1990. Las notas de Bárcenas arrancan en pleno caso Naseiro
Veamos.
1989
1990
La refundación del Partido Popular y los éxitos electorales alcanzados por José María Aznar y Manuel Fraga le han costado caros a esta formación política. El PP obtuvo créditos electorales por valor de 2.550 millones de pesetas durante el año pasado, -de los cuales sólo puede devolver 941,5 con cargo a las subvenciones que el Estado le adeuda por los votos y escaños conseguidos. Deja, por tanto, 1.608 millones sin la cobertura de los fondos públicos. Además, el PP cerró el ejercicio económico de 1989 con un déficit de funcionamiento de 206 millones, entendiendo por tal el presupuesto ordinario de un partido que, como los demás, paga alquileres, suministros, personal, encuestas, imagen y otros gastos.
Según la lacónica explicación facilitada por el PP, este desfase entre ingresos y gastos "se ha financiado mediante créditos bancarios y financiación de proveedores", es decir, con más préstamos y el aplazamiento de pagos pendientes.Estos datos proceden de un documento sobre la contabilidad del Partido Popular, que fue preparado por el propio tesorero del PP, Rosendo Naseiro, cuatro semanas antes de su inesperada detención. El documento, que fue realizado a petición de este periódico, no responde a muchos de los detalles solicitados por EL PMS -que se han intentado completar con gestiones posteriores-, pero sí refleja claramente que el Partido Popular gasta mucho más dinero del que oficialmente tiene.Cuatro fuentes conocidas
Según otras fuentes del PP, que piden expresamente el anonimato, este partido tiene cuatro fuentes conocidas de financiación: las subvenciones públicas entregadas por el Estado, los donativos que han efectuado ciertas compañías -se apunta al sector eléctrico- y la petición de dinero a empresarios y particulares, simpatizantes de la opción conservadora, unas veces a través de cartas -por el sistema mailing -otras por medio de cenas y otros actos públicos, en los que se solicita donativos a los asistentes. Este último método se aplicaba mucho en época de Manuel Fraga.
Ninguna de estas vías de financiación aparece reflejada en el documento remitido a EL PAÍS por Rosendo Naseiro, en el que todas las cifras de ingresos se atribuyen a las subvenciones públicas y a los préstamos bancarios recibidos, amén de pequeñas cantidades atribuidas genéricamente a "otros ingresos".
Con cargo a los ingresos previstos Para este año, el PP prevé 437 millones para amortización de créditos, una cifra muy inferior a la que debe. Y, además, en 1990 hay previstas otras dos campañas electorales -autonómicas de Andalucía y el País Vasco-, que normalmente generarán nuevas necesidades de endeudamiento.
Según el informe de Naseiro, el Partido Popular obtuvo un total de 2.550 millones de pesetas en préstamos bancarios para las elecciones generales, europeas y gallegas del año 1989. La gran mayoría de ese dinero fue pedida para la campaña europea, en que el cabeza de lista era Marcelino Oreja, y para la elección general, donde el líder era José María Aznar. La campaña gallega de Manuel Fraga se realizó con un exquisito equilibrio entre ingresos y gastos, hasta el punto de que sobraron 200.000 pesetas exactamente, siempre según la fuente antes identificada.
En el año anterior, que coincide con la etapa de gestión de Antonio Hernández Mancha, el Partido Popular -entonces llamadoAlianza Popular- tuvo un déficit de, 114 millones de pesetas, si bien faltan los datos de la campaña autonómica de Cataluña. Sobre 1987 no hay datos fiables: únicamente el que recoge el informe del Tribunal de Cuentas respecto a la contabilidad de ese año, según el cual AP tuvo un superávit de 360 millones en el segundo semestre. Sobre el primer semestre, en el que precisamente se registró una triple convocatoria electoral, el Tribunal de Cuentas cierra los ojos y tampoco hay dato alguno en el documento remitido por Naseiro a EL PAÍS.
Un miembro relevante del equipo de Antonio Hernández Mancha asegura que este último se hizo cargo de AP a principios de 1987, después de que Manuel Fraga hubiera comprometido las pestañas propias y ajenas en las elecciones legislativas de 1986, en las que se jugaba el todo por el todo. Cabe recordar que aquella campaña contó con una generosa financiación bancaria a la llamada Operación Roca.
En concreto -según la citada fuente del equipo de Hernández Mancha-, Fraga había solicitado un crédito de 1.861 millones para las elecciones de 1986, para lo cual comprometió el ciento por ciento de lo que recibiría de subvenciones estatales hasta junio de 1987. Según estas fuentes manchistas, los entonces responsables del Partido Demócrata Popular y del Partido Liberal, óscar Alzaga y José Antonio Segurado -entones aliados de Fraga-, no vieron bien que Fraga comprometiera también la parte de las ayudas estatales que ellos creían debían ser administradas por ellos mismos.
A ello se unía una deuda de 320 millones de pesetas que la Alianza Popular de Fraga legó a su sucesor referente a nóminas de varios meses, Seguridad Social, alquileres, electricidad, teléfono -que llegó a ser cortado por impago-, proveedores, y otros.
El drama económicoEl drama económico del equipo manchista es que tomó las riendas en febrero de 1987, pero hastajunio de ese año la totalidad de las subvenciones iban directamente de las arcas del Estado a la cámara acorazada de los bancos sin pasar por Génova, 13, sede del partido. De añadidura, los manchistas se encontraron con una maraña de flecos de deudas económicas de anteriores campañas, cuyo monto es estimado por antiguos dirigentes populares en unos 500 millones. Campaña autonómica al Parlamento vasco de 1986, autonómica gallega de 1985 y préstamos con entidades bancarias como la Cazar y la Caja de Ahorros de Plasencia, entre otras.
Los entonces responsables financieros de AP optaron por una drástica reducción de gastos y, una vez que las subvenciones quedaron liberadas de la deuda de Fraga, solicitaron nuevos créditos, que rondaron los 570 millones de pesetas para la campaña municipal, autonómica y europea de 1987. Asimismo, lograron otro crédito de 75 millones "para vivir". Los ex dirigentes manchistas afirman que tras su salida, en enero de 1989, el partido había prácticamente liquidado la deuda Fraga, pero aún quedaba la histórica, cifrada en tor no a 2.000 millones de pesetas.
Las cifras de Naseiro | Edición impresa | EL PAÍS
Según la lacónica explicación facilitada por el PP, este desfase entre ingresos y gastos "se ha financiado mediante créditos bancarios y financiación de proveedores", es decir, con más préstamos y el aplazamiento de pagos pendientes.Estos datos proceden de un documento sobre la contabilidad del Partido Popular, que fue preparado por el propio tesorero del PP, Rosendo Naseiro, cuatro semanas antes de su inesperada detención. El documento, que fue realizado a petición de este periódico, no responde a muchos de los detalles solicitados por EL PMS -que se han intentado completar con gestiones posteriores-, pero sí refleja claramente que el Partido Popular gasta mucho más dinero del que oficialmente tiene.Cuatro fuentes conocidas
Según otras fuentes del PP, que piden expresamente el anonimato, este partido tiene cuatro fuentes conocidas de financiación: las subvenciones públicas entregadas por el Estado, los donativos que han efectuado ciertas compañías -se apunta al sector eléctrico- y la petición de dinero a empresarios y particulares, simpatizantes de la opción conservadora, unas veces a través de cartas -por el sistema mailing -otras por medio de cenas y otros actos públicos, en los que se solicita donativos a los asistentes. Este último método se aplicaba mucho en época de Manuel Fraga.
Ninguna de estas vías de financiación aparece reflejada en el documento remitido a EL PAÍS por Rosendo Naseiro, en el que todas las cifras de ingresos se atribuyen a las subvenciones públicas y a los préstamos bancarios recibidos, amén de pequeñas cantidades atribuidas genéricamente a "otros ingresos".
Con cargo a los ingresos previstos Para este año, el PP prevé 437 millones para amortización de créditos, una cifra muy inferior a la que debe. Y, además, en 1990 hay previstas otras dos campañas electorales -autonómicas de Andalucía y el País Vasco-, que normalmente generarán nuevas necesidades de endeudamiento.
Según el informe de Naseiro, el Partido Popular obtuvo un total de 2.550 millones de pesetas en préstamos bancarios para las elecciones generales, europeas y gallegas del año 1989. La gran mayoría de ese dinero fue pedida para la campaña europea, en que el cabeza de lista era Marcelino Oreja, y para la elección general, donde el líder era José María Aznar. La campaña gallega de Manuel Fraga se realizó con un exquisito equilibrio entre ingresos y gastos, hasta el punto de que sobraron 200.000 pesetas exactamente, siempre según la fuente antes identificada.
En el año anterior, que coincide con la etapa de gestión de Antonio Hernández Mancha, el Partido Popular -entonces llamadoAlianza Popular- tuvo un déficit de, 114 millones de pesetas, si bien faltan los datos de la campaña autonómica de Cataluña. Sobre 1987 no hay datos fiables: únicamente el que recoge el informe del Tribunal de Cuentas respecto a la contabilidad de ese año, según el cual AP tuvo un superávit de 360 millones en el segundo semestre. Sobre el primer semestre, en el que precisamente se registró una triple convocatoria electoral, el Tribunal de Cuentas cierra los ojos y tampoco hay dato alguno en el documento remitido por Naseiro a EL PAÍS.
Un miembro relevante del equipo de Antonio Hernández Mancha asegura que este último se hizo cargo de AP a principios de 1987, después de que Manuel Fraga hubiera comprometido las pestañas propias y ajenas en las elecciones legislativas de 1986, en las que se jugaba el todo por el todo. Cabe recordar que aquella campaña contó con una generosa financiación bancaria a la llamada Operación Roca.
En concreto -según la citada fuente del equipo de Hernández Mancha-, Fraga había solicitado un crédito de 1.861 millones para las elecciones de 1986, para lo cual comprometió el ciento por ciento de lo que recibiría de subvenciones estatales hasta junio de 1987. Según estas fuentes manchistas, los entonces responsables del Partido Demócrata Popular y del Partido Liberal, óscar Alzaga y José Antonio Segurado -entones aliados de Fraga-, no vieron bien que Fraga comprometiera también la parte de las ayudas estatales que ellos creían debían ser administradas por ellos mismos.
A ello se unía una deuda de 320 millones de pesetas que la Alianza Popular de Fraga legó a su sucesor referente a nóminas de varios meses, Seguridad Social, alquileres, electricidad, teléfono -que llegó a ser cortado por impago-, proveedores, y otros.
El drama económicoEl drama económico del equipo manchista es que tomó las riendas en febrero de 1987, pero hastajunio de ese año la totalidad de las subvenciones iban directamente de las arcas del Estado a la cámara acorazada de los bancos sin pasar por Génova, 13, sede del partido. De añadidura, los manchistas se encontraron con una maraña de flecos de deudas económicas de anteriores campañas, cuyo monto es estimado por antiguos dirigentes populares en unos 500 millones. Campaña autonómica al Parlamento vasco de 1986, autonómica gallega de 1985 y préstamos con entidades bancarias como la Cazar y la Caja de Ahorros de Plasencia, entre otras.
Los entonces responsables financieros de AP optaron por una drástica reducción de gastos y, una vez que las subvenciones quedaron liberadas de la deuda de Fraga, solicitaron nuevos créditos, que rondaron los 570 millones de pesetas para la campaña municipal, autonómica y europea de 1987. Asimismo, lograron otro crédito de 75 millones "para vivir". Los ex dirigentes manchistas afirman que tras su salida, en enero de 1989, el partido había prácticamente liquidado la deuda Fraga, pero aún quedaba la histórica, cifrada en tor no a 2.000 millones de pesetas.
Las cifras de Naseiro | Edición impresa | EL PAÍS
1992
"LO QUE no está en los autos no está en el mundo", dice un aforismo forense para expresar la independencia con que deben actuar los tribunales frente a cualquier influencia exterior en la toma de sus decisiones. En virtud *de este principio, el Tribunal Supremo ha decidido, por motivos que tienen que ver con cuestiones de procedimiento, dar como inexistente el caso Naseiro en el ámbito de la justicia. Pero es obvio, y no está al alcance de tribunal alguno impedirlo, que el caso Naseiro ha existido en la realidad y que las conversaciones telefónicas declaradas nulas procesalmente no son un invento ni una ficción.A lo largo de este proceso tan controvertido -por la personalidad. de los implicados y por el tipo de imputación referida a supuestas prácticas ilegales de financiación del Partido Popular-, los defensores de los implicados han insistido en que lo que estaba en juego era el Estado de derecho. Se referían con ello a las sospechas de irregularidades procesales que desde los prolegómenos de la instrucción han planeado sobre el caso. Es cierto. Pero también lo es que el Estado de derecho está en juego si, por razones infundadas o no suficientemente sólidas, se hurtan a la acción de la justicia hechos que pueden ser legalmente punibles, además de jovenlandesalmente reprobables.
El Tribunal Supremo ha considerado que en el caso Naseiro el Estado de derecho ha estado más en peligro por lo primero que por lo segundo. Y de ahí que haya declarado nulas las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Manglano y que haya negado validez probatoria a las cintas grabadas con las conversaciones de los implicados. Nada hay que objetar al posicionamiento doctrinal del Supremo: es obvio que en el Estado de derecho los procedimientos forman parte de sus contenidos y, si existen dudas fundadas de que aquéllos han sido conculcados, la situación siempre debe ser resuelta a favor del justiciable. Con ello también queda protegida la sociedad.
El Tribunal Supremo ha hecho gala en esta ocasión de un rigor garantista no habitual en la práctica judicial española. Todas sus observaciones sobre la forma de actuación judicial en los casos. de escuchas telefónicas -insuficiencia de las autorizaciones genéricas, control permanente de las diligencias policiales, nueva autorización si se detecta un delito diferente del que se estaba investigando, etcétera- constituyen una desautorización en toda regla a lo que es práctica habitual de la judicatura española en este terreno. Seguramente -y la doctrina meridianamente expuesta ahora por el Supremo en el caso Naseiro muestra que estaban equivocados- la generalidad de los jueces españoles han considerado que su tutela efectiva bastaba para alejar cualquier peligro de vulneración de los derechos de intimidad personal y del secreto de las conversaciones telefónicas, protegidos por la Constitución. El caso Naseiro ha podido tener, como ha considerado el Supremo, múltiples vulneraciones de derechos, pero ha gozado en todo momento de una garantía de la que, lamentablemente, no suelen disfrutar el común de los detenidos: el amparo directo del juez desde él inicio de la investigación policial.
El auto judicial demuestra, de otro lado, la distancia entre el tratamiento jurídico y el político de unos mismos hechos. La absurda pretensión de que sólo existe responsabilidad política cuando la jurídica que da establecida contribuye a aumentar el desconcierto de la opinión pública ante todo lo relacionado con la corrupción. Conviene por ello insistir en que los ciudadanos que escucharon las grabaciones de las con versaciones entre los tesoreros del PP y el concejal Palop no oyeron mal: efectivamente, hablaban de cómo conseguir dinero de los constructores a cambio de de cisiones administrativas. Las garantías establecidas por la ley contra eventuales abusos de poder -en relación a escuchas telefónicas, asistencia letrada, etcétera- constituyen una conquista de la convivencia en libertad, incluso si en ocasiones pueden ser utilizadas para rehuir la sanción. Pero los ciudadanos no oyeron mal: los ahora exculpados son políticamente responsables de prácticas merecedoras de la repulsa social.
No oyeron mal | Edición impresa | EL PAÍS
El Tribunal Supremo ha considerado que en el caso Naseiro el Estado de derecho ha estado más en peligro por lo primero que por lo segundo. Y de ahí que haya declarado nulas las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Manglano y que haya negado validez probatoria a las cintas grabadas con las conversaciones de los implicados. Nada hay que objetar al posicionamiento doctrinal del Supremo: es obvio que en el Estado de derecho los procedimientos forman parte de sus contenidos y, si existen dudas fundadas de que aquéllos han sido conculcados, la situación siempre debe ser resuelta a favor del justiciable. Con ello también queda protegida la sociedad.
El Tribunal Supremo ha hecho gala en esta ocasión de un rigor garantista no habitual en la práctica judicial española. Todas sus observaciones sobre la forma de actuación judicial en los casos. de escuchas telefónicas -insuficiencia de las autorizaciones genéricas, control permanente de las diligencias policiales, nueva autorización si se detecta un delito diferente del que se estaba investigando, etcétera- constituyen una desautorización en toda regla a lo que es práctica habitual de la judicatura española en este terreno. Seguramente -y la doctrina meridianamente expuesta ahora por el Supremo en el caso Naseiro muestra que estaban equivocados- la generalidad de los jueces españoles han considerado que su tutela efectiva bastaba para alejar cualquier peligro de vulneración de los derechos de intimidad personal y del secreto de las conversaciones telefónicas, protegidos por la Constitución. El caso Naseiro ha podido tener, como ha considerado el Supremo, múltiples vulneraciones de derechos, pero ha gozado en todo momento de una garantía de la que, lamentablemente, no suelen disfrutar el común de los detenidos: el amparo directo del juez desde él inicio de la investigación policial.
El auto judicial demuestra, de otro lado, la distancia entre el tratamiento jurídico y el político de unos mismos hechos. La absurda pretensión de que sólo existe responsabilidad política cuando la jurídica que da establecida contribuye a aumentar el desconcierto de la opinión pública ante todo lo relacionado con la corrupción. Conviene por ello insistir en que los ciudadanos que escucharon las grabaciones de las con versaciones entre los tesoreros del PP y el concejal Palop no oyeron mal: efectivamente, hablaban de cómo conseguir dinero de los constructores a cambio de de cisiones administrativas. Las garantías establecidas por la ley contra eventuales abusos de poder -en relación a escuchas telefónicas, asistencia letrada, etcétera- constituyen una conquista de la convivencia en libertad, incluso si en ocasiones pueden ser utilizadas para rehuir la sanción. Pero los ciudadanos no oyeron mal: los ahora exculpados son políticamente responsables de prácticas merecedoras de la repulsa social.
No oyeron mal | Edición impresa | EL PAÍS
1994
FUENTE. Son 11 páginas de lo que es imposible resumir sin dormir a las ovejas.
Del caso FILESA sale otro :
: Noticias sobre Filesa | EL PAÍSEste país acabará mal. Hambre y corrupción.
