Elpaisdelasmaravillas
Madmaxista
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El Parlamento andaluz cumplirá en 2009 27 años de su constitución y no se ha garantizado, precisamente, por su afán en investigar los «casos oscuros» que arrastra la democracia autonómica. «Casos oscuros» que se repiten cada mandato y que se dan por cerrados sin que nadie hurgue en los quienes ni los por qués. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde estos días a una comisión para que se investigue el caso de los espionajes en el que parecen estar implicados la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, en el Parlamento andaluz ni nos acordamos de la última vez que se investigó un «caso oscuro»: 1995 fue el último año en que se analizó uno de ellos con lupa, desde entonces no es que no haya «casos oscuros», es que la mayoría socialista impide que se investigue ninguno.
Más de cien solicitadas
En 27 años de autonomía los grupos parlamentarios, mayoritariamente de la oposición, han llegado a registrar 108 peticiones para abrir comisiones de investigación, de las que tan sólo ocho (un 7,4 por ciento de las reclamadas) se llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre los quienes, los cuántos o los por qués.
Indiscutiblemente ha sido el Partido Popular el que mayor número de iniciativas presentó en estos 27 años (un total de 63 peticiones de comisiones de investigación), seguida de Izquierda Unida (28 peticiones), reclamaciones que contrastan con las pedidas por el PSOE, que tan sólo registró tres comisiones de investigación y todas a instancias del propio Consejo de Gobierno.
El resto, hasta las 108, fueron solicitadas por el Partido Andalucista, que trató de sumar fuerzas con IU, con los grupos centristas de la primera legislatura, o con los distintos grupos mixtos que se han constituido a lo largo de estos años.
¿Qué asuntos han centrado las comisiones parlamentarias de investigación en estos años? Esas ocho constituidas hace ya catorce años se centraron en asuntos muy diversos, algunos con más o menos relevancia, pero en su mayoría apuntaban a actuaciones claramente irregulares por parte de la Administración andaluza.
Una de las más polémicas fue la constituidda en marzo del 87 acerca de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla, donde se pretendió ubicar buena parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200 millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de la Borbolla.
Previamente a esta comisión, en la primera legislatura (1982-1986), a instancias del Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Rural de Jaén. En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos comisiones de investigación en el Parlamento, ambas solicitadas por el PSOE, entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas estaban ligadas por el escándalo del denominado «caso Ollero», en el que se investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.
Una analizó la financiación de los partidos y otra las supuestas responsabilidades políticas habidas en la adjudicación de aquellas obras.
El Parlamento andaluz no celebra ninguna comisión de investigación desde hace 14 años
http://www.abcdesevilla.es/20090209/andalucia-actualidad/parlamento-andaluz-celebra-ninguna-200902082332.html
Más de cien solicitadas
En 27 años de autonomía los grupos parlamentarios, mayoritariamente de la oposición, han llegado a registrar 108 peticiones para abrir comisiones de investigación, de las que tan sólo ocho (un 7,4 por ciento de las reclamadas) se llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre los quienes, los cuántos o los por qués.
Indiscutiblemente ha sido el Partido Popular el que mayor número de iniciativas presentó en estos 27 años (un total de 63 peticiones de comisiones de investigación), seguida de Izquierda Unida (28 peticiones), reclamaciones que contrastan con las pedidas por el PSOE, que tan sólo registró tres comisiones de investigación y todas a instancias del propio Consejo de Gobierno.
El resto, hasta las 108, fueron solicitadas por el Partido Andalucista, que trató de sumar fuerzas con IU, con los grupos centristas de la primera legislatura, o con los distintos grupos mixtos que se han constituido a lo largo de estos años.
¿Qué asuntos han centrado las comisiones parlamentarias de investigación en estos años? Esas ocho constituidas hace ya catorce años se centraron en asuntos muy diversos, algunos con más o menos relevancia, pero en su mayoría apuntaban a actuaciones claramente irregulares por parte de la Administración andaluza.
Una de las más polémicas fue la constituidda en marzo del 87 acerca de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla, donde se pretendió ubicar buena parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200 millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de la Borbolla.
Previamente a esta comisión, en la primera legislatura (1982-1986), a instancias del Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Rural de Jaén. En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos comisiones de investigación en el Parlamento, ambas solicitadas por el PSOE, entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas estaban ligadas por el escándalo del denominado «caso Ollero», en el que se investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.
Una analizó la financiación de los partidos y otra las supuestas responsabilidades políticas habidas en la adjudicación de aquellas obras.
El Parlamento andaluz no celebra ninguna comisión de investigación desde hace 14 años
http://www.abcdesevilla.es/20090209/andalucia-actualidad/parlamento-andaluz-celebra-ninguna-200902082332.html
