será fácil, ni a corto ni medio plazo–, el bucle identitario en el que estamos instalados.
Nou Barris. Barcelona. 02 de abril de 2018
*Autor del ensayo El valor real del voto, Editorial El Viejo Topo, 2016.
CronicaPopular
12 abril, 2018
Vicente Serrano
Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas ||
El proceso de involución democrática en Cataluña (y por ende en España), en marcha. Hacia la Tercera República Española (Y II)
La república como organización justa del Estado en el siglo XXI tiene un soporte racional indiscutible. Abrazar cualquier república, en cambio, puede ser retrógrado; y la más retrograda de todas, la imaginaria república catalana, por los elementos supremacistas, xenófobos, insolidarios y neoliberales de sus postulados.
Por otro lado, pensar que república es tan sólo cambiar la forma de designar la jefatura del Estado es como una ambición de vuelo corto. ¿Qué tipo de república? ¿Presidencialista, como la francesa o la Estadounidense? (Y con poder ejecutivo). ¿O parlamentaria, como la alemana o italiana? (Donde el presidente tan solo es una figura institucional sin poder, como aquí el rey). Cierto que, al menos cada equis años, se cambia.
La principal crítica a una monarquía es que la jefatura del Estado se hereda. Un privilegio por razón de cuna, que desde un punto de vista de la igualdad y la democracia es inaceptable. Pero, como buen republicano, esa crítica no puede quedarse ahí: debe extenderse a todos los privilegios heredados. Es decir, es tan inaceptable heredar la jefatura del Estado como heredar grandes fortunas.
La herencia es el sistema por el cual se perpetúan las desigualdades sociales. Eso, que es una realidad a lo largo de la historia, en el caso de las sociedades capitalistas es fundamental en el proceso de acumulación de capital, ya que éste, el capital, precisa de generaciones para consolidarse. Por otro lado, en sistemas no monárquicos, autollamados republicanos, también acostumbran a perpetuarse las clases sociales y las clases políticas. Algo que se puede observar en la sociedad española –y catalana–, y no sólo en partidos de la derecha sino también en los de izquierda. (En todos: nuevos e históricos.) Sólo es cuestión de bucear en los antecedentes familiares de algunos.
Una auténtica república social ha de acabar con las desigualdades sociales, las producidas por razón de herencia y las producidas por la injusta distribución de la riqueza: no sólo en cuanto a rentas, sino también en servicios sociales como Educación o Sanidad. Una verdadera república social debe poner la economía al servicio de la comunidad, y no del máximo beneficio privado.
El 14 de abril se conmemora la Segunda República Española: caminemos hacia la Tercera sin sectarismos ni dogmatismos, desde la crítica racional a la situación actual.
Cataluña en la encrucijada
Desde cierta izquierda ambigua se dice que con la república se solventaría el problema catalán; y claro, eso estaría muy bien si en España hubiera un fuerte movimiento republicano. Pero la realidad es que la sociedad española no parece muy anhelante de la llegada de una Tercera República y, en cambio, sí le preocupa, y mucho, mantener la unidad de España como garantía de los derechos ciudadanos que, mal que bien, aún conservamos.
Ni siquiera podemos hablar de que en España haya un fuerte sentimiento de españolidad en un sentido de pertenencia abierta y no excluyente. Existe un nacionalismo español excluyente y xenófobo, es evidente, pero residual. Otra cosa es que la izquierda ha renunciado a su españolidad, dando vía libre a la derecha para quedarse con la bandera –en su doble sentido–. Así, pues, la izquierda española es, básicamente, antiespañola. Todo ello, unido al que denominé “complejo de culpa impropio”, ha permitido llegar a la situación en la que ahora nos encontramos.
La dejación y el pasteleo de los gobiernos de España (PP y PSOE) han dado alas al nacionalismo. Parece que fue el PSOE o el PSC o Pedro Sánchez quien forzó a Mariano Rajoy a convocar las elecciones al día siguiente de la autorización para aplicar el 155. Ahí también afectó el “complejo” al PP; le viene afectando aunque de otra manera (supongo que porque asumen ser herederos del franquismo, culpa heredada). Lo cierto es que su utilidad ha resultado muy limitada, ya que no ha tocado prácticamente las estructuras de poder del nacional-catalanismo. Es una intervención sutil, no hay reuniones del Govern de la Generalitat. Hablar de que los ministros han asumido las competencias de las conselleries es una falacia. Las conselleries funcionan normalmente, dirigidas por los cargos que puso Puigdemont, y se nota, pues siguen llenas de publicidad pro-Procés. Y, aparte de eliminar las embajadas y cuatro cosas más, poco se ha hecho. TV3 sigue siendo el gran aparato de propaganda del Procés, las subvenciones a los periódicos del régimen siguen fluyendo; a las asociaciones amigas, igual. El control de los mossos es muy parcial.
Que llamen fascista al Estado español suena a chiste. Podemos, y yo lo hago, criticar el sistema electoral por el cual el PP tiene la mayoría en el Senado, pero lo cierto es que la actuación del gobierno se hace con la autorización del Senado y con el soporte de la representación mayoritaria de la sociedad (sumen votos de PP, PSOE y C’s). Y repito: su aplicación ha sido laxa.
Hablar de acto totalitario o fascista y de la inexistencia de la separación de poderes (aunque todo es mejorable) en España, por la prisión preventiva de los responsables de posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, es, cuanto menos, inaceptable. En octubre de 2017, 12 políticos estaban en prisión preventiva por hechos similares, y algunos del PP.
Dice Nicolás Maduro ante posibles movimientos secesionistas de la llamada media luna venezolana: “A aquel que se pase de la raya —que cometa actos ilegales— le caerá todo el peso de la Justicia. No aceptaré gobernadores ‘guarimberos'”. La actuación de Evo jovenlandesales ante los intentos separatistas de su propia Media Luna Boliviana (Santa Cruz, Pando, etc.) demuestra una doble vara de medir de dichos mandatarios respecto a la integridad de sus Estados y respecto a la de España. Tal cosa parece responder, no a un conocimiento real de las cosas, sino a una suerte de asesoramiento internacional de la izquierda española. A mí me parecen coherentes en la defensa de su integridad territorial: tanto allí, como hemos de serlo aquí.
¿Tiene arreglo Cataluña hoy?
Con el Parlamento actual, no. La secesión es inaceptable aunque fueran mayoría. Para que una secesión sea aceptable con una mayoría cualificada debe asistir al territorio en cuestión el derecho de autodeterminación. Cataluña, en tanto que no es ni ha sido nunca una colonia, no existe una opresión a su cultura, y no existe un expolio, no tiene derecho a la autodeterminación. Y, además, los secesionistas nunca han llegado al 50% en votos, y en censo nunca han pasado del 37%. Son muchos, pero en democracia la voluntad de la mayoría se ha de llevar a cabo respetando la de la minoría.
Cataluña no puede ser independiente, ni aún siendo mayoritario el secesionismo: sería como reconocerle un derecho de secesión que no tiene. Implicaría restar derechos al resto de los españoles. Aunque es evidente que los nacionalistas tienen constitucionalmente derecho a luchar democráticamente por sus ideales, lo mismo que los que no somos nacionalistas a luchar por los nuestros.
La voz de Cataluña no puede se monopolizada por una minoría, por muy activa y numerosa que sea.
Pero la convivencia está muy dañada hoy en Cataluña. Es posible que de aquí al 22 de mayo la violencia social aumente, dado el interés de nacionalismo en mantener el desafío al Estado desde las instituciones catalanas. También es posible que en el último momento, el 21 o 22, elijan un presidente de la Generalitat para evitar repetir elecciones, lo que les permitiría mantener el desafío por largo tiempo.
El peligro de enquistamiento es real. Nos estamos instalando en un bucle sin salida. Sobre todo, por el inmovilismo de los partidos de ámbito estatal, donde priman los intereses electorales frente al bien común (España), y por la agresividad social y política del independentismo, donde, a pesar de sus tensiones internas, priman los intereses secesionistas frente al bien común (Cataluña), y por supuesto ignorando el otro bien común más amplio (España).
Tampoco se puede esperar que con unas nuevas elecciones en julio se resuelva nada. Es evidente que no habrá grandes cambios en el voto, y que el sistema electoral seguirá beneficiando al nacional-secesionismo.
En las democracias formales europeas, el gobierno nunca tiene un apoyo superior al de un 40% del censo (es más bien generalmente cercano al 30%), debido a la abstención y, sobre todo, a unos sistemas electorales tendentes a crear mayorías, mediante diversos métodos para la deformación de la voluntad popular. Estos sistemas deberían ser puestos en tela de juicio y por tanto reformados, garantizando una mayor separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Estos sistemas que permiten cierta estabilidad a los gobiernos centrales están generando una infidelidad constitucional por parte de algunos gobiernos regionales que se benefician de ellos. El caso más fragrante es Cataluña.
Si se repiten las elecciones en Cataluña en julio, sin cambiar al menos la asignación de diputados por provincia, todo seguirá igual: El bucle processista continuará.
Es evidente que quien convocará esas elecciones, en la actual situación, será el gobierno español. Si desaprovecha la oportunidad, será responsable por dejación de lo que venga después. Tiene las herramientas; la inacción no es una opción.
Nada es reconstruible si se sobre-representa al secesionismo. Sólo poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde, según la voluntad ciudadana, es posible romper –y no será fácil, ni a corto ni medio plazo–, el bucle identitario en el que estamos instalados.
Nou Barris. Barcelona. 02 de abril de 2018
*Autor del ensayo El valor real del voto, Editorial El Viejo Topo, 2016.
