Vlad_Empalador
Será en Octubre
La novedad no es la compra de votos, sino la magnitud del ataque de la derecha a la democracia
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El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. DAVID MUDARRA (PP)
26 de mayo de 2023 23:21h
Actualizado el 27/05/2023 05:30h
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Comprar votos es un acto deleznable. Se basa en el aprovechamiento perversos de las necesidades o las flaquezas jovenlandesales del prójimo y constituye un grave atentado contra la democracia, más aun si la operación tiene la suficiente envergadura como para inclinar la balanza de los comicios en favor de quien promueve la compra. Por eso es de capital importancia que la justicia se pronuncie con celeridad no solo sobre las investigaciones ya en curso, sino sobre las diversas denuncias que se han conocido en los últimos días y de cuyas consecuencias no tenemos noticia.
Dicho lo cual, y sin que sirva de atenuante, solo desde la ingenuidad o del cinismo se puede pensar que estamos ante una novedad en las prácticas electorales en España. Entre 2000 y 2020 trascendieron 72 procedimientos por fraude electoral, de los cuales un 49% implicaban al PP y un 22% al PSOE. En la práctica totalidad de los casos las investigaciones terminaron sin resultados ante la dificultad -esto es lo que se dice- para atrapar a los sospechosos con las manos en la masa. Sin embargo, hasta ahora existía un cierto consenso político en que, salvo que se demostrara que las compras de votos obedecían a un plan organizado desde la cúpula de los partidos, debían tratarse como hechos aislados, circunscritos a los territorios concretos donde se producían, con el sensato fin de que no se pusiera en entredicho el proceso electoral en su conjunto y, por extensión, la propia legitimidad de la democracia.
Ese consenso ha saltado por los aires. Y la responsabilidad -aquí no caben equidistancias- es de una derecha cada vez más salida de quicio que no acepta ver a Pedro Sánchez en la Moncloa y que ha demostrado estar dispuesta a cualquier cosa -declarar ilegítimo al Gobierno, acusar al presidente de alianzas con terroristas, mantener secuestrado durante más de cuatro años el poder judicial, intentar torpedear las ayudas europeas, incluso esparcir el bulo de que su esposa es investigada en jovenlandia por tráfico de drojas- con tal de arrebatarle el poder. Empeñado en convertir las elecciones municipales y autonómicas del domingo en un ensayo de las generales de diciembre, el PP ha hablado muy poco en campaña de asuntos de proximidad y ha logrado, con el apoyo de sus bien regadas terminales mediáticas, imponer una agenda que, según sus cálculos, causaría daño al PSOE. Tras dar la matraca con ETA, al extremo de exigir algunas voces influyentes como Díaz Ayuso la ilegalización de Bildu -desconociendo la doctrina del Tribunal Constitucional e ignorando la relación civilizada que los populares vascos mantienen con la formación aberzale-, ahora se les ha aparecido la Virgen con el tema de la compra de votos.
Estamos hablando, de momento, de menos de una docena de municipios de los 8.131 que tiene España, y en algunos casos aparecen también implicados cargos del PP. Parecen hechos aislados, ¿no? Nada de eso: se trata de un lodazal que han esparcido el PSOE y sus aliados en toda la democracia española, en el marco de un plan siniestro para aferrarse al poder. ¿Puede toda esta inmundicia provocada por los socialistas afectar el resultado de las elecciones (las de ahora y las generales)? Por supuesto: si al PP le va mal, será por la trampa de sus rivales. Un razonamiento similar llevó a turbamultas a tomarse el Capitolio en Estados Unidos y las sedes institucionales de Brasil. Confiemos en que no sea el caso en nuestro país, pero la historia nos ha enseñado hasta la saciedad que jugar con fuego puede desatar incendios.
Esta espiral comenzó en Melilla, al trascender que la Policía había detenido a 10 personas vinculadas con una trama de compra de votos por correo de Coalición por Melilla. ¡Aliados del PSOE! De repente circuló la información de que dos de los detenidos tenían lazos con el PP y desde Génova bajaron prudentemente el tono de sus soflamas. Esa información fue posteriormente desmentida, pero ya Melilla importaba menos: había saltado un escándalo muchísimo más jugoso: Mojácar. Siete detenidos, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE. ¡La ciudad de veraneo de Sánchez! ¡Dos socialistas detenidos! La máquina se puso en marcha de inmediato para convertir la localidad almeriense en el Waterloo del presidente y su partido. “La compra de votos de Mojácar enturbia la campaña del PSOE”, editorializó El Mundo. “¡Que Sánchez dé explicaciones!”, exigió el portavoz del PP González Pons. Y cuando el presidente condenó los hechos, Herrera respondió presto desde la Cope: “Esto es como Maradona cuando hizo campaña de no a las drojas”.
A partir de ahí, a por todas: “Sánchez, el experto en pucherazos, responsable de la compra de votos del PSOE” (El Imparcial, sí, así se llama). En un artículo titulado ‘La compra de votos’, tronó Marhuenda: “Los comunistas, independentistas y filoetarras acuden a la Moncloa con la frase de ‘qué hay de lo mío’”, sugiriendo que las negociaciones para asegurarse la gobernabilidad, habituales en democracia aquí en Cafarnaúm y practicadas tanto por el PSOE y el PP, constituyen un delito… cuando las protagonizan los socialistas, claro. Y obviando, por supuesto, que la frase del qué hay de lo mío, en su versión delictiva, es la que los comisionistas del PP decían a los contratistas en la ristra de casos de corrupción que llevaron incluso a la condena de la formación conservadora. Entretanto se conocían denuncias en otras localidades, la mayoría de las cuales apuntan a compras de voto por el PP, pero no, esas eran cortinas de humo del PSOE: no había que soltar bajo ningún precepto el apetitoso hueso de Mojácar. “Lo que ha destrozado la línea de flotación del PSOE sigue siendo Mojácar”, sentó doctrina Herrera en la emisora de la Iglesia.
Así están las cosas en la víspera de las elecciones. La compra de votos en menos de una decena de municipios pequeños convertida irresponsablemente por la derecha política y mediática en una causa general contra el PSOE que amenaza con socavar la confianza en estas y las siguientes elecciones. Y la turística Mojácar erigida por los estrategas del PP en el símbolo de la corrupción sin límites de los socialistas. Todo se está urdiendo para impugnar las elecciones generales si el resultado no es del agrado de la derecha. No se trata de una teoría conspirativa: tal como reveló El País el 2 de mayo pasado, en una reunión que Núñez Feijóo mantuvo con representantes de la mayoritaria y conservadora asociación de fiscales en un restaurante madrileño, el fiscal y exmagistrado del TC Antonio Narváez, en línea con lo que ya han expresado dirigentes del PP en otras ocasiones, esparció sospechas sobre Indra, la empresa que lleva tres décadas supervisando los procesos electorales y que ahora preside una persona de la confianza del PSOE como en otros momentos la han gestionado afines al PP. Súmese a ello que el Gobierno es ilegítimo y que tiene una maquinaria bien engrasada para la compra de votos en toda España, y el cóctel está servido.
Por lo demás, sería bueno que el PP explicara qué ha hecho en los casi 40 años tras*curridos desde la aprobación de la ley electoral de 1985 para resolver el incomprensible vacío legal en el voto por correo, que es por donde se están colando los fraudes que tanto preocupan ahora a la derecha. Lo mismo cabría preguntar, ni más faltaba, al PSOE.
- Comprar votos es un acto deleznable. Pero, sin restarle gravedad, los casos conocidos de momento apenas afectan a una decena de los 8.131 municipios de España. Lo realmente alarmante es la estrategia del PP y sus medios afines para sembrar dudas sobre estas elecciones y las generales en su afán por sacar a Sánchez de la Moncloa
- — Preguntas y respuestas sobre el fraude del voto por correo
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26 de mayo de 2023 23:21h
Actualizado el 27/05/2023 05:30h
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Comprar votos es un acto deleznable. Se basa en el aprovechamiento perversos de las necesidades o las flaquezas jovenlandesales del prójimo y constituye un grave atentado contra la democracia, más aun si la operación tiene la suficiente envergadura como para inclinar la balanza de los comicios en favor de quien promueve la compra. Por eso es de capital importancia que la justicia se pronuncie con celeridad no solo sobre las investigaciones ya en curso, sino sobre las diversas denuncias que se han conocido en los últimos días y de cuyas consecuencias no tenemos noticia.
Dicho lo cual, y sin que sirva de atenuante, solo desde la ingenuidad o del cinismo se puede pensar que estamos ante una novedad en las prácticas electorales en España. Entre 2000 y 2020 trascendieron 72 procedimientos por fraude electoral, de los cuales un 49% implicaban al PP y un 22% al PSOE. En la práctica totalidad de los casos las investigaciones terminaron sin resultados ante la dificultad -esto es lo que se dice- para atrapar a los sospechosos con las manos en la masa. Sin embargo, hasta ahora existía un cierto consenso político en que, salvo que se demostrara que las compras de votos obedecían a un plan organizado desde la cúpula de los partidos, debían tratarse como hechos aislados, circunscritos a los territorios concretos donde se producían, con el sensato fin de que no se pusiera en entredicho el proceso electoral en su conjunto y, por extensión, la propia legitimidad de la democracia.
Ese consenso ha saltado por los aires. Y la responsabilidad -aquí no caben equidistancias- es de una derecha cada vez más salida de quicio que no acepta ver a Pedro Sánchez en la Moncloa y que ha demostrado estar dispuesta a cualquier cosa -declarar ilegítimo al Gobierno, acusar al presidente de alianzas con terroristas, mantener secuestrado durante más de cuatro años el poder judicial, intentar torpedear las ayudas europeas, incluso esparcir el bulo de que su esposa es investigada en jovenlandia por tráfico de drojas- con tal de arrebatarle el poder. Empeñado en convertir las elecciones municipales y autonómicas del domingo en un ensayo de las generales de diciembre, el PP ha hablado muy poco en campaña de asuntos de proximidad y ha logrado, con el apoyo de sus bien regadas terminales mediáticas, imponer una agenda que, según sus cálculos, causaría daño al PSOE. Tras dar la matraca con ETA, al extremo de exigir algunas voces influyentes como Díaz Ayuso la ilegalización de Bildu -desconociendo la doctrina del Tribunal Constitucional e ignorando la relación civilizada que los populares vascos mantienen con la formación aberzale-, ahora se les ha aparecido la Virgen con el tema de la compra de votos.
Estamos hablando, de momento, de menos de una docena de municipios de los 8.131 que tiene España, y en algunos casos aparecen también implicados cargos del PP. Parecen hechos aislados, ¿no? Nada de eso: se trata de un lodazal que han esparcido el PSOE y sus aliados en toda la democracia española, en el marco de un plan siniestro para aferrarse al poder. ¿Puede toda esta inmundicia provocada por los socialistas afectar el resultado de las elecciones (las de ahora y las generales)? Por supuesto: si al PP le va mal, será por la trampa de sus rivales. Un razonamiento similar llevó a turbamultas a tomarse el Capitolio en Estados Unidos y las sedes institucionales de Brasil. Confiemos en que no sea el caso en nuestro país, pero la historia nos ha enseñado hasta la saciedad que jugar con fuego puede desatar incendios.
Esta espiral comenzó en Melilla, al trascender que la Policía había detenido a 10 personas vinculadas con una trama de compra de votos por correo de Coalición por Melilla. ¡Aliados del PSOE! De repente circuló la información de que dos de los detenidos tenían lazos con el PP y desde Génova bajaron prudentemente el tono de sus soflamas. Esa información fue posteriormente desmentida, pero ya Melilla importaba menos: había saltado un escándalo muchísimo más jugoso: Mojácar. Siete detenidos, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE. ¡La ciudad de veraneo de Sánchez! ¡Dos socialistas detenidos! La máquina se puso en marcha de inmediato para convertir la localidad almeriense en el Waterloo del presidente y su partido. “La compra de votos de Mojácar enturbia la campaña del PSOE”, editorializó El Mundo. “¡Que Sánchez dé explicaciones!”, exigió el portavoz del PP González Pons. Y cuando el presidente condenó los hechos, Herrera respondió presto desde la Cope: “Esto es como Maradona cuando hizo campaña de no a las drojas”.
A partir de ahí, a por todas: “Sánchez, el experto en pucherazos, responsable de la compra de votos del PSOE” (El Imparcial, sí, así se llama). En un artículo titulado ‘La compra de votos’, tronó Marhuenda: “Los comunistas, independentistas y filoetarras acuden a la Moncloa con la frase de ‘qué hay de lo mío’”, sugiriendo que las negociaciones para asegurarse la gobernabilidad, habituales en democracia aquí en Cafarnaúm y practicadas tanto por el PSOE y el PP, constituyen un delito… cuando las protagonizan los socialistas, claro. Y obviando, por supuesto, que la frase del qué hay de lo mío, en su versión delictiva, es la que los comisionistas del PP decían a los contratistas en la ristra de casos de corrupción que llevaron incluso a la condena de la formación conservadora. Entretanto se conocían denuncias en otras localidades, la mayoría de las cuales apuntan a compras de voto por el PP, pero no, esas eran cortinas de humo del PSOE: no había que soltar bajo ningún precepto el apetitoso hueso de Mojácar. “Lo que ha destrozado la línea de flotación del PSOE sigue siendo Mojácar”, sentó doctrina Herrera en la emisora de la Iglesia.
Así están las cosas en la víspera de las elecciones. La compra de votos en menos de una decena de municipios pequeños convertida irresponsablemente por la derecha política y mediática en una causa general contra el PSOE que amenaza con socavar la confianza en estas y las siguientes elecciones. Y la turística Mojácar erigida por los estrategas del PP en el símbolo de la corrupción sin límites de los socialistas. Todo se está urdiendo para impugnar las elecciones generales si el resultado no es del agrado de la derecha. No se trata de una teoría conspirativa: tal como reveló El País el 2 de mayo pasado, en una reunión que Núñez Feijóo mantuvo con representantes de la mayoritaria y conservadora asociación de fiscales en un restaurante madrileño, el fiscal y exmagistrado del TC Antonio Narváez, en línea con lo que ya han expresado dirigentes del PP en otras ocasiones, esparció sospechas sobre Indra, la empresa que lleva tres décadas supervisando los procesos electorales y que ahora preside una persona de la confianza del PSOE como en otros momentos la han gestionado afines al PP. Súmese a ello que el Gobierno es ilegítimo y que tiene una maquinaria bien engrasada para la compra de votos en toda España, y el cóctel está servido.
Por lo demás, sería bueno que el PP explicara qué ha hecho en los casi 40 años tras*curridos desde la aprobación de la ley electoral de 1985 para resolver el incomprensible vacío legal en el voto por correo, que es por donde se están colando los fraudes que tanto preocupan ahora a la derecha. Lo mismo cabría preguntar, ni más faltaba, al PSOE.
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